Gremios
UnTER rechaza el plan nacional de evaluación «Aprender»
Desde el gremio dicen que el operativo «responde a los organismos internacionales de financiamiento y no a las necesidades de comunidades educativas».
El Consejo Directivo Central de UnTER manifestó su «más enérgico rechazo al operativo nacional de evaluación de aprendizajes, porque responde a los organismos internacionales de financiamiento y no a las necesidades de comunidades educativas». Así se ha discutido y votado en los Congresos de la organización sindical.
Por estas razones, también rechazaron «la definición de implementarlo del Gobierno Nacional y Provincial en la figura de los Ministros de Educación, Esteban Bullrich y Mónica Silva respectivamente, a quienes se les presentó el reclamo el pasado jueves 15. Como representantes del conjunto de trabajadores de la educación de Río Negro, sostenemos esta postura, desde la coherencia de todo lo actuado, en defensa del derecho social a la educación y que consideramos importante rememorar», agregaron.
«En el año 2015, y luego de un largo proceso de debate, análisis y discusión, logramos la derogación de la Res. 35/13, cuestionada por las bases de la docencia, por los procesos unilaterales de ejecución que implementó en su momento el Ministro Marcelo Mango. Dicha resolución fue derogada por la Res. 2035/15, en la que como UnTER, desde la Secretaría de Nivel Primario, exigimos y logramos dejar sentado que la temática de la evaluación, debía ser un tema de debate transversal con los demás niveles del sistema, dada la importancia y la dificultad que significaba resolver sobre la formas evaluativas hacia nuestros niños y niñas. El Ministerio manifestó y firmó el Acta correspondiente donde quedó especificada esta coincidencia “para continuar profundizando el debate hacia el interior de las escuelas sobre los conceptos que sustentan el espíritu de esta resolución, tales como unidad pedagógica, evaluación y acreditación”, Acta Comisión de Nivel Primario, 02/06/2015», detallaron.
«Fue así que claramente, el conjunto de trabajadores/as de la educación planteó la necesidad de un debate profundo a largo plazo para abordar una temática tan compleja como la evaluación. Y en ese mismo sentido lo sostuvimos en los espacios de discusión con las autoridades ministeriales», añadieron.
«El 12 de febrero de 2016, a instancias del Gobierno Nacional, en el Confederal de Educación se firma, con la totalidad de los/as ministros/as del país, la Declaración de Purmamarca. Documento en el que se define la creación del instituto de Evaluación de la calidad y Equidad Educativa; que se concreta a través del Decreto Nº 552/16 del 4 de abril, que, entre otras cuestiones, expresa: “evaluar las políticas prioritarias impulsadas en el sistema educativo nacional, de las instituciones, de los contextos y actores del sistema y de los aprendizajes alcanzados por los estudiantes”», explicaron desde UnTER.
«En paralelo y casi paradójicamente, desde el Ministerio de Educación de Río Negro, surge un “apuro” por modificar el Diseño Curricular de Nivel Primario, ajustando “los” tiempos a las órdenes superiores, con una cronología de trabajo cuestionada desde este CDC, en la reunión de Comisión de Política Educativa del 12 de abril de este año, porque coarta derechos participativos, silenciando las voces de los verdaderos actores del sistema. Y porque era evidente que el tema de la evaluación entraría nuevamente al ruedo».
«Posicionamiento que consta en el Acta de dicha reunión e informado a las bases por nota enviada a las escuelas primarias para la Jornada Institucional del 11 de mayo. Allí reiteramos el planteo de la necesidad imperiosa de discutir concepciones y nuevas pedagogías para consensuar la mejor manera de acreditar y promocionar sin que ello implique un decreto de repitencia cero solo para las estadísticas».
«Con la plena convicción que solamente es posible valorar y re-elaborar conceptos y concepciones para un sistema de Evaluación que contemple el aprendizaje de un proceso en un marco participativo y de construcción colectiva. Por ello, no avalamos el operativo “Aprender”, ni ningún otro, en el que meramente aparecerán estadísticas frías y numéricas que nada tienen que ver con nuestra concepción de escuela, de enseñanza, de aprendizaje».
«Porque sostenemos que nuestros niños/as, jóvenes y adultos/as no son ni números, ni muestras posibles de ser silenciadas para satisfacer una mirada política mercantilista de un ministro o ministra de educación, abonando estas prácticas a la privatización de la educación, para dar respuestas sólo a los Organismos Internacionales de Financiamiento que les interesa el producto, el resultado, sin tener en cuenta las subjetividades, intereses, identidades y la soberanía cultural de cada región».
«Si el Presidente de la Nación quiere demostrar su compromiso por la educación, primero debe aprender, que somos los/as trabajadores/as de la educación, junto a miles de niños/as, adolescentes y jóvenes del país, quienes sostenemos un compromiso de construcción colectiva. Que esa construcción debe darse en el marco del respeto y la interacción. Ese el único operativo aprender en el que daremos el debate».
«Por todo lo expuesto, desde UnTER rechazamos estas prácticas evaluativas mercantilistas y privatizadoras, exigimos profundizar el debate curricular, didáctico y pedagógico para consensuar los modos evaluativos que contemplen los procesos y tiempos de nuestros estudiantes, siempre pensando en la construcción sostenida y dialógica de los conocimientos y saberes».
«Lograr calidad en educación implica mayor presupuesto educativo que garantice la cantidad de escuelas necesarias, provistas con recursos tecnológicos y didácticos, con cargos suficientes y una formación docente acorde a la diversidad de emergentes que atraviesan a las instituciones, con el objetivo de educar para la vida y no para instruir mano de obra barata para las empresas, entre otros aspectos. Es condición prioritaria salarios dignos, ningún/a docente puede estar debajo del índice de pobreza, ni verse obligado/a a sobrecargarse de horas para que su familia pueda sobrevivir», concluye el comunicado de prensa de gremio docente rionegrino UnTER.
Gremios
ATE llama a una “condena social” contra los gobernadores por la quita de la zona fría
«En las puertas del invierno, ¿cómo pueden avalar la quita de subsidios a los habitantes de sus provincias que van a tener que pagar el doble por el gas? Estamos frente a un nuevo golpe al bolsillo», dijo el titular de ATE.
Luego de que la Cámara de Diputados aprobara el proyecto oficialista que elimina el subsidio de energía por zona fría a distintas provincias, el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, señaló que «tenemos que lograr que sean condenados socialmente los gobernadores que apoyaron la media sanción. No debieran estar gobernando por carecer de toda sensibilidad».
«En las puertas del invierno, ¿cómo pueden avalar la quita de subsidios a los habitantes de sus provincias que van a tener que pagar el doble por el gas? Estamos frente a un nuevo golpe al bolsillo. El deterioro del poder adquisitivo es gravísimo, no se tolera más. Si esta ley se aprueba, se profundizará el ajuste en las provincias, va a empobrecer aún más al 80% de la población y va a acelerar la conflictividad», agregó el dirigente estatal.
En referencia a la condonación de deudas millonarias que las empresas energéticas mantenían con el Gobierno, Aguiar cuestionó que «es inaceptable que le quiten los subsidios a quienes menos tienen, a los más pobres, mientras benefician a las elites empresarias, a quienes les van a perdonar deudas por miles de millones de dólares».
«Milei y el empresariado nacional y trasnacional que lo mandan son los autores de un daño social irreparable, pero también existen cómplices necesarios y son los gobernadores, diputados y senadores», concluyó el secretario general de ATE Nacional.
El proyecto que ya cuenta con media sanción del Congreso recorta los subsidios de gas en numerosos departamentos de las provincias de Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, Mendoza, Salta, San Juan, San Luis, Jujuy y La Rioja, al modificar el Régimen de Zona Fría. Esta modificación implica una suba drástica de los costos de los servicios que, según el caso, aumentará entre un 20 y un 100% en caso de aplicarse la ley, afectando a más de 3 millones de usuarios.
La norma además incluye la condonación de las deudas que las empresas Edesur y Edenor mantienen con el Estado Nacional. El monto de la deuda rondaría los 1.800 millones de dólares.
Gremios
UnTER rechazó la propuesta salarial y reclamó una nueva paritaria urgente
Aunque la moción de paro obtuvo mayoría, no alcanzó los dos tercios requeridos por el estatuto sindical, por lo que no habrá nuevas medidas de fuerza.
El Congreso Extraordinario de UnTER resolvió rechazar la propuesta salarial presentada por el Gobierno de Río Negro en la paritaria del pasado jueves (14/05) y reclamó una nueva convocatoria urgente para continuar con las negociaciones.
El encuentro se desarrolló este jueves (21/05) en Viedma con la participación de representantes de las 18 Seccionales de la provincia, donde se analizó la situación educativa y salarial a nivel provincial y nacional.
Según informó el gremio docente, durante la jornada también se debatió la posibilidad de llevar adelante medidas de fuerza. La moción a favor del paro obtuvo 104 votos, mientras que la postura de no realizar medidas de fuerza consiguió 51 votos y hubo además dos abstenciones. Sin embargo, desde UnTER aclararon que el estatuto sindical exige una mayoría especial de dos tercios del total de congresales para aprobar un paro, número que finalmente no se alcanzó. Por ese motivo, el Congreso resolvió no avanzar con medidas de fuerza en esta instancia.
No obstante, el sindicato definió impulsar acciones de visibilización simultáneas en toda la provincia y en conjunto con otras organizaciones gremiales.
Previo al inicio del Congreso, docentes realizaron una movilización hacia el Ministerio de Educación y Derechos Humanos y posteriormente a Casa de Gobierno para expresar sus reclamos salariales y en defensa de la educación pública.
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El Frente de Sindicatos Unidos reclama un salario mínimo vital y móvil de $2.879.877
El informe detalla que el SMVM oficial ya es el más bajo de la historia argentina y está 20% por debajo del valor que tuvo durante la década del 90.
El Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) sostuvo que las y los trabajadores necesitan un Salario Mínimo, Vital y Móvil de $2.879.877 para cubrir las nueve necesidades vitales que establecen la Constitución Nacional y la Ley de Contrato de Trabajo. Ese monto equivale a ocho veces el actual salario mínimo, que es el más bajo de la historia argentina.
Además, en lo que va del gobierno de Javier Milei, los asalariados perdieron más de 62 billones de pesos en el acumulado de sus ingresos mensuales y se vieron forzados a endeudarse para sostener la vida cotidiana. Eso explica el nivel de endeudamiento de las familias argentinas.
En el desglose de datos, el FreSU informó que cada trabajador del sector privado perdió en promedio $2.321.24 y, en el caso del sector público, la pérdida fue de $12.788.939 en promedio.
Para determinar el valor que debiera ser el SMVyM, se toma como referencia los costos necesarias para cubrir las nueve necesidades vitales que establecen la Constitución Nacional: Alimentación adecuada ($648.271); vivienda digna ($568.227); educación ($252.457); vestimenta ($147.595); salud ($349.332); transporte, esparcimiento y vacaciones ($597.209); y previsión social ($316.786).
El FreSU está integrado por unas 140 organizaciones sindicales de las tres centrales obreras entre las que se encuentran UOM, ATE, Federación Aceitera y Desmotadora, Conadu, Conadu Histórica, Aeronáuticos, Molineros y Papeleros.
El 1 de Mayo pasado, el FreSU realizó su Primer Plenario de Delegadas y Delegados y votaron el Programa Unidad, Lucha y Rebeldía para Recuperar la Patria, donde afirmó que «reivindicamos el derecho al trabajo y a un Salario Mínimo Vital y Móvil según su definición en el Artículo 14 bis de la Constitución Nacional y el Artículo 116 de la Ley de Contrato de Trabajo, esto es, que asegure a los trabajadores en su jornada legal de trabajo una vida digna, mediante la satisfacción de las 9 necesidades allí contempladas: alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte, esparcimiento, vacaciones y previsión».
El tercer informe mensual del FreSU fue anunciado por los secretarios generales Abel Furlán (UOM), Rodolfo Aguiar (ATE), Daniel Yofra (Federación Aceitera) y Matías Fachal (Federación Judicial) y la secretaria general de Conadu Histórica, Francista Staiti, desde la jornada de debate realizada por la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas de Mendoza, la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas (AAL) y la Asociación Latinoamericana de Abogadas y Abogados Laboralistas (ALAL) en el Centro de Congresos y Exposiciones de Mendoza.
