Gremios
La CTA exige al gobierno información sobre la reforma de la Ley de Tierras
Tras un encuentro de vecinos autoconvocados de Comallo, la central sindical resolvió requerir mayores detalles al Ejecutivo provincial sobre la reforma de la Ley N° 279.

La Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma de Río Negro, a partir de las conclusiones a las que se arribaron en el Encuentro de Vecinos Autoconvocados de Comallo, demanda al Gobierno de Río Negro información concreta sobre la reforma de la Ley de Tierras de la provincia.
Este colectivo -conformado por comunidades mapuche, familias y pobladores de diferentes parajes y localidades del sur de la provincia- surge a partir del proyecto del Poder Ejecutivo para reformar la Ley N° 279 de Tierras Fiscales de Río Negro. «Es que el proyecto que pretende reformular la ley que regula a las denominadas “Tierras Fiscales” afecta directamente a miles de familias que viven en las zonas rurales», indicaron desde la CTA.
Cuestionan asimismo que «el Gobierno no haya dado a conocer en qué consiste el proyecto, violando la legislación que obliga al Estado a realizar consultas previas, libres e informadas de cualquier proyecto que involucre a las comunidades indígenas. En este caso, es sumamente grave la falta de consulta a las comunidades y sus organizaciones, dado que la tierra es un elemento fundamental de la vida de las comunidades mapuche y de las familias campesinas».
«Al mismo tiempo, es reprochable que se desconozca la situación de las familias y comunidades mapuche», añadieron.
«Entre otras falencias, esta ley desconoce los relevamientos territoriales a las comunidades indígenas ordenados por la Ley Nacional N° 26160; no contempla la propiedad comunitaria de los territorios indígenas; desconoce la forma de vida de las familias campesinas y todo lo avanzado en el marco de la Ley de Agricultura Familiar; ignora la participación de las familias que viven en el campo y que han sostenido durante generaciones la continuidad de la cultura ancestral; ignora la Ley Integral del Indígena, la Constitución Nacional y los Convenios Internacionales que reconocen los derechos de los pueblos originarios; y no valora la vida, al entender la tierra como un producto comercial y no como el espacio social donde se proyecta la vida y se da continuidad a las culturas de los pueblos», indicaron desde ATE.
Del mismo modo, como conclusión del Encuentro de Comallo, afirmaron que «no se puede sostener que este proyecto no involucre a los territorios indígenas. Son cientos las familias mapuche que viven en tierras fiscales y cuya ocupación se encuentra en situación de inestabilidad por la falta de regularización estatal. Tampoco es real que sea necesario reformar la actual Ley de Tierras para regularizar la situación dominial y entregar títulos de propiedad. Esto depende de la voluntad política del Gobierno Provincial, no de la reforma de la ley de tierras».
Asimismo, cuestionan que «este proyecto abre la puerta a los mega emprendimientos extractivos que se pretende concretar en nuestros territorios, entre ellos, la minería y la producción energética».
Gremios
UnTER ratificó el rechazo a la oferta salarial del Gobierno y exigió urgente convocatoria a paritaria
Desde el sindicato esperan que el llamado sea la próxima semana, si no convocarán a un nuevo Congreso.

El plenario de secretarios generales de la UnTER resolvió avalar por unanimidad el rechazo del Consejo Directivo Central a la última propuesta salarial por considerarla «paupérrima» y exigir una urgente convocatoria a paritaria con una oferta de recomposición acorde con los requerimientos del sindicato.
Con la participación de representantes de las 18 Seccionales, el plenario que se desarrolló por plataforma virtual, definió que en caso de no recepcionar la convocatoria del Ministerio de Educación en la primera semana de septiembre, se realizará un Congreso Extraordinario el 9 de septiembre. Asimismo, se resolvió exigir al Gobierno provincial la derogación de las auditorias médicas.
El plenario se expidió también respecto de las situaciones de violencia en diferentes puntos de la Provincia: exigió la continuidad del trabajo, de manera perentoria, en la elaboración de un protocolo y definió exhortar a los legisladores provinciales a tratar urgentemente el proyecto presentado por UnTER para la protección y el resguardo de los docentes en las instituciones rionegrinas.
Gremios
ATE denunció a UPCN y a Unión Personal por prácticas ilegales contra los estatales
El sindicato acusó a la obra social por cobrar coseguros ilegales en prestaciones de salud que forman parte del Programa Médico Obligatorio, y restringir prestaciones a quienes no estén afiliados a UPCN.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) denunció ante la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación a Unión Personal, obra social administrada por el sindicato Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), por el cobro de coseguros ilegales. También acusa discriminación en las prestaciones médicas según la afiliación sindical y la aplicación de tarifas exorbitantes sobre las prestaciones médicas obligatorias cercenando el derecho a la salud de los trabajadores.
«La conducta de algunos dirigentes del Sector Público es miserable. Primero le destruyen los salarios a los trabajadores avalando recortes sin precedentes, y ahora pretenden cobrar plus o aranceles diferenciados que están prohibidos por ley. No debe haber nada más bajo que meterse con la salud de los trabajadores y sus familias», señaló Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.
«Estamos frente a una extorsión comprobada y además debe investigarse si no existen complicidades de las autoridades de la Superintendencia de Servicios de Salud por permitir este accionar discriminatorio y manifiestamente ilegal que perjudica a miles de trabajadores estatales», agregó el dirigente.
En esta línea, el referente de ATE apuntó contra la conducción de UPCN. «Están utilizando a la obra social para intentar de manera desesperada frenar las desafiliaciones masivas que están sufriendo a partir del silencio cómplice que mantienen desde hace 19 meses avalando a un Gobierno que de manera permanente y sistemática ha agredido al empleo público e intentado desmantelar numerosas estructuras del Estado», agregó.
«Sin dudas enfrentamos una maniobra dolosa. Se están cometiendo delitos y de manera inmediata tienen que determinarse las responsabilidades de los administradores de la obra social, los dirigentes gremiales y funcionarios públicos que puedan estar involucrados», concluyó Aguiar.
El dirigente sindical argumentó ante la Superintendencia la ilegalidad del cobro de coseguros para intervenciones quirúrgicas, lo que viola el Programa Médico Obligatorio, y la imposición de costos elevados y diferenciales según afiliación sindical. Además, resaltó que «todos los estatales, independientemente de su afiliación o no, tienen el mismo derecho a la salud».
De esta forma, se acusa a UPCN de «extorsionar a los trabajadores para frenar la desafiliación masiva que viene sufriendo y de eximir solo a quienes estén afiliados a dicho sindicato del pago de los coseguros, entre otros privilegios como el acceso exclusivo a distintos sanatorios. Esto último, además de ser inconstitucional, representa una práctica extorsiva e intimidatoria. Además, el sindicato liderado por Andrés Rodríguez actúa en consonancia con el Gobierno Nacional».
Desde ATE se repudia «una deficiente administración por parte de la obra social Unión Personal y de UPCN lo que obliga a trasladar los costos de los servicios a los propios estatales».
«Gracias a la estrategia jurídica que el centenario sindicato estatal implementó para impedir los abusos que está llevando a cabo Unión Personal, ya se logró dar marcha atrás a algunas de las prácticas fraudulentas. Para eso, se presentaron diversos amparos, colectivos e individuales según el caso, ante el órgano de control de las obras sociales», sostuvo Aguiar.
Por otra parte, los delegados del sindicato en cada sector de la Administración Pública Nacional han registrado múltiples casos y asesorado sobre el procedimiento administrativo para impedir estas acciones ilegales y discriminatorias que está ejerciendo la obra social. También se ha puesto a disposición los formularios correspondientes para realizar las denuncias de forma individual.
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Nueva fecha paritaria para estatales rionegrinos: Será el 8 de septiembre
Así lo acordaron el gobernador Weretilneck y el titular de ATE, Rodolfo Aguiar.

El secretario general de ATE nacional, Rodolfo Aguiar, y el gobernador Alberto Weretilneck se reunieron este lunes en Buenos Aires y acordaron para el 8 de septiembre una nueva reunión paritaria que será convocada por la Función Pública, de la cual también forma parte el gremio UPCN.
El sindicato había reclamado esta instancia luego de que el INDEC diera a conocer el índice de inflación de julio. Una porción mayoritaria de empleados públicos rionegrinos permanece aún sin conocer cuál será su ingreso en septiembre en un contexto económico turbulento.
«En un escenario nacional que se ha caracterizado por los recortes sobre el sector público, es muy importante poder garantizar paritarias que nos permitan defender los salarios de todos los estatales», dijo Rodolfo Aguiar.
«Está comprobado que el aumento del dólar se trasladó de manera directa a todos los precios de la economía. El ajuste no puede recaer sobre la espalda de los trabajadores. En la próxima negociación, el Gobierno debe realizar un ofrecimiento concreto que les permita a los estatales tener certeza de sus haberes en septiembre y recomponer su poder adquisitivo», agregó.
«También deben ser convocadas mesas en todos los ministerios, a los efectos de discutir problemáticas específicas y actualizar ítems congelados desde hace mucho tiempo», dijo Aguiar.