Río Negro
El Gobierno Provincial presentó la Agencia para la Prevención y Asistencia de las Adicciones
Será un ente autárquico que apunta a garantizar una política integral, abarcando la dimensión social y psicológica de las personas y grupos sobre el abuso y consumo de sustancias psicoactivas.
El ministro de Gobierno de Río Negro, Luis Di Giácomo, ofreció esta mañana una conferencia de prensa donde se refirió sobre el proyecto de Ley de creación de la Agencia para la Prevención y Asistencia del Abuso de Sustancias y de las Adicciones, que será tratado en la próxima sesión de la Legislatura. Este ente, que será autárquico, apunta a garantizar una política integral y sistemática, abarcando la dimensión social, psicológica y biológica de las personas, grupos y comunidades sobre el abuso y consumo de sustancias psicoactivas y de otras prácticas de riesgo adictivo.
Acompañaron a Di Giácomo, el ministro de Seguridad y Justicia, Gastón Pérez Estevan; el secretario de la Narcocriminalidad, Darío Díaz, y Mabel Dell Orfano, destacada médica psiquiatrita y neuróloga, con formación en el exterior, que será la titular del nuevo ente.
La Agencia instrumentará un plan integral, con participación de actores públicos, privados y organizaciones no gubernamentales, a través del cual se instrumentarán programas de abordaje a las problemáticas planteadas de manera coordinada con los planes que pudieran existir en los distintos niveles de la administración nacional, regional y municipal.
Di Giácomo participó ayer de la Comisión de Asuntos Sociales de la Legislatura donde “pudimos abordar este tema con seriedad, con diputados del oficialismo y la oposición, con gente que entiende en la temática, y que recibieron con beneplácito esta iniciativa”, lo cual “descontamos la aprobación en la próxima sesión”.
Mencionó que el uso, abuso y dependencia al tabaco, a las bebidas alcohólicas y a otras sustancias psicoactivas, tanto lícitas como ilícitas, constituyen un grave problema de salud pública y tienen además importantes consecuencias negativas que trascienden en el ámbito de la salud individual y repercuten en la familia, en la escuela, en el trabajo y en la sociedad.
Dijo que “son muchos productos que están en un mercado que producen ganancias y desde ese ángulo hay que mirarlo, porque sino uno puede caer en disquisiciones filosóficas acerca de la permisividad o no, de la legalización o no, de la libertad del individuo como adulto de consumir lo que quiera, todo eso se puede prestar a mucho debate, pero nosotros estamos convencidos que el Estado tiene que tomar un posicionamiento”.
Subrayó que la adicción a distintas sustancias, legales e ilegales, “inunda toda la sociedad, es un problema de todos, lo que pasa es que si no fijamos quién la trata y quién trabaja sobre ella, termina siendo un terreno de nadie”.
Destacó que por eso “este Gobierno Provincial decidió tomar como política de Estado las dos cuestiones: la cuestión de las drogas ligada a la seguridad y crear la Secretaría de la Narcocriminalidad y esto de crear la Agencia para la Prevención y Asistencia del Abuso de Sustancias y de las Adicciones, teniendo cuidado entonces de ocuparse de toda esta problemática en forma integral”.
Además, informó que la Agencia “será un ente autárquico, con presupuesto propio, con una dependencia directa del Gobernador Weretilneck, que facilitará la profesionalización y especialización porque cada vez tenemos que pensar que este tipo de problema debe ser abordado por gente que estudie profundamente sus particularidades”.
Agregó que “hay que abordar a los niños en las escuelas en la prevención y promoción, y con distintos lenguajes, operatorias y técnicas en el Nivel Medio y en la Universidad; hay que abordar además lo que es el consumo ocasional, callejero, lo que ha sucedido con esto de que los jóvenes no salen a divertirse, sino a tomar y el tomar es la puerta de entrada luego para otras cosas”.
“Hay que atender a aquellos que lamentablemente están lesionados severamente por las sustancias químicas que han inhalado, han tomado o se han inyectado y necesitan determinado tipo de tratamiento, es decir, hay que abrir una amplia gama de acciones, como también la asistencia a las familias que necesitan ser ayudadas cuando tienen esta desgracia en su interioridad y tenemos que abrir además la posibilidad de la reinserción socio-laboral”, entre otros.
Sintetizó que “hay que trabajar desde el punto de vista de Desarrollo Social, Salud, Educación, Seguridad, abordar la problemática desde todas las jurisdicciones y en ese marco la Agencia trabajará con el plano nacional y con los municipios, porque cada localidad, cada lugar, tiene sus características particulares”.
Reflexionó que “sería engañoso decir que mañana ya vamos a instalar servicios de prevención y asistencia de adicciones con profesionales especializados en absolutamente todos lados, lo que tenemos propuesto hacer es la conformación de esta Agencia que funciona como una superestructura organizadora, coordinadora y planificadora de políticas”.
Asimismo, Di Giácomo explicó que esta temática del uso, abuso y dependencia al tabaco, a las bebidas alcohólicas y a otras sustancias psicoactivas, tanto lícitas como ilícitas, “no sólo es un problema de salud, sino que es un problema que incide en la economía, en los accidentes, en la pérdida laboral, en las infiltraciones que tienen los Estados que están copados por el narcotráfico en relación a las importantes sumas que mueve este negocio e incide por supuesto en todas las formas de violencia que hoy nos ocupan tanto”.
Ejemplificó sobre esto último que “unas colegas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires han hecho un trabajo que en el delito de los jóvenes casi en el 90% estaba ligado a la búsqueda de dinero para el consumo”.
Por último, destacó que así como las medidas y campañas contra el tabaco lograron un amesetamiento del consumo y son menos los que ingresan en relación a los años 60 y 70, hay que actuar de la misma manera contra otras adicciones.
Dell Orfano: “Poder establecer políticas de Estado”
Por su parte, Mabel Dell Orfano, titular del nuevo ente, señaló que “el tema del consumo de sustancias está afectando desde el feto del bebé hasta la ancianidad, entonces la función de la Agencia será integrar diferentes ministerios, diferentes representantes del gobierno, para poder establecer políticas de Estado en cada área”.
Agregó que “se trata de una integración con planes que vayan a tocar el tema del consumo de sustancias; la Agencia va a tener la función de coordinar actividades y políticas de Estado y uno de los objetivos es poder crear lugares de escucha, de atención, en cada localidad de la provincia”.
Señaló que “nosotros estamos funcionando hoy como un archipiélago, cada uno en su islita hace lo suyo y nadie sabe que en la vereda de enfrente hay una iglesia, una ONG o un señor de buena voluntad que tiene una casa que está alojando gente con problemas, entonces hay muchas personas que a su modo aplican esta ayuda a quienes están sufriendo el consumo”.
“La idea en este marco es ir buscando a las personas, que están trabajando ya en el tema, empezar a tener un discurso común, aprovechar los recursos actuales y empezar a tener un equipo en cada localidad donde se pueda escuchar la demanda de las personas, hacer un diagnóstico, una evaluación, y de ahí determinar las acciones, una psicoeducación, un ambulatorio, un hospital de día o una internación”, explicitó.
Judiciales
Fallo contempló el cuidado exclusivo de una madre y fijó una cuota de siete salarios mínimos
El fallo también señaló que el padre no registra impuestos activos ni declaraciones juradas ante AFIP. Sin embargo, en el expediente constan datos sobre la titularidad de un automóvil y viajes al exterior.
El cuidado cotidiano que la madre ejerce de manera exclusiva sobre su hija fue uno de los factores centrales para fijar una cuota alimentaria equivalente a siete Salarios Mínimos Vitales y Móviles. La sentencia, dictada en Bariloche, también dispuso que el padre deberá afrontar el 50% de los gastos extraordinarios vinculados con la crianza.
La demanda fue presentada por la madre en representación de su hija de 8 años. Señaló que el progenitor reside en Buenos Aires y que el contacto con la niña es esporádico, ya que se ven una o dos veces al año. También explicó que las tareas de cuidado recaen exclusivamente sobre ella.
Según la presentación, el padre pagaba de manera directa un colegio privado, el comedor y algunas actividades. Además, hasta septiembre de 2023 realizaba depósitos mensuales, que luego dejó de efectuar. La madre sostuvo que ese aporte resultaba insuficiente frente al conjunto de gastos de crianza.
El progenitor respondió que no estaba en condiciones de afrontar el monto solicitado. Indicó que se dedica a la intermediación en la venta de caballos, con ingresos irregulares, y afirmó encontrarse desocupado. Durante una audiencia ofreció una suma menor junto con algunos pagos directos, pero no hubo acuerdo.
En el expediente se incorporaron informes sobre los gastos de la niña, vinculados con educación, cobertura médica, actividades extracurriculares y tratamientos médicos. También se realizó una pericia social en el domicilio materno que describió condiciones habitacionales adecuadas y señaló que el hogar se sostiene con el salario de la madre.
Al analizar el caso, la sentencia destacó que las tareas de cuidado tienen un valor económico que debe considerarse al fijar la cuota alimentaria. En este caso, se acreditó que esas responsabilidades recaen casi en su totalidad sobre la progenitora.
El fallo también señaló que el padre no registra impuestos activos ni declaraciones juradas ante AFIP. Sin embargo, en el expediente constan datos sobre la titularidad de un automóvil y viajes al exterior. En ese contexto, el juzgado indicó que, ante ingresos informales, es el propio alimentante quien se encuentra en mejores condiciones de acreditarlos.
Con base en las necesidades de la niña y las circunstancias acreditadas en el proceso, la sentencia hizo lugar a la demanda y fijó la cuota alimentaria en siete salarios mínimos vitales y móviles, además del pago compartido de los gastos extraordinarios.
Política
Caen los fondos que recibe Río Negro por coparticipación nacional
La caída se explica principalmente por el retroceso del IVA, el impuesto que más incide en la masa coparticipable.
Río Negro registró en los primeros meses de 2026 una caída real en los fondos que recibe por coparticipación, producto de la baja en la recaudación nacional. La disminución de los ingresos por IVA, junto con una menor cantidad de días hábiles de recaudación y otros factores, configuran una tendencia a la baja que también se refleja en la actividad económica y el consumo.
De acuerdo con los datos del Ministerio de Hacienda de Río Negro, en términos reales los recursos coparticipables enviados por Nación cayeron un -7,87% en enero y un -7,7% en febrero, consolidando una volatilidad negativa marcada en los recursos coparticipados.
La coparticipación constituye una de las principales fuentes de financiamiento para las provincias, por lo que cualquier variación en la recaudación nacional impacta directamente en los recursos disponibles para sostener servicios, obras y políticas públicas.
La caída se explica principalmente por el retroceso del IVA, el impuesto que más incide en la masa coparticipable. Tras varios meses de desaceleración, registró bajas reales de -12,1% en enero y -13% en febrero, reflejando una menor dinámica de la actividad económica y del consumo.
Este escenario se vincula con la evolución del consumo a nivel nacional. Según datos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), las ventas minoristas acumulan variaciones negativas desde mayo de 2025 y en diciembre registraron una caída interanual de -5,2%. En la misma línea, la consultora Scentia informó que el consumo masivo cayó -1,1% interanual en enero de 2026.
En contraste con este contexto nacional, la recaudación propia de Río Negro muestra un comportamiento más estable, ofreciendo un resguardo relativo, aunque no exento de la desaceleración general. El impuesto sobre los Ingresos Brutos registró subas reales de 5,7% en enero y 6,2% en febrero.
La menor recaudación nacional se traslada directamente a las provincias a través de la coparticipación, reduciendo los recursos que reciben para sostener el funcionamiento del Estado y las inversiones en el territorio.
Política
Nuevas cesantías por faltas en la administración pública de Río Negro
En lo que va del 2026, se dictaron dos cesantías, 11 suspensiones sin goce de haberes y dos apercibimientos.
En los primeros meses del año, la Junta de Disciplina aplicó sanciones por faltas graves. «Las medidas ratifican la continuidad del control disciplinario para cuidar los recursos públicos y garantizar la eficiencia», indicó la secretaria de la Función Pública, Tania Lastra.
«Bajo la premisa de valorar al agente que cumple y garantizar un servicio efectivo a la ciudadanía, el Gobierno de Río Negro sostiene con firmeza el ejercicio de la potestad disciplinaria», agregó la funcionaria. En ese marco, en lo que va del 2026, se dictaron dos cesantías, 11 suspensiones sin goce de haberes y dos apercibimientos.
Desde enero de 2024, el trabajo de la Junta implicó el análisis de más de 1.000 expedientes administrativos. Este dinamismo permitió agilizar procesos históricamente demorados, logrando duplicar el promedio anual de resoluciones en comparación con años anteriores.
Como resultado de este ordenamiento, desde el comienzo de la gestión se dictaron 94 cesantías, 6 exoneraciones, 448 suspensiones sin goce de haberes y 24 apercibimientos. Asimismo, el sistema de justicia interna determinó 77 absoluciones.
«Tenemos el mandato claro de construir una administración eficiente y preparada para el futuro. Eso requiere reglas claras y tolerancia cero frente a faltas graves o abandonos de servicio, garantizando siempre procesos transparentes», afirmó Lastra.
Los motivos de las sanciones
Las actuaciones disciplinarias abarcan una amplia gama de incumplimientos en el ámbito estatal. Estas irregularidades van desde faltas en el servicio -como desatención de tareas, ausencias injustificadas o negligencia en el cuidado de insumos- hasta inconductas y conflictos interpersonales que incluyen denuncias por malos tratos, insultos y agresiones entre compañeros.
Para los casos de mayor gravedad, la ley prevé las sanciones más severas. Por un lado, la cesantía implica la desvinculación del agente con la prohibición de reingresar al Estado por un plazo de cinco años. Esta medida se aplica ante la acumulación de sanciones previas, abandono prolongado de servicio o faltas graves.
Por otro lado, la exoneración representa la medida más dura del sistema: supone la expulsión definitiva y la inhabilitación permanente para volver a trabajar en la administración pública. Esta sanción se reserva para casos extremos, como delitos dolosos con condena penal firme.
«Un proceso riguroso y transparente», aseguró Lastra
Las sanciones impuestas no son automáticas, sino el resultado de un riguroso sumario administrativo. Al detectarse una posible falta, instructores especializados investigan los hechos, reúnen pruebas y elevan un informe a la Junta de Disciplina. Este organismo, integrado por representantes del Poder Ejecutivo y vocales gremiales (ATE y UPCN), evalúa la gravedad de los hechos y los antecedentes para emitir su resolución.
La Ley Provincial prevé una escala progresiva: desde el apercibimiento y las suspensiones, hasta la cesantía (desvinculación con posibilidad de reingreso a los cinco años) y la exoneración (expulsión definitiva ante delitos con pena de prisión).
