Gremios
Denuncian persecución a Supervisora de Roca por manifestar públicamente faltante de vacantes
Desde el Consejo Provincial de Educación suspendieron por cinco días sin goce de sueldo a Andrea Pietro, actual directora del CEM Nº 106 de General Roca.
La Comisión Directiva de UnTER Roca repudió y denunció «el accionar del gobierno de Río Negro de la mano del vocal gubernamental del Consejo Provincial de Educación, Oscar Cifuentes», al sancionar a Andrea Pietro, por actuaciones cuando se desempeñó como Supervisora de Educación Secundaria en General Roca.
Explicaron desde el gremio docente que «el vocal Cifuentes, desconociendo el dictamen de mayoría de la Junta de Disciplina, inclinó la balanza en una actitud disciplinadora y persecutoria al emitir la Resolución Nº 3788/16 sin ningún tipo de debate en el seno del Colegiado del CPE. Dicha norma establece una suspensión a Andrea Pietro durante cinco días sin goce de haberes en su actual cargo como directora del CEM Nº 106 de General Roca, actitud persecutoria que se repite una vez más, tal como ya ocurrió con las supervisoras de nivel inicial de Cipoletti y otros casos que intentan acallar las voces que defienden el derecho social a la educación».
La suspensión se sustancia en que Andrea Pietro, siendo supervisora de la Zona II de General Roca denunció públicamente la faltante de vacantes para los estudiantes de primer año de Nivel Medio, problemática por demás evidente en el 2015 ya que se terminaron creando dos nuevos colegios secundarios los CEM Nº 150 y 151. «La patronal respondió acusando a la entonces Supervisora de instigar a los padres a ir a la Justicia con un amparo judicial por faltas de garantías del Estado, en este contexto se impone la fusión del CEM N° 113 y Anexo 30, emitiéndose la Resolución Nº 418 contrariando lo establecido en el Estatuto Docente, con estas serias irregularidades, y docentes que quedaron sin percibir sus haberes debido a esta deficiente normativa, sin dar respuestas ni asesoramientos a las innumerables consultas realizadas por la Supervisora de ese momento. El gobierno no dudó en determinar un sumario “preventivo”, que desde los mismos considerandos inducen a la culpabilidad en el proceso de investigación», agregaron.
«No sólo se la quiere sancionar económicamente sino que además la sanción solapada bajando el concepto de actuación profesional para que no pueda acceder nuevamente a otra suplencia de cargo supervisivo», añadieron.
Por otra parte, Andrea Pietro, siendo directora del CEM N° 116, criticó duramente la Resolución N° 1185 aludiendo a la inaplicabilidad de la misma, «hecho que también llevó a que reciba aprietes de la Directora de Nivel de ese momento Evelín Arias», acusaron desde UnTER Roca.
«Estas acciones de parte de la patronal son claramente persecutorias y disciplinadoras hacia quienes tienen la responsabilidad de cumplir con sus funciones, del máximo escalafón docente y en defensa de la educación pública. No son hechos aislados, no es casualidad ya que Pietro fue elegida en la Seccional Roca como representante de la Secretaria de Nivel Medio, no alcanzó a asumir que a los pocos días se la sanciona en una clara persecución sindical», expresaron.
«Exigimos la urgente nulidad de la resolución que perpetra semejante atropello hacia los trabajadores/as que defendemos los derechos laborales y la escuela pública», concluyeron desde UnTER Roca.
Gremios
Con masiva adhesión al paro, ATE protestó en el Congreso y repudió a los diputados que ratificaron el veto a la movilidad jubilatoria
“Hoy empieza el derrumbe del Gobierno de Milei», dijo Aguiar.
En el marco del paro nacional de 24 horas, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) se movilizó al Congreso de la Nación en repudio a los diputados que convalidaron el veto presidencial al aumento del haber previsional. «Hoy empieza el derrumbe del Gobierno de Milei. Los sinvergüenzas que están adentro del Congreso quieren condenar a nuestros jubilados a seguir pasando hambre, a seguir enfermándose y morir», apuntó Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.
En referencia a la represión que se vivió fuera del Congreso durante la jornada, el dirigente indicó que «el Gobierno está sembrando violencia y va a cosechar violencia. No hace falta mucha experiencia para saber que esto no termina bien. Les están negando un aumento de 483 pesos por día. Son miserables. Este Gobierno busca el retorno de las AFJP, que se vuelva a privatizar el sistema previsional en la Argentina para que las multinacionales y los bancos vuelvan a hacer negocios con nuestros aportes».
El referente estatal también aseguró que durante septiembre el sindicato va a profundizar las medidas de fuerza. «Tenemos que seguir saliendo a la calle. Los únicos que planifican la violencia es este Gobierno con Patricia Bullrich y un protocolo completamente inconstitucional. El único que ataca al Congreso y su funcionamiento ha sido el presidente Milei desde que asumió pretendiendo gobernar por decreto. Tenemos que profundizar el plan de lucha en todo el país antes de que sea demasiado tarde», agregó.
Durante la medida de fuerza, el sindicato llamó a exponer a los legisladores que ratificaron el veto de Javier Milei al aumento del haber previsional. Las protestas se replicaron en simultáneo en las principales ciudades del país, y también se realizó en rechazo al intento de congelar los salarios en la administración pública y los más de 65.000 despidos que planea el Gobierno a fin de mes.
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ATE definió paro de 24 horas y movilización al Congreso el miércoles 11 de septiembre
«Los diputados que voten en favor del veto estarán condenando a los jubilados a pasar hambre, enfermarse y morir», señaló Aguiar.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) definió un paro de 24 horas con movilización al Congreso para el próximo miércoles (11/09) para exigir a los diputados que rechacen el veto presidencial al aumento de las jubilaciones, y en protesta «contra el intento de congelar los salarios en la administración pública y los más de 65.000 despidos que planea el Gobierno a fin de mes».
«Los diputados que voten en favor del veto estarán condenando a los jubilados a pasar hambre, enfermarse y morir. Los estatales nos vamos a movilizar de manera masiva y rechazamos cualquier posibilidad de que se aplique el protocolo anticonstitucional de Bullrich», aseveró Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional, en referencia al protocolo antipiquetes.
«Debemos estar en la calle para evitar que se siga consolidando el régimen autoritario del Gobierno. No vamos a aceptar que se congelen los salarios en el sector público y rechazamos cualquier posibilidad de que a fin de mes vuelvan a existir cesantías masivas. Seguramente esta será la primera protesta de varias que llevaremos adelante este mes», agregó el dirigente.
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el sindicato se manifestará a partir de las 13 horas frente al Congreso Nacional mientras que en el resto de las provincias las modalidades de protesta serán definidas por las conducciones locales.
Cabe recordar que durante la última paritaria, ATE rechazó el 2% de septiembre y 1% de octubre ofertado por el Gobierno, y repudió cualquier posibilidad de que los salarios se mantengan congelados hasta fin de año.
Esta medida se realizará en conjunto con las dos CTA, la Corriente Federal de Trabajadores y el Frente Sindical para el Modelo Nacional con el objetivo de que los diputados ratifiquen su voto en favor de la movilidad jubilatoria.
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ATE demandó ante la Justicia la declaración de inconstitucionalidad de una parte de la Ley Bases
«Esta norma aniquila el derecho a la estabilidad en el empleo público. La inconstitucionalidad es manifiesta, es contraria al artículo 14 bis de la ley fundamental de Nuestra nación», apuntó Rodolfo Aguiar.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) presentó ante la Justicia Nacional del Trabajo una demanda contra el Poder Ejecutivo Nacional. «Se trata de una acción declarativa de inconstitucionalidad de los artículos de la Ley Bases que modifican el régimen de disponibilidad de los trabajadores de la planta permanente en la Ley de Empleo Público», dijeron desde el gremio y solicitaron una medida cautelar para que se suspenda inmediatamente la aplicación de la norma.
«La Ley Bases aniquila el derecho a la estabilidad en el empleo público. La inconstitucionalidad de esta norma es manifiesta, es contraria al artículo 14 bis de la ley fundamental de nuestra nación», apuntó Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE.
«El documento señala la ilegalidad de los artículos 11 de la ley 25.164 (sustituido por el art. 52 de la ley 27.742) y 14 de la misma norma, como así también y sus reglamentaciones (art. 51 del Decreto 695/2024, que sustituye el art. 11 del Anexo I del Decreto 1421/2002), que afectan al derecho de estabilidad en el empleo público permitiendo los despidos arbitrarios por parte del Gobierno nacional», detalló Aguiar.
«La convención que en 1957 reforma la Constitución, incorpora el artículo 14 bis estableciendo la garantía de estabilidad en el empleo público. Es decir, se estableció la protección contra el despido arbitrario en el ámbito privado mientras que en el sector público fue más allá y además de esa protección estableció una garantía propia. Le dio a los empleados públicos una mayor protección para evitar que sean tomados como botines de guerra por cada una de las gestiones políticas que se iban sucediendo en el poder. Estamos cansados de ser testigos de las cesantías en masa que se producen en la administración pública casi siempre que llega un nuevo intendente, gobernador, o presidente», detalló el dirigente.
En este marco, Aguiar cargó contra la subjetividad de la nueva norma, en la cual se detalla que la declaración de disponibilidad puede darse con el objetivo de alcanzar la ‘dotación óptima necesaria’ en un determinado organismo. «De ninguna manera podemos aceptar la discrecionalidad que supone que sea el propio empleador quien defina cuál es la dotación óptima de personal en un organismo. Evidentemente esta definición subjetiva es la que no se corresponde con el espíritu que tuvieron los constituyentes al declarar la garantía de estabilidad en el empleo público. Alguien como Milei que nos dijo que ama destruir el Estado va a considerar que se excede la dotación óptima hasta en la casilla de seguridad de la Casa Rosada que tiene dos empleados», agregó.
El secretario general de ATE aseguró que «se tiene que suspender el cumplimiento de la Ley Bases en esta parte» y concluyó con que «por eso también hemos solicitado una medida cautelar, porque esta norma ya con su sola aplicación y sin ser revisada comienza a afectar de manera grave a los trabajadores. Quienes fueron declarados en disponibilidad sufren una drástica baja de salarios, se les recortan derechos y hasta pierden sus empleos».
¿Qué dice la presentación judicial de ATE?
El documento, que lleva la firma de Rodolfo Aguiar y de parte del equipo jurídico de ATE integrado por los abogados Matías Cremonte y Mariana Amartino, detalla que «el Gobierno está sentando las bases para la pulverización del empleo público y la destrucción del Estado, único órgano capaz de dar respuestas efectivas a las contingencias sociales y económicas de una crisis como la actual, y garante primigenio de los derechos fundamentales de quienes habitamos en el suelo de la Nación».
El sindicato también acusa al Gobierno de violar la Constitución Nacional en sus artículos 1, 14 bis, 16, 17, 19, 28 y 75 inciso 22, destruyendo el derecho a la estabilidad en el empleo público mediante despidos arbitrarios.
Además, ATE alega que se encuentra «legitimado para accionar en función de lo previsto por el art. 43 de la Constitución Nacional, que otorga legitimidad activa para accionar judicialmente a las personas y a las asociaciones en tutela de derechos subjetivos y, también, de derechos de incidencia colectiva en general».
Finalmente, el sindicato solicitó a la Secretaría de Transformación del Estado, dependiente del ministerio que maneja Federico Sturzenegger, que informe «la cantidad de trabajadores que se encuentran en planta permanente en la Administración Pública Nacional, desagregado por organismo con indicación de la antigüedad, cargo, función y nivel escalafonario; la desvinculación de trabajadores de la planta permanente de toda la administración pública nacional y sus organismos descentralizados desde el 26/12/2023 a la fecha; y si existe informe sobre la dotación óptima de empleados públicos en cada organismo».
