Judiciales
Continúan trabajando en el proceso de análisis integral de expedientes en Roca
Hay aproximadamente 1.600 causas desde los Juzgados de Instrucción existentes. Para la revisión integral de las mismas se conformó un equipo de trabajo continuo para trabajar en la feria judicial.
Bajo la coordinación de la Fiscal de Cámara de Roca, Graciela Echegaray se inició, con la feria estival, el proceso de análisis integral de expedientes penales que serán revisados procurando el ingreso al nuevo Sistema Procesal Penal, al igual que en el resto de las circunscripciones judiciales de la Provincia.
En la ciudad cabecera de la Segunda Circunscripción, con sede en Roca, se recibieron a fines del mes de diciembre, hasta el momento, un total de aproximadamente 1.600 causas desde los Juzgados de Instrucción existentes. Para la revisión integral de las mismas se conformó un equipo de trabajo continuo para trabajar en la feria judicial, integrado por agentes fiscales, adjuntos y empleados.
«En primer término, se dividieron las causas por temáticas con el fin de agilizar el proceso y se fijaron pautas claras de trabajo orientadas a la optimización de la tarea y razonabilidad a la hora de revisar cada uno de los expedientes», señala la Fiscal de Cámara.
«Para organizar este tipo de trabajo se requiere de una visión macro y sistémica, pensar bajo la órbita del actual código procesal penal para diagnosticar en la proyección del nuevo código que se va a implementar», destaca la representante del Ministerio Público Fiscal.
Durante la primera semana de feria se logró depurar en forma conjunta más de 250 causas, de las cuales 150 se encuentran concluidas, y 50 se tramitó a través de la herramienta de criterio de oportunidad. Para la segunda semana, se busca duplicar el número de causas con más recursos humanos y alcanzar la meta de 500 causas, logrando terminar con un total de 1.000 expedientes revisados, analizados y con dictámenes. Para a fines de Febrero, el objetivo central es terminar con todas las causas que ingresaron en el mes de Diciembre.
Las herramientas con las que se está trabajando son diversas. Al respecto, la fiscal coordinadora remarca que «lo que se busca es revisar y analizar los expedientes desde el contexto de la prueba y aplicar otras herramientas para hacer este proceso de manera orgánica con los institutos que el Código Procesal Penal provee, entre ellos los métodos alternativos de resolución de conflictos».
Puntualizó que «sería importante contar con la mediación penal como herramienta, útil en este sistema de revisión integral, porque se beneficia a la víctima, al imputado y el sistema penal sin la afectación de los derechos de nadie y con alta satisfacción de los que intervienen» Y agregó que «están dadas las condiciones para la implementación de la mediación penal, nos falta un pasito más para ponerla en funcionamiento en la Provincia».
Cabe destacar, que las Fiscalías Descentralizadas de Villa Regina y Choele Choel, bajo la coordinación del Fiscal de Cámara Andrés José Nelli, contarán también durante el receso estival con un equipo de trabajo que se encargará del trabajo de la revisión integral de expedientes.
En este sentido, el trabajo que se viene llevando a cabo en todas las Circunscripciones Judiciales de la Provincia, surge de dos resoluciones dictadas por la Procuradora General, Silvia Baquero Lazcano, el último día hábil del 2016, pensadas para que “el proceso de implementación del nuevo Código se desenvuelva con la agilidad y fluidez requerida».
Judiciales
«La empresa me obligó a mentir»: La confesión de un vendedor de planes de ahorro terminó en condena
La Justicia declaró la nulidad de los contratos vinculados a los planes de ahorro y ordenó devolver el dinero abonado, además de fijar indemnizaciones.
Un vecino de Viedma inició una demanda luego de intentar comprar una camioneta a través de un plan de ahorro que encontró en redes sociales. La historia comenzó en 2021, en plena pandemia, cuando las concesionarias permanecían cerradas al público y muchas operaciones se realizaban de forma virtual.
Mientras navegaba por internet, el vecino vio una publicidad de una concesionaria que ofrecía financiación para vehículos cero kilómetro. Completó un formulario y, días después, recibió el llamado de un asesor comercial que le explicó distintas opciones para adquirir una camioneta mediante un plan de ahorro.
Según el relato que luego llegó al expediente judicial, la propuesta incluía beneficios y una entrega prevista luego de algunas cuotas. Convencido por esas condiciones, aceptó la oferta y realizó los primeros pagos con tarjeta de crédito.
Con el paso de los meses comenzaron las dudas. Las cuotas que aparecían en los resúmenes eran más altas que las que le habían informado. Tampoco recibió el contrato ni información precisa sobre el grupo y orden del plan al que había sido incorporado.
Tiempo después, el mismo vendedor volvió a comunicarse con una nueva propuesta. Le dijo que existía una alternativa mejor: cambiar el plan y acceder a otro modelo con entrega inmediata. Para eso debía dejar de pagar el plan anterior y abrir uno nuevo a nombre de la esposa.
La pareja siguió esas indicaciones. Realizaron nuevos pagos vinculados al supuesto cambio de modelo, gastos administrativos y trámites de patentamiento. Sin embargo, la entrega del vehículo nunca ocurrió y tampoco recibieron respuestas claras sobre el estado de la operación.
Meses más tarde, el propio vendedor volvió a llamar. Según consta en la causa, durante esa conversación les dijo que había sido obligado a engañar a los clientes. De acuerdo con el relato incorporado al expediente, les manifestó que había sido «forzado por la empresa a mentir con el fin de vender».
A partir de ese momento comenzaron nuevas gestiones para intentar recuperar el dinero. En ese contexto también se registraron cargos en la tarjeta de crédito vinculados a supuestos trámites para cerrar anticipadamente el plan y gestionar la devolución de los fondos.
Ante la falta de respuestas y las irregularidades detectadas, el vecino decidió desconocer los consumos y bloquear la tarjeta. Luego inició reclamos ante el organismo de defensa del consumidor, envió cartas documento y participó en una mediación. Ninguna de esas instancias tuvo respuesta de las empresas involucradas.
El caso llegó finalmente al fuero civil de Viedma. La jueza analizó la forma en que se ofrecieron los planes de ahorro y el modo en que se desarrolló la relación de consumo.
En la sentencia se indicó que la concesionaria, a través de su vendedor, realizó «ofertas confusas y engañosas» y solicitó pagos que no correspondían. También se señaló que durante la contratación no se brindó información clara ni detallada sobre las condiciones del plan.
La jueza explicó que las empresas que participan en este tipo de operaciones tienen una responsabilidad especial frente a los consumidores. En ese sentido remarcó que «las firmas demandadas se encuentran altamente profesionalizadas y organizadas para cumplir sus cometidos en el mercado», por lo que deben actuar con mayor diligencia.
En el fallo también se concluyó que no se cumplió con el deber legal de información. Según se indicó, no se acreditó que los consumidores hubieran recibido datos claros sobre las características del plan, sus costos o las condiciones reales de contratación.
Además se advirtió que la documentación aportada reveló irregularidades. Incluso una pericia caligráfica determinó que una de las firmas que aparecía en un formulario de adhesión no correspondía al consumidor.
La jueza sostuvo que estas conductas implicaron una vulneración de derechos básicos del consumidor. Por ese motivo declaró la nulidad de los contratos vinculados a los planes de ahorro y ordenó devolver el dinero abonado, además de fijar indemnizaciones por los perjuicios sufridos.
Finalmente, el fallo también dispuso dar intervención al Ministerio Público Fiscal para que analice la posible comisión del delito penal de estafa.
Judiciales
Inició una demanda para poder hacer su viaje de 15 años
El viaje fue costeado con esfuerzo familiar y debía contar con la autorización de la mamá antes de una fecha límite fijada por la agencia de viajes.
Una adolescente de Viedma obtuvo autorización judicial para realizar su viaje de 15 años a Estados Unidos. Debió recurrir al Poder Judicial para garantizar el permiso de salida del país. El caso se tramitó el fuero de familia. El padre de la joven inició el expediente para obtener la autorización necesaria para que su hija pudiera concretar el viaje recreativo. Era el regalo familiar por sus 15 años.
Según se explicó en la presentación, el viaje fue costeado con esfuerzo familiar y debía contar con la autorización de la mamá antes de una fecha límite fijada por la agencia de viajes. Ante esa situación, el padre promovió el proceso judicial para asegurar que la adolescente pudiera realizar el viaje.
En el expediente también se dejó constancia de que la joven ya había ejercido su derecho a ser oída en actuaciones vinculadas al caso y expresó su voluntad de realizar el viaje. La madre, por su parte, manifestó que no se oponía al destino ni al carácter recreativo del viaje.
Con esos elementos, la jueza autorizó la salida del país por un período de hasta 15 días, durante los meses de mayo o junio de este año, cuando se confirme el itinerario definitivo. La sentencia también dispuso que las costas del proceso deberán ser afrontadas por la madre.
La magistrada entendió que el padre se vio obligado a iniciar el trámite judicial para obtener la autorización y que la demandada no realizó gestiones extrajudiciales que permitieran evitar el dictado de la sentencia.
Judiciales
Comenzó en Roca el juicio contra tres hombres acusados de intentar robar una vivienda
El hecho ocurrió en octubre de 2024 en una vivienda de calle Nicaragua.
Tres hombres comenzaron a ser juzgados en General Roca por un hecho ocurrido en octubre de 2024, cuando habrían intentado robar en una vivienda tras forzar el ingreso al domicilio.
El juicio se desarrolla ante un Tribunal Colegiado, ya que la Fiscalía prevé solicitar una pena superior a los 3 años de prisión. Los tres acusados llegan al debate cumpliendo prisión preventiva.
Según la acusación del Ministerio Público Fiscal, el hecho ocurrió el 29 de octubre en una vivienda ubicada en calle Nicaragua al 400. Los imputados habrían llegado al lugar a bordo de una Volkswagen Amarok, vehículo que contaba con pedido de secuestro tras haber sido robado días antes, el 24 de octubre.
De acuerdo a lo informado por la Fiscalía, los hombres forzaron el portón de ingreso y la puerta de la vivienda con la intención de apoderarse de distintos elementos.
Sin embargo, el robo no llegó a concretarse debido a la intervención de personal policial de la Comisaría 31°, que acudió al lugar tras el aviso de vecinos.
Posteriormente, los sospechosos intentaron escapar en un Ford Fiesta conducido por un menor de edad, pero tras una persecución policial fueron detenidos.
La Fiscalía los acusa como coautores de los delitos de encubrimiento agravado con ánimo de lucro, sustitución de numeración y tentativa de robo en lugar poblado y en banda, agravado por escalamiento y por la intervención de un menor de 18 años.
El debate continuará mañana miércoles (11/03) desde las 8.30 en los Tribunales de General Roca, con la declaración de los testigos convocados por las partes.
