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Para Aguiar, el gobierno nacional toma por «boludos» a los trabajadores

Cuestiona las modificaciones que se producirán sobre el Impuesto a las Ganancias y asegura que el proyecto de ley elaborado por el Gobierno Nacional «empeora el escenario actual».

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En el inicio de una semana que será clave para definir las modificaciones que se producirán sobre el Impuesto a las Ganancias, la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma de Río Negro asegura que el proyecto de ley elaborado por el Gobierno Nacional «empeora el escenario actual y que una gran cantidad de trabajadores, que hasta ahora no lo hacían, pasarán a pagar este injusto tributo».

La Central Obrera consideró, a través de su Secretario General, Rodolfo Aguiar, que «elevar el minino no imponible solamente entre 15% y 25% es absolutamente insuficiente y, apenas producidos los primeros aumentos salariales del 2017, más empleados serán alcanzados por el referido impuesto».

«Es burdo el incumplimiento del presidente Mauricio Macri sobre varias de las promesas realizadas en época electoral ya que, en este punto, se pasó al olvido el compromiso de eliminar definitivamente este gravamen de los ingresos de los asalariados y jubilados», dijo Aguiar.

«Nos toman por boludos a los trabajadores. Resulta que, no sólo el Gobierno no cumple con la promesa de eliminar este impuesto realizada en campaña, sino que, por el contrario, propone una modificación que nos perjudicará más aun», destacó el Secretario General de la CTA Autónoma de Río Negro. «El aumento del piso no imponible es irrisorio. Se quitan deducciones, se limitan otras y se sigue sin cobrar a los que verdaderamente obtienen ganancias en nuestro país», agregó.

«Hoy hay trabajadores que por el solo hecho de hacer horas extras pagan este impuesto. Apenas se otorguen los próximos incrementos salariales, pagarán este injusto tributo una mayor cantidad de trabajadores que en la actualidad. Esto es una joda», resaltó Aguiar.

La Central Sindical afirma que «es grave la intención del Poder Ejecutivo Nacional de quitar importantes deducciones que podían realizar los trabajadores como, por ejemplo de cónyuge, y restringir otras, contemplando los hijos sólo hasta los 18 años».

Por otro lado, «resulta irrisorio llevar el mínimo a $21.712 para los solteros y $25.230 en el caso de los casados», indicaron desde la CTA.

La CTA Autónoma señala, como otro de los aspectos negativos de la propuesta de modificación, el hecho que «no contemple un ajuste automático de acuerdo a los índices inflacionarios, generando una importante falta de seguridad jurídica».

Teniendo en cuenta estudios comparativos con otros países de la región, la Central concluye que si se toma el dólar de acuerdo a la paridad de compra, en Argentina, un trabajador en relación de dependencia, comienza a pagar el impuesto a partir de los U$S 2.750, mientras que en Perú recién lo hace desde los U$S 6.100, en Chile a los U$S 11.500 y en Uruguay a los U$S 14.000.

Por último, la Central Gremial cuestionó que «el proyecto oficial profundiza la regresividad del impuesto en dos aspectos. Primero, considerando que los aportes de los trabajadores igualan a los recursos pagados por la totalidad de las empresas alcanzadas por este tipo de gravámenes, calculando que de un total de $450.000 millones cobrados por la AFIP anualmente, $220.000 son aportados por los empleados y jubilados. Y, en segundo término, la intención del Gobierno es seguir sin afectar impositivamente a los sectores económicos de mayor rentabilidad y que continúan acumulando fabulosas ganancias, como la renta minera, el gas, petróleo, casinos, salas de juego, bancos y entidades financieras».

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Gremios

ATE fijó la fecha del paro nacional para el 9 de diciembre y se movilizará al Congreso

“Se trata de una reforma laboral pro mercado y la única finalidad que persigue el Gobierno es el disciplinamiento de la fuerza de trabajo. No es verdad que quieran mejorar la competitividad, la productividad o que crezca la economía. Eso no va a suceder quitando derechos”, señaló Aguiar.

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La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) definió la fecha del paro nacional para el 9 de diciembre y se movilizará al Congreso de la Nación para rechazar la reforma laboral del Gobierno, exigir la inmediata reapertura de paritarias con una recomposición salarial de emergencia y en rechazo al intento de recorte del 10% de los trabajadores estatales.

«Se trata de una reforma laboral pro mercado y la única finalidad que persigue el Gobierno es el disciplinamiento de la fuerza de trabajo. No es verdad que quieran mejorar la competitividad, la productividad o que crezca la economía. Eso no va a suceder quitando derechos», señaló Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.

«Cuando fue la crisis económica global del 2009/10, legislaciones similares se implementaron en varios países del mundo y en todos los casos fracasaron. Si analizamos la historia más reciente, el periodo de mayor creación de empleo y registro de trabajadores fue desde el 2002 al 2011/12, cuando existía la doble indemnización. Y aún con doble indemnización igual se registraban trabajadores. Eso prueba que la única manera de superar la crisis que hoy vive el mundo del trabajo es poniendo en valor las convenciones colectivas», explicó el dirigente estatal.

En base a la pérdida del poder adquisitivo que se profundizó en el sector público durante el 2025, Aguiar sostuvo que «quienes desempeñamos tareas en la Administración Pública nos negamos a ser expulsados por debajo de la línea de pobreza. Tienen que convocar a paritarias y otorgar una recomposición salarial de manera inmediata».

«Están soñando en el Gobierno si piensan que van a poder recortar el 10% de la planta estatal. A pesar del esfuerzo sobrehumano de los trabajadores y de su vocación, sumado a la desinversión, los servicios públicos están en su piso mínimo histórico», concluyó el secretario general de ATE.

El sindicato había definido adelantar la medida de fuerza -votada por unanimidad en su Confederal realizado en San Luis el pasado 27 de noviembre- y ahora la convocatoria podría coincidir con la presentación del proyecto de reforma laboral en el Congreso. Además, cada provincia definirá las modalidades de protesta y en el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se dispondrán retiros de los lugares de trabajo a partir de las 10.30 horas.

Entre los principales reclamos se encuentra el intento de recorte del 10% en el Estado que intenta el Gobierno, el cual apuntaría a los organismos descentralizados como la Oficina Anticorrupción, el Indec, el Conicet, la Coneau, el ARCA, el Archivo General de la Nación, la Anses, la Conadis, el Enargas, el Enre, el INTA, el INTI y el Enacom.

El sindicato también reclama por la inmediata reapertura de las paritarias y exige una recomposición salarial de emergencia, recordando que el Ejecutivo realizó una convocatoria el pasado viernes 28 de noviembre de manera virtual a la cual asistió sin ofrecimiento.

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Gremios

Municipio y gremios cerraron un nuevo incremento salarial para trabajadores

El Ejecutivo roquense y los sindicatos definieron subas del 2,5% en diciembre y 2,2% en enero y febrero para recomponer los haberes.

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El Municipio de Roca y los gremios que representan a las y los trabajadores municipales cerraron un nuevo acuerdo salarial durante la última reunión paritaria. Del encuentro participaron representantes del Poder Ejecutivo local y las organizaciones sindicales ATE, ATM, SOYEM y UPCN.

La propuesta, aprobada por unanimidad, establece una suba acumulativa del salario básico: un 2,5% correspondiente a los haberes de diciembre de 2025; un 2,2% en enero de 2026; y un 2,2% adicional en febrero de 2026.

Tras el acuerdo, desde el Ejecutivo destacaron la importancia de «sostener un mecanismo de actualización que acompañe el contexto económico, asegurando la continuidad del diálogo paritario para evaluar nuevos acuerdos en los próximos meses, según los índices inflacionarios».

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Gremios

Ante la amenaza de un nuevo recorte del 10% de la planta estatal, ATE evalúa adelantar el Paro Nacional

«Sturzenegger es un ser siniestro que viene por nosotros. Pero tiene que saber que los estatales también vamos por él. El sector público no resiste más ajustes», indicó Aguiar.

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Luego de que el Gobierno diera a conocer un nuevo plan de recorte para intentar despedir al 10% de la planta la Administración Pública Nacional, la Asociación Trabajadores del Estado informó que evalúa adelantar la medida de fuerza, definida en primera instancia para el día que se trate la reforma laboral en el Congreso nacional.

«Sturzenegger es un ser siniestro que viene por nosotros. Pero tiene que saber que los estatales también vamos por él. El sector público no resiste más ajustes. No vamos a tolerar ningún despido y exigimos la renovación automática de la totalidad de los vínculos que vencen el 31 de diciembre», indicó Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.

En este marco, el dirigente agregó que «el Gobierno miente. Nunca se trató de una cuestión presupuestaria. Es ideológico. Mientras que los trabajadores contratados en la administración pública representan menos del 0,5% del presupuesto, la deuda externa se ubica por encima del 25%».

«A esta altura está más que claro que no quieren destruir el Estado sino que lo que quieren es moldear un Estado distinto, que garantice solo los intereses de los grandes grupos económicos nacionales y transnacionales que actúan en nuestro país. Para garantizar esa tarea, y como si quedara alguna duda, la máxima autoridad laboral está en manos del equipo jurídico de Techint», concluyó el secretario general de ATE Nacional.

La medida de fuerza había sido definida en el Confederal del sindicato realizado el pasado jueves (27/11), con la participación de las 24 provincias y las 191 seccionales de ATE en todo el país. Pero ante el intento del Ejecutivo de llevar a cabo una nueva ola de despidos, el sindicato convocará a sus instancias orgánicas para adelantar el paro.

La información que dio a conocer el Gobierno es de reducir en un 10% la planta de trabajadores, que representaría aproximadamente 28.000 despidos.

Las cesantías apuntarían principalmente a los organismos descentralizados del Estado, entre los cuales aparecen la Oficina Anticorrupción, el Indec, el Conicet, la Coneau, el ARCA, el Archivo General de la Nación, la Anses, la Conadis, el Enargas, el Enre, el Inta, el Inti y el Enacom.

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