Gremios
La CTA exige al gobierno información sobre la reforma de la Ley de Tierras
Tras un encuentro de vecinos autoconvocados de Comallo, la central sindical resolvió requerir mayores detalles al Ejecutivo provincial sobre la reforma de la Ley N° 279.
La Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma de Río Negro, a partir de las conclusiones a las que se arribaron en el Encuentro de Vecinos Autoconvocados de Comallo, demanda al Gobierno de Río Negro información concreta sobre la reforma de la Ley de Tierras de la provincia.
Este colectivo -conformado por comunidades mapuche, familias y pobladores de diferentes parajes y localidades del sur de la provincia- surge a partir del proyecto del Poder Ejecutivo para reformar la Ley N° 279 de Tierras Fiscales de Río Negro. «Es que el proyecto que pretende reformular la ley que regula a las denominadas “Tierras Fiscales” afecta directamente a miles de familias que viven en las zonas rurales», indicaron desde la CTA.
Cuestionan asimismo que «el Gobierno no haya dado a conocer en qué consiste el proyecto, violando la legislación que obliga al Estado a realizar consultas previas, libres e informadas de cualquier proyecto que involucre a las comunidades indígenas. En este caso, es sumamente grave la falta de consulta a las comunidades y sus organizaciones, dado que la tierra es un elemento fundamental de la vida de las comunidades mapuche y de las familias campesinas».
«Al mismo tiempo, es reprochable que se desconozca la situación de las familias y comunidades mapuche», añadieron.
«Entre otras falencias, esta ley desconoce los relevamientos territoriales a las comunidades indígenas ordenados por la Ley Nacional N° 26160; no contempla la propiedad comunitaria de los territorios indígenas; desconoce la forma de vida de las familias campesinas y todo lo avanzado en el marco de la Ley de Agricultura Familiar; ignora la participación de las familias que viven en el campo y que han sostenido durante generaciones la continuidad de la cultura ancestral; ignora la Ley Integral del Indígena, la Constitución Nacional y los Convenios Internacionales que reconocen los derechos de los pueblos originarios; y no valora la vida, al entender la tierra como un producto comercial y no como el espacio social donde se proyecta la vida y se da continuidad a las culturas de los pueblos», indicaron desde ATE.
Del mismo modo, como conclusión del Encuentro de Comallo, afirmaron que «no se puede sostener que este proyecto no involucre a los territorios indígenas. Son cientos las familias mapuche que viven en tierras fiscales y cuya ocupación se encuentra en situación de inestabilidad por la falta de regularización estatal. Tampoco es real que sea necesario reformar la actual Ley de Tierras para regularizar la situación dominial y entregar títulos de propiedad. Esto depende de la voluntad política del Gobierno Provincial, no de la reforma de la ley de tierras».
Asimismo, cuestionan que «este proyecto abre la puerta a los mega emprendimientos extractivos que se pretende concretar en nuestros territorios, entre ellos, la minería y la producción energética».
Gremios
ATE fijó la fecha del paro nacional para el 9 de diciembre y se movilizará al Congreso
“Se trata de una reforma laboral pro mercado y la única finalidad que persigue el Gobierno es el disciplinamiento de la fuerza de trabajo. No es verdad que quieran mejorar la competitividad, la productividad o que crezca la economía. Eso no va a suceder quitando derechos”, señaló Aguiar.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) definió la fecha del paro nacional para el 9 de diciembre y se movilizará al Congreso de la Nación para rechazar la reforma laboral del Gobierno, exigir la inmediata reapertura de paritarias con una recomposición salarial de emergencia y en rechazo al intento de recorte del 10% de los trabajadores estatales.
«Se trata de una reforma laboral pro mercado y la única finalidad que persigue el Gobierno es el disciplinamiento de la fuerza de trabajo. No es verdad que quieran mejorar la competitividad, la productividad o que crezca la economía. Eso no va a suceder quitando derechos», señaló Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.
«Cuando fue la crisis económica global del 2009/10, legislaciones similares se implementaron en varios países del mundo y en todos los casos fracasaron. Si analizamos la historia más reciente, el periodo de mayor creación de empleo y registro de trabajadores fue desde el 2002 al 2011/12, cuando existía la doble indemnización. Y aún con doble indemnización igual se registraban trabajadores. Eso prueba que la única manera de superar la crisis que hoy vive el mundo del trabajo es poniendo en valor las convenciones colectivas», explicó el dirigente estatal.
En base a la pérdida del poder adquisitivo que se profundizó en el sector público durante el 2025, Aguiar sostuvo que «quienes desempeñamos tareas en la Administración Pública nos negamos a ser expulsados por debajo de la línea de pobreza. Tienen que convocar a paritarias y otorgar una recomposición salarial de manera inmediata».
«Están soñando en el Gobierno si piensan que van a poder recortar el 10% de la planta estatal. A pesar del esfuerzo sobrehumano de los trabajadores y de su vocación, sumado a la desinversión, los servicios públicos están en su piso mínimo histórico», concluyó el secretario general de ATE.
El sindicato había definido adelantar la medida de fuerza -votada por unanimidad en su Confederal realizado en San Luis el pasado 27 de noviembre- y ahora la convocatoria podría coincidir con la presentación del proyecto de reforma laboral en el Congreso. Además, cada provincia definirá las modalidades de protesta y en el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se dispondrán retiros de los lugares de trabajo a partir de las 10.30 horas.
Entre los principales reclamos se encuentra el intento de recorte del 10% en el Estado que intenta el Gobierno, el cual apuntaría a los organismos descentralizados como la Oficina Anticorrupción, el Indec, el Conicet, la Coneau, el ARCA, el Archivo General de la Nación, la Anses, la Conadis, el Enargas, el Enre, el INTA, el INTI y el Enacom.
El sindicato también reclama por la inmediata reapertura de las paritarias y exige una recomposición salarial de emergencia, recordando que el Ejecutivo realizó una convocatoria el pasado viernes 28 de noviembre de manera virtual a la cual asistió sin ofrecimiento.
Gremios
Municipio y gremios cerraron un nuevo incremento salarial para trabajadores
El Ejecutivo roquense y los sindicatos definieron subas del 2,5% en diciembre y 2,2% en enero y febrero para recomponer los haberes.
El Municipio de Roca y los gremios que representan a las y los trabajadores municipales cerraron un nuevo acuerdo salarial durante la última reunión paritaria. Del encuentro participaron representantes del Poder Ejecutivo local y las organizaciones sindicales ATE, ATM, SOYEM y UPCN.
La propuesta, aprobada por unanimidad, establece una suba acumulativa del salario básico: un 2,5% correspondiente a los haberes de diciembre de 2025; un 2,2% en enero de 2026; y un 2,2% adicional en febrero de 2026.
Tras el acuerdo, desde el Ejecutivo destacaron la importancia de «sostener un mecanismo de actualización que acompañe el contexto económico, asegurando la continuidad del diálogo paritario para evaluar nuevos acuerdos en los próximos meses, según los índices inflacionarios».
Gremios
Ante la amenaza de un nuevo recorte del 10% de la planta estatal, ATE evalúa adelantar el Paro Nacional
«Sturzenegger es un ser siniestro que viene por nosotros. Pero tiene que saber que los estatales también vamos por él. El sector público no resiste más ajustes», indicó Aguiar.
Luego de que el Gobierno diera a conocer un nuevo plan de recorte para intentar despedir al 10% de la planta la Administración Pública Nacional, la Asociación Trabajadores del Estado informó que evalúa adelantar la medida de fuerza, definida en primera instancia para el día que se trate la reforma laboral en el Congreso nacional.
«Sturzenegger es un ser siniestro que viene por nosotros. Pero tiene que saber que los estatales también vamos por él. El sector público no resiste más ajustes. No vamos a tolerar ningún despido y exigimos la renovación automática de la totalidad de los vínculos que vencen el 31 de diciembre», indicó Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.
En este marco, el dirigente agregó que «el Gobierno miente. Nunca se trató de una cuestión presupuestaria. Es ideológico. Mientras que los trabajadores contratados en la administración pública representan menos del 0,5% del presupuesto, la deuda externa se ubica por encima del 25%».
«A esta altura está más que claro que no quieren destruir el Estado sino que lo que quieren es moldear un Estado distinto, que garantice solo los intereses de los grandes grupos económicos nacionales y transnacionales que actúan en nuestro país. Para garantizar esa tarea, y como si quedara alguna duda, la máxima autoridad laboral está en manos del equipo jurídico de Techint», concluyó el secretario general de ATE Nacional.
La medida de fuerza había sido definida en el Confederal del sindicato realizado el pasado jueves (27/11), con la participación de las 24 provincias y las 191 seccionales de ATE en todo el país. Pero ante el intento del Ejecutivo de llevar a cabo una nueva ola de despidos, el sindicato convocará a sus instancias orgánicas para adelantar el paro.
La información que dio a conocer el Gobierno es de reducir en un 10% la planta de trabajadores, que representaría aproximadamente 28.000 despidos.
Las cesantías apuntarían principalmente a los organismos descentralizados del Estado, entre los cuales aparecen la Oficina Anticorrupción, el Indec, el Conicet, la Coneau, el ARCA, el Archivo General de la Nación, la Anses, la Conadis, el Enargas, el Enre, el Inta, el Inti y el Enacom.
