Gremios
UnTER rechaza el plan nacional de evaluación «Aprender»
Desde el gremio dicen que el operativo «responde a los organismos internacionales de financiamiento y no a las necesidades de comunidades educativas».
El Consejo Directivo Central de UnTER manifestó su «más enérgico rechazo al operativo nacional de evaluación de aprendizajes, porque responde a los organismos internacionales de financiamiento y no a las necesidades de comunidades educativas». Así se ha discutido y votado en los Congresos de la organización sindical.
Por estas razones, también rechazaron «la definición de implementarlo del Gobierno Nacional y Provincial en la figura de los Ministros de Educación, Esteban Bullrich y Mónica Silva respectivamente, a quienes se les presentó el reclamo el pasado jueves 15. Como representantes del conjunto de trabajadores de la educación de Río Negro, sostenemos esta postura, desde la coherencia de todo lo actuado, en defensa del derecho social a la educación y que consideramos importante rememorar», agregaron.
«En el año 2015, y luego de un largo proceso de debate, análisis y discusión, logramos la derogación de la Res. 35/13, cuestionada por las bases de la docencia, por los procesos unilaterales de ejecución que implementó en su momento el Ministro Marcelo Mango. Dicha resolución fue derogada por la Res. 2035/15, en la que como UnTER, desde la Secretaría de Nivel Primario, exigimos y logramos dejar sentado que la temática de la evaluación, debía ser un tema de debate transversal con los demás niveles del sistema, dada la importancia y la dificultad que significaba resolver sobre la formas evaluativas hacia nuestros niños y niñas. El Ministerio manifestó y firmó el Acta correspondiente donde quedó especificada esta coincidencia “para continuar profundizando el debate hacia el interior de las escuelas sobre los conceptos que sustentan el espíritu de esta resolución, tales como unidad pedagógica, evaluación y acreditación”, Acta Comisión de Nivel Primario, 02/06/2015», detallaron.
«Fue así que claramente, el conjunto de trabajadores/as de la educación planteó la necesidad de un debate profundo a largo plazo para abordar una temática tan compleja como la evaluación. Y en ese mismo sentido lo sostuvimos en los espacios de discusión con las autoridades ministeriales», añadieron.
«El 12 de febrero de 2016, a instancias del Gobierno Nacional, en el Confederal de Educación se firma, con la totalidad de los/as ministros/as del país, la Declaración de Purmamarca. Documento en el que se define la creación del instituto de Evaluación de la calidad y Equidad Educativa; que se concreta a través del Decreto Nº 552/16 del 4 de abril, que, entre otras cuestiones, expresa: “evaluar las políticas prioritarias impulsadas en el sistema educativo nacional, de las instituciones, de los contextos y actores del sistema y de los aprendizajes alcanzados por los estudiantes”», explicaron desde UnTER.
«En paralelo y casi paradójicamente, desde el Ministerio de Educación de Río Negro, surge un “apuro” por modificar el Diseño Curricular de Nivel Primario, ajustando “los” tiempos a las órdenes superiores, con una cronología de trabajo cuestionada desde este CDC, en la reunión de Comisión de Política Educativa del 12 de abril de este año, porque coarta derechos participativos, silenciando las voces de los verdaderos actores del sistema. Y porque era evidente que el tema de la evaluación entraría nuevamente al ruedo».
«Posicionamiento que consta en el Acta de dicha reunión e informado a las bases por nota enviada a las escuelas primarias para la Jornada Institucional del 11 de mayo. Allí reiteramos el planteo de la necesidad imperiosa de discutir concepciones y nuevas pedagogías para consensuar la mejor manera de acreditar y promocionar sin que ello implique un decreto de repitencia cero solo para las estadísticas».
«Con la plena convicción que solamente es posible valorar y re-elaborar conceptos y concepciones para un sistema de Evaluación que contemple el aprendizaje de un proceso en un marco participativo y de construcción colectiva. Por ello, no avalamos el operativo “Aprender”, ni ningún otro, en el que meramente aparecerán estadísticas frías y numéricas que nada tienen que ver con nuestra concepción de escuela, de enseñanza, de aprendizaje».
«Porque sostenemos que nuestros niños/as, jóvenes y adultos/as no son ni números, ni muestras posibles de ser silenciadas para satisfacer una mirada política mercantilista de un ministro o ministra de educación, abonando estas prácticas a la privatización de la educación, para dar respuestas sólo a los Organismos Internacionales de Financiamiento que les interesa el producto, el resultado, sin tener en cuenta las subjetividades, intereses, identidades y la soberanía cultural de cada región».
«Si el Presidente de la Nación quiere demostrar su compromiso por la educación, primero debe aprender, que somos los/as trabajadores/as de la educación, junto a miles de niños/as, adolescentes y jóvenes del país, quienes sostenemos un compromiso de construcción colectiva. Que esa construcción debe darse en el marco del respeto y la interacción. Ese el único operativo aprender en el que daremos el debate».
«Por todo lo expuesto, desde UnTER rechazamos estas prácticas evaluativas mercantilistas y privatizadoras, exigimos profundizar el debate curricular, didáctico y pedagógico para consensuar los modos evaluativos que contemplen los procesos y tiempos de nuestros estudiantes, siempre pensando en la construcción sostenida y dialógica de los conocimientos y saberes».
«Lograr calidad en educación implica mayor presupuesto educativo que garantice la cantidad de escuelas necesarias, provistas con recursos tecnológicos y didácticos, con cargos suficientes y una formación docente acorde a la diversidad de emergentes que atraviesan a las instituciones, con el objetivo de educar para la vida y no para instruir mano de obra barata para las empresas, entre otros aspectos. Es condición prioritaria salarios dignos, ningún/a docente puede estar debajo del índice de pobreza, ni verse obligado/a a sobrecargarse de horas para que su familia pueda sobrevivir», concluye el comunicado de prensa de gremio docente rionegrino UnTER.
Gremios
Para ATE, «las garantías constitucionales están en riesgo» luego de la persecución política y judicial contra periodistas
«Este ataque a la libertad de expresión y el intento de allanar a periodistas pone en riesgo toda la institucionalidad de nuestro país», dijo Aguiar.
Luego de que el Gobierno denunciara a los periodistas que difundieron audios sobre la secretaria General de Presidencia, Karina Milei, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) repudió este accionar del Poder Ejecutivo y acusó «un grave ataque contra la libertad de expresión».
«La persecución y el intento de allanar a periodistas por revelar hechos de corrupción pone en riesgo toda la institucionalidad en nuestro país», señaló Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.
«Se trata de un ataque directo a la libertad de expresión y a todas las garantías constitucionales que como sociedad tenemos que defender. Todos los ciudadanos tienen derecho a publicar sus ideas por la prensa sin censura previa», agregó el dirigente. Entre los periodistas apuntados se encuentran Jorge Rial y Mauro Federico, además del responsable del portal Data Clave, Pablo Giménez.
Además, el sindicato alertó el preocupante acto de censura por el cual el juez Civil y Comercial Federal Alejandro Patricio Maraniello, prohibió la difusión de nuevos audios de la hermana del presidente.
«Estas decisiones atentan directamente contra los derechos constitucionales a la libertad de expresión, amparados en los artículos 14 y 32 de la Carta Magna. Todos los habitantes de la Nación gozan del derecho a publicar sus ideas por la prensa sin censura previa; El Congreso federal no dictará leyes que restrinjan la libertad de imprenta o establezcan sobre ella la jurisdicción federal», detalló Aguiar.
Además, recordó que «la Argentina suscribe a la Convención Americana de Derechos Humanos, la cual en su artículo 13 señala que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. El ejercicio del derecho no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley».
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UnTER ratificó el rechazo a la oferta salarial del Gobierno y exigió urgente convocatoria a paritaria
Desde el sindicato esperan que el llamado sea la próxima semana, si no convocarán a un nuevo Congreso.
El plenario de secretarios generales de la UnTER resolvió avalar por unanimidad el rechazo del Consejo Directivo Central a la última propuesta salarial por considerarla «paupérrima» y exigir una urgente convocatoria a paritaria con una oferta de recomposición acorde con los requerimientos del sindicato.
Con la participación de representantes de las 18 Seccionales, el plenario que se desarrolló por plataforma virtual, definió que en caso de no recepcionar la convocatoria del Ministerio de Educación en la primera semana de septiembre, se realizará un Congreso Extraordinario el 9 de septiembre. Asimismo, se resolvió exigir al Gobierno provincial la derogación de las auditorias médicas.
El plenario se expidió también respecto de las situaciones de violencia en diferentes puntos de la Provincia: exigió la continuidad del trabajo, de manera perentoria, en la elaboración de un protocolo y definió exhortar a los legisladores provinciales a tratar urgentemente el proyecto presentado por UnTER para la protección y el resguardo de los docentes en las instituciones rionegrinas.
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ATE denunció a UPCN y a Unión Personal por prácticas ilegales contra los estatales
El sindicato acusó a la obra social por cobrar coseguros ilegales en prestaciones de salud que forman parte del Programa Médico Obligatorio, y restringir prestaciones a quienes no estén afiliados a UPCN.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) denunció ante la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación a Unión Personal, obra social administrada por el sindicato Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), por el cobro de coseguros ilegales. También acusa discriminación en las prestaciones médicas según la afiliación sindical y la aplicación de tarifas exorbitantes sobre las prestaciones médicas obligatorias cercenando el derecho a la salud de los trabajadores.
«La conducta de algunos dirigentes del Sector Público es miserable. Primero le destruyen los salarios a los trabajadores avalando recortes sin precedentes, y ahora pretenden cobrar plus o aranceles diferenciados que están prohibidos por ley. No debe haber nada más bajo que meterse con la salud de los trabajadores y sus familias», señaló Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.
«Estamos frente a una extorsión comprobada y además debe investigarse si no existen complicidades de las autoridades de la Superintendencia de Servicios de Salud por permitir este accionar discriminatorio y manifiestamente ilegal que perjudica a miles de trabajadores estatales», agregó el dirigente.
En esta línea, el referente de ATE apuntó contra la conducción de UPCN. «Están utilizando a la obra social para intentar de manera desesperada frenar las desafiliaciones masivas que están sufriendo a partir del silencio cómplice que mantienen desde hace 19 meses avalando a un Gobierno que de manera permanente y sistemática ha agredido al empleo público e intentado desmantelar numerosas estructuras del Estado», agregó.
«Sin dudas enfrentamos una maniobra dolosa. Se están cometiendo delitos y de manera inmediata tienen que determinarse las responsabilidades de los administradores de la obra social, los dirigentes gremiales y funcionarios públicos que puedan estar involucrados», concluyó Aguiar.
El dirigente sindical argumentó ante la Superintendencia la ilegalidad del cobro de coseguros para intervenciones quirúrgicas, lo que viola el Programa Médico Obligatorio, y la imposición de costos elevados y diferenciales según afiliación sindical. Además, resaltó que «todos los estatales, independientemente de su afiliación o no, tienen el mismo derecho a la salud».
De esta forma, se acusa a UPCN de «extorsionar a los trabajadores para frenar la desafiliación masiva que viene sufriendo y de eximir solo a quienes estén afiliados a dicho sindicato del pago de los coseguros, entre otros privilegios como el acceso exclusivo a distintos sanatorios. Esto último, además de ser inconstitucional, representa una práctica extorsiva e intimidatoria. Además, el sindicato liderado por Andrés Rodríguez actúa en consonancia con el Gobierno Nacional».
Desde ATE se repudia «una deficiente administración por parte de la obra social Unión Personal y de UPCN lo que obliga a trasladar los costos de los servicios a los propios estatales».
«Gracias a la estrategia jurídica que el centenario sindicato estatal implementó para impedir los abusos que está llevando a cabo Unión Personal, ya se logró dar marcha atrás a algunas de las prácticas fraudulentas. Para eso, se presentaron diversos amparos, colectivos e individuales según el caso, ante el órgano de control de las obras sociales», sostuvo Aguiar.
Por otra parte, los delegados del sindicato en cada sector de la Administración Pública Nacional han registrado múltiples casos y asesorado sobre el procedimiento administrativo para impedir estas acciones ilegales y discriminatorias que está ejerciendo la obra social. También se ha puesto a disposición los formularios correspondientes para realizar las denuncias de forma individual.
