Judiciales
Continúan trabajando en el proceso de análisis integral de expedientes en Roca
Hay aproximadamente 1.600 causas desde los Juzgados de Instrucción existentes. Para la revisión integral de las mismas se conformó un equipo de trabajo continuo para trabajar en la feria judicial.
Bajo la coordinación de la Fiscal de Cámara de Roca, Graciela Echegaray se inició, con la feria estival, el proceso de análisis integral de expedientes penales que serán revisados procurando el ingreso al nuevo Sistema Procesal Penal, al igual que en el resto de las circunscripciones judiciales de la Provincia.
En la ciudad cabecera de la Segunda Circunscripción, con sede en Roca, se recibieron a fines del mes de diciembre, hasta el momento, un total de aproximadamente 1.600 causas desde los Juzgados de Instrucción existentes. Para la revisión integral de las mismas se conformó un equipo de trabajo continuo para trabajar en la feria judicial, integrado por agentes fiscales, adjuntos y empleados.
«En primer término, se dividieron las causas por temáticas con el fin de agilizar el proceso y se fijaron pautas claras de trabajo orientadas a la optimización de la tarea y razonabilidad a la hora de revisar cada uno de los expedientes», señala la Fiscal de Cámara.
«Para organizar este tipo de trabajo se requiere de una visión macro y sistémica, pensar bajo la órbita del actual código procesal penal para diagnosticar en la proyección del nuevo código que se va a implementar», destaca la representante del Ministerio Público Fiscal.
Durante la primera semana de feria se logró depurar en forma conjunta más de 250 causas, de las cuales 150 se encuentran concluidas, y 50 se tramitó a través de la herramienta de criterio de oportunidad. Para la segunda semana, se busca duplicar el número de causas con más recursos humanos y alcanzar la meta de 500 causas, logrando terminar con un total de 1.000 expedientes revisados, analizados y con dictámenes. Para a fines de Febrero, el objetivo central es terminar con todas las causas que ingresaron en el mes de Diciembre.
Las herramientas con las que se está trabajando son diversas. Al respecto, la fiscal coordinadora remarca que «lo que se busca es revisar y analizar los expedientes desde el contexto de la prueba y aplicar otras herramientas para hacer este proceso de manera orgánica con los institutos que el Código Procesal Penal provee, entre ellos los métodos alternativos de resolución de conflictos».
Puntualizó que «sería importante contar con la mediación penal como herramienta, útil en este sistema de revisión integral, porque se beneficia a la víctima, al imputado y el sistema penal sin la afectación de los derechos de nadie y con alta satisfacción de los que intervienen» Y agregó que «están dadas las condiciones para la implementación de la mediación penal, nos falta un pasito más para ponerla en funcionamiento en la Provincia».
Cabe destacar, que las Fiscalías Descentralizadas de Villa Regina y Choele Choel, bajo la coordinación del Fiscal de Cámara Andrés José Nelli, contarán también durante el receso estival con un equipo de trabajo que se encargará del trabajo de la revisión integral de expedientes.
En este sentido, el trabajo que se viene llevando a cabo en todas las Circunscripciones Judiciales de la Provincia, surge de dos resoluciones dictadas por la Procuradora General, Silvia Baquero Lazcano, el último día hábil del 2016, pensadas para que “el proceso de implementación del nuevo Código se desenvuelva con la agilidad y fluidez requerida».
Judiciales
Fiscalía de Estado recuperó más de $8.600.000 para el sistema de salud
Una sentencia judicial obliga al responsable de un accidente vial y a su aseguradora a reintegrar los gastos médicos al IPROSS.
La Fiscalía de Estado de Río Negro obtuvo un fallo favorable que ordena la restitución de más de $8.600.000 al Instituto Provincial del Seguro de Salud (IPROSS), consolidando su rol central en la defensa del patrimonio público.
El Juzgado Civil, Comercial, de Minería y Sucesiones N 13 de Viedma hizo lugar a la demanda presentada por el organismo provincial, que actuó en representación de IPROSS. La sentencia, dictada el 1 de septiembre de 2025, obliga al responsable de un accidente vial y a su aseguradora a reintegrar los gastos médicos y asistenciales afrontados por la obra social estatal en la atención de un afiliado gravemente lesionado sobre la Ruta Nacional N° 3.
La resolución judicial reconoce el derecho de la Provincia a recuperar, mediante acción subrogatoria, los costos generados por la negligencia de terceros. El fallo también subraya la legitimidad del accionar de la Fiscalía de Estado, que promovió la demanda con éxito y aseguró una importante restitución a favor del sistema público de salud.
«Esta acción reafirma nuestro compromiso con la protección del erario provincial y la defensa activa de los recursos del sistema solidario de salud», destacó el Fiscal de Estado, Gastón Pérez Estevan.
El organismo explicó que cada peso recuperado fortalece la capacidad operativa de IPROSS y alivia la carga sobre el sistema público de salud, que no debe asumir costos ajenos a su responsabilidad.
«La estrategia de iniciar acciones judiciales busca precisamente garantizar el recupero de los gastos cubiertos por IPROSS a los afiliados cuando la responsabilidad de los daños corresponde a un tercero y a su aseguradora», destacaron desde el Gobierno.
Judiciales
Familia del Alto Valle definió el cuidado de un adulto mayor y el destino de una chacra
Fue a través del Centro Integral de Métodos Autocompositivos de Resolución de Conflictos, bajo la coordinación de la Defensa Pública de mediación.
En el Alto Valle, una mesa de mediación reunió a una familia entera que buscaba organizar el cuidado de su padre ya mayor y resolver cómo administrar una chacra de la región. La cita ocurrió el 26 de agosto de 2025 en un Centro Integral de Métodos Autocompositivos de Resolución de Conflictos, bajo la coordinación de la Defensa Pública de mediación. El proceso fue gratuito y concluyó con un acta que dejó asentados compromisos y responsabilidades.
Ese día, uno de los hijos tomó la palabra con decisión: trasladaría a su padre a su casa el 28 de agosto y se haría cargo de su cuidado cotidiano. Además, aceptó realizar los trámites previsionales para asumir la representación como apoderado y administrar los ingresos del adulto mayor.
En la misma mesa, una de las hermanas ofreció colaborar en la atención diaria. El objetivo fue claro: que quien asumiera la carga principal pudiera disponer de espacios de descanso. Se estableció que los detalles de esa ayuda se coordinarían de manera directa entre los familiares. La conversación giró luego hacia la chacra. Otro de los hermanos aceptó administrar la tierra y los animales. Dijo que se encargaría de los tributos y del cuidado del ganado. El compromiso incluyó la entrega de un grupo de vacas con sus crías a uno de sus hermanos, con retiro fijado entre el 30 y el 31 de agosto.
El tema económico también ocupó un lugar en la discusión. Varias personas se comprometieron a aportar una suma de dinero todos los meses, durante los primeros diez días, mediante transferencias a una cuenta bancaria. La mediación recogió esa decisión sin prever sanciones, solo como un acuerdo de responsabilidad compartida.
La audiencia se extendió hasta el mediodía. Dos de los hermanos decidieron no suscribir a ciertos puntos, y por eso el documento final reflejó únicamente los aspectos consensuados. La mediadora informó que lo acordado tenía carácter inmediato y obligatoriedad plena.
La reunión concluyó con la lectura del acta. Cada integrante escuchó en silencio el detalle de las fechas, las tareas y los aportes comprometidos. La tensión del inicio se transformó en un registro escrito que marcó un camino para la organización familiar. La intervención de la Defensa Pública permitió que este proceso se desarrollara sin costo y bajo un marco oficial que dio respaldo a la palabra de los participantes.
Judiciales
Pagarán hasta $80.000 por ser autoridad de mesa en las elecciones de octubre
Son $40.000 por el desempeño durante la jornada electoral y el mismo monto por la realización de la capacitación, la cual es obligatoria.
El Gobierno Nacional estableció los montos que percibirán las personas que cumplan funciones como autoridades de mesa en las elecciones nacionales del 26 de octubre de 2025. De acuerdo con la Resolución 2025-347-APN-VGI de la Vicejefatura de Gabinete del Interior se fijó una suma de reconocimiento por desempeño de $40.000, a la que se suma un monto adicional de $40.000 por la realización de la capacitación correspondiente.
Este pago aplicará únicamente a quienes resulten designados formalmente por el Poder Judicial y cumplan efectivamente su función el día del comicio. La capacitación también será obligatoria para acceder al pago adicional.
Las personas interesadas en postularse pueden realizar la inscripción a través del sitio www.padron.gob.ar/cne_autoridadesdemesa . También pueden evacuar las dudas de manera presencial en cualquiera de los 49 Juzgados de Paz del Poder Judicial de Río Negro, que colaboran activamente con la organización del proceso electoral.
La difusión de esta convocatoria se realiza en el marco de una tarea coordinada entre la Secretaría Electoral Federal del distrito Río Negro y la el Poder Judicial provincial, con el objetivo de garantizar la transparencia y la participación ciudadana en el desarrollo de los comicios.
Desde la Secretaría se recordó que capacitarse no implica la designación automática como autoridad de mesa, ya que esa definición queda a cargo del Poder Judicial. No obstante, completar la formación permite estar en condiciones de asumir el rol si se recibe la notificación formal.
Las capacitaciones se encuentran disponibles tanto en modalidad presencial como virtual, y las fechas se comunican a través del sitio web y los canales institucionales de la Cámara Nacional Electoral.
El llamado a postularse como autoridad de mesa busca reforzar la convocatoria a la ciudadanía para que forme parte activa del proceso democrático. Las autoridades remarcaron que esta tarea reviste un papel fundamental en la jornada electoral y agradecieron el compromiso de quienes decidan asumirla.
