Judiciales
Juraron profesionales de los Equipos Técnicos para el Juzgados de Familia de Roca
Además, también lo hicieron otros profesionales para los Juzgados de Villa Regina y Luis Beltrán.
El juez del Superior Tribunal de Justicia Sergio Barotto recibió juramento este mediodía a los 11 profesionales que integrarán los Equipos Técnicos Interdisciplinarios en los Juzgados de Familia de la Segunda Circunscripción. Ante un salón Auditorio colmado por funcionarios y empleados judiciales y familiares de los profesionales designados, el juez Barotto les dio la bienvenida al Poder Judicial y destacó la importante labor que desempeñarán para seguir optimizando el servicio de justicia en el fuero de Familia.
«Es un momento realmente especial para el Poder Judicial de Río Negro», destacó el magistrado, por la expectativa puesta en el trabajo de los equipos técnicos «para que toda la gente que tiene que venir, lamentablemente, a mostrar aspectos tan difíciles de su vida tenga la mejor atención posible».
Prestaron juramento la licenciada en Psicología Gabriela Polzinetti y la licenciada en Psicopedagogía Gabriela Fabiola Santarelli para el Equipo Técnico Interdisciplinario del Juzgado de Familia N° 11 de Roca y la licenciada en Psicología Gabriela Anahí Tejerina, la licenciada en Servicio Social Mirta Noemí Lacuenteguy y la licenciada en Psicopedagogía Clelia Norma Seidedos para el Equipo Técnico Interdisciplinario del Juzgado de Familia N° 16 de Roca.
Para el Equipo Técnico del Juzgado de Familia de Villa Regina juraron la licenciada en Psicología Silvina Alejandra Romiti, la licenciada en Servicio Social Silvia Andrea Mirales y la licenciada en Psicopedagogía Mariela Evangelina Fuentes.
En tanto que el licenciado en Psicología Agustín Sordo asumirá sus funciones en el Equipo Técnico del Juzgado de Familia de Luis Beltrán junto con el licenciado en Servicio Social Eduardo Rubén Delgado y la licenciada en Psicopedagogía Laura Karina Bustos.
Todos comenzarán a ejercer sus funciones el próximo 24 de octubre.
Barotto habló de la necesidad creciente -destacada por las juezas y defensoras del fuero- de articular estos grupos de abordaje interdisciplinario como consecuencia de que «esta sociedad cada vez más difícil en la que vivimos hace que los temas de familia terminen repercutiendo en una gran cantidad de casos en los Tribunales».
Finalmente el magistrado ponderó la gran cantidad de inscriptos que tuvo el concurso e hizo una mención y agradecimiento especial a los Consejeros de Familia que ya venían prestando funciones en los juzgados bajo un régimen menos formal y que ahora, mediante el concurso y las designaciones, han logrado «legitimarse en forma pública, ante el Poder Judicial y ante sus compañeros de ciencia y saber».
Acompañaron a Barotto en el acto de juramento los vocales de la Cámara Civil de Apelaciones, Adriana Mariani, Gustavo Martínez y Víctor Soto, y las juezas de Familia de Roca Andrea Tormena y Moira Revsin.
Judiciales
Golpeó a su ex pareja hasta dejarla inconsciente y luego escapó de una comisaría: Dictaron prisión preventiva
La defensa sostuvo que el caso no debía avanzar porque la víctima no realizó la denuncia, pero la Fiscalía argumentó que el Estado debe intervenir de oficio en casos de violencia de género.
La Fiscalía formuló cargos a un hombre acusado de ingresar por la fuerza a la vivienda de su ex pareja, golpearla hasta dejarla inconsciente y luego fugarse de una Comisaría. Dispusieron la prisión preventiva por riesgo de entorpecimiento de la investigación y de fuga.
La fiscal de turno Natalia Pascual acusó al hombre por los delitos de violación de domicilio, lesiones leves agravadas por el vínculo y por violencia de género, en concurso real con hurto.
El primer hecho ocurrió el viernes (10/07) pasado cuando el acusado evadió la presencia policial apostada en la vivienda de la víctima, entró por la fuerza y la golpeó repetidamente en la cabeza hasta dejarla inconsciente.
La defensa particular, a cargo del abogado Oscar Pineda, rechazó la acusación bajo el argumento de que la víctima no realizó la denuncia penal y, por tratarse de un delito de instancia privada, el caso no debía avanzar. La fiscal rebatió esta postura señalando que los tratados internacionales de rango constitucional obligan al Estado a actuar de oficio en contextos de violencia de género, protegiendo a la víctima de forma directa.
El segundo hecho imputado ocurrió el domingo (12/07) por la tarde en la Comisaría de Lamarque, donde el acusado se encontraba alojado. El hombre pateó los barrotes de su celda hasta romper la seguridad, se apoderó del candado y escapó del edificio, aunque el personal policial logró recapturarlo a las pocas cuadras con el candado en su poder.
Para sostener los cargos, la Fiscalía presentó testimonios de los policías intervinientes, el informe médico de las lesiones, el acta de la fuga y la entrevista realizada a la víctima por el equipo de la Oficina de Atención a la Víctima (OFAVI).
Finalmente, el juez de Garantías Julio José Martínez Vivot rechazó los planteos de la defensa, dio por formulados los cargos y habilitó formalmente la investigación penal por un plazo de cuatro meses. Ante la gravedad de los hechos y la reciente fuga de la unidad policial, el magistrado resolvió aplicar la prisión preventiva efectiva hasta septiembre.
Judiciales
Declararon culpable a una ex auxiliar de un CAINA por amenazar a niños institucionalizados en Roca
Con esta resolución, ya son dos las personas declaradas responsables por los hechos ocurridos entre abril de 2021 y septiembre de 2023 en un Centro de Atención Integral, dependiente de la SENAF.
El Tribunal interviniente declaró responsable penal a una mujer que se desempeñaba como auxiliar asistencial en un Centro de Atención Integral de Niños, Niñas y Adolescentes (CAINA) de General Roca, al hacer lugar a la acusación presentada por el Ministerio Público Fiscal.
Durante el juicio quedó acreditado, según la acusación fiscal, que la imputada amenazó a niños y niñas que se encontraban institucionalizados. De esta manera, las dos personas investigadas en la causa ya fueron declaradas responsables penales.
En noviembre del año pasado, el otro imputado reconoció ser coautor del delito de amenazas y autor de abuso simple agravado por ser el encargado de la guarda, todo en concurso real. Actualmente se encuentra cumpliendo la condena impuesta.
Durante los alegatos, el fiscal Marcelo Ramos y la defensora de menores Estela Aroca Álvarez solicitaron que la mujer fuera declarada responsable penal por el delito de amenazas coactivas continuadas en calidad de coautora, planteo que fue aceptado por el Tribunal.
Según la investigación, ambos auxiliares asistenciales habrían maltratado a ocho niños y niñas entre abril de 2021 y septiembre de 2023, vulnerando la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. Además, habrían amenazado a los menores para evitar que denunciaran los hechos.
La defensa de la imputada sostuvo durante el juicio que la situación debía ser tratada en el ámbito administrativo y no en la Justicia penal. La audiencia de cesura de pena fue programada para el próximo 31 de agosto.
Judiciales
Condenan a 13 años de prisión a un integrante de la banda de violentas entraderas en Roca
El condenado admitió haber participado en ocho hechos delictivos. La pena unifica una condena previa que le había sido impuesta en suspenso.
Un hombre fue condenado a una pena única de 13 años de prisión tras reconocer su participación en ocho hechos delictivos como integrante de una asociación ilícita que cometía violentas entraderas en el Alto Valle, varias de ellas en General Roca. La sentencia fue dictada este martes mediante un juicio abreviado, luego de que el acusado admitiera su responsabilidad en los delitos investigados por el Ministerio Público Fiscal.
La pena surge de la unificación de una condena de 11 años por los hechos reconocidos con otra condena previa de 2 años de prisión condicional, que fue revocada al comprobarse que el imputado volvió a delinquir. El pedido había sido formulado por la fiscal Belén Calarco, junto a las fiscales Verónica Villarruel y Eugenia Vallejos.
Durante una audiencia realizada por videoconferencia, el juez Fernando Sánchez Freites, quien presidió el Tribunal integrado además por Luciano Garrido y Julio Martínez Vivot, detalló cada uno de los hechos atribuidos al acusado y homologó el acuerdo alcanzado entre las partes.
Los 11 años de prisión corresponden a los delitos de asociación ilícita, robos agravados por haber sido cometidos en lugar poblado y en banda, utilizando armas de fuego impropias, y en algunos casos también por privación ilegítima de la libertad agravada por el uso de violencia contra las víctimas.
Asimismo, el Tribunal hizo lugar al planteo del Ministerio Público Fiscal para revocar la condena condicional anterior, conformando una pena única de 13 años de prisión efectiva. También dispuso la declaración de reincidencia y el pago de las costas del proceso.
El condenado permanece detenido con prisión preventiva desde el inicio de la investigación y comenzará a cumplir formalmente la condena en los próximos días, ya que al aceptar el juicio abreviado renunció a los plazos de apelación.
De acuerdo con la investigación, la organización delictiva realizaba tareas de inteligencia sobre las viviendas elegidas y utilizaba vehículos previamente robados para trasladarse. Una vez en el lugar, sus integrantes ingresaban violentamente tras escalar techos y paredones, reducían a las víctimas mediante amenazas con armas de fuego, las ataban con alambres o precintos y exigían la entrega de dólares, dinero en efectivo y objetos de valor.
Además de dinero y joyas, la banda sustraía equipos electrónicos y los DVR donde se almacenaban las imágenes de las cámaras de seguridad, con el objetivo de eliminar evidencia de los robos.
La investigación fue desarrollada por una Comisión Investigativa Judicial de la Policía de Río Negro creada especialmente para esclarecer esta serie de hechos, bajo la coordinación del Ministerio Público Fiscal. La causa continúa abierta y otros 11 imputados permanecen con prisión preventiva mientras avanzan los procesos judiciales en su contra.
