Río Negro
Odarda pidió «reparación histórica para la Patagonia» y una tarifa especial
Fue durante el desarrollo de la audiencia pública que se llevó a cabo el pasado viernes en Capital Federal.
La Senadora Nacional del Frente Progresista CC-ARI, Magdalena Odarda, participó de la audiencia pública en la cual se propició el debate para el aumento de la tarifa del gas. En su intervención, la rionegrina indicó que «vengo a pedir en primer lugar el rechazo al aumento de las tarifas en la región patagónica y a pedir en definitiva la creación de una “tarifa especial” para nuestra zona porque somos una provincia productora de hidrocarburos; por las bajas temperaturas que afectan a la Patagonia y que todos conocen y además porque se está dando lamentablemente desde hace varios años el avance de la matriz hidrocarburífera, sobre todo de la explotación de gas y de petróleo no convencional sobre una de nuestras principales actividades productivas que es la fruticultura».
Sobre ese tema agregó que «el daño que se le está produciendo al Alto Valle y Valle Medio de Río Negro cuando uds. pueden pasar por las rutas y ven las torres de gas y petróleo en medio de las chacras de peras y manzanas, con lo que esto significa para nuestra economía regional castigada desde hace tantos años, ese daño no ha sido debidamente medido».
«Saben que el Dique Ballester es una de las obras más importantes de los últimos 100 años que construyeron los pioneros, los abuelos, los padres de los actuales productores; productores que hace pocos años eran 10 mil y sin embargo no quedan más de 2 mil al día de hoy por falta de rentabilidad, por falta de precio», explicó la legisladora nacional.
Ejemplificó además que «por todo esto es que vengo a pedir esta “tarifa especial”, porque estamos haciendo un gran sacrificio en la Patagonia, y se da la paradoja, injusta de que los productores que viven en la zona donde se explota el gas no convencional, y seguramente los caños del fracking le pasan por el patio de su casa, esos productores hoy no tienen gas».
En otro párrafo de su alocución, la Senadora consignó que «vengo a pedir por las PyMes, por los comercios sobre todo de nuestra producción turística, los hoteles, los bares, los restaurantes de San Carlos de Bariloche que han sufrido aumentos desde hasta el 2 mil %. Lo mismo ha ocurrido en la zona costera, lo mismo han sufrido las PyMes que son las mayores dadoras de trabajo de la fruticultura y de las demás actividades productivas de nuestra región».
Odarda sostuvo también que «vengo a pedir por los clubes, las bibliotecas, las ONGs, las Asociaciones de Bomberos” y recordó que “Hay dos leyes, las 27218 para entidades de bien público y la 26699 para clubes de barrios sin reglamentar y me preguntó por qué han transcurrido 9 meses de gobierno que daban beneficios no solamente para el gas, sino para la luz, el teléfono y el servicio de agua potable».
«Me preocupa la situación de los hospitales, de las escuelas. Qué va a pasar cuando llegue este tarifazo a los Ministerios de Educación, de Salud, de Seguridad de las provincias», preguntó.
«Las provincias no dan más, están ahogadas y necesitan que la Nación colabore, sobre todo si no quiere ver resentido el derecho a la salud, a la educación y a la justicia. Requerimos obras públicas, como el gasoducto cordillerano que va a permitir que 10 mil familias puedan adherirse a la red de gas natural y otras obras también menores en el resto de la provincia», exhortó la parlamentaria.
Por, último, finalizando su intervención la Senadora Odarda insistió con que «vuelvo a reiterar el pedido: eliminación de los aumentos de tarifas, que se fije una “Tarifa Patagónica”, que ya está pedida por concejales, legisladores, por sindicatos de nuestra región y se reemplace la eliminación de esos subsidios que en la Patagonia alcanza el 98 % y que van a determinar en 6 años, un aumento del valor de U$S 0,09 , hoy del MMBTU al 6,7 de un 7.400 % se reemplace por la restitución de las retenciones a la mega minería, se grabe la renta financiera de una vez por todas en la Argentina y en la Patagonia no necesitamos aumentos brutales de tarifas sino que necesitamos una reparación histórica».
Política
Río Negro demandó al Gobierno Nacional por el abandono de la Ruta N° 151
La Provincia exige la reparación completa de los 150 kilómetros del tramo que atraviesa el territorio rionegrino, entre Cipolletti y el límite con La Pampa.
El Gobierno de Río Negro, la Defensoría del Pueblo, intendentes de municipios afectados y entidades empresariales presentaron una acción de amparo colectivo contra el Estado Nacional y la Dirección Nacional de Vialidad por el deplorable estado de la Ruta Nacional N° 151. La presentación busca proteger los derechos a la vida, la salud, la integridad física y la seguridad de las miles de personas que la usan a diario, señalando que la falta de mantenimiento afecta gravemente los servicios esenciales, actividades productivas y la economía regional.
El Juzgado Federal de General Roca ya dio curso a la acción y requirió al Estado Nacional y a Vialidad un informe detallado sobre las razones de la omisión denunciada, otorgando un plazo de 11 días para responder, mientras que para la medida cautelar se fijó un plazo de 5 días para que las demandadas informen antes de su análisis judicial.
El escrito reclama al Tribunal que declare la responsabilidad del Estado Nacional por la falta de mantenimiento de la ruta y que ordene la reparación completa de los 150 kilómetros del tramo que atraviesa Río Negro, entre Cipolletti y el límite con La Pampa.
También exige medidas cautelares urgentes como la señalización inmediata, bacheo provisorio y campañas informativas para prevenir accidentes, además de un plan técnico y presupuestario que garantice la ejecución de las obras, con informes periódicos sobre los avances.
Entre los puntos centrales del amparo se detalla que el estado de la ruta obstaculiza el servicio de salud pública, con más de 576 traslados sanitarios en lo que va de 2025 que deben circular por ese tramo; la educación, afectando el acceso diario de más de 10.000 estudiantes y 2.300 docentes de 70 escuelas; y actividades clave como la fruticultura, la minería, el turismo y la industria hidrocarburífera, esta última vinculada a la producción del 72% del petróleo y el 42% del gas.
La demanda también denuncia la desnaturalización del régimen de financiamiento vial, evidenciando que, pese a existir recursos específicos como el 28,58% del Impuesto a los Combustibles que debe destinarse por ley al Fideicomiso de Infraestructura de Transporte, esos fondos han sido desviados, dejando a rutas estratégicas como la 151 en un estado calamitoso.
Entre las normas invocadas se destacan artículos de la Constitución Nacional, pactos internacionales como el PIDESC y el Pacto de San José de Costa Rica, y leyes nacionales como la Ley de Amparo (16.986) y la Ley de Tránsito (24.449), además de jurisprudencia relevante.
«Esta demanda representa un paso firme del Gobierno de Río Negro para defender los derechos de sus habitantes frente a la inacción del Estado Nacional, que tiene la competencia exclusiva sobre las rutas nacionales y el deber de mantenerlas en condiciones seguras. A su vez, podría constituir un precedente judicial que abra la puerta a que otras provincias exijan judicialmente obras públicas urgentes ante omisiones estructurales del Estado central», destacaron desde el Ejecutivo rionegrino.
La presentación fue realizada por el Estado rionegrino, representado por el gobernador Alberto Weretilneck; el fiscal de Estado, Gastón Pérez Estevan, y el fiscal adjunto, Luciano Minetti Kern; la defensora del Pueblo, Adriana Santagati; los intendentes Rodrigo Buteler (Cipolletti), Daniela Salzotto (Catriel), Enrique Rossi (Cinco Saltos), Horacio Zuñiga (Contralmirante Cordero) y Daniel Hernández (Campo Grande); y los presidentes de la Cámara de Industria y Comercio de Cipolletti, José Bunter; de la Cámara Empresarial de Servicios de Río Negro, Federico Paolo; y de la Cámara de Servicios Petroleros de Río Negro, Ramiro Arceo.
Política
García Larraburu construye una candidatura al Senado con el respaldo de Massa y el Frente Renovador
El ex candidato a presidente se reunió con la senadora peronista, que busca repetir otros 6 años al frente de la banca, representando a Río Negro.
Sergio Massa recibió a la senadora nacional Silvina García Larraburu y al presidente del Frente Renovador de Río Negro, Alejo Ramos Mejía, pensando alternativas para el año electoral.
En principio, la senadora construiría una opción para la cámara alta desde el sello massista y sumará su experiencia en el marco del peronismo para estas elecciones.
«La representación de Río Negro está garantizada por el Frente Renovador, que acompaña en su conjunto a Silvina García Larraburu. Hay compañeros y compañeras de toda la provincia sumados a esta propuesta electoral», dijo el presidente rionegrino del FR.
Con Massa a la cabeza, la mesa sirvió para analizar una coyuntura electoral desafiante para el país y Río Negro, que enfrentará la versión liberal libertaria que pretende destruir las políticas públicas y la potencialidad del Estado.
Todos coincidieron en que Río Negro tendrá un rol central en el escenario nacional en los años que vienen, en materia de generación de energía, minería e hidrocarburos impulsados por oleoductos o la salida al mundo de GNL por las costas patagónicas.
Judiciales
Ordenan al Estado limitar descuentos por préstamos en el salario de una docente
La trabajadora expuso que en los meses de diciembre de 2024 y enero de 2025 los descuentos alcanzaron el 100% de sus haberes mensuales.
Una trabajadora del sistema educativo de Río Negro obtuvo una sentencia favorable para frenar retenciones que reducían su salario a niveles extremos. El fallo, dictado por la Cámara Primera del Trabajo de Bariloche, dispuso que el Ministerio de Educación no podrá descontar más del 20% de su sueldo neto en beneficio de entidades financieras y mutuales.
La presentación judicial se realizó en marzo de este año mediante una acción sumarísima. La profesional expuso que en los meses de diciembre de 2024 y enero de 2025 los descuentos alcanzaron el 100% de sus haberes mensuales. En febrero, la liquidación dejó disponible apenas el 14% de su salario. Acompañó documentación oficial que acreditaba las cifras denunciadas.
Según consta en el expediente, las deducciones estaban vinculadas a préstamos personales tomados con las entidades MUT.REG.SUR, AMSER, MEPUC, CREDIT NOW y U.P.A.M. La mujer solicitó que se aplicara el límite previsto en el Decreto-Ley N° 6754/43, norma ratificada por Ley Nacional, que establece un tope del 20% para este tipo de retenciones.
El Ministerio de Educación, representado por Fiscalía de Estado, negó los términos del planteo y pidió el rechazo de la demanda. Las partes fueron citadas a una audiencia de conciliación obligatoria conforme lo establece la Ley P 5631, sin lograr un acuerdo.
La sentencia remarcó que los descuentos aplicados por vía administrativa no pueden superar los topes legales vigentes, aun cuando deriven de convenios firmados de forma voluntaria por la trabajadora. El fallo también señaló que los embargos judiciales -sujetos a revisión y autorizaciones expresas- no permiten alcanzar porcentajes de descuento similares.
El Tribunal dispuso que las deducciones sobre los haberes de la trabajadora no podrán superar el 20% de su salario neto, una vez realizadas las quitas obligatorias por ley. Además, ordenó que la maestra indique en un plazo de 48 horas a cuál de las entidades acreedoras debe destinarse ese porcentaje. En caso de no comunicar esa decisión, el monto será distribuido de forma proporcional entre las cinco instituciones involucradas. La sentencia de primera instancia no está firme y se encuentra dentro de los plazos de revisión.
