Gremios
UnTER confirmó paro de 48 horas y anunció marchas a Viedma y Cipolletti
Mañana marcharán a la capital provincial, exigiendo la reapertura de la negociación salarial, mientras que el miércoles lo harán en Cipolletti pidiendo por la reincorporación de dos Supervisoras de Nivel Inicial.
Mañana martes 27 y el miércoles 28 de septiembre, el gremio UnTER realizará un paro de 48 horas con movilizaciones provinciales a Viedma durante la primera jornada, y el miércoles, en Cipolletti. Representantes de UnTER, ATE y de la CTA Autónoma Río Negro, brindaron una conferencia de prensa esta mañana, en la sede del sindicato docente en Roca para dar a conocer más detalles sobre las manifestaciones previstas para las respectivas jornadas de protestas.
Manuel Fernández, vocal del Consejo Directivo Central de UnTER, informó que el Congreso que sesionó en Las Grutas el 20 de septiembre agregó la «exigencia de la restitución en sus cargos de las compañeras supervisoras de Nivel Inicial de Cipolletti, a los ejes del plan de lucha por la apertura de la paritaria salarial para el segundo semestre, con un incremento del 20%; el rechazo al avance unilateral de las resoluciones sobre educación secundaria».
Además, Fernández denunció «la persecución que hace el gobierno provincial a través de una planilla, para pedir informe sobre la adhesión al paro, a partir de una resolución derogada por la Subsecretaría de Trabajo, que se suma al grave hecho que significa desplazar a dos compañeras que han ganado por concurso el cargo».
No obstante, en la conferencia de prensa informaron que el martes 27, a nivel nacional tanto ATE como la CTERA realizarán un paro, por lo que una comitiva de UnTER participará de la concentración y marcha en Buenos Aires.
Luis Genga, secretario de Derechos Humanos, Género e Igualdad de Oportunidades del gremio señaló que «pedimos la reapertura de la paritaria nacional, mientro eso no ocurra, este gobierno seguirá con la sordera y ceguera que lo caracteriza. También pedimos por el 82% móvil y no tocar en absoluto la edad jubilatoria. Pedimos el 10% del PBI para educación».
En relación a las políticas educativas de los gobiernos nacional y provincial, Gabriela Martínez, secretaria de Nivel Superior, señaló que «los planes de evaluación educativa, apuntan a la medición del sistema educativo, en detrimento de la formación permanente. Nos oponemos al plan “Aprender 2016” porque el objetivo es evaluar para calificar el trabajo docente y no redunda en políticas que profundicen la formación, ni en el acompañamiento de la tarea docente en la complejidad de las aulas del país. En los ejes del paro de CTERA se menciona el cierre de la causa Fuentealba II. Decimos no al la impunidad».
El plan de lucha docente, iniciado en agosto, ha contado con una adhesión a las distintas medidas de fuerza que supera el 90%. En este sentido, la secretaria de Prensa, Comunicación y Cultura, María Inés Hernández, indicó que «estamos esperando que el gobierno realice la reapertura de paritaria y cese las persecuciones. Advertimos que a medida de que el silencio se haga mayor, endureceremos las medias hasta que seamos recibidos y podamos sentarnos a discutir el aumento salarial, tal como se comprometió el gobernador y la ministra en la paritaria de febrero».
Gremios
Para ATE, «las garantías constitucionales están en riesgo» luego de la persecución política y judicial contra periodistas
«Este ataque a la libertad de expresión y el intento de allanar a periodistas pone en riesgo toda la institucionalidad de nuestro país», dijo Aguiar.
Luego de que el Gobierno denunciara a los periodistas que difundieron audios sobre la secretaria General de Presidencia, Karina Milei, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) repudió este accionar del Poder Ejecutivo y acusó «un grave ataque contra la libertad de expresión».
«La persecución y el intento de allanar a periodistas por revelar hechos de corrupción pone en riesgo toda la institucionalidad en nuestro país», señaló Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.
«Se trata de un ataque directo a la libertad de expresión y a todas las garantías constitucionales que como sociedad tenemos que defender. Todos los ciudadanos tienen derecho a publicar sus ideas por la prensa sin censura previa», agregó el dirigente. Entre los periodistas apuntados se encuentran Jorge Rial y Mauro Federico, además del responsable del portal Data Clave, Pablo Giménez.
Además, el sindicato alertó el preocupante acto de censura por el cual el juez Civil y Comercial Federal Alejandro Patricio Maraniello, prohibió la difusión de nuevos audios de la hermana del presidente.
«Estas decisiones atentan directamente contra los derechos constitucionales a la libertad de expresión, amparados en los artículos 14 y 32 de la Carta Magna. Todos los habitantes de la Nación gozan del derecho a publicar sus ideas por la prensa sin censura previa; El Congreso federal no dictará leyes que restrinjan la libertad de imprenta o establezcan sobre ella la jurisdicción federal», detalló Aguiar.
Además, recordó que «la Argentina suscribe a la Convención Americana de Derechos Humanos, la cual en su artículo 13 señala que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. El ejercicio del derecho no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley».
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UnTER ratificó el rechazo a la oferta salarial del Gobierno y exigió urgente convocatoria a paritaria
Desde el sindicato esperan que el llamado sea la próxima semana, si no convocarán a un nuevo Congreso.
El plenario de secretarios generales de la UnTER resolvió avalar por unanimidad el rechazo del Consejo Directivo Central a la última propuesta salarial por considerarla «paupérrima» y exigir una urgente convocatoria a paritaria con una oferta de recomposición acorde con los requerimientos del sindicato.
Con la participación de representantes de las 18 Seccionales, el plenario que se desarrolló por plataforma virtual, definió que en caso de no recepcionar la convocatoria del Ministerio de Educación en la primera semana de septiembre, se realizará un Congreso Extraordinario el 9 de septiembre. Asimismo, se resolvió exigir al Gobierno provincial la derogación de las auditorias médicas.
El plenario se expidió también respecto de las situaciones de violencia en diferentes puntos de la Provincia: exigió la continuidad del trabajo, de manera perentoria, en la elaboración de un protocolo y definió exhortar a los legisladores provinciales a tratar urgentemente el proyecto presentado por UnTER para la protección y el resguardo de los docentes en las instituciones rionegrinas.
Gremios
ATE denunció a UPCN y a Unión Personal por prácticas ilegales contra los estatales
El sindicato acusó a la obra social por cobrar coseguros ilegales en prestaciones de salud que forman parte del Programa Médico Obligatorio, y restringir prestaciones a quienes no estén afiliados a UPCN.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) denunció ante la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación a Unión Personal, obra social administrada por el sindicato Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), por el cobro de coseguros ilegales. También acusa discriminación en las prestaciones médicas según la afiliación sindical y la aplicación de tarifas exorbitantes sobre las prestaciones médicas obligatorias cercenando el derecho a la salud de los trabajadores.
«La conducta de algunos dirigentes del Sector Público es miserable. Primero le destruyen los salarios a los trabajadores avalando recortes sin precedentes, y ahora pretenden cobrar plus o aranceles diferenciados que están prohibidos por ley. No debe haber nada más bajo que meterse con la salud de los trabajadores y sus familias», señaló Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.
«Estamos frente a una extorsión comprobada y además debe investigarse si no existen complicidades de las autoridades de la Superintendencia de Servicios de Salud por permitir este accionar discriminatorio y manifiestamente ilegal que perjudica a miles de trabajadores estatales», agregó el dirigente.
En esta línea, el referente de ATE apuntó contra la conducción de UPCN. «Están utilizando a la obra social para intentar de manera desesperada frenar las desafiliaciones masivas que están sufriendo a partir del silencio cómplice que mantienen desde hace 19 meses avalando a un Gobierno que de manera permanente y sistemática ha agredido al empleo público e intentado desmantelar numerosas estructuras del Estado», agregó.
«Sin dudas enfrentamos una maniobra dolosa. Se están cometiendo delitos y de manera inmediata tienen que determinarse las responsabilidades de los administradores de la obra social, los dirigentes gremiales y funcionarios públicos que puedan estar involucrados», concluyó Aguiar.
El dirigente sindical argumentó ante la Superintendencia la ilegalidad del cobro de coseguros para intervenciones quirúrgicas, lo que viola el Programa Médico Obligatorio, y la imposición de costos elevados y diferenciales según afiliación sindical. Además, resaltó que «todos los estatales, independientemente de su afiliación o no, tienen el mismo derecho a la salud».
De esta forma, se acusa a UPCN de «extorsionar a los trabajadores para frenar la desafiliación masiva que viene sufriendo y de eximir solo a quienes estén afiliados a dicho sindicato del pago de los coseguros, entre otros privilegios como el acceso exclusivo a distintos sanatorios. Esto último, además de ser inconstitucional, representa una práctica extorsiva e intimidatoria. Además, el sindicato liderado por Andrés Rodríguez actúa en consonancia con el Gobierno Nacional».
Desde ATE se repudia «una deficiente administración por parte de la obra social Unión Personal y de UPCN lo que obliga a trasladar los costos de los servicios a los propios estatales».
«Gracias a la estrategia jurídica que el centenario sindicato estatal implementó para impedir los abusos que está llevando a cabo Unión Personal, ya se logró dar marcha atrás a algunas de las prácticas fraudulentas. Para eso, se presentaron diversos amparos, colectivos e individuales según el caso, ante el órgano de control de las obras sociales», sostuvo Aguiar.
Por otra parte, los delegados del sindicato en cada sector de la Administración Pública Nacional han registrado múltiples casos y asesorado sobre el procedimiento administrativo para impedir estas acciones ilegales y discriminatorias que está ejerciendo la obra social. También se ha puesto a disposición los formularios correspondientes para realizar las denuncias de forma individual.
