Política
El PJ pone condiciones a endeudamiento en dólares de Weretilneck
Intendentes, Diputados y legisladores del Justicialismo rionegrino pusieron condiciones para la aprobación del proyecto de endeudamiento en dólares que pretende el gobierno provincial.
Se reunió en Las Grutas en Consejo Provincial del Partido Justicialista y luego de un extenso debate junto a intendentes, Diputados Nacionales, legisladores provinciales y concejales que integran el Frente para la Victoria, hubo acuerdo en la necesidad de fijar condiciones para la aprobación del proyecto de endeudamiento en dólares que pretende el gobierno provincial.
Como primera medida, se decidió por unanimidad, crear una comisión de intendentes y legisladores encabezada por el Presidente del PJ Martín Soria, que deberá recabar toda la información sobre el pretendido endeudamiento en dólares y sobre el plan de obras que el gobernador Alberto Weretilneck anunció que llevará adelante con el futuro empréstito.
Para garantizar el éxito de las gestiones, se acordó por unanimidad que los legisladores no prestarán acuerdo hasta tanto esta comisión no culmine su trabajo previo exigiendo información e incorporando las condiciones al eventual proyecto. Además, se fijaron las condiciones que deberá tener el proyecto de ley para el mega endeudamiento, si quiere contar con la aprobación del Bloque de Legisladores del FpV.
Las condiciones que propone el PJ son:
[mks_icon icon=»fa-angle-double-right» color=»#ff7700″ type=»fa»] Los montos que ingresen en las arcas provinciales, como consecuencia del endeudamiento establecido en la futura ley, tendrán como único destino la ejecución de obras públicas, no pudiendo el Poder Ejecutivo bajo ningún aspecto y circunstancia, dar un destino diferente ya sea parcial o temporalmente.
[mks_icon icon=»fa-angle-double-right» color=»#ff7700″ type=»fa»] El 50% del total de los fondos que ingresen como producto del empréstito a tomar por la provincia, deberán ser asignados y distribuidos entre los municipios.
[mks_icon icon=»fa-angle-double-right» color=»#ff7700″ type=»fa»] A los fines de asegurar la ejecución y pago de las obras públicas para las cuales se endeuda el patrimonio rionegrino, deberá contemplarse en el mismo instrumento legal que autorice el bono, la constitución de un Fondo Fiduciario que estará compuesto por la totalidad de fondos obtenidos en el empréstito.
Estas condiciones que se consensuaron en el encuentro, quedaron cristalizadas en una resolución que impartirá el mandato dado al Presidente del Bloque de Legisladores, Alejandro Marianao, para que haga partícipe y notifique a los restantes parlamentarios que lo integran, las que deberán proyectarse como condición sine qua non para un eventual voto favorable del empréstito a tratarse.
El Presidente del PJ, Martín Soria, dejo en claro que “acá hay un partido organizado y serio, que de manera previsible fija condiciones a favor de la transparencia y la legalidad. Para que este proyecto -en caso que salga- favorezca a los ciudadanos y no algunos sinvergüenzas que por ser un poco mas o menos chupamedias del gobernador creen que van a recibir mas obras”.
Al cierre del encuentro en el auditorio del Casino de Las Grutas, Soria agradeció a los intendentes, concejales, legisladores y a los integrantes del Concejo del Partido “por haber venido hoy acá para analizar, discutir y decidir cara a cara, como corresponde, sobre temas importantes para la provincia y nuestros municipios”.
También, el Presidente del PJ se refirió a la crisis que atraviesa el estado provincial. “Ya vimos como Weretilneck se malgastó los fondos petrolero de 1600 millones de pesos y no hizo una sola obra importante para la provincia, salvo comprar camionetas 4×4 para que pasee el ejercito de funcionarios que metió al estado a no hacer nada. O acaso no vimos todos los rionegrinos como se gasto esos fondos repartiendo subsidios a cualquiera que se le cruzara en plena campaña electoral. Que no se confundan, desde el Justicialismo no le vamos a permitir a Weretilneck que pida un crédito en dolares para pagar sueldos y poder llevar adelante una campaña electoral. Si hay alguien tan inocente como para prestarle dolares a un gobernador que hoy no puede pagar los sueldos, ese crédito deberá estar sujeto a las condiciones que exigimos desde el Justicialismo”, concluyó Soria.
Política
Plan Castello: Río Negro realizó un nuevo pago y redujo su deuda 55%
El saldo del bono se redujo de U$S 320 millones a U$S 142 millones.
El Gobierno de Río Negro realizó un nuevo pago del Plan Castello por más de U$S 41 millones, avanzando en el proceso de desendeudamiento iniciado en diciembre de 2023. De esta manera, la Provincia redujo en un 55% el saldo del financiamiento del plan.
Con el pago de U$S 41.694.412 correspondiente a la quinta cuota del Plan Castello -entre capital e intereses- el saldo del bono se redujo de U$S 320 millones a U$S 142 millones. Esto representa una disminución del 55% desde el inicio del proceso de cancelación.
Entre diciembre de 2023 y marzo de 2026, Río Negro redujo su deuda total en dólares de U$S 413 millones a U$S 302 millones, es decir, U$S 111 millones menos (-27%). En paralelo, el peso de la deuda sobre los ingresos corrientes cayó del 71% al 15%, lo que representa una mejora histórica del 79% en los indicadores de sostenibilidad fiscal.
«Este proceso de ordenamiento financiero fortalece la solvencia de la Provincia y mejora su posicionamiento ante organismos internacionales de financiamiento como el BID, la CAF y la AFD. De esta manera, Río Negro consolida su capacidad para acceder a financiamiento destinado a obras de infraestructura y proyectos estratégicos que acompañen el desarrollo productivo y el crecimiento de la provincia», indicaron desde el Ejecutivo rionegrino.
Política
Caen los fondos que recibe Río Negro por coparticipación nacional
La caída se explica principalmente por el retroceso del IVA, el impuesto que más incide en la masa coparticipable.
Río Negro registró en los primeros meses de 2026 una caída real en los fondos que recibe por coparticipación, producto de la baja en la recaudación nacional. La disminución de los ingresos por IVA, junto con una menor cantidad de días hábiles de recaudación y otros factores, configuran una tendencia a la baja que también se refleja en la actividad económica y el consumo.
De acuerdo con los datos del Ministerio de Hacienda de Río Negro, en términos reales los recursos coparticipables enviados por Nación cayeron un -7,87% en enero y un -7,7% en febrero, consolidando una volatilidad negativa marcada en los recursos coparticipados.
La coparticipación constituye una de las principales fuentes de financiamiento para las provincias, por lo que cualquier variación en la recaudación nacional impacta directamente en los recursos disponibles para sostener servicios, obras y políticas públicas.
La caída se explica principalmente por el retroceso del IVA, el impuesto que más incide en la masa coparticipable. Tras varios meses de desaceleración, registró bajas reales de -12,1% en enero y -13% en febrero, reflejando una menor dinámica de la actividad económica y del consumo.
Este escenario se vincula con la evolución del consumo a nivel nacional. Según datos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), las ventas minoristas acumulan variaciones negativas desde mayo de 2025 y en diciembre registraron una caída interanual de -5,2%. En la misma línea, la consultora Scentia informó que el consumo masivo cayó -1,1% interanual en enero de 2026.
En contraste con este contexto nacional, la recaudación propia de Río Negro muestra un comportamiento más estable, ofreciendo un resguardo relativo, aunque no exento de la desaceleración general. El impuesto sobre los Ingresos Brutos registró subas reales de 5,7% en enero y 6,2% en febrero.
La menor recaudación nacional se traslada directamente a las provincias a través de la coparticipación, reduciendo los recursos que reciben para sostener el funcionamiento del Estado y las inversiones en el territorio.
Política
Nuevas cesantías por faltas en la administración pública de Río Negro
En lo que va del 2026, se dictaron dos cesantías, 11 suspensiones sin goce de haberes y dos apercibimientos.
En los primeros meses del año, la Junta de Disciplina aplicó sanciones por faltas graves. «Las medidas ratifican la continuidad del control disciplinario para cuidar los recursos públicos y garantizar la eficiencia», indicó la secretaria de la Función Pública, Tania Lastra.
«Bajo la premisa de valorar al agente que cumple y garantizar un servicio efectivo a la ciudadanía, el Gobierno de Río Negro sostiene con firmeza el ejercicio de la potestad disciplinaria», agregó la funcionaria. En ese marco, en lo que va del 2026, se dictaron dos cesantías, 11 suspensiones sin goce de haberes y dos apercibimientos.
Desde enero de 2024, el trabajo de la Junta implicó el análisis de más de 1.000 expedientes administrativos. Este dinamismo permitió agilizar procesos históricamente demorados, logrando duplicar el promedio anual de resoluciones en comparación con años anteriores.
Como resultado de este ordenamiento, desde el comienzo de la gestión se dictaron 94 cesantías, 6 exoneraciones, 448 suspensiones sin goce de haberes y 24 apercibimientos. Asimismo, el sistema de justicia interna determinó 77 absoluciones.
«Tenemos el mandato claro de construir una administración eficiente y preparada para el futuro. Eso requiere reglas claras y tolerancia cero frente a faltas graves o abandonos de servicio, garantizando siempre procesos transparentes», afirmó Lastra.
Los motivos de las sanciones
Las actuaciones disciplinarias abarcan una amplia gama de incumplimientos en el ámbito estatal. Estas irregularidades van desde faltas en el servicio -como desatención de tareas, ausencias injustificadas o negligencia en el cuidado de insumos- hasta inconductas y conflictos interpersonales que incluyen denuncias por malos tratos, insultos y agresiones entre compañeros.
Para los casos de mayor gravedad, la ley prevé las sanciones más severas. Por un lado, la cesantía implica la desvinculación del agente con la prohibición de reingresar al Estado por un plazo de cinco años. Esta medida se aplica ante la acumulación de sanciones previas, abandono prolongado de servicio o faltas graves.
Por otro lado, la exoneración representa la medida más dura del sistema: supone la expulsión definitiva y la inhabilitación permanente para volver a trabajar en la administración pública. Esta sanción se reserva para casos extremos, como delitos dolosos con condena penal firme.
«Un proceso riguroso y transparente», aseguró Lastra
Las sanciones impuestas no son automáticas, sino el resultado de un riguroso sumario administrativo. Al detectarse una posible falta, instructores especializados investigan los hechos, reúnen pruebas y elevan un informe a la Junta de Disciplina. Este organismo, integrado por representantes del Poder Ejecutivo y vocales gremiales (ATE y UPCN), evalúa la gravedad de los hechos y los antecedentes para emitir su resolución.
La Ley Provincial prevé una escala progresiva: desde el apercibimiento y las suspensiones, hasta la cesantía (desvinculación con posibilidad de reingreso a los cinco años) y la exoneración (expulsión definitiva ante delitos con pena de prisión).
