Gremios
UnTER confirmó paro de 48 horas y anunció marchas a Viedma y Cipolletti
Mañana marcharán a la capital provincial, exigiendo la reapertura de la negociación salarial, mientras que el miércoles lo harán en Cipolletti pidiendo por la reincorporación de dos Supervisoras de Nivel Inicial.
Mañana martes 27 y el miércoles 28 de septiembre, el gremio UnTER realizará un paro de 48 horas con movilizaciones provinciales a Viedma durante la primera jornada, y el miércoles, en Cipolletti. Representantes de UnTER, ATE y de la CTA Autónoma Río Negro, brindaron una conferencia de prensa esta mañana, en la sede del sindicato docente en Roca para dar a conocer más detalles sobre las manifestaciones previstas para las respectivas jornadas de protestas.
Manuel Fernández, vocal del Consejo Directivo Central de UnTER, informó que el Congreso que sesionó en Las Grutas el 20 de septiembre agregó la «exigencia de la restitución en sus cargos de las compañeras supervisoras de Nivel Inicial de Cipolletti, a los ejes del plan de lucha por la apertura de la paritaria salarial para el segundo semestre, con un incremento del 20%; el rechazo al avance unilateral de las resoluciones sobre educación secundaria».
Además, Fernández denunció «la persecución que hace el gobierno provincial a través de una planilla, para pedir informe sobre la adhesión al paro, a partir de una resolución derogada por la Subsecretaría de Trabajo, que se suma al grave hecho que significa desplazar a dos compañeras que han ganado por concurso el cargo».
No obstante, en la conferencia de prensa informaron que el martes 27, a nivel nacional tanto ATE como la CTERA realizarán un paro, por lo que una comitiva de UnTER participará de la concentración y marcha en Buenos Aires.
Luis Genga, secretario de Derechos Humanos, Género e Igualdad de Oportunidades del gremio señaló que «pedimos la reapertura de la paritaria nacional, mientro eso no ocurra, este gobierno seguirá con la sordera y ceguera que lo caracteriza. También pedimos por el 82% móvil y no tocar en absoluto la edad jubilatoria. Pedimos el 10% del PBI para educación».
En relación a las políticas educativas de los gobiernos nacional y provincial, Gabriela Martínez, secretaria de Nivel Superior, señaló que «los planes de evaluación educativa, apuntan a la medición del sistema educativo, en detrimento de la formación permanente. Nos oponemos al plan “Aprender 2016” porque el objetivo es evaluar para calificar el trabajo docente y no redunda en políticas que profundicen la formación, ni en el acompañamiento de la tarea docente en la complejidad de las aulas del país. En los ejes del paro de CTERA se menciona el cierre de la causa Fuentealba II. Decimos no al la impunidad».
El plan de lucha docente, iniciado en agosto, ha contado con una adhesión a las distintas medidas de fuerza que supera el 90%. En este sentido, la secretaria de Prensa, Comunicación y Cultura, María Inés Hernández, indicó que «estamos esperando que el gobierno realice la reapertura de paritaria y cese las persecuciones. Advertimos que a medida de que el silencio se haga mayor, endureceremos las medias hasta que seamos recibidos y podamos sentarnos a discutir el aumento salarial, tal como se comprometió el gobernador y la ministra en la paritaria de febrero».
Gremios
ATE lanza un paro nacional de 24 horas para protestar en todo el país el jueves 15 y «voltear el decreto 70/23 completo»
«Este DNU no es motosierra contra la casta, es motosierra contra nosotros para que la casta se llene de guita», indicó Aguiar.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) definió un paro nacional de 24 horas para este jueves 15 de octubre y en la Capital Federal se movilizará al Congreso de la Nación a partir de las 13.30 para exigir la derogación del Decreto N° 70/23. Además, las protestas se replicarán en las principales ciudades de todas las provincias.
Durante la jornada, sólo se garantizarán guardias mínimas en hospitales y únicamente atención de urgencia en centros asistenciales de niños, adolescentes y adultos mayores. Cabe destacar que cada provincia definirá la extensión de la medida y la modalidad de protesta.
«Tenemos que ir por todo y voltear el 70/23 completo. Este decreto no es motosierra contra la casta, es motosierra contra nosotros para que la casta se llene de guita», señaló Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.
En este marco, señaló que «no podemos permitir que sigan gobernando la Argentina a sola firma. Lo que no consiguen con los votos pretenden hacerlo por decreto».
«Este decreto es un delivery para las grandes corporaciones. Incluye más de 300 leyes. Ni Videla se animó a tanto. No solo deroga la Ley de Tierras, sino la de Góndolas, de Alquileres, permite la privatización de las empresas públicas y le regala el comercio exterior a 10 empresas. Esto no es reforma, es saqueo», agregó el dirigente.
«Desde que asumió Milei nunca existió ni necesidad ni urgencia. La Constitución Nacional le prohíbe expresamente al presidente legislar. Y si lo hace, debe ser declarado nulo de nulidad absoluta. Con un Congreso que estuvo siempre abierto, este decreto es corrupción», concluyó el secretario general de ATE Nacional.
Además se verán afectados los servicios de recolección de residuos, auxiliares de educación, guardia urbana, migraciones, los controles sanitarios en puertos y aduanas del Senasa, radioperadores de medios públicos, personal de manejo de incendios forestales, agentes de tránsito, controladores aéreos, la Comisión Nacional de Regulación de Transporte (CNRT) y mantenimiento de plantas nucleares, como así también los servicios públicos en provincias y municipios, entre otros. Además, sólo se garantizarán vuelos sanitarios y de Estado por parte de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), PAMI y ANSES atenderán únicamente emergencias.
La movilización se dará además en el marco de la Marcha Federal Universitaria para exigir el cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario, recomposición salarial, actualización de las becas estudiantiles y los fondos necesarios para garantizar el funcionamiento de las universidades públicas.
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ATE definió un cese de tareas y retiro de los lugares de trabajo en la administración este martes a las 12 para marchar a la Corte Suprema
«Tenemos que presionar a los que están en la Corte porque no los votó nadie pero quieren gobernar. Con este fallo destruyeron la división de poderes y pasaron por encima del Congreso», señaló Aguiar.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) definió un cese de tareas y retiro de los lugares de trabajo en todos los ministerios, organismos públicos y empresas estatales para este martes (6/10) a partir de las 12 del mediodía para movilizar a la Corte Suprema de Justicia en rechazo al fallo que avaló la eliminación de la Ley de Tierras y que permite su extranjerización.
«Tenemos que presionar a los que están en la Corte porque no los votó nadie pero quieren gobernar. Con este fallo destruyeron la división de poderes y pasaron por encima del Congreso. El máximo tribunal ejerce violencia institucional porque vulnera la voluntad popular», señaló Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.
En esta línea, el dirigente apuntó que «se supone que debieran estar ahí para garantizarlos, pero están pisoteando todos nuestros derechos».
«Este es el fallo más entreguista de los últimos 150 años. Firmaron la entrega de todo el territorio nacional», indicó Aguiar y concluyó con que «les tenemos que poner un límite, porque hoy es la tierra, mañana va a ser el agua y van a terminar regalando las Malvinas».
El fallo de la CSJ del pasado 29 de septiembre revocó el dictamen de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/2023, mediante el cual el Gobierno de Javier Milei derogó la Ley 26.737 de Tierras Rurales. El efecto concreto de la sentencia es que queda nuevamente vigente la derogación de la Ley de Tierras, que establecía límites a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.
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Fallo de la Corte Suprema: ATE se declara en alerta y Aguiar llama a reaccionar y convocar a una gran movilización al máximo tribunal
«Este fallo de la Corte es gravísimo y vulnera la voluntad popular representada en las calles y en el Congreso», señaló el dirigente sindical.
Tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) que revocara el dictamen de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/2023, mediante el cual el Gobierno de Javier Milei derogó la Ley N° 26.737 de Tierras Rurales, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) se declaró en alerta y movilización en todo el país. El secretario general, Rodolfo Aguiar, propondrá al Frente de Sindicatos Unidos (Fresu) y a las Centrales Obreras -cabe recordar que el sindicato integra la CTA Autónoma- construir una gran movilización a la Corte para repudiar el fallo, defender la soberanía nacional y detener la extranjerización de las tierras.
«Lo que hizo la Corte es una tomada de pelo al Congreso Nacional y a todo el pueblo argentino que se movilizó contra la extranjerización de las tierras. Esta decisión restringe la democracia a su mínima expresión. Estos jueces están gobernando y quieren habilitar el saqueo en nuestro país», cuestionó Aguiar. «Si no nos movilizamos, nos termina gobernando Trump a través del Poder Judicial. Tenemos que defender la soberanía sobre nuestros territorios. Nos quieren convertir en colonia y lo tenemos que evitar», agregó.
Cabe señalar que la decisión del máximo tribunal de Justicia nacional fue adoptada en la causa iniciada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM), que había cuestionado la derogación por considerar que afectaba la soberanía territorial. El argumento central de la Corte fue que el CECIM no tenía legitimación para iniciar una demanda colectiva. Según el Tribunal, no estaba configurado un «caso o controversia» que habilitara la intervención judicial y cuestionó que la Cámara hubiera considerado a la soberanía nacional como un «bien colectivo» que permitiera a la organización de ex combatientes accionar judicialmente.
El efecto concreto de la sentencia es que queda nuevamente vigente la derogación de la Ley de Tierras, que establecía límites a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.
