Una fuerte polémica se desató en el Alto Valle de Río Negro tras la publicación en redes sociales de un video por parte de la diputada de la Libertad Avanza, Lorena Villaverde, en el que celebraba la caída de granizo. El temporal ocurrido en la región no sólo trajo lluvias y piedras, sino también un daño serio sobre la fruta, lo que aumentó la indignación de los fruticultores ante lo que consideraron un gesto «fuera de contexto».

La senadora electa tras las elecciones legislativas pasadas (debería asumir el 10 de diciembre) publicó una historia en su perfil de Instagram, más tarde la eliminó y luego difundió un segundo video donde pedía disculpas tras el rechazo mayoritario que habían generado sus dichos.

En el primer video Villaverde celebraba «las piedras que están cayendo acá. Que hermoso. Miren esto, alucinante, alucinante».

Tras la publicación inicial, la borró y subió una nueva en la que admitió que «su intención era resaltar la fuerza de la naturaleza, no festejar el daño que pudiera ocasionar», aunque la reacción ya se había vuelto masiva entre vecinos y productores frutícolas y el daño reputacional ya estaba hecho.

El gesto puso en evidencia la importancia de que los representantes políticos y sus asesores, monitoreen el impacto simbólico de sus declaraciones -especialmente en regiones con producción vulnerable-, y de que vivencias de los productores sean valoradas tanto en su dimensión económica como humana.

El fenómeno climático afectó zonas productoras como Cipolletti, Fernández Oro, Allen, el sur de Roca y otros sectores cercanos a la Ruta Nacional N° 22, donde los productores advirtieron marcas de granizo sobre manzanas y peras, muchas de ellas en pleno desarrollo. Esa fruta lastimada puede perder calidad comercial o resultar simplemente descartada, generando un golpe al bolsillo de quienes trabajan en el campo.

En ese marco, el video de la diputada Villaverde generó quejas no sólo por la falta de sensibilidad, sino también por la coincidencia con una de las economías más sensibles del Alto Valle.

Mientras los técnicos y chacareros evalúan el nivel de afectación de las chacras, la controversia confirma que no basta con mostrar los fenómenos naturales sino también con comprender su efecto socioeconómico.

En una reunión realizada en el Centro de Mediación de Bariloche, una madre y un padre alcanzaron un acuerdo que puso en el centro el bienestar de su hijo. En ese espacio institucional de diálogo, lograron definir la cuota alimentaria, el régimen de comunicación y, especialmente, la posibilidad de que el niño se radique en otra provincia junto a su madre. El progenitor entendió que era lo mejor para la persona menor de edad y acordó con su ex pareja quien se comprometió a facilitar el vínculo entre padre e hijo.

La mujer planteó durante la mediación la necesidad de trasladarse a otra provincia por motivos personales y familiares. No se trató de una decisión tomada de antemano, sino de una propuesta que buscó ser consensuada con el progenitor, en un ámbito que garantizó la participación de ambos y el acompañamiento profesional correspondiente.

El padre aceptó el cambio de residencia después de reflexionar sobre las condiciones de vida de su hijo y reconocer que el nuevo entorno podría significar una mejora para la madre y el niño. Su consentimiento no implicó una pérdida de vínculos, sino un modo distinto de sostener la cercanía afectiva a partir de nuevos acuerdos.

En el acta, las partes establecieron que el padre abonará una cuota alimentaria equivalente a un Salario Mínimo Vital y Móvil, a depositar mensualmente en una cuenta judicial. También pactaron un régimen de comunicación amplio, que prioriza la voluntad del niño y habilita el contacto frecuente con el padre y la familia paterna mediante llamadas y encuentros.

La madre, por su parte, se comprometió a viajar dos veces al año con el niño a Bariloche para que pueda compartir tiempo con la familia paterna. Además, deberá informar cualquier cambio de domicilio o de número telefónico para garantizar una comunicación fluida y transparente.

El entendimiento fue alcanzado en el marco del sistema de mediación del Poder Judicial de Río Negro, con la intervención de profesionales que facilitaron el diálogo y promovieron un entendimiento basado en la responsabilidad parental compartida. Lo acordado permitió que ambas partes encontraran una salida equilibrada ante un escenario complejo, sin recurrir a la confrontación y a un proceso más extenso.

Un jubilado no deberá afrontar los gastos educativos de su nieto de 20 años. Así lo resolvió el fuero de Familia de Cipolletti, al considerar que el ingreso mensual del hombre -poco más de $400.000- es insuficiente para cubrir su propio sustento, según los valores estimados por la Defensoría de la Tercera Edad.

El joven había iniciado una demanda solicitando una cuota alimentaria equivalente al 20 % de los haberes del abuelo paterno. Argumentó que su padre nunca cumplió con sus obligaciones y que su madre se hizo cargo sola de los gastos familiares. Explicó, además, que cursa una Tecnicatura y que no trabaja debido a la exigencia académica.

Durante el proceso se acreditó que el padre del joven incumplió un acuerdo de mediación y abandonó el país, mientras que el abuelo -dueño de una vivienda y jubilado- no respondió la demanda.

El Tribunal recordó que los abuelos solo pueden ser obligados a pagar alimentos de manera subsidiaria, cuando los progenitores no pueden hacerlo y siempre que esa obligación no ponga en riesgo la subsistencia del adulto mayor.

En este caso, la jueza valoró que el ingreso del jubilado está muy por debajo del costo estimado de vida de un adulto mayor, que en octubre de 2025 rondaba $1.500.000. También citó la Convención Interamericana sobre los Derechos Humanos de las Personas Mayores, que protege su autonomía y seguridad económica.

Además, el fallo destacó que el nieto ya es mayor de edad, por lo que sus necesidades alimentarias no se presumen como en el caso de niñas, niños o adolescentes. El reclamo, según la resolución, no presentó pruebas suficientes sobre los gastos educativos ni sobre la imposibilidad de solventarlos.

En función de estos fundamentos, la magistrada rechazó la demanda, al entender que trasladar esa carga al abuelo implicaría comprometer su propio bienestar y dignidad.