El gobernador Alberto Weretilneck se reunió en Río Colorado con referentes de la Federación de Sociedades Rurales y coincidieron en el rechazo absoluto a la decisión del Gobierno Nacional de eliminar la barrera sanitaria, exigiendo la derogación definitiva de la medida. «La Patagonia trabajó más de veinte años para lograr este estatus sanitario, y no vamos a permitir que se pierda por una decisión inconsulta y arbitraria. La solución no es bajar la calidad en la región, sino elevarla en todo el país», dijo el mandatario.

Como parte de las acciones acordadas, se analizará el tema con los legisladores provinciales y se avanzará en un pronunciamiento del Parlamento Patagónico y de los senadores y diputados nacionales de las provincias patagónicas. También se gestionará una reunión con la Mesa de Enlace en Buenos Aires.

El Gobierno y los productores coincidieron en que «la barrera sanitaria es el resultado de un trabajo conjunto de más de dos décadas y exigen que la resolución sea derogada definitivamente, más allá de la suspensión por 90 días«.

La coincidencia entre la Provincia y la Federación también se encuentra en la necesidad de exigir que se extienda el estatus sanitario de la Patagonia al resto del país. «No aceptamos retrocesos. Hay que avanzar en la ampliación de la zona libre de aftosa sin vacunación, incorporando a La Pampa y, en el futuro, a provincias como Buenos Aires y Mendoza. Así lo han hecho Uruguay, Paraguay, Brasil y Chile, logrando que todo su territorio tenga la mejor calidad sanitaria», señaló Weretilneck.

Además, se enfatizó que la decisión del Gobierno Nacional no beneficiará a los consumidores de la Patagonia. «Es una falacia decir que la carne será más barata. Hoy, el 65% de la carne con hueso que se consume en la región ya proviene del norte y, sin embargo, los precios no bajan. Esta medida solo perjudica a nuestra industria», advirtió el mandatario.

«El Gobierno Nacional debe abrir una mesa de diálogo para encontrar una solución consensuada. No vamos a aceptar que se impongan medidas que perjudiquen a la producción y la economía patagónica», concluyó Weretilneck.

Acompañaron al gobernador en el encuentro, el presidente del Bloque de Legisladores de JSRN, Facundo López y el legislador Gustavo San Román.

Durante la mañana del sábado (29/03), la Policía de Río Negro realizó operativos de inspección en carnicerías, depósitos y mercados de General Roca, donde decomisó 350 kg de carne debido a la falta de certificado de sanidad, inadecuadas condiciones de conservación o su vinculación con faena clandestina, en infracción a la Ley de Ganadería N° 2534.

Además, se dispuso el cese de actividades en un comercio por graves incumplimientos en las normativas sanitarias.

Las tareas se llevaron a cabo con el objetivo de detectar productos provenientes de la faena clandestina y, al mismo tiempo, cuidar la salud de la población.

Los operativos fueron realizados en un trabajo conjunto entre la Brigada Rural de la Policía de Río Negro y el Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo, con la participación de inspectores de la Dirección de Seguridad Alimentaria y el apoyo de la Policía Montada.

Durante la mañana del sábado (29/03) se realizaron operativos en carnicerías, depósitos y mercados en la zona oeste de General Roca. La acción, coordinada por la Brigada Rural, la Policía Montada y la Dirección de Seguridad Alimentaria del Municipio, se enmarca en el trabajo conjunto con el Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo.

Los procedimientos tuvieron como objetivo detectar la comercialización de productos provenientes de faena clandestina, resguardando así la salud de la población.

Según informó el sitio Todo Roca Noticias, las inspecciones se concentraron en establecimientos ubicados sobre la calle Villegas, entre Rivadavia y Damas Patricias. En aquellos casos en los que se constató la infracción a la Ley de Ganadería N° 2534 -por la presencia de productos cárnicos sin certificado de sanidad, con deficiencias en higiene o en mal estado de conservación- se procedió al decomiso inmediato de los productos, los cuales serán destruidos.

La acción forma parte de un plan articulado que busca fortalecer la vigilancia y el control en el rubro ganadero, con el fin de garantizar el cumplimiento de las normativas sanitarias y proteger a los consumidores.