Río Negro
El Gobierno Provincial presentó la Agencia para la Prevención y Asistencia de las Adicciones
Será un ente autárquico que apunta a garantizar una política integral, abarcando la dimensión social y psicológica de las personas y grupos sobre el abuso y consumo de sustancias psicoactivas.
El ministro de Gobierno de Río Negro, Luis Di Giácomo, ofreció esta mañana una conferencia de prensa donde se refirió sobre el proyecto de Ley de creación de la Agencia para la Prevención y Asistencia del Abuso de Sustancias y de las Adicciones, que será tratado en la próxima sesión de la Legislatura. Este ente, que será autárquico, apunta a garantizar una política integral y sistemática, abarcando la dimensión social, psicológica y biológica de las personas, grupos y comunidades sobre el abuso y consumo de sustancias psicoactivas y de otras prácticas de riesgo adictivo.
Acompañaron a Di Giácomo, el ministro de Seguridad y Justicia, Gastón Pérez Estevan; el secretario de la Narcocriminalidad, Darío Díaz, y Mabel Dell Orfano, destacada médica psiquiatrita y neuróloga, con formación en el exterior, que será la titular del nuevo ente.
La Agencia instrumentará un plan integral, con participación de actores públicos, privados y organizaciones no gubernamentales, a través del cual se instrumentarán programas de abordaje a las problemáticas planteadas de manera coordinada con los planes que pudieran existir en los distintos niveles de la administración nacional, regional y municipal.
Di Giácomo participó ayer de la Comisión de Asuntos Sociales de la Legislatura donde “pudimos abordar este tema con seriedad, con diputados del oficialismo y la oposición, con gente que entiende en la temática, y que recibieron con beneplácito esta iniciativa”, lo cual “descontamos la aprobación en la próxima sesión”.
Mencionó que el uso, abuso y dependencia al tabaco, a las bebidas alcohólicas y a otras sustancias psicoactivas, tanto lícitas como ilícitas, constituyen un grave problema de salud pública y tienen además importantes consecuencias negativas que trascienden en el ámbito de la salud individual y repercuten en la familia, en la escuela, en el trabajo y en la sociedad.
Dijo que “son muchos productos que están en un mercado que producen ganancias y desde ese ángulo hay que mirarlo, porque sino uno puede caer en disquisiciones filosóficas acerca de la permisividad o no, de la legalización o no, de la libertad del individuo como adulto de consumir lo que quiera, todo eso se puede prestar a mucho debate, pero nosotros estamos convencidos que el Estado tiene que tomar un posicionamiento”.
Subrayó que la adicción a distintas sustancias, legales e ilegales, “inunda toda la sociedad, es un problema de todos, lo que pasa es que si no fijamos quién la trata y quién trabaja sobre ella, termina siendo un terreno de nadie”.
Destacó que por eso “este Gobierno Provincial decidió tomar como política de Estado las dos cuestiones: la cuestión de las drogas ligada a la seguridad y crear la Secretaría de la Narcocriminalidad y esto de crear la Agencia para la Prevención y Asistencia del Abuso de Sustancias y de las Adicciones, teniendo cuidado entonces de ocuparse de toda esta problemática en forma integral”.
Además, informó que la Agencia “será un ente autárquico, con presupuesto propio, con una dependencia directa del Gobernador Weretilneck, que facilitará la profesionalización y especialización porque cada vez tenemos que pensar que este tipo de problema debe ser abordado por gente que estudie profundamente sus particularidades”.
Agregó que “hay que abordar a los niños en las escuelas en la prevención y promoción, y con distintos lenguajes, operatorias y técnicas en el Nivel Medio y en la Universidad; hay que abordar además lo que es el consumo ocasional, callejero, lo que ha sucedido con esto de que los jóvenes no salen a divertirse, sino a tomar y el tomar es la puerta de entrada luego para otras cosas”.
“Hay que atender a aquellos que lamentablemente están lesionados severamente por las sustancias químicas que han inhalado, han tomado o se han inyectado y necesitan determinado tipo de tratamiento, es decir, hay que abrir una amplia gama de acciones, como también la asistencia a las familias que necesitan ser ayudadas cuando tienen esta desgracia en su interioridad y tenemos que abrir además la posibilidad de la reinserción socio-laboral”, entre otros.
Sintetizó que “hay que trabajar desde el punto de vista de Desarrollo Social, Salud, Educación, Seguridad, abordar la problemática desde todas las jurisdicciones y en ese marco la Agencia trabajará con el plano nacional y con los municipios, porque cada localidad, cada lugar, tiene sus características particulares”.
Reflexionó que “sería engañoso decir que mañana ya vamos a instalar servicios de prevención y asistencia de adicciones con profesionales especializados en absolutamente todos lados, lo que tenemos propuesto hacer es la conformación de esta Agencia que funciona como una superestructura organizadora, coordinadora y planificadora de políticas”.
Asimismo, Di Giácomo explicó que esta temática del uso, abuso y dependencia al tabaco, a las bebidas alcohólicas y a otras sustancias psicoactivas, tanto lícitas como ilícitas, “no sólo es un problema de salud, sino que es un problema que incide en la economía, en los accidentes, en la pérdida laboral, en las infiltraciones que tienen los Estados que están copados por el narcotráfico en relación a las importantes sumas que mueve este negocio e incide por supuesto en todas las formas de violencia que hoy nos ocupan tanto”.
Ejemplificó sobre esto último que “unas colegas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires han hecho un trabajo que en el delito de los jóvenes casi en el 90% estaba ligado a la búsqueda de dinero para el consumo”.
Por último, destacó que así como las medidas y campañas contra el tabaco lograron un amesetamiento del consumo y son menos los que ingresan en relación a los años 60 y 70, hay que actuar de la misma manera contra otras adicciones.
Dell Orfano: “Poder establecer políticas de Estado”
Por su parte, Mabel Dell Orfano, titular del nuevo ente, señaló que “el tema del consumo de sustancias está afectando desde el feto del bebé hasta la ancianidad, entonces la función de la Agencia será integrar diferentes ministerios, diferentes representantes del gobierno, para poder establecer políticas de Estado en cada área”.
Agregó que “se trata de una integración con planes que vayan a tocar el tema del consumo de sustancias; la Agencia va a tener la función de coordinar actividades y políticas de Estado y uno de los objetivos es poder crear lugares de escucha, de atención, en cada localidad de la provincia”.
Señaló que “nosotros estamos funcionando hoy como un archipiélago, cada uno en su islita hace lo suyo y nadie sabe que en la vereda de enfrente hay una iglesia, una ONG o un señor de buena voluntad que tiene una casa que está alojando gente con problemas, entonces hay muchas personas que a su modo aplican esta ayuda a quienes están sufriendo el consumo”.
“La idea en este marco es ir buscando a las personas, que están trabajando ya en el tema, empezar a tener un discurso común, aprovechar los recursos actuales y empezar a tener un equipo en cada localidad donde se pueda escuchar la demanda de las personas, hacer un diagnóstico, una evaluación, y de ahí determinar las acciones, una psicoeducación, un ambulatorio, un hospital de día o una internación”, explicitó.
Judiciales
Violencia económica: Un fallo impuso capacitación sobre masculinidades al progenitor y a su abogado
El hombre incumplió acuerdos de pago durante más de dos años y solo abonó una de las cuotas pactadas para saldar la deuda.
Una mujer de Cipolletti acordó en 2023 que el padre de su hijo le pagaría una cuota alimentaria equivalente al 30% del Salario Mínimo, Vital y Móvil. El convenio se firmó en el ámbito de los Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos. Desde el inicio, sin embargo, el cumplimiento fue parcial.
Con el tiempo, la situación se repitió. La mujer debió iniciar actuaciones judiciales para ejecutar el acuerdo. Denunció que el progenitor no pagaba de manera regular, pese a trabajar. Cada reclamo derivaba en una nueva intimación y, a continuación, en una nueva promesa de pago que tampoco se cumplía.
El padre se presentó en la causa y argumentó que atravesaba dificultades laborales y económicas. Dijo desconocer el monto exacto de la deuda y pidió que fuera la propia mujer quien calculara el monto. Ofreció pagar en cuotas y manifestó su «voluntad de pago». La jueza observó que la cuota se había pactado como un porcentaje del Salario Mínimo, un dato público y de fácil acceso, por lo que la cifra resultaba simple de determinar.
La mujer practicó la liquidación de lo adeudado entre 2023 y 2025. Sobre esa base, las partes alcanzaron un nuevo acuerdo de pago en cuotas. El progenitor volvió a incumplir: abonó solo una de las cuotas comprometidas.
Ante los reiterados incumplimientos, la mujer solicitó la inscripción del progenitor en el Registro de Deudores Alimentarios y la suspensión de su licencia de conducir. Él se opuso. Sostuvo que una propuesta laboral exigía conducir vehículos y que la suspensión del carnet frustraría esa posibilidad. La jueza compulsó los registros oficiales y verificó que el progenitor ya figuraba en una relación de dependencia que no había informado en el expediente.
La resolución analizó el caso con perspectiva de género. La jueza, titular de la Unidad Procesal Nº 11 de Cipolletti, señaló que el incumplimiento alimentario por parte del progenitor no conviviente constituye una forma de violencia económica hacia la madre. Recordó que la mujer cargó con el sostén cotidiano del hijo y, además, con la obligación de instar de manera permanente el cumplimiento de la prestación.
El fallo citó la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer, la Convención sobre los Derechos del Niño y el artículo 553 del Código Civil y Comercial, que habilita al juez a imponer medidas razonables para asegurar la eficacia de la sentencia alimentaria.
La jueza dispuso la retención directa de la cuota alimentaria por parte de la empleadora del progenitor. Ordenó también que tanto el alimentante como su abogado patrocinante realizaran el Programa de Masculinidad y Violencia de la Subsecretaría de Articulación de Políticas del Ministerio de Seguridad y Justicia de Río Negro, cuyo objetivo es promover espacios de reflexión y responsabilización.
La resolución explicó por qué la medida formativa alcanzó también al letrado. La jueza sostuvo que evitar los hechos de violencia de género depende en gran medida de erradicar los patrones socioculturales que la perpetúan, y que por eso resulta esencial la formación en derechos humanos de las mujeres. Sobre esa base, advirtió que la defensa introdujo planteos que, bajo la forma del derecho de defensa, obstaculizaron el cumplimiento efectivo de la prestación e impusieron cargas adicionales a la madre. La magistrada citó a la autora Mariel Molina de Juan, quien advierte que la dificultad para detectar la violencia económica responde a la naturalización de patrones culturales instalados también entre los operadores del derecho. Con ese argumento, la jueza ubicó al abogado dentro de ese colectivo y entendió que la capacitación debía comprenderlo.
La obligación rige para ambos, con consecuencias distintas según el rol. El inicio del programa debe acreditarse en un plazo de treinta días. Si el alimentante incumple, el fallo prevé la aplicación de una multa, la suspensión del carnet de conducir o la intervención del fiscal por desobediencia judicial. Si incumple el letrado, la resolución dispone poner el hecho en conocimiento del Colegio de Abogados.
La resolución advirtió al progenitor que, ante un nuevo incumplimiento de la cuota, se dispondrá sin más la suspensión de su licencia de conducir. La inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios quedó supeditada al resultado de la ejecución de la deuda liquidada en la causa.
Deportes
Comenzaron los Juegos Rionegrinos 2026
Más de 18.000 estudiantes convencionales y con discapacidad de toda la provincia se disputarán en distintas disciplinas.
Iniciaron los Juegos Rionegrinos 2026 con las fases clasificatorias correspondientes a la etapa local con participación de hasta 68 localidades. En este marco, más de 18.000 estudiantes convencionales y con discapacidad de toda la provincia se disputarán en distintas disciplinas. Los juegos son organizados por el Ministerio de Educación y Derechos Humanos junto a la Secretaría de Juventud, Cultura y Deporte.
En Viedma, el básquet 3×3 abrió la competición provincial durante la primera semana de junio. Con el correr del mes, se suman los municipios de Cipolletti, Río Colorado, General Roca, Allen, General Conesa, Luis Beltrán, y Bariloche, dando inicio al resto de los deportes.
Los jóvenes de entre 12 y 18 años, en representación de sus respectivos establecimientos educativos, compiten en handball, vóley, mini vóley, ringo, break dance, básquet 3×3, atletismo convencional y adaptado, y circuito de habilidades motoras para personas con discapacidad. La variedad de disciplinas en las que miles de estudiantes son partícipes desde cada punto del territorio provincial, integran educación y deporte en conjunto, con propuestas accesibles para todos, que promueven la competencia sana, la diversión, y el compañerismo.
La fase local comprende alrededor de dos mil equipos que buscan clasificarse a la segunda etapa del torneo, la fase zonal, a disputarse entre agosto y octubre, en donde se agruparán distintas regiones de Río Negro. Posteriormente, los clasificados de las zonales jugarán la tercera, y definitiva, fase del certamen: la gran final en San Carlos de Bariloche. Esta instancia se disputará del 16 al 19 de noviembre, abarcando una fiesta deportiva que reunirá a chicos y chicas de cada punto de la provincia.
Luego del éxito de los Juegos Rionegrinos 2025, el programa coordinado por el Ministerio de Educación y Derechos Humanos, y la Secretaría de Juventud, Cultura y Deporte, vuelve a impulsar el desarrollo humano y las habilidades deportivas, fomentando espacios de compañerismo en la que niños, niñas y adolescentes de más de 400 establecimientos educativos, se reúnen, juegan y participan en distintas disciplinas.
Policiales
La reparación de zona desfavorable ya llegó a casi 7.000 agentes policiales de Río Negro
Hasta el momento, el Estado provincial abonó un total de $14.886 millones.
El Gobierno de Río Negro sigue con el cumplimiento de la reparación extraordinaria por las liquidaciones del adicional de zona desfavorable del personal policial, una política que ya alcanzó a 6.976 agentes activos, retirados y pensionados en toda la provincia, con una inversión acumulada superior a los $27.000 millones.
En el caso de los policías activos que adhirieron voluntariamente al acuerdo de pago impulsado por la Provincia en el marco de la Ley 5715, el beneficio alcanzó a 3.416 agentes. Hasta el momento, el Estado provincial abonó un total de $14.886 millones.
La reparación destinada a agentes activos comenzó a abonarse en mayo de 2024 y, a la fecha, la Provincia ya completó la cancelación de 2.880 liquidaciones correspondientes a expedientes abiertos.
Por otra parte, en septiembre de 2025, por decisión del Gobernador Alberto Weretilneck, el reconocimiento de esta diferencia se extendió a policías retirados y pensionados, ampliando el alcance de una medida que reconoce la trayectoria y el servicio prestado por quienes dedicaron su vida al cuidado de las y los rionegrinos.
Desde entonces, la Provincia ya abonó $12.976, millones, alcanzando a 3560 agentes retirados y pensionados.
El esquema de pago para retirados y pensionados fue diseñado contemplando distintas situaciones etarias, con el objetivo de brindar respuestas acordes a cada realidad. En el caso de personas mayores de 80 años, el pago se realizó en una única cuota, priorizando a quienes requerían una respuesta más inmediata. Para el resto de los grupos, se establecieron planes de 3, 6, 9, 12 y 18 cuotas, según la edad de las personas beneficiarias.
En detalle, los planes se instrumentaron de la siguiente manera: en 3 cuotas para personas de entre 76 y 79 años; en 6 cuotas, entre 71 y 75 años; en 9 cuotas, entre 66 y 70 años; en 12 cuotas, entre 61 y 65 años; y en 18 cuotas, para personas de 60 años o menos.
