Judiciales
Por el beneficio de la duda, absuelven a acusado de colaborar en un intento de fuga en Roca
Estaba imputado por realizar disparos con un arma calibre 9 milímetros que impactaron en el portón y una garita del centro penitenciario de Roca.
La Cámara Criminal Tercera de Roca dispuso la absolución de un hombre que llegó a juicio imputado como presunto autor del delito de «favorecimiento de evasión», por un hecho ocurrido en esta ciudad la noche del 6 de septiembre de 2013, frente al Establecimiento de Ejecución Penal N° 2.
En la requisitoria de elevación a juicio se le atribuyó haber sido la persona que, desde el lugar del acompañante en un vehículo Fiat Siena, realizó disparos con un arma calibre 9 milímetros que impactaron en el portón y una garita del centro penitenciario, «generando confusión y la atención de la guardia, todo con el fin de lograr la facilitación de la evasión que al mismo momento realizaban internos del Pabellón N° 1». Del mismo episodio participó otro vehículo, cuyos ocupantes no fueron identificados. El Siena, en tanto, fue secuestrado en la esquina de Montevideo y Ameghino, donde quedó abandonado luego de un choque con otro vehículo. En su interior se encontró el arma de fuego utilizada y el Gabinete de Criminalística obtuvo huellas papiloscópicas correspondientes al imputado.
En el juicio oral y público realizado en Roca, el Fiscal de Cámara subrogante Miguel Fernández Jahde solicitó que el imputado R.J.E.E. sea condenado a cuatro años de prisión y doble tiempo de inhabilitación para utilizar o portar armas de fuego, por considerarlo autor de los delitos de favorecimiento de evasión en concurso real con portación de arma de fuego de guerra.
Por su parte, el defensor particular Raúl Guaragna solicitó en su alegato la absolución por el beneficio de la duda.
En su voto rector del fallo, la jueza Verónica Rodrígez sostuvo: «Si bien es cierto, como afirma el Ministerio Público Fiscal, que la pericia papiloscópica (…) permite ubicarlo en el auto utilizado para perpetrar el hecho, ello de manera alguna basta, por sí solo, para atribuirle la autoría endilgada, máxime cuando dicha prueba se encuentra aislada, no habiendo otros elementos probatorios que permitan sostenerla, imponiéndose en consecuencia la absolución del imputado por el beneficio de la duda». Señaló que «no se pudo establecer la data de dichas improntas» digitales en el auto y advirtió que el Siena «pudo haber estado en poder de la familia» del imputado y, en consecuencia, en contacto con éste, en fechas previas al hecho investigado.
La jueza, además, valoró que las declaraciones testimoniales recibidas en el juicio «nada aportan al momento de vincular a E. con el hecho reprochado».
«El principio de inocencia del que goza todo ciudadano debe ser eliminado con prueba incriminante y tal tarea le corresponde al Estado, no al procesado; y es así como se pone en cabeza del Acusador Público el despliegue del mentado comportamiento (…) y tal actividad no ha sido cristalizada en debida forma en este juicio», concluyó el Tribunal.
«No cabe más que concluir que en los presentes autos son más las inconsistencias que las certezas; la imputación en contra del imputado (…) no ha podido ser sostenida o corroborada por prueba independiente», finalizó el voto rector, que contó con la adhesión de los jueces Fernando Sánchez Freytes y Juan Pablo Chirinos, este último en carácter de subrogante.
Judiciales
Cae banda acusada de robar a adultos mayores en Roca
Se llevaron unos $200.000 y alhajas tras irrumpir con armas blancas. La jueza ordenó prisión preventiva para tres sospechosos.
Tres hombres fueron imputados como coautores de un robo agravado cometido el pasado 27 de noviembre en una vivienda ubicada en calle España al 1100 de General Roca. Tras el pedido de la Fiscalía y la oposición de las defensas, la jueza de Garantías dispuso prisión preventiva para dos de ellos por 4 meses, mientras que el tercero cumplirá la medida por 15 días.
De acuerdo con la acusación, cerca de las 21.45 horas los sospechosos llegaron en un automóvil Volkswagen Vento al domicilio donde reside un matrimonio de adultos mayores. Uno de los hombres permaneció en el vehículo y los otros tres, con el rostro semicubierto y guantes, escalaron la pared delantera y el techo para ingresar por la puerta trasera, sin ejercer violencia.
Una vez adentro, tomaron cuchillos de la cocina para amenazar a las víctimas y exigirles dinero. Se alzaron con alrededor de $200.000 y diversas alhajas antes de escapar por la puerta principal y darse a la fuga en el mismo vehículo.
En el avance de la investigación se realizaron allanamientos con intervención del Gabinete de Criminalística, el COER, la División de Investigaciones y el acompañamiento de la Oficina de Atención a la Víctima. También se analizaron cámaras de seguridad y se sumó como evidencia el registro de la tobillera electrónica que llevaba uno de los implicados al momento del hecho.
La calificación legal es robo agravado por haberse cometido en poblado y en banda, con uso de arma y mediante escalamiento.
La Fiscalía argumentó que la prisión preventiva es necesaria para evitar entorpecimiento de la investigación, considerando que las víctimas son personas de edad avanzada y aún restan diligencias como pericias a teléfonos celulares y rueda de reconocimiento.
Las defensas pidieron medidas menos gravosas, como prohibición de acercamiento, presentaciones judiciales y prisión domiciliaria. Sin embargo, la jueza resolvió conforme a la solicitud del Ministerio Público Fiscal para dos de los imputados y aceptó parcialmente el planteo de la defensa del tercero.
Judiciales
Caso Valentín: Declararon culpable al anestesiólogo
El juez consideró que la conducta de Atencio Krause fue negligente y que se apartó de forma notoria de sus obligaciones profesionales. Ahora resta definir la pena en el juicio de cesura.
El juez Emilio Stadler declaró hoy (03/12) la responsabilidad penal de Mauricio Javier Atencio Krause por el delito de homicidio culposo, tras la muerte de Valentín Mercado Toledo, de 4 años, durante una intervención quirúrgica programada en el Sanatorio Juan XXIII de Roca. La operación, realizada el 11 de julio de 2024, era por una hernia diafragmática. Valentín falleció siete días después.
El Tribunal concluyó que el hecho imputado al anestesista quedó debidamente acreditado, al igual que su autoría. «No se encuentra controvertido que la causa de la muerte de Valentín ha sido encefalopatía hipóxico-isquémica, por incidente obstructivo de la vía aérea del tubo endotraqueal», indicaron.
El juez señaló que el niño, de 4 años, no presentaba problemas de salud relevantes y que la clínica es uno de los centros asistenciales de mayor complejidad de la provincia. A su vez, indicó que el anestesista disponía de la tecnología adecuada para cumplir con su función.
Hacia el final de la operación, se produjo un taponamiento en el tubo endotraqueal que impidió el ingreso de aire. Esto generó consecuencias adversas en la salud del niño que, según el fallo, «necesaria e inexorablemente debían ser detectadas».
El juez consideró que la conducta del anestesista fue negligente y que se apartó de forma notoria de sus obligaciones profesionales. Indicó que el médico salió del quirófano durante la cirugía y utilizó su teléfono celular. También se comprobó la ausencia de un desfibrilador en la sala, junto con la falta de controles clínicos tanto en los monitores como en la observación directa del paciente.
El juicio duró tres días y tuvo lugar en la ciudad de Roca. El Ministerio Público Fiscal estuvo representado por Gastón Ezequiel Britos Rubiolo y Norma Reyes. La querella, en representación de los padres del niño, fue ejercida por Agustín Aguilar y Miguel Ángel Díaz Zeballos.
El Tribunal dispuso que la Oficina Judicial deberá fijar la fecha del juicio de cesura para determinar la pena. También otorgó a las partes un plazo de 5 días hábiles para presentar pruebas. Con el veredicto de culpabilidad ya dictado, solo resta definir el monto de la pena, dentro de los márgenes establecidos por el Código Penal.
Judiciales
Prestó servicios para la Liga Deportiva Confluencia y tuvo que reclamar judicialmente para cobrar sus honorarios
Según indicó en su presentación judicial, la Liga no cumplía en tiempo y forma, y ella debía insistir cada mes para cobrar.
Una profesional del derecho prestó servicios como presidenta del Tribunal de Disciplina de la Liga Deportiva Confluencia entre junio de 2024 y mayo de 2025. A lo largo de ese período, envió facturas mensuales a través de mensajes a la secretaria de la entidad, quien las recibía y tramitaba su pago. Según indicó en su presentación judicial, la Liga no cumplía en tiempo y forma, y ella debía insistir cada mes para cobrar.
En abril de 2025, luego de encontrar a una persona que podía asumir sus funciones, emitió la factura correspondiente al último mes de trabajo. En esa ocasión, la Liga no respondió al envío de la documentación ni concretó el pago. La profesional afirmó que envió la factura al presidente y a la secretaria, que volvió a contactarse en varias oportunidades durante mayo y que, tras no obtener ninguna respuesta concreta, decidió renunciar.
El 21 de mayo presentó una carta de renuncia. También señaló que mantuvo un intercambio de mensajes de voz con el presidente de la entidad y que, pese a haberse notificado, la Liga no asistió a la instancia de mediación. En esa etapa, la secretaria pidió datos bancarios para transferir el pago, pero no se realizó ninguna operación. Por ese motivo, decidió iniciar un reclamo judicial por los servicios no abonados. Lo hizo ante el juzgado de Paz de Cipolletti a través del proceso de menor cuantía.
La audiencia prevista por el Código Procesal se realizó el 3 de noviembre. Solo asistió la profesional que presentó la demanda. La Liga no contestó la demanda ni se presentó en el expediente, por lo que el juzgado aplicó lo establecido en el artículo 700, que permite avanzar con el proceso y tener por reconocidos los hechos lícitos alegados por la parte actora.
El fallo consideró que la relación entre las partes se encuadró en una locación de servicios profesionales. Señaló que, si bien no existió un contrato escrito, la prestación se concretó de forma continua y bajo la modalidad descripta en la causa. Según el análisis del expediente, la profesional fijó el precio de su trabajo, emitió la factura el 30 de abril de 2025 y envió sus datos bancarios para que se realizara la transferencia.
El juzgado valoró que la factura no fue observada ni cuestionada dentro del plazo legal. En ese sentido, citó el artículo 1145 del Código Civil y Comercial, que presume su aceptación cuando no existen objeciones en los diez días posteriores a la recepción.
La jueza de Paz de Cipolletti admitió el rubro correspondiente al daño emergente, que incluyó el capital de la factura más los intereses por mora desde el 10 de mayo de 2025 hasta la fecha de la resolución. Rechazó, en cambio, los intereses punitorios por falta de acuerdo entre las partes y no admitió el reintegro de gastos de mediación debido a que no se acreditaron.
El fallo dispuso que el monto reconocido deberá ser abonado mediante depósito judicial y estableció que, en caso de persistir el incumplimiento, se deberán calcular intereses conforme a la doctrina legal obligatoria del Superior Tribunal de Justicia.
