Judiciales
Piden 4 años de prisión para un hombre que habría colaborado en un intento de fuga en el Penal de Roca
Está acusado habría ocurrido el 6 de septiembre de 2013 alrededor de las 21.40 horas, frente al Establecimiento de Ejecución Penal N° 2.
El Fiscal de Cámara Subrogante, Miguel Ángel Fernández Jahde solicitó la pena de 4 años de prisión efectiva y ocho de inhabilitación especial para ser usuario y portar armas de fuego de todo tipo, a un hombre acusado de facilitar la evasión de internos del Establecimiento de Ejecución Penal N° 2 de General Roca.
El representante del Ministerio Público Fiscal consideró acreditada la existencia material del hecho descripto en la requisitoria fiscal y la participación atribuida al imputado, conforme a la prueba documental. Con respecto a la pena solicitada, el fiscal remarcó que si bien el imputado no cuenta con antecedentes penales computables, la misma debe ser efectiva al momento de dictarse la sentencia.
Respecto al delito de «favorecimiento de evasión», aclaró que «el mismo se consuma por el solo hecho de intentar la ayuda más allá de los resultados de que se haya sido juzgado o no al detenido, y que la ruptura del traslado se encuentra acreditada de acuerdo a los testimonios brindados».
Durante la audiencia de alegatos, el fiscal destacó las pericias balísticas y los levantamientos de rastros realizados por el Gabinete de Criminalística. Según el informe pericial se determinó que el arma secuestrada del vehículo es apta para el disparo, se encontraron rastros nitrados y se confirmó que las nueve vainas fueron percutidas por el arma, que podría pertenecer a la Policía de Neuquén. De acuerdo al informe papiloscopico se encontró una huella del dígito anular de mano izquierda perteneciente al imputado, obtenida cerca de la manija de la puerta del automóvil.
También el fiscal Jahde valoró el acta de procedimiento que acredita el «intento de fuga de los internos», además de las diversas pruebas objetivas e independientes que se fueron incorporando por lectura. Por último, el fiscal remarcó el informe proveniente del Registro de Armas, que señala que el imputado «no se encuentra registrado como legítimo usuario de arma de fuego en ninguna de sus categorías ni tiene autorización para portarla».
El hecho por lo que se lo juzga habría ocurrido el 6 de septiembre de 2013 alrededor de las 21.40 horas, frente al Establecimiento de Ejecución Penal N° 2 de General Roca, en la oportunidad en que el imputado se movilizaba en un vehículo Fiat Siena, color blanco, junto a otros individuos no identificados, portando una arma de fuego de guerra, en forma ilegal. Con el objeto de favorecer la evasión de internos del pabellón 1, que en ese mismo momento se estaba realizando, el hombre realizó disparos desde el interior del vehículo y cinco de ellos impactaron en el portón y garita del establecimiento, generando confusión y la tensión de la guardia.
Participó del hecho además otro rodado con ocupantes no identificados a la fecha, que también efectuaron disparos contra el edificio y la guardia. El vehículo que conducía el imputado fue abandonado a unas cuadras del lugar, luego de haber colisionado con otro auto en el momento de la fuga. Allí mismo fue incautada el arma de fuego utilizada.
El juicio se desarrolla ante los jueces de la Cámara Tercera en lo Criminal de General Roca. La lectura de la sentencia está prevista para el 23 de noviembre a las 12.00 horas.
Judiciales
Caso Valentín Mercado: Piden confirmar la condena contra el anestesiólogo por el daño cerebral irreversible
Tras la apelación de la defensa del profesional condenado por homicidio culposo, la Fiscalía solicitó al Tribunal de Impugnación que ratifique la sentencia en todos sus términos.
La causa por la muerte del niño Valentín Mercado Toledo sumó una instancia clave en el Tribunal de Impugnación de Río Negro. Tras el recurso presentado por la defensa del anestesiólogo condenado por homicidio culposo, la Fiscalía y la querella solicitaron formalmente que se confirme la sentencia original, rechazando cualquier reducción de la pena o limitación de la inhabilitación profesional.
El eje del conflicto radica en el planteo del profesional, quien busca que su inhabilitación para ejercer se circunscriba únicamente al ámbito pediátrico. Ante esto, el fiscal del caso fue tajante al señalar que la desatención durante la cirugía fue la causa directa del desenlace fatal. «Lo sucedido fue que la desatención por parte del imputado impidió advertir el súbito taponamiento, lo que derivó en un paro cardíaco», explicó. Según el Ministerio Público, el médico no cumplió con el consentimiento informado en el que asumía la responsabilidad de velar por el paciente durante toda la intervención.
La reconstrucción de los hechos indica que existieron cuatro minutos iniciales y determinantes en los que el anestesiólogo no actuó conforme a su rol. Si bien luego se logró estabilizar al niño con adrenalina y un cambio de tubo traqueal, la demora fue tan extensa que el daño cerebral resultó irreversible.
La querella acompañó estos argumentos, dejando la decisión final en manos del Tribunal, que ya pasó a deliberar.
Judiciales
Compensación económica tras una unión convivencial: Reconocen desequilibrio estructural y contexto de violencia
Se conocieron hace más de dos décadas y tuvieron un hijo. Pero la situación se volvió insostenible con el paso de los años.
Se conocieron en la facultad hace más de 20 años. Ella era alumna y tenía el sueño de recibirse de licenciada; él trabajaba como ayudante de cátedra. Al poco tiempo, ella abandonó sus estudios y sus proyectos para acompañar el crecimiento profesional de él.
Así, la joven se convirtió en asistente técnica en las películas de su pareja y en cuidadora de su familia. Durante casi dos décadas, sostuvo el hogar y los proyectos del hombre. Mientras la pareja acumulaba títulos académicos y prestigio, ella perdía autonomía. No tenía ingresos propios y dependía por completo de la voluntad de su pareja.
La situación se volvió insostenible con el paso de los años. Así, decidió dejar la vivienda familiar junto con su hijo. Dejó los equipos de trabajo, la casa que ayudó a construir y los vehículos de la familia. Regresó a la vivienda de sus padres, sin ahorros y con su carrera universitaria sin terminar. El hombre quedó con todos los bienes y mantuvo su estabilidad profesional intacta.
Ante esta realidad, recurrió al Poder Judicial para iniciar una compensación económica y reparar la desigualdad que provocó la ruptura.
El fuero de familia de Roca hizo lugar a la demanda. La jueza consideró acreditado un desequilibrio económico, derivado de la dinámica de la relación y de su ruptura.
La mujer mantuvo una relación de más de 20 años en la que postergó su desarrollo profesional y académico. Acompañó los proyectos laborales de su pareja y asumió, de manera casi exclusiva, las tareas domésticas y de cuidado, incluida la crianza del hijo en común.
También expresó que la relación se desarrolló en un contexto de violencia de género, caracterizado por control, descalificaciones y limitaciones a su autonomía personal y económica.
Por su parte, el hombre negó la existencia de desequilibrio y sostuvo que su crecimiento profesional fue fruto de su esfuerzo personal. Afirmó que la mujer desarrolló capacidades en el ámbito audiovisual y que contaba con posibilidades de inserción laboral.
La jueza destacó que la compensación económica tiene como finalidad corregir el perjuicio patrimonial que puede generar la ruptura de una vida en común, cuando una de las partes queda en situación de desventaja.
De la prueba producida surgió que durante la convivencia existió una asimetría de poder desde el inicio de la relación, que se trasladó a los ámbitos laboral y familiar. Se acreditó que la mujer quedó en una posición de dependencia, con limitaciones para desarrollar su autonomía, mientras que el hombre consolidó su carrera académica y profesional.
La jueza de Familia hizo lugar al reclamo y ordenó que el hombre el pago de una compensación. La magistrada destacó que existió un contexto de violencia de género y económica.
Judiciales
En Río Negro, las mujeres ocupan más de la mitad de los cargos jerárquicos judiciales
Representan el 55%, contra el 45% de los varones.
En el Poder Judicial de Río Negro, las mujeres ocupan el 55% de los cargos de juezas, jueces, secretarias y secretarios de las áreas jurisdiccionales, mientras que los varones representan el 45%.
La distribución cambia según la función. Del total relevado, el 68% corresponde a juezas y jueces y el 32% a secretarias y secretarios. Entre las 175 personas que ocupan cargos de juezas y jueces, el 45% son mujeres y el 55% varones. Entre las 84 personas que se desempeñan como secretarias y secretarios, en cambio, la presencia femenina asciende al 76%, frente al 24% de varones.
Pirámide demográfica y composición por áreas
El relevamiento registra 1.843 agentes en organismos jurisdiccionales y auxiliares. De ese total, 1.188 son mujeres y 655 varones. Además de juezas, jueces, secretarias y secretarios, la composición por función muestra mayoría femenina en el personal jurisdiccional, con 594 agentes, de los cuales el 78% son mujeres; en el personal de Mediación, con 81 cargos, también con 78% de mujeres; y en las áreas auxiliares, con 655 agentes, donde las mujeres representan el 62%. La única función con mayoría masculina, además de la magistratura, es la del personal de servicio: allí hay 254 cargos, con 55% de varones y 45% de mujeres.
La pirámide demográfica muestra que la mayor concentración del personal se ubica entre los 36 y 50 años, tanto en mujeres como en varones. En la distribución por fueros y organismos con equipos, el 39% del personal corresponde a organismos no jurisdiccionales, con 716 agentes, mientras que el 61% restante, con 1.127 agentes, se desempeña en organismos jurisdiccionales y de Mediación. Dentro de esa estructura, el bloque más numeroso reúne al fuero Civil, Comercial, Minería, Contencioso Administrativo y Familia, incluida la segunda instancia, con el 25% del total. Le siguen el fuero Penal con el 15%, Justicia de Paz con el 8%, el fuero del Trabajo con el 6%, Mediación con el 4% y el Superior Tribunal de Justicia con el 3%.
La información surge del informe elaborado por el Centro de Planificación Estratégica del Superior Tribunal de Justicia.
