Río Negro
El Gobierno presentó el pliego para la licitación del Agente Financiero Provincial
Estipula el contrato una duración de diez años, previendo el mismo una prórroga de cinco años, de existir conformidad entre las partes.
El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, rubricó este mediodía el pliego de bases y condiciones en el marco del llamado a licitación pública nacional para la contratación del Agente Financiero de la Provincia por un periodo de diez años. El mismo será elevado hoy al Parlamento Provincial para su tratamiento.
El pliego presenta diferencias a favor de la Provincia, respecto del contrato vigente actual, siendo algunas de ellas el pago de un canon por parte del futuro adjudicatario, el fomento a la actividad productiva y comercial, el fomento a la responsabilidad social empresaria, el incremento de sucursales, centros de atención y/o cajeros automáticos y la reducción del costo del mantenimiento y funcionamiento de cajeros automáticos.
La rúbrica se realizó durante el acto de presentación de las bases y condiciones para la licitación nacional, que se realizó hoy en el Salón Gris de Casa de Gobierno, acompañado por el ministro de Economía, Isaías Kremer; el presidente del Bloque de Legisladores de Juntos Somos Río Negro, Alejandro Palmieri; y el secretario de Hacienda, Eduardo Bacci.
Al respecto, el Ministro Kremer sostuvo que “cuando uno piensa en lo que tiene que hacer un agente financiero, está pensando en el acompañamiento. Hay dos aspectos fundamentales: uno tiene que ver con la relación del agente financiero con su clientes y en este casos sus principales clientes son los empleados públicos, y por otra parte, la relación que tiene que tener con el Gobierno”
“Por eso hay que tener en cuenta que debe ser un banco que acompañe con los recursos de la Provincia a la actividad productiva”, agregó.
El Ministro de Economía subrayó que “lo que hicimos fue poner énfasis en que los recursos son de la Provincia y a partir de este principio, lo que armamos es un proyecto de pliego de licitación que cubra todas las expectativas posibles que tenemos respecto a lo que un agente financiero tiene que tener”.
“Cualquier agente financiero necesita tener utilidades, pero el tema básico pasa en qué medida este banco va a acompañar a la provincia en el desarrollo, necesitamos un banco que ponga énfasis en el aspecto fundamental de volcar recursos al desarrollo de la provincia”, finalizó el titular de la cartera económica de la Provincia.
Bases y condiciones
El contrato estipula una duración de diez años, previendo el mismo una prórroga de cinco años, de existir conformidad entre las partes.
Por otra parte, el próximo agente financiero deberá contar, en un plazo de 180 días corridos desde la fecha de la firma del contrato, con la misma cantidad de filiales, cajeros automáticos y otras dependencias que el actual Agente Financiero tenga habilitados por el B.C.R.A. en la Provincia de Río Negro, al 30 de junio de 2016, debiendo estar a esa fecha formalmente habilitadas y prestando efectivamente el servicio.
Además, siguiendo la premisa de llevar todos los servicios necesarios a las comunidades rionegrinas independientemente del lugar donde estén ubicadas y la población con la que cuenten, el Agente Financiero deberá garantizar en un plazo de cinco años, que en las localidades de más de 5.000 habitantes cuenten con Sucursal o centro de atención reconocida como tal por el B.C.R.A. Se trata de las localidades de Campo Grande, Cervantes, Chichinales, Fernández Oro, Los Menucos, Ingeniero Huergo, Chimpay y Luis Beltrán.
En tanto, en las localidades de más de 2.000 habitantes se deberá contar con al menos un Cajero Automático.
Asimismo, se impulsará la habilitación de sucursales o centros de atención por ejemplo en las localidades de Valcheta y Comallo, en virtud de las distancias de estas localidades con la sucursal más cercana.
Por otra parte, se incorpora el cobro de un canon por parte de la Provincia, el que se calcula aplicando un porcentaje a la recaudación mensual de impuestos Provinciales neta de fideicomisos.
El pago se realizará trimestralmente, y el porcentaje mínimo estipulado en el pliego de bases y condiciones y en el contrato de vinculación es del 0,25% durante el plazo estipulado en el mismo.
También el Agente Financiero deberá proponer un aporte relacionado con los depósitos en pesos a la vista (no aplicados a inversiones) que se encuentren depositados en «cuentas judiciales». El mismo no deberá representar menos del 18% de la tasa de interés para depósitos de más de $ 1.000.000 (TNA) promedio a 30-35 días – BADLAR Privados. Este aporte será pagadero trimestralmente tomando como referencia el promedio de los últimos cinco días hábiles del mes, obligación no estipulada en el contrato actual, por el contrario la Provincia abona actualmente por el servicio de mantenimiento y movimiento de dichas cuentas una suma aproximada de $12.000.000 anuales , costo que en el nuevo pliego se considera bonificado.
Asimismo, las condiciones para el próximo agente financiero apuntan fuertemente al fomento y acompañamiento de la producción, ya que en su Plan de Negocios, la entidad deberá considerar como eje prioritario contribuir al financiamiento de la actividad productiva en la provincia y al desarrollo local, destinando como mínimo el 10% del capital prestable a dichas actividades.
En tal sentido, deberá garantizar la instrumentación de líneas de financiamiento para las pequeñas y medianas empresas (Pymes), para Investigación y Desarrollo aplicada a la innovación productiva, para el Comercio Exterior y estímulo a las exportaciones, para el sector agropecuario y el sector industrial. Lo que representa un mínimo de $200.000.000
Además, deberá contribuir a la responsabilidad social empresaria, destinando a la misma un porcentaje no menor del 0,3% del capital prestable, estimado en $6.000.0000 anuales.
También el agente financiero deberá, garantizar el otorgamiento de créditos a los empleados públicos en condiciones especiales y mejoras respecto de las existentes en el mercado, así como para las tarjetas de crédito y otros servicios de crédito otorgados, supeditar el cobro del capital e intereses hasta el efectivo cobro de los haberes mensuales, según cronograma de pago de haberes de la administración Pública Provincial.
Otro de los elementos novedosos y trascendentes, que representa un beneficio para la Provincia en esta nueva etapa del Agente Financiero, es que a partir de la firma del contrato de vinculación, la incorporación y mantenimiento de Cajeros Automáticos es de costo cero para la Provincia, cuando en el contrato anterior esos costos representaban $2.000.000 mensuales. De esta forma la Provincia ahorraría aproximadamente $24.000.000 anuales.
Participaron además los ministros de Seguridad y Justicia, Gastón Pérez Estevan; de Obras y Servicios Públicos, Carlos Valeri; de Salud, Fabián Zgaib; y de Educación y Derechos Humanos, Mónica Silva; los secretarios general, Matías Rulli, y de Trabajo, Lucas Pica; el tesorero general, Nicolás Martín; y la directora Ejecutiva Adjunta de la Unidad Provincial de Coordinación y Ejecución del Financiamiento Externo (UPCEFE), Magali Pacioni.
Estuvieron presentes los legisladores Facundo López, Juan Carlos Apud, Ricardo Arroyo, Norma Coronel, Rodolfo Cufré, Oscar Díaz, Tania Lastra, Silvia Morales y Graciela Valdebenito.
Río Negro
Weretilneck confirmó el aval de Nación para financiar obras en las Rutas 22 y 151
El financiamiento de FONPLATA permitirá intervenir los sectores más deteriorados de ambos corredores y mejorar las condiciones de circulación y seguridad vial.
El gobernador Alberto Weretilneck confirmó que Río Negro obtuvo la garantía del Gobierno Nacional para avanzar con un crédito de hasta US$ 60 millones de FONPLATA – Banco de Desarrollo, destinado a financiar obras prioritarias en las Rutas Nacionales 22 y 151.
El financiamiento permitirá intervenir los sectores más deteriorados de ambos corredores, mejorar las condiciones de circulación y reforzar la seguridad vial.
La operación se enmarca en la decisión de la Provincia de asumir progresivamente la gestión de estas rutas y definir y ejecutar las obras necesarias en territorio rionegrino.
El avance se produjo luego de un relevamiento realizado recientemente por Vialidad Rionegrina, la Unidad Provincial de Coordinación y Ejecución del Financiamiento Externo (UPCEFE), especialistas de FONPLATA y el Gobierno Nacional.
El trabajo permitió constatar en territorio el estado de las trazas y avanzar en la definición del plan de obras que acompañará la operación de financiamiento.
Con el aval obtenido, la Provincia continúa trabajando en la documentación técnica y financiera necesaria para presentar la operación ante el Directorio de FONPLATA, previsto para noviembre.
El programa tendrá impacto directo sobre más de 438.000 habitantes de los departamentos de Pichi Mahuida, Avellaneda y General Roca, además de las personas y vehículos que utilizan diariamente ambas rutas.
También se estima un mejor acceso para 312.000 habitantes a 81 centros de salud, 15 hospitales, 20 cuarteles de bomberos y distintas dependencias policiales.
La operación contempla financiamiento externo por hasta US$ 60 millones, con la Nación como garante. La gestión administrativa, financiera y fiduciaria estará a cargo de la UPCEFE, mientras que Vialidad Rionegrina tendrá la responsabilidad técnica de definir las prioridades y ejecutar las intervenciones.
Judiciales
Por el aumento de causas, Roca tendrá una nueva Unidad Procesal del Fuero de Familia
El Poder Judicial detectó durante la última década un incremento sostenido de expedientes en el Fuero de Familia de General Roca.
La Legislatura de Río Negro aprobó el proyecto impulsado por el Superior Tribunal de Justicia para crear una nueva Unidad Procesal del Fuero de Familia con sede en General Roca, correspondiente a la Segunda Circunscripción Judicial.
Al fundamentar la iniciativa, la legisladora Natalia Reynoso (JSRN) explicó que la propuesta surge a partir de los estudios realizados por la Dirección de Planificación Estratégica del Poder Judicial, que durante los últimos diez años registró un crecimiento sostenido de las causas y expedientes que ingresan al fuero de Familia.
Según detalló, el relevamiento correspondiente al período comprendido entre 2016 y 2026 permitió detectar un incremento que calificó como «exponencial, sostenido y estructural», particularmente en la Segunda Circunscripción Judicial.
Reynoso destacó además que el Poder Judicial modificó la metodología utilizada para determinar la carga que soportan los distintos organismos. Hasta ahora, uno de los principales parámetros era simplemente cuantitativo: se contabilizaba la cantidad de expedientes ingresados y tramitados.
La nueva metodología incorpora el concepto de «carga ponderada de trabajo», que busca determinar no solamente cuántos expedientes tramita un organismo, sino también cuánto esfuerzo y tiempo demanda cada uno de ellos de acuerdo con su complejidad.
Para establecer ese indicador se tuvieron en cuenta variables como la complejidad de las causas, su duración y el grado de intervención judicial requerido.
«No es lo mismo una causa que puede resolverse mediante una audiencia y posterior homologación que aquellos procesos que demandan seguimientos durante dos años o más, sucesivas audiencias y la participación de equipos interdisciplinarios», explicó la legisladora.
Entre las problemáticas de mayor complejidad mencionó las situaciones de violencia de género e intrafamiliar, además de causas relacionadas con alimentos, filiaciones y adopciones.
La metodología, elaborada con participación de juezas de Familia de las diferentes circunscripciones judiciales, permitió establecer con mayor precisión la carga efectiva de trabajo de cada organismo.
En el caso de General Roca, los resultados mostraron no solamente un aumento en la cantidad de expedientes, sino también una creciente exigencia funcional derivada de la complejidad de las causas.
Reynoso sostuvo que la ciudad viene registrando «un nivel de demanda estructural superior al resto de las localidades analizadas», pese a contar con estructuras organizativas similares a las existentes en organismos que atienden volúmenes y niveles de demanda considerablemente menores.
Ese desequilibrio, explicó, determinó la necesidad de avanzar con la creación de una nueva Unidad Procesal de Familia.
La iniciativa busca así adecuar la estructura judicial de General Roca a una realidad que se modificó sustancialmente durante la última década y mejorar la capacidad de respuesta del fuero frente a causas que, además de haber aumentado en cantidad, requieren intervenciones cada vez más prolongadas y complejas.
Río Negro
Los estatales de Río Negro dejan de estar obligados a permanecer en IPROSS y podrán elegir otra obra social
La Legislatura aprobó la reforma que elimina la obligatoriedad de permanecer en IPROSS. La opción alcanza a trabajadores activos, jubilados y sus grupos familiares.
Los trabajadores estatales de Río Negro podrán elegir libremente su obra social y dejar de estar obligados a permanecer en el Instituto Provincial del Seguro de Salud (IPROSS), a partir de la reforma aprobada por la Legislatura provincial. La nueva norma establece un régimen de afiliación voluntaria u optativa que alcanza a agentes públicos activos y pasivos y contempla también a sus grupos familiares.
La modificación cambia el esquema vigente y permite que quienes actualmente tienen afiliación obligatoria a IPROSS puedan optar por otra entidad para su cobertura de salud.
La opción tendrá determinadas condiciones. Quien decida cambiar de cobertura deberá permanecer durante un período mínimo de 12 meses en la entidad elegida. Cumplido ese plazo, podrá optar por otra cobertura.
Además, una vez transcurridos 36 meses desde el primer ejercicio de la opción, el afiliado podrá solicitar su reincorporación a IPROSS como afiliado obligatorio directo, sin períodos de carencia.
La reforma también contempla situaciones vinculadas con tratamientos médicos. Durante el proceso de cambio deberá garantizarse la continuidad de los tratamientos, mientras que también se prevé el regreso a IPROSS cuando la cobertura elegida cese por causas ajenas al afiliado.
De esta manera, el nuevo esquema modifica la relación entre los trabajadores estatales y la obra social provincial: IPROSS deja de ser la única alternativa obligatoria y los afiliados pasan a contar con la posibilidad de elegir otra cobertura.
El cambio había sido anunciado por el Gobierno provincial y finalmente fue convertido en ley por la Legislatura, que aprobó la iniciativa por 35 votos a favor y 9 en contra.
Desde el Gobierno sostuvieron que el nuevo escenario busca que IPROSS compita por mantener a sus afiliados a partir de la calidad de sus prestaciones y atención. Esa posición fue planteada públicamente por el gobernador Alberto Weretilneck al presentar la iniciativa.
