Gremios
UnTER rechaza el plan nacional de evaluación «Aprender»
Desde el gremio dicen que el operativo «responde a los organismos internacionales de financiamiento y no a las necesidades de comunidades educativas».
El Consejo Directivo Central de UnTER manifestó su «más enérgico rechazo al operativo nacional de evaluación de aprendizajes, porque responde a los organismos internacionales de financiamiento y no a las necesidades de comunidades educativas». Así se ha discutido y votado en los Congresos de la organización sindical.
Por estas razones, también rechazaron «la definición de implementarlo del Gobierno Nacional y Provincial en la figura de los Ministros de Educación, Esteban Bullrich y Mónica Silva respectivamente, a quienes se les presentó el reclamo el pasado jueves 15. Como representantes del conjunto de trabajadores de la educación de Río Negro, sostenemos esta postura, desde la coherencia de todo lo actuado, en defensa del derecho social a la educación y que consideramos importante rememorar», agregaron.
«En el año 2015, y luego de un largo proceso de debate, análisis y discusión, logramos la derogación de la Res. 35/13, cuestionada por las bases de la docencia, por los procesos unilaterales de ejecución que implementó en su momento el Ministro Marcelo Mango. Dicha resolución fue derogada por la Res. 2035/15, en la que como UnTER, desde la Secretaría de Nivel Primario, exigimos y logramos dejar sentado que la temática de la evaluación, debía ser un tema de debate transversal con los demás niveles del sistema, dada la importancia y la dificultad que significaba resolver sobre la formas evaluativas hacia nuestros niños y niñas. El Ministerio manifestó y firmó el Acta correspondiente donde quedó especificada esta coincidencia “para continuar profundizando el debate hacia el interior de las escuelas sobre los conceptos que sustentan el espíritu de esta resolución, tales como unidad pedagógica, evaluación y acreditación”, Acta Comisión de Nivel Primario, 02/06/2015», detallaron.
«Fue así que claramente, el conjunto de trabajadores/as de la educación planteó la necesidad de un debate profundo a largo plazo para abordar una temática tan compleja como la evaluación. Y en ese mismo sentido lo sostuvimos en los espacios de discusión con las autoridades ministeriales», añadieron.
«El 12 de febrero de 2016, a instancias del Gobierno Nacional, en el Confederal de Educación se firma, con la totalidad de los/as ministros/as del país, la Declaración de Purmamarca. Documento en el que se define la creación del instituto de Evaluación de la calidad y Equidad Educativa; que se concreta a través del Decreto Nº 552/16 del 4 de abril, que, entre otras cuestiones, expresa: “evaluar las políticas prioritarias impulsadas en el sistema educativo nacional, de las instituciones, de los contextos y actores del sistema y de los aprendizajes alcanzados por los estudiantes”», explicaron desde UnTER.
«En paralelo y casi paradójicamente, desde el Ministerio de Educación de Río Negro, surge un “apuro” por modificar el Diseño Curricular de Nivel Primario, ajustando “los” tiempos a las órdenes superiores, con una cronología de trabajo cuestionada desde este CDC, en la reunión de Comisión de Política Educativa del 12 de abril de este año, porque coarta derechos participativos, silenciando las voces de los verdaderos actores del sistema. Y porque era evidente que el tema de la evaluación entraría nuevamente al ruedo».
«Posicionamiento que consta en el Acta de dicha reunión e informado a las bases por nota enviada a las escuelas primarias para la Jornada Institucional del 11 de mayo. Allí reiteramos el planteo de la necesidad imperiosa de discutir concepciones y nuevas pedagogías para consensuar la mejor manera de acreditar y promocionar sin que ello implique un decreto de repitencia cero solo para las estadísticas».
«Con la plena convicción que solamente es posible valorar y re-elaborar conceptos y concepciones para un sistema de Evaluación que contemple el aprendizaje de un proceso en un marco participativo y de construcción colectiva. Por ello, no avalamos el operativo “Aprender”, ni ningún otro, en el que meramente aparecerán estadísticas frías y numéricas que nada tienen que ver con nuestra concepción de escuela, de enseñanza, de aprendizaje».
«Porque sostenemos que nuestros niños/as, jóvenes y adultos/as no son ni números, ni muestras posibles de ser silenciadas para satisfacer una mirada política mercantilista de un ministro o ministra de educación, abonando estas prácticas a la privatización de la educación, para dar respuestas sólo a los Organismos Internacionales de Financiamiento que les interesa el producto, el resultado, sin tener en cuenta las subjetividades, intereses, identidades y la soberanía cultural de cada región».
«Si el Presidente de la Nación quiere demostrar su compromiso por la educación, primero debe aprender, que somos los/as trabajadores/as de la educación, junto a miles de niños/as, adolescentes y jóvenes del país, quienes sostenemos un compromiso de construcción colectiva. Que esa construcción debe darse en el marco del respeto y la interacción. Ese el único operativo aprender en el que daremos el debate».
«Por todo lo expuesto, desde UnTER rechazamos estas prácticas evaluativas mercantilistas y privatizadoras, exigimos profundizar el debate curricular, didáctico y pedagógico para consensuar los modos evaluativos que contemplen los procesos y tiempos de nuestros estudiantes, siempre pensando en la construcción sostenida y dialógica de los conocimientos y saberes».
«Lograr calidad en educación implica mayor presupuesto educativo que garantice la cantidad de escuelas necesarias, provistas con recursos tecnológicos y didácticos, con cargos suficientes y una formación docente acorde a la diversidad de emergentes que atraviesan a las instituciones, con el objetivo de educar para la vida y no para instruir mano de obra barata para las empresas, entre otros aspectos. Es condición prioritaria salarios dignos, ningún/a docente puede estar debajo del índice de pobreza, ni verse obligado/a a sobrecargarse de horas para que su familia pueda sobrevivir», concluye el comunicado de prensa de gremio docente rionegrino UnTER.
Gremios
ATE marcha a Plaza de Mayo en San Cayetano por paz, pan, tierra, techo y trabajo
«Está claro que el Gobierno empezó a perder la calle y el movimiento obrero tiene que garantizar un conflicto permanente», señaló Aguiar.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) se movilizará hoy (07/08) a partir de las 8 desde el Santuario de San Cayetano en Liniers (CABA) hacía Plaza de Mayo en la tradicional marcha por paz, pan, tierra, techo y trabajo.
«Está claro que el Gobierno empezó a perder la calle y el movimiento obrero tiene que garantizar un conflicto permanente. La jornada de hoy va a ser multitudinaria, tiene que servir para unir todas las luchas y hacer crecer la conflictividad», indicó Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.
En esta línea, apuntó que «esta marcha tiene que poner en evidencia que las justas demandas de los trabajadores, jubilados y los sectores populares no encuentran respuestas, y que el gobierno es el exclusivo responsable de la angustia en la que está sumida la mayoría de la sociedad».
«Lo demuestran las encuestas, a Milei se le están terminando las balas. Tiene que saber que empezamos a ir por él», sentenció Aguiar.
Las movilizaciones además se replicarán en todas las provincias en el marco de la Jornada Nacional de Lucha dispuesta por el sindicato estatal en reclamo por «reapertura de paritarias y urgente recomposición salarial y de jubilaciones; rechazo al vaciamiento de los organismos públicos; pase a planta permanente de todas las y los trabajadores precarizados; rechazo a las privatizaciones de empresas públicas; reincorporación de todas las y los trabajadores despedidos; restitución de los fondos adeudados a las provincias y FGS de la ANSES; y rechazo a la armonización de las Cajas Previsionales Provinciales».
Gremios
ATE destacó la caída del capítulo de la Ley de Tierras pero mantiene la movilización al Congreso
“Es un triunfo de la lucha del pueblo que no sólo rechaza este proyecto, sino también a un Gobierno que quiere entregar el país entero con todos sus recursos. A Milei se le están terminando las balas y cuando eso suceda, vamos a ir por él”, señaló Aguiar.
Luego de que el oficialismo decidiera retirar el capítulo sobre la modificación de la Ley de Tierras en el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, destacó esta decisión y confirmó que se mantendrá la movilización prevista para este jueves frente al Congreso.
«Celebramos no solo que la sociedad le haya pasado por encima al Gobierno y a los partidos que han decidido ser cómplices de la entrega rechazando este proyecto, sino también que estemos ante un pueblo que rechace a un Gobierno que quiere entregar al país entero con todos sus recursos», agregó el referente sindical.
En referencia a la movilización prevista para el jueves, apuntó que «a Milei se le están terminando las balas y cuando eso suceda, vamos a ir por él. Igual vamos a movilizar para seguir repudiando a los senadores han tergiversado su representación, porque debieran impulsar y votar iniciativas para defender los intereses de nuestra nación y no rematarla».
«Este es un avance significativo de la lucha. Quedó demostrado que solo estando en la calle vamos a seguir recuperando soberanía», concluyó el titular de ATE Nacional.
La sesión de la Cámara Alta se mantiene vigente para este jueves (06/08) a las 14, luego de un mes de cuarto intermedio, pero sin los artículos que aprobaban el régimen de extranjerización de las tierras rurales. Cabe destacar que numerosos senadores y gobernadores ya habían adelantado su rechazo a esta modificación.
De esta forma, ATE mantiene la movilización prevista y concentrará a partir de las 12 hs en Av. Rivadavia y Rodriguez Peña (CABA). Además, las movilizaciones se replicarán en las principales ciudades de todas las provincias en el marco de la Jornada Nacional de Lucha convocada por el sindicato.
Gremios
El Frente de Sindicatos denunció a Milei ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la reforma laboral
Además, denunció una supuesta política de persecución política y disciplinamiento contra organizaciones sindicales.
El Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) denunció al gobierno de Javier Milei ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por impulsar y poner en marcha «una regresiva reforma laboral que provoca un retroceso de la legislación laboral al siglo XIX», que «ataca la jornada de 8 horas y a las organizaciones sindicales, restringe el derecho a huelga, y busca tener jornadas laborales más extensas y salarios más bajos». Fue durante la audiencia que se realizó en Washington, en el marco del 196º Período de Sesiones Ordinarias del órgano internacional.
Además, el FreSU denunció la existencia de «una política de persecución política y disciplinamiento cuyo ejemplo más cabal es la reciente intervención de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y la persecución mediática, gremial, jurídica y personal» desplegada por funcionarios del gobierno contra el secretario general de Pilotos (APLA), Pablo Biró.
«El espíritu de esta reforma es beneficiar sólo a los empresarios y aumentar sus márgenes de rentabilidad a partir de una mayor explotación. Jornadas más extensas y salarios más bajos», dijo el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, al iniciar la exposición por parte del FreSU, que solicitó la audiencia junto con el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA). Participaron también representantes de la Asociación de Abogados Laboralistas, Mariana Amartino y Matías Cremonte, y el presidente de la Asociación Nacional de Jueces del Trabajo (ANJUT), Juan Orsini.
Agregó que «aquello que sostuvo la OIT sobre que el trabajo no es una mercancía se transformó en letra muerta. Con esta reforma, estamos frente a un régimen de compraventa de la fuerza de trabajo. En la Argentina, enfrentamos un ataque al Estado de Derecho, a la democracia, a la Constitución Nacional y al sistema interamericano de derechos humanos. Por eso es que esta comisión debe actuar».
Luego, la secretaria general de Conadu, Clara Chevalier, precisó que, como parte de esa política de destrucción de los derechos laborales, «el gobierno nacional produjo una desregulación de los precios fundamentales para la vida, como las tarifas de transporte, telefonía celular, internet, luz y gas. Todo eso produjo una caída del salario que tiene un impacto directo e indirecto sobre las mujeres».
«Estamos viviendo una brutal disputa por el tiempo. Mientras la reforma laboral ataca una de las conquistas fundacionales como la jornada de 8 horas, instalando un banco de horas flexible, que borra los límites entre lo personal y lo laboral, debemos recurrir a varios empleos para poder sostener la vida», dijo Chevalier y subrayó que «esta pobreza de tiempo impacta de manera asimétrica sobre las mujeres, provoca una crisis sobre los cuidados y desorganiza los hogares».
Al abordar la persecución política a sindicalistas y sindicatos, Biró sostuvo que «el Estado me ha iniciado una persecución mediática, gremial, jurídica y personal por ser el secretario general de la Asociación de Pilotos. Se trata de una campaña abierta y pública de difamación llevada adelante por funcionarios del gobierno, utilizando la aplicación Mi Argentina o las carteleras de las estaciones terminales. Usaron todos los recursos del Estado. Me imputaron delitos penales, me hicieron saber que perseguían a mi familia, a mi mujer y a mis hijas, y tuve que presentar un habeas corpus preventivo».
Biró también señaló que «el gobierno impulsó denuncias y multas multimillonarias contras organizaciones sindicales como las que hicieron a los compañeros de La Fraternidad, la UTA, la Asociación de Personal Aeronáutico o las acciones judiciales contra 170 trabajadores del subte».
Ante las exposiciones de los solicitantes de la audiencia, los comisionados de la CIDH hicieron algunos cuestionamientos y solicitaron explicaciones a los representantes del Gobierno argentino por los modos y las irregularidades a la hora de implementar la reforma laboral. Y, ante esas preocupaciones, Cremonte precisó que «la regresión es tal que se ha excluido un derecho fundamental del derecho del trabajo que es el de justicia social, se creó el banco de horas y se le da preeminencia a la voluntad para que los trabajadores pueden ahora decidir, en una relación totalmente desigual, tener peores condiciones laborales. Eso es, ni más ni menos, que la negación del derecho del trabajo, que se creó para proteger a quien está en desventaja».
A su turno, el secretario adjunto del SiPreBA, Francisco Rabini, señaló que la decisión del gobierno de derogar el Estatuto del Periodista Profesional «es parte de la reforma laboral que vinimos a denunciar y demuestra que existe una política sistemática destinada a lesionar la libertad sindical y el derecho a huelga. Al debilitar los convenios y facilitar el despido de delegados, se busca desarticular la organización colectiva que históricamente garantizó la pluralidad de voces en nuestro país».
Además, la abogada Amartino solicitó, en nombre de todas las organizaciones que pidieron la audiencia, que la CIDH «emita una comunicación dirigida al Estado argentino en la que llame la atención sobre la incompatibilidad de la reforma laboral con los estándares interamericanos, y llame al cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos. Solicitamos también que esa comunicación sea remitida a todos los tribunales locales para ser tenida en cuenta como instrumento de interpretación del derecho».
También pidió «que declare que la derogación del Estatuto del Periodista resulta incompatible con la Convención Americana de Derechos Humanos y exija al Estado argentino el restablecimiento de las garantías fundamentales para el ejercicio libre y seguro de la profesión» e invitó a que “la Relatoría Especial sobre los derechos económicos, sociales culturales y ambientales (REDESCA), realice una visita a Argentina a fin de recibir información sobre el impacto de la reforma laboral en los derechos de los trabajadores y trabajadoras y que tome contacto para planificar la vista con las organizaciones sindicales de Argentina».
