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Río Negro

Legislatura sancionó la creación de la Secretaría de Narcocriminalidad

Fue enviado por el Ejecutivo y logró unanimidad para su aprobación.

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La Legislatura sancionó por unanimidad y en única vuelta, la ley remitida por el Poder Ejecutivo que crea la Secretaría de Narcocriminalidad que funcionará en el ámbito del Ministerio de Seguridad y Justicia. Esta iniciativa fue defendida en Cámara por el legislador Facundo López (JSRN) quien explicó que “el Ejecutivo decidió que este tema sea tratado por ley en la Legislatura, aunque podría haberlo resuelto con un decreto”, al considerar que “de esta manera este importante organismo no quedará librado al albedrío del gobierno de turno”.

Señaló que “como Gobierno necesitamos ponernos al frente de esta problemática, crear las condiciones adecuadas para lograr erradicar el narcotŕafico, tarea difícil que tenemos que dar, y asignarle los recursos necesarios para hacer frente a este tipo complejo de criminalidad”.

Se sumaron posteriormente al debate los legisladores Mario Sabatella (FpV), Soraya Yahuar (UCR), Viviana Germanier (JSRN) y Alejandro Marinao (FpV) quienes desde sus respectivas visiones sobre el particular aportaron otros conceptos, aunque en todos los casos acompañaron con su voto la sanción del proyecto.

El organismo se hará cargo “de la coordinación de una decidida ofensiva del Estado Provincial contra el tráfico ilegal de drogas y la criminalidad que conlleva”, según prevé articulado de la norma.

Su fin principal será asesorar al Gobernador de la Provincia y al Ministro de Seguridad y Justicia, en todos los temas inherentes a las estrategias para combatir la producción, acopio, distribución, comercialización y consumo de drogas ilícitas, permitiendo adoptar políticas públicas más efectivas y eficaces.

El Ejecutivo fundamentó que “la realidad nos muestra que la extensión, magnitud, gravedad, complejidad del tráfico y consumo de drogas ilícitas, aumenta constantemente en nuestra provincia afectando, de manera notoria a la población joven, y utiliza el territorio provincial para la expansión del tráfico más allá de nuestros límites”.

“El concepto de narcocriminalidad comprende todas aquellas conductas vinculadas con el crimen organizado en materia de narcotráfico y delitos conexos. Así entendida constituye una actividad ilícita industrial, comercial y financiera de alta rentabilidad” que constituye “una grave amenaza para la salud y el bienestar de los seres humanos y menoscaba las bases económicas, culturales y políticas de la sociedad”.

Reconoce que “los esfuerzos realizados, tanto desde la Organización de Naciones Unidas y de los Estados Nacionales, pasando por las Agencias especializadas de alto desarrollo, como desde las fuerzas de seguridad nacionales y provinciales, resultan a todas luces insuficientes para frenar la expansión y morigerar los graves daños provocados por las organizaciones criminales locales y aún supranacionales que se dedican a estas actividades” a lo que se suma “la violencia y corrupción institucional que trae aparejado”.

Por ello “resulta imprescindible contar con un organismo específico que nuclee las políticas y acciones tendientes a combatir esta problemática, dotándolo de las herramientas necesarias”, justifica el Poder Ejecutivo provincial.

Los fundamentos del expediente oficial agregan que “las instituciones existentes en nuestro territorio se encuentran en inferioridad de condiciones ante los demás organismos supraprovinciales abocados a combatir el flagelo de la droga” por lo que es “responsabilidad de este gobierno crear las condiciones adecuadas para el desarrollo de las tareas de erradicación del narcotráfico que se desplieguen” en el territorio rionegrino.

A efectos de contar con los medios económicos para el desarrollo de las acciones que encarará esta Secretaría, el Poder Ejecutivo reasignará las partidas presupuestarias necesarias, prevé el articulado.

Aptitudes para ser Auditor de Asuntos Internos

La última iniciativa, también del Ejecutivo, fue fundamentada en Cámara por el legislador Leandro Lescano (JSRN). Establece modificaciones en cuanto a las condiciones y aptitudes necesarias para cubrir el cargo de Auditor General de Asuntos Internos, funcionario responsable del esclarecimiento de casos en el marco de la lucha contra la corrupción, el abuso funcional y las violaciones a los derechos humanos en el ejercicio de las funciones de seguridad.

Por interpretar que “el conocimiento y la pericia profesional del responsable jerárquico de las actividades de auditoria, debe extenderse no sólo a las tareas de la auditoria, sino que debe abarcar actividades tales como: gerencia, organización y otras materias que produzca el organismo”, se introducen modificaciones a la ley que creó este instituto, ampliando la posibilidad de que para el cargo puedan postularse no sólo abogados, sino también contadores públicos.

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Policiales

Desapareció un hombre de 35 años y creen que podría estar en Bariloche

El último contacto telefónico se registró el pasado 7 de mayo.

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La Policía de Río Negro solicitó la colaboración de la comunidad para dar con el paradero de Iván Ezequiel De La Canal, un hombre de 35 años que es intensamente buscado en la provincia.

Según informaron fuentes policiales, fue visto por última vez durante el mes de abril y el último contacto telefónico con él se registró el pasado 7 de mayo a las 13.07.

De acuerdo a los datos aportados, presuntamente podría encontrarse residiendo en la ciudad de San Carlos de Bariloche.

Iván De La Canal es de nacionalidad argentina, contextura delgada, tez blanca, mide aproximadamente 1,75 metros, tiene cabello oscuro ondulado y ojos marrones.

Ante cualquier información que permita localizarlo, se solicita comunicarse de inmediato con la Unidad 42° de San Carlos de Bariloche o al sistema de emergencias 911.

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Judiciales

Un divorcio y una fotografía patrimonial incompleta fue determinante para rechazar la compensación económica

La jueza consideró que ambos integrantes de la pareja trabajaron durante toda la relación y compartieron las dificultades financieras.

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La pareja se conoció mientras trabajaba en un galpón de empaque. Ella buscaba empleo y una oportunidad mejor para su hija. Él realizaba tareas rurales junto a su padre. Entre cajones de fruta y largas temporadas laborales comenzó la relación.

Los comienzos fueron difíciles. No tenían vivienda propia ni estabilidad económica. Vivían en un monoambiente alquilado y trataban de sostenerse con trabajos temporarios. En ese contexto nació el primer hijo de la pareja. La situación económica era frágil y las discusiones comenzaron temprano.

Finalmente se casaron y la vida continuó siendo trabajosa. Ella hizo temporadas en empaque, tareas rurales y pequeños emprendimientos. Más adelante vendió ropa  y luego estudió un oficio. Él continuó vinculado al trabajo rural y a las actividades de la chacra familiar.

Con el paso de los años la relación se deterioró. Finalmente se divorciaron. Para entonces, la dinámica familiar ya había cambiado mucho. El hijo menor eligió vivir con el padre y los abuelos paternos.

Luego de la separación, la mujer inició una demanda de compensación económica. Sostuvo que había dedicado gran parte de su vida al cuidado familiar y que terminó en una situación de desventaja económica. Él respondió que ambos siempre trabajaron y que ninguno construyó riqueza a costa del otro.

El fuero de Familia de Luis Beltrán rechazó la demanda. La jueza consideró que la historia de la pareja reflejaba años de esfuerzo compartido. También entendió que no existió una situación en la que uno hubiera sacrificado su desarrollo personal para que el otro prosperara económicamente.

La sentencia concluyó que no se acreditó un desequilibrio económico actual, manifiesto y directamente derivado del matrimonio y de su ruptura.

El fallo aclara que la compensación económica prevista el Código Civil y Comercial no es automática, sino una herramienta para equilibrar. El divorcio, por sí solo, no genera derecho a cobrar una compensación. La persona que la reclama debe probar cómo era su situación antes y durante el matrimonio, qué sacrificios o postergaciones realizó, de qué manera eso favoreció el crecimiento del otro cónyuge y cuál es el desequilibrio económico manifiesto que sufrió la persona tras la separación.

La jueza utilizó la «metáfora de la fotografía» para explicar cómo debe analizarse una compensación económica después del divorcio. Señaló que no basta con afirmar que una persona quedó en peor situación económica, sino que resulta necesario comparar dos momentos concretos de la vida de la pareja.

La metáfora consiste en tomar dos «fotografías» patrimoniales: una al inicio de la convivencia o del matrimonio y otra al momento de la ruptura. A partir de esa comparación, se determina si existe un desequilibrio económico relevante provocado por la relación y su finalización.

En este caso, la jueza valoró que esa «fotografía inicial» no pudo reconstruirse porque la actora no aportó pruebas suficientes sobre cuál era su situación económica al comienzo de la relación. Ese punto resultó central para rechazar la demanda.

Según la sentencia, si no se conoce la situación económica inicial de la actora, no es posible establecer si realmente empeoró como consecuencia del matrimonio o si las diferencias actuales ya existían antes.

Respecto del hombre, el fallo señaló que tampoco se comprobó que tuviera una posición económica significativamente superior. Los informes oficiales indicaron que no registraba actividad económica formal relevante, bienes rurales propios ni cuentas bancarias importantes. La explotación agropecuaria mencionada por la mujer figuraba registrada a nombre de su padre.

La sentencia también destacó que, tras la separación, el hijo menor quedó bajo el cuidado cotidiano del padre, con residencia principal junto a los abuelos paternos, y que incluso la madre asumió una cuota alimentaria. Esa circunstancia fue considerada relevante porque modificó la organización familiar.

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Río Negro

Comenzó la inscripción para las becas terciarias y universitarias

Hay tiempo de inscribirse hasta el 25 de mayo.

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A partir de ayer lunes (11/05) y hasta el 25 de mayo está abierta la inscripción para que estudiantes de la provincia puedan inscribirse en el Programa de Becas para Carreras Terciarias y Universitarias.

Se trata de una política del Gobierno de Río Negro que a través del Ministerio de Educación y Derechos Humanos, acompaña a las y los estudiantes en su formación y que en este caso brinda la posibilidad de asignar una beca a quienes precisen de ese recurso para poder continuar con sus estudios.

Las inscripciones se reciben en la página del Ministerio de Educación en el botón Becas mientras que también se pueden realizar consultas en el correo [email protected].

Luego, habrá una instancia de entrega de la documentación correspondiente (digital y/o presencial) la cual estará vigente desde el 25 de mayo hasta el 8 de junio en los Consejos Escolares correspondientes al lugar de residencia.

De acuerdo a los establecido por el Consejo Provincial de Becas, las mismas están destinadas a estudiantes terciarios y universitarios de gestión pública o privada, que cursen sus estudios dentro o fuera de la provincia.

Un aspecto importante reside en que aquellos estudiantes que hoy cuenten con alguna beca de otra institución o entidad educativa, también podrán inscribirse en este programa.

Quienes quieran anotarse deberán presentar Documento Nacional de Identidad del solicitante y de su grupo familiar; título de Nivel Medio y título analítico o su constancia en trámite, sin adeudar materias al momento de la entrega de la documentación; constancia de inscripción a una carrera de grado de universidades e institutos terciarios de gestión pública y/o privada, y acreditar Plan de Estudios.

También se solicitará constancia de CBU como titular de cuenta; recibos de sueldos del grupo familiar, constancia de inscripción al monotributo o como responsable inscripto, según correspondiera; rendimiento académico con la cursada y finales de materias; Certificado Único de Discapacidad (CUD), si lo hubiera; Certificación Negativa de Anses de los miembros del grupo familiar, si los hubiera y Declaración Jurada de domicilio.

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