Judiciales
Comenzaron las obras para la implementación de la Reforma Penal en la Ciudad Judicial de Roca
Operarios iniciaron la colocación de cableados y equipos electrónicos en las salas de audiencias del subsuelo, donde se realizan las audiencias orales y públicas. Tendrán capacidad para más de 100 personas.
Comenzó la adecuación de las instalaciones para la implementación de la Reforma Procesal Penal en los edificios judiciales de General Roca y Viedma. En el caso de la Ciudad Judicial de Roca, operarios iniciaron la colocación de cableados y equipos electrónicos en las salas de audiencias del subsuelo, donde se realizan las audiencias orales y públicas, continuaron esta mañana con la instalación de equipos en la sala de reconocimientos en rueda de personas y culminarán con el salón Auditorio. Este ámbito tiene capacidad para más de 100 personas y será el lugar donde se realizarán las audiencias con mayor cantidad de público.
La segunda etapa consistirá en la instalación de los equipos, que incluye en cada sala la colocación de cámaras de video, computadoras, micrófonos, consolas de sonido y equipos UPS (sistemas de alimentación ininterrumpida de energía eléctrica para asegurar la continuidad de las audiencias en caso de cortes de suministro).
A cargo de los trabajos está la empresa ganadora de la licitación, responsable de proveer e instalar el equipamiento y el software de sala, especialmente diseñado para asegurar la registración digital de las audiencias.
La tarea contó con la supervisión de la Ing. Miriam Daoud, gerenta de Sistemas del Poder Judicial, y el delegado de Mantenimiento -Área de Infraestructura y Arquitectura Judicial- de la Segunda Circunscripción, Mario Mondino.
Una labor similar se llevó a cabo a inicios de la semana en Viedma, tanto en el auditorio como en una de las salas. Daoud explicó que “Es la primera parte de instalaciones físicas que estamos realizando en las salas de audiencias, ya que van a tener todos los juicios del fuero penal. Se necesita el registro audiovisual y por lo tanto se está instalando toda la parte se está instalando microfonía y cámaras de filmación”.
En cada sala se previó que hayan tres cámaras filmadoras, por lo tanto cada hora de audiencia implica tres horas de grabación que deben ser almacenadas y protegidas para resguardarlas de posibles pérdidas”.
Para el resguardo se implementarán seis salas de servidores que son shelter, tipo containers que se van a instalar en Bariloche, Cipolletti, General Roca, Villa Regina, Choele Choel y Viedma, donde se van a guardar servidores y grupos electrógenos”.
Fabián Mitidieri, de la Unidad para la Implementación de la Reforma Procesal Penal, explicó que “es un cambio de paradigma. Hoy se trabaja con un juez que desarrolla las tareas administrativas como jurisdiccionales bajo su órbita. El nuevo Código Procesal Penal, la ley 5020, ya en su capítulo 30 define un nuevo organismo que es la Oficina Judicial que se va a encargar de todas las tareas administrativas, va a gestionar audiencias, notificaciones, atender al público y maximizar la realización de audiencias para que los jueces se encarguen únicamente de las tareas jurisdiccionales”.
En este sentido, explicó que “se armó un cronograma de tareas y tiempos que nace en marzo del 2015 y finaliza el 1 de marzo del 2017. Entre todas esas tareas hay capacitaciones, las reformas la adquisición de muebles, hardware y software”.
El nuevo Código Procesal Penal de la provincia de Río Negro entrará en vigencia el 1 de marzo de 2017, salvo el Juicio por Jurados, que lo hará el 1 de enero de 2018. Consiste en una transferencia de control a la ciudadanía a través de un sistema de audiencias orales y públicas. El Superior Tribunal de Justicia de Río Negro adoptó como ejes la capacitación, la reforma edilicia y la inversión en tecnología”.
En cuanto a la capacitación, hasta octubre, fueron capacitados más de 750 funcionarios e integrantes del Poder Judicial de todas las circunscripciones. La cifra se duplica si se toma en cuenta la cantidad de asistentes a los más de 40 talleres y charlas, ya que en muchos casos los agentes, funcionarios y magistrados participaron en más de una capacitación.
Judiciales
Condenan parcialmente a un hombre que defendió a su pareja de una agresión de su ex
La sentencia atribuyó un 30% de responsabilidad civil al sujeto que intervino para defender a su novia y lo condenó a pagar una indemnización parcial por incapacidad y daño extrapatrimonial.
Un hombre fue hasta la casa de su ex pareja. Entre ambos existía una larga historia de conflictos y medidas de protección. La mujer había denunciado hechos de violencia y contaba con restricciones de acercamiento. En ese momento intervino la pareja actual de la mujer. Lo hizo para frenar la agresión y protegerla. El hecho terminó con lesiones para el hombre que había llegado al lugar. Años después, ese episodio llegó al fuero civil de Roca.
El hombre lesionado inició una demanda por daños y perjuicios contra su expareja y contra la pareja de ella. Reclamó una indemnización por las lesiones físicas y psicológicas que sufrió.
Un fallo rechazó la demanda contra la mujer y la admitió de manera parcial contra el otro demandado. La sentencia entendió que actuó en defensa de un tercero, aunque excedió los límites de una respuesta proporcional.
La jueza analizó el caso con perspectiva de género. El fallo valoró el contexto de violencia previo y sostuvo que ese antecedente resultó indispensable para comprender lo ocurrido. La resolución recordó que los jueces tienen la obligación de incorporar esa perspectiva cuando existen indicios de violencia contra las mujeres.
La sentencia señaló que la legítima defensa no puede evaluarse como un hecho aislado. Explicó que, en situaciones de violencia de género, la agresión forma parte de un proceso que suele extenderse en el tiempo. Por ese motivo, el análisis debe incluir los antecedentes, las denuncias y las medidas de protección vigentes.
Con ese criterio, el fallo concluyó que la intervención de la pareja de la mujer tuvo como finalidad protegerla frente a una agresión. Sin embargo, también determinó que algunos golpes superaron lo necesario para neutralizar el ataque. Por esa razón le atribuyó un 30% de responsabilidad civil. La demanda contra la mujer quedó rechazada.
La resolución destacó que la valoración de los hechos debía evitar estereotipos y ajustarse a los estándares nacionales e internacionales de protección de los derechos de las mujeres.
omo consecuencia de la decisión, la sentencia condenó a la pareja actual a pagar una indemnización parcial por incapacidad, daño extrapatrimonial, tratamiento psicológico y gastos médicos, con más los intereses correspondientes.
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Un perro suelto y amenazas de matarlo delante de la familia: Deberán cumplir con la tenencia responsable de mascotas
El conflicto terminó en un Juzgado de Paz.
Un conflicto entre dos vecinos de Sierra Grande, que tuvo como eje la tenencia responsable de un perro, terminó en el Juzgado de Paz luego de que las diferencias escalaran a discusiones, denuncias de amenazas y situaciones de hostigamiento.
Todo comenzó por la preocupación de un vecino, quien sostuvo que el animal permanecía suelto de manera habitual. Según relató, intentó hablar en varias oportunidades con sus propietarios para que modificaran esa situación, pero el desacuerdo derivó en un enfrentamiento entre ambas partes.
El vecino promovió una denuncia en el marco de la Ley Contravencional de Río Negro. Expuso que había sufrido actos de hostigamiento, intimidación y amenazas vinculados con el conflicto por la mascota.
Durante la audiencia, la pareja de la persona denunciada concurrió en su representación y solicitó la suspensión del proceso contravencional a prueba. Negó los hechos denunciados y afirmó, en cambio, que el denunciante había amenazado con matar al perro delante de la familia. También explicó que el animal siempre había permanecido suelto sin haber mordido a nadie y que Zoonosis municipal ya había intervenido para notificar sobre la tenencia responsable.
La jueza de Paz advirtió que, más allá de las versiones contrapuestas, existía un conflicto vecinal que había derivado en episodios de confrontación verbal y que podía afectar la convivencia entre las partes.
Por ese motivo, hizo lugar al pedido de suspensión del proceso contravencional a prueba por el plazo de seis meses. Como condición, impuso reglas de conducta para evitar nuevos enfrentamientos.
Entre esas reglas, ordenó que la persona beneficiaria se abstenga de realizar actos de hostigamiento, intimidación, amenazas o agresiones verbales. También dispuso que cualquier futura controversia relacionada con la tenencia responsable de la mascota se canalice exclusivamente por las vías legales, evitando toda confrontación directa.
Además, dio intervención a la Secretaría de Zoonosis de la Municipalidad de Sierra Grande para que controle el cumplimiento de las normas sobre tenencia responsable de animales, adopte las medidas preventivas que correspondan e informe al Juzgado sobre cualquier actuación relevante para prevenir nuevos conflictos. También se notificó a la Comisaría 13° para que informe únicamente si se registran nuevos episodios de conflicto o incumplimientos de las reglas impuestas.
Judiciales
Era tractorista, lo registraban como peón y lo apartaron tras ser elegido dirigente sindical
Un fallo judicial determinó que la empresa modificó las condiciones laborales del trabajador luego de que asumiera un cargo en la UATRE.
Durante más de tres años un hombre trabajó en una empresa frutícola del Alto Valle. La mayor parte del tiempo condujo un tractor para realizar tareas de poda, pulverización, cosecha y mantenimiento de las chacras. Sin embargo, en los recibos de sueldo figuraba con otra categoría laboral.
La situación cambió después de que notificó a la empresa que había sido elegido con un cargo en la Seccional Roca de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE).
El hombre dejó de conducir el tractor y pasó a realizar tareas de peón general. También sufrió una reducción salarial y comenzó un conflicto que terminó con su alejamiento del trabajo.
El trabajador promovió una demanda laboral contra la empresa. Reclamó las indemnizaciones derivadas del despido, diferencias salariales, el reconocimiento de su verdadera categoría profesional y la indemnización prevista por la tutela sindical.
La Cámara Segunda del Trabajo de Roca hizo lugar a la demanda y condenó a la empleadora a pagar una indemnización.
Durante el juicio declararon compañeros de trabajo, representantes sindicales y otros testigos. Coincidieron en que el trabajador desempeñó durante casi toda la relación laboral tareas propias de tractorista, aunque la empresa lo registraba como peón general o trabajador temporario. También señalaron que, después de asumir el cargo gremial, fue apartado del tractor y destinado a otras tareas.
El fuero laboral concluyó que la empresa no reflejó correctamente la realidad de la prestación laboral. Consideró acreditado que el trabajador desarrolló funciones de tractorista y que, por esa razón, correspondía reconocer esa categoría y liquidar las diferencias salariales conforme a las escalas aplicables al régimen agrario.
Los jueces también entendieron probado que el hombre mantenía una relación laboral permanente y continua, pese a que la empresa lo registró como trabajador discontinuo o temporario. Para llegar a esa conclusión valoraron la documentación incorporada al expediente y comprobaron que percibió remuneraciones durante todos los meses de la relación laboral.
La sentencia destacó además que el hombre había comunicado en forma fehaciente su candidatura y posterior elección en el gremio. La empresa recibió esas notificaciones y nunca cuestionó esa representación sindical. Por ese motivo, la Cámara concluyó que gozaba de la tutela prevista por la Ley de Asociaciones Sindicales.
El fallo sostuvo que la modificación de las tareas y de las condiciones laborales se produjo sin que existiera una autorización judicial para excluir al trabajador de esa protección especial. Consideró que el despido indirecto dispuesto por el empleado resultó legítimo y que tenía derecho, además de las indemnizaciones comunes, a percibir la reparación prevista para quienes cuentan con tutela sindical.
