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Una mirada interdisciplinar en la contención de víctimas de abuso sexual

Desde el año 2007, la Oficina de Atención a la Víctima funciona en General Roca. Las estadísticas marcan que se han denunciado un total de 299 casos de abuso sexual y 366 vinculados con la violencia y delitos.

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Las Oficinas de Asistencia a la Víctima (OFAVI), dependientes del Ministerio Público Fiscal, surgen como un espacio dentro del ámbito judicial destinado a acompañar a las victimas de delitos, en el marco de la legislación que sostienen los principios de dignidad, libertad e igualdad de las personas. Su propósito es brindar una respuesta integral a la problemática que plantea cualquier ciudadano que está atravesando una situación de victimización, intentando que la persona reciba una asistencia jurídica, psicológica, social y psicopedagógica en las diferentes etapas del proceso penal.

Desde el año 2007, esta oficina funciona en la ciudad de General Roca, como órgano auxiliar del Ministerio Público Fiscal, desarrollando un papel innovador en el ámbito judicial. Esta conformada por un equipo interdisciplinario integrado por las Licenciadas: en Psicopedagogía, Graciela Hussein; en Trabajo Social Forense, Gladyz Gzain y en Psicología, Virginia Ansola.

La asistencia se dirige a todo tipo de víctimas de delito – tanto directas como indirectas- especialmente a quienes hayan padecido circunstancias violentas con resultado de muerte, amenazas, lesiones graves, delitos de integridad sexual; de violencia de género.

Para cumplir ésto interviene, desde instancias previas a la denuncia, colaborando en la toma de decisiones oportunas siempre en resguardo de las personas, acompañando en las diversas instancias procesales, como por ejemplo, en las revisaciones médicas, en las Cámara Gesell, en las ruedas de reconocimiento, y en las audiencias de debate oral, colaborando en la comprensión de las sentencias.

«Durante todo ese proceso informamos, orientamos, acompañamos y asistimos a la víctima y a su entorno familiar con la idea de poderlos sostener emocionalmente. Transitamos con las víctimas desde el momento de la denuncia y con posterioridad al dictado de la sentencia, ya sea absolutoria o condenatoria, porque no siempre las resultas judiciales van acompañadas de ese proceso personal que hace la víctima para reparar el daño sufrido”, destaca Gladys Gzain.

En los delitos de abuso sexual, la intervención de la oficina viene acompañada siempre del requerimiento del fiscal que solicita la intervención del equipo ante situaciones que considera de complejidad. El tratamiento posibilita también al equipo acompañar a las víctimas a un juicio y/o debate siempre desde la singularidad de la persona. El abordaje no solamente es penal, a partir de una denuncia sino también en organizar todo el dispositivo protector de la víctima.

Los informes de la Oficina en casos de abuso sexual constituyen una importante colaboración para los fiscales en las instancias del juicio oral, permitiendo realizar una valoración más acabada del estado de las personas. En este sentido Gzain aclara que «si bien los mismos no tienen la característica de pericial, aportan un valor científico desde un abordaje victimológico que implica la mirada de la víctima en el marco del proceso judicial y en su ámbito personal».

«Cuando un niño recurre a otras personas fuera de su ámbito familiar en búsqueda de ayuda, posiblemente es porque no encuentra a ningún adulto significativo que lo escuche en su propia familia, sobretodo cuando el que abusa es el propio padre y la madre no logra ubicarse en un lugar de contención, de protección. Eso para el niño, es desestructurante, desestabilizante, podría compararse como un «balazo en su psiquis», por las heridas que se producen y por el tiempo que llevará su cicatrización», remarca la psicóloga Ansola.

El creciente número de casos de abuso sexual que han sido judicializados y abordados desde la intervención del equipo de profesionales de la OFAVI, evidencia la trascendencia del trabajo desplegado por el organismo en los últimos años, logrando consolidar una fluida red de intercambio con otras instituciones que trabajan en la problemática y aportando a la justicia una mirada sensible y subjetiva en la atención a la víctima.

Desde enero de 2015 a la fecha han ingresado a la oficina un total de 299 causas de abuso sexual y 366 en casos vinculados con la violencia y delitos conexos muchas de ellas aún abiertas, mientras que otras ya han obtenido una sentencia.

Para mayor información y consultas acerca del funcionamiento y del trabajo que lleva a cabo la Oficina de Atención a la Víctima de la Segunda Circunscripción Judicial pueden dirigirse a la Calle San Luis 353, Planta Baja -en la ciudad de General Roca- o comunicarse al (0298) 4439900.

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Condenaron a un roquense de 32 años por tenencia y facilitación de material de contenido de abuso sexual infantil

Deberá cumplir 4 años en prisión.

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En el marco de un acuerdo pleno al que arribaron la Fiscalía y la defensa particular, se condenó a un hombre de 32 años por hechos investigados a raíz de un reporte internacional que dio cuenta del posible tráfico de imágenes de contenido de abuso sexual infantil.

Según el acuerdo homologado por el Tribunal de Juicio, en la sentencia se indica que el hombre deberá cumplir 4 años de prisión.

Tras ser consultado por el presidente del Tribunal interviniente, el imputado se declaró autor y responsable de lo descrito por la acusación fiscal, y aceptó la pena.

Las partes renunciaron a los plazos procesales, razón por la cual la condena comenzó a ser cumplida de manera inmediata y el hombre quedó detenido en el marco de la audiencia.

Los delitos que se le imputaron como autor, y por los cuales fue condenado se califican como «tenencia de material de abuso sexual infantil agravado por tener la víctima menos de 13 años de edad reiterada en concurso ideal con facilitación de material de abuso sexual infantil agravado por tener la víctima menor de 13 años de edad reiterado (por los hechos del período I), ello en concurso real con tenencia de material de abuso sexual infantil agravado por tener la víctima menos de 13 años de edad reiterada (por los hechos del período II)», según los Artículos 45 , 54, 55 y 128, 1°, 2° y 5° párrafo del Código Penal.

Entre el sustento probatorio mencionado por el fiscal del caso, se encuentran: los reportes de Cybertipline, el acta de allanamiento en el domicilio del imputado, el secuestro de un celular y una notebook. Se agregaron los informes técnicos de extracción forense, el informe de la empresa prestadora del servicio de telefonía celular, la pericia del Cuerpo de Investigación Forense, entre más evidencia.

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Condenaron a 3 años de prisión condicional al ex policía Muñoz por tomar la Regional Segunda

No irá preso pero no deberá cometer delitos, ni abusar de bebidas alcohólicas ni estupefacientes.

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En el marco de un acuerdo pleno al que arribaron la Fiscalía y la defensa, y para lo cual prestaron conformidad las víctimas, se condenó hoy (16/04) a la mañana al ex policía Rubén Muñoz por los hechos ocurridos el 20 de abril del año pasado en la Regional Segunda ubicada en calle Tucumán y Córdoba en General Roca.

Según el acuerdo homologado por el juez interviniente, en la sentencia se indica que Muñoz deberá cumplir 3 años de prisión condicional y además durante 2 años fijar y mantener domicilio, presentarse en el Instituto de Presos y Condenados, abstenerse de abusar de bebidas alcohólicas tampoco consumir estupefacientes, no cometer nuevos delitos.

Rige sobre el sujeto una prohibición de acercamiento a las unidades policiales de la provincia de Rio Negro, salvo necesidad o urgencia de asistencia de seguridad y/o trámites personales.

«Se le prohibe la incitación a cometer delitos o alterar el orden público, esto por cualquier vía y medio. Todo bajo apercibimiento de revocarle la condena condicional», solicitó la fiscal jefa interviniente en este legajo, y el juez resolvió en ese sentido.

Tras ser consultado por el juez interviniente, el imputado se declaró autor y responsable del hecho, y aceptó la pena y las reglas de conducta a cumplir.

Las partes renunciaron a los plazos procesales, razón por la cual la condena comenzó a ser cumplida desde hoy por los delitos de «coacción, turbación de la tenencia, perturbación al ejercicio de las funciones públicas e instigación a cometer delitos, todo en concurso real», según los Artículos 45, 55, 149 bis 2do párr., el 181 inc 3, 209 y el 241 inc 1, última parte.

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Lo habían condenado por lesiones y amenazas pero la Fiscalía apeló y ahora puede ir preso por tentativa de femicidio

La pena que había interpuesto un Tribunal de Roca era de 2 años de prisión condicional. El hecho sucedió en 2022 en Huergo.

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El Tribunal de Impugnación (TI) admitió un recurso de la Fiscalía y condenó por tentativa de femicidio a un hombre que, en primera instancia, había sido condenado por lesiones y amenazas agravadas contra su pareja.

En diciembre pasado, tras analizar las pruebas del debate, un Tribunal de Juicio de Roca tuvo por demostrado que la agresión hacia la mujer existió y fue grave, pero no encontró pruebas de que el acusado efectivamente hubiese «comenzado» a cometer el intento de femicidio. El Tribunal local lo condenó por «amenazas con armas en concurso real con lesiones leves agravadas por el vínculo y por haberse cometido mediando violencia de género» y le impuso 2 años de prisión condicional.

La Fiscalía planteó una impugnación y el Tribunal examinó la sentencia. Puso especial enfoque en el «contexto de violencia» previo y en la declaración de la víctima. Así, concluyó que el hombre sí comenzó a ejecutar el femicidio y que no lo logró por razones ajenas a su voluntad: la resistencia «cuerpo a cuerpo» de la mujer y la ayuda de varias personas que intervinieron para impedirlo.

El nuevo fallo condenó al hombre como autor de los delitos de «homicidio agravado por el vínculo y por haber sido de un hombre contra una mujer mediando violencia de género, en grado de tentativa; lesiones leves y amenazas con armas». El siguiente paso será fijar la audiencia de cesura ante el Tribunal de Roca para que defina el monto de la pena, a la luz de la nueva calificación legal.

El hecho ocurrió en septiembre de 2022 en Ingeniero Huergo. El hombre atacó a la mujer con un cuchillo y, a pesar de que no le causó heridas con el arma, la golpeó reiteradamente mientras la sujetaba y le anunciaba la iba a degollar. Una familiar y dos vecinos de la víctima intervinieron para arrebatarle el cuchillo y lograron sujetarlo hasta que llegó la policía.

El primer Tribunal valoró que la «intención homicida» del acusado no había sido plenamente demostrada. Afirmó que, en concreto, «no se acreditó que el imputado arrojara al menos un puntazo contra su pareja» por lo que «técnicamente, no hubo inicio de la ejecución del acto homicida». Destacó que la ventaja física le habría permitido al hombre apuñalarla en cualquier momento. Así, la condena se dictó por los golpes y las amenazas.

En contraposición, el Tribunal de Impugnación dijo que el femicidio sí comenzó a ejecutarse. «La afirmación de que no hay tentativa (de femicidio) porque no hay ni siquiera un ‘puntazo’ se corresponde con un sesgo de valoración, porque de haberse producido la lesión pasaría directamente a configurar un femicidio», indicó el fallo.

También valoró la percepción de la mujer durante el ataque: ella «percibió su muerte» y cuando ya no pudo resistirse «se resignó al punto de pedirle que no lo hiciera dentro de la vivienda porque estaba su hijo, sino que la ejecutara afuera».

«Bajo la mirada de género, el contexto de los hechos y el criterio de relevancia en el análisis de la prueba, se concluye que C. quería matar a M., pero no pudo hacerlo porque los testigos presentes hicieron todo lo posible para evitarlo», dijo el Tribunal.

La conclusión fue que el hombre «inició la ejecución» del femicidio «cuando regresó a su vivienda, buscó un cuchillo de dimensiones capaces de consumar una lesión vital en el cuerpo de una persona, e ingresó a la vivienda de la abuela de su pareja por la fuerza, la tomó de los pelos con una mano y con el cuchillo en la otra le dijo que iba a degollarla. Ella sintió tan concreta esa disposición del imputado que cuando no pudo reducir a su agresor (ayudada por su abuela), le pidió que la matara fuera de la vivienda a fin de que su hijo no viera. Esto es un acto preparatorio que da pie al inicio de la ejecución de la conducta criminal tipificada, poniendo en peligro el bien jurídico protegido, la vida humana».

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