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Judiciales

Piden 4 años de prisión para un hombre que habría colaborado en un intento de fuga en el Penal de Roca

Está acusado habría ocurrido el 6 de septiembre de 2013 alrededor de las 21.40 horas, frente al Establecimiento de Ejecución Penal N° 2.

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El Fiscal de Cámara Subrogante, Miguel Ángel Fernández Jahde solicitó la pena de 4 años de prisión efectiva y ocho de inhabilitación especial para ser usuario y portar armas de fuego de todo tipo, a un hombre acusado de facilitar la evasión de internos del Establecimiento de Ejecución Penal N° 2 de General Roca.

El representante del Ministerio Público Fiscal consideró acreditada la existencia material del hecho descripto en la requisitoria fiscal y la participación atribuida al imputado, conforme a la prueba documental. Con respecto a la pena solicitada, el fiscal remarcó que si bien el imputado no cuenta con antecedentes penales computables, la misma debe ser efectiva al momento de dictarse la sentencia.

Respecto al delito de «favorecimiento de evasión», aclaró que «el mismo se consuma por el solo hecho de intentar la ayuda más allá de los resultados de que se haya sido juzgado o no al detenido, y que la ruptura del traslado se encuentra acreditada de acuerdo a los testimonios brindados».

Durante la audiencia de alegatos, el fiscal destacó las pericias balísticas y los levantamientos de rastros realizados por el Gabinete de Criminalística. Según el informe pericial se determinó que el arma secuestrada del vehículo es apta para el disparo, se encontraron rastros nitrados y se confirmó que las nueve vainas fueron percutidas por el arma, que podría pertenecer a la Policía de Neuquén. De acuerdo al informe papiloscopico se encontró una huella del dígito anular de mano izquierda perteneciente al imputado, obtenida cerca de la manija de la puerta del automóvil.

También el fiscal Jahde valoró el acta de procedimiento que acredita el «intento de fuga de los internos», además de las diversas pruebas objetivas e independientes que se fueron incorporando por lectura. Por último, el fiscal remarcó el informe proveniente del Registro de Armas, que señala que el imputado «no se encuentra registrado como legítimo usuario de arma de fuego en ninguna de sus categorías ni tiene autorización para portarla».

El hecho por lo que se lo juzga habría ocurrido el 6 de septiembre de 2013 alrededor de las 21.40 horas, frente al Establecimiento de Ejecución Penal N° 2 de General Roca, en la oportunidad en que el imputado se movilizaba en un vehículo Fiat Siena, color blanco, junto a otros individuos no identificados, portando una arma de fuego de guerra, en forma ilegal. Con el objeto de favorecer la evasión de internos del pabellón 1, que en ese mismo momento se estaba realizando, el hombre realizó disparos desde el interior del vehículo y cinco de ellos impactaron en el portón y garita del establecimiento, generando confusión y la tensión de la guardia.

Participó del hecho además otro rodado con ocupantes no identificados a la fecha, que también efectuaron disparos contra el edificio y la guardia. El vehículo que conducía el imputado fue abandonado a unas cuadras del lugar, luego de haber colisionado con otro auto en el momento de la fuga. Allí mismo fue incautada el arma de fuego utilizada.

El juicio se desarrolla ante los jueces de la Cámara Tercera en lo Criminal de General Roca. La lectura de la sentencia está prevista para el 23 de noviembre a las 12.00 horas.

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Judiciales

Condenaron a 10 años de prisión al cuarto acusado por el homicidio de Oscar Ripari

El brutal hecho ocurrió en diciembre del año pasado en la zona norte de Roca, en una vivienda ubicada lindante a una carnicería.

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El último imputado por el homicidio de Oscar Ripari, ocurrido en diciembre del año pasado en General Roca, fue condenado a 10 años de prisión tras reconocer su participación en el hecho, al igual que los otros tres coautores ya sentenciados.

La calificación legal aceptada fue la de homicidio en ocasión de robo, según los artículos 45 y 165 del Código Penal.

Entre las pruebas presentadas por la Fiscalía en el acuerdo abreviado se destacan los procedimientos realizados por el personal de la Comisaría 21°, múltiples allanamientos, entrevistas testimoniales, informes del Departamento de Informática Forense del Poder Judicial y de la Oficina de Investigación en Telecomunicaciones (O.I.Tel.) de Procuración General, además del análisis de celulares secuestrados y las imágenes captadas por las cámaras del 911.

El hecho ocurrió el 10 de diciembre de 2024, minutos antes de las 4.20, en una vivienda ubicada sobre Cardenales casi San Juan, margen sur, lindante a la carnicería La Familia.

Según la investigación, el imputado -junto a los demás condenados- ingresó sin autorización al domicilio de la víctima con fines de robo, tras violentar varias puertas. Una vez dentro, golpearon a Ripari, provocándole una hemorragia interna por desgarro del bazo, lesión que le causó la muerte horas después.

Posteriormente, los agresores sustrajeron la billetera del hombre, dinero en efectivo, tarjetas, su celular y mercadería de la carnicería, entre ellas unos 10 costillares de carne y varias cajas de pollo, que fueron trasladadas a una vivienda alquilada por uno de los involucrados.

Tras un cuarto intermedio, y con el acuerdo de las partes de renunciar a los plazos procesales, el Tribunal Colegiado condenó al hombre de 32 años a 10 años de prisión, más las accesorias legales, costas y la declaración de reincidencia que ya registraba.

De esta manera, el condenado comenzó a cumplir la pena desde este viernes (17/10).

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Judiciales

Imputaron a la dueña de una agencia de viajes que vendía traslados a Italia que nunca se realizaron

La mujer está bajo investigación del Ministerio Público Fiscal. Se ordenó la inhibición de bienes y la presentación diaria ante la Justicia.

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Ayer (17/10) por la tarde, el Ministerio Público Fiscal de General Roca solicitó la aplicación de estrictas medidas cautelares contra una mujer investigada por presunta estafa en la venta de viajes al exterior.

Según la acusación, el hecho bajo investigación habría ocurrido entre octubre de 2024 y agosto de 2025, en un local ubicado sobre calle Mitre 930 de Roca, donde la imputada -representante de una empresa de viajes Lola Tour se habría ganado la confianza de un grupo de personas a las que ofreció paquetes turísticos a Italia.

De acuerdo con la Fiscalía, la mujer emitía comprobantes falsos y aparentaba tener la capacidad para brindar el servicio. Sin embargo, nunca gestionó los pasajes ni las reservas de alojamiento, y llegada la fecha del viaje, éste no se concretó.

Las víctimas, integrantes de un grupo de estudio, habrían abonado la totalidad del paquete, sin recibir el reintegro del dinero pese a los reclamos reiterados. «De esa manera, les ocasionó un perjuicio patrimonial significativo», explicó la representante fiscal durante la audiencia.

Entre las pruebas reunidas por el Ministerio Público se encuentran 15 denuncias formales, testimonios, el allanamiento de la vivienda de la acusada y el secuestro de documentación vinculada a las operaciones.

Tras el pedido del Ministerio Público Fiscal, la jueza interviniente ordenó la inhibición general de todos los bienes de la mujer, el bloqueo de sus cuentas bancarias y la obligación de presentarse diariamente en la Fiscalía.

En caso de incumplir las medidas impuestas, la Fiscalía podrá solicitar una nueva audiencia para evaluar sanciones más severas y garantizar el avance de la causa.

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Pagó las 84 cuotas de un plan de ahorro y nunca le entregaron el vehículo

La empresa tendrá que devolverle el dinero e indemnizarlo por el incumplimiento.

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Un hombre de Cipolletti se inscribió a un plan de ahorro con la expectativa de adquirir un Volkswagen Fox cero kilómetro. Abonó cada una de las 84 cuotas pero nunca le entregaron el vehículo. Impulsó un reclamo civil y obtuvo una sentencia favorable: la empresa tendrá que devolverle el dinero e indemnizarlo por el incumplimiento.

El plan, de tipo 70/30, se orientaba a la adquisición de un Volkswagen Fox Confortline, cinco puertas, motor 1.6. El contrato preveía 84 pagos mensuales y una vez cancelado, la empresa debía adjudicar el vehículo si el adherente cumplía con los requisitos establecidos. El ciudadano completó todos los pagos en marzo de 2017 y solicitó la unidad en varias oportunidades, sin obtener respuesta.

Ante la falta de información, remitió dos cartas documento. En la primera, pidió detalles sobre el procedimiento y los datos para concretar el pago del 30% restante. En la segunda, intimó a la empresa a entregarle el vehículo o devolverle las sumas abonadas. Ninguna de las misivas fue respondida.

La jueza del caso concluyó que el contrato se resolvió por un incumplimiento imputable a la empresa. Determinó que no existió comunicación fehaciente hacia el adherente sobre los sorteos, los requisitos para la adjudicación ni el resultado de la liquidación final. Tampoco surgió prueba alguna de que la firma hubiera notificado al consumidor sobre el avance o finalización del plan.

El fallo ordenó la devolución del total de las cuotas abonadas, con intereses desde la fecha de cada pago. También reconoció una indemnización por la privación de uso del rodado, al establecer que el ciudadano mantuvo durante más de un año la expectativa legítima de acceder al vehículo.

La sentencia incluyó una compensación por daño moral: valoró la frustración causada por el incumplimiento, luego de siete años de aportes cumplidos. Destacó la ausencia total de información por parte de la empresa, incluso después de las intimaciones formales.

Finalmente, la resolución impuso una multa por daño punitivo. La jueza consideró que la empresa actuó con desinterés frente a los derechos del consumidor y con un nivel de desinformación que justificó la sanción prevista por la Ley de Defensa del Consumidor.

La sentencia es de primera instancia y el fallo no está firme porque puede ser apelado. La empresa condenada es Volkswagen S.A de ahorro para fines determinados.

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