Luego de que el Gobierno reglamentara el Registro de Personal en Situación de Disponibilidad, mediante el cual pretende avanzar en el despido de trabajadores de la planta permanente del Estado, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) realizará una presentación judicial para frenar esta medida.

«Estamos frente a un régimen de disponibilidad manifiestamente ilegal, aún considerando las facultades extraordinarias que oportunamente fueron otorgadas. Hay un exceso del Poder Ejecutivo en sus atribuciones y de ninguna manera se cumplen los requisitos exigidos por la normativa vigente para que algún agente sea declarado en disponibilidad», indicó Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.

«La Justicia tiene que actuar de manera inmediata para volver a poner en el ejercicio de sus derechos a todo el recurso humano que reviste en la planta permanente del Estado. Sólo los gobiernos militares pusieron en disponibilidad y declararon prescindibles a los trabajadores afectando el derecho constitucional a la estabilidad. La articulación y el trabajo conjunto de todos los equipos jurídicos de nuestro sindicato, como así también la unidad política que se sigue consolidando, son los que nos ha permitido obtener resultados positivos en el último tiempo, como han sido la defensa del derecho de huelga y el Día del Empleado Público, entre otros», detalló el referente estatal.

La decisión del Gobierno fue reglamentada a través de la Resolución N° 54/25 de la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública, la cual detalla los parámetros mediante los cuales pueden dejar en disponibilidad a trabajadores con estabilidad a partir del cierre de organismos como así también por exceder la «dotación óptima necesaria», criterio completamente subjetivo que figura en el Capítulo IV art. 52 de la Ley Bases.

A partir de esto, Aguiar acordó junto a Daniel Catalano, secretario general de ATE Capital, realizar una presentación judicial conjunta para frenar esta medida. Así, ambos equipos jurídicos realizaron una reunión para formalizar la acción que será presentada ante la Justicia en las próximas horas. Por parte de la conducción nacional participó Matías Cremonte, Director del Departamento Jurídico Nacional. En tanto, por ATE Capital, concurrieron Lucas Arakaki, Jefe de Jurídicos, y Suyai Lutz, integrante del equipo de Jurídicos.

Desde el sindicato explicaron que «no se reúnen los parámetros legales exigidos por ley para declarar el pase a disponibilidad de los trabajadores afectados por las últimas reconfiguraciones de organismos en el marco de las facultades delegadas, ya que no se trata de cierre de organismos sino de reestructuraciones».

El ministro de Gobierno, Trabajo y Turismo de Río Negro, Fabián Gatti, expresó su fuerte preocupación por la reciente decisión de disolver la Dirección Nacional de Vialidad. Calificó esta política como un «acto de abandono» y una señal clara de «falta de mirada federal».

«Cerrar Vialidad Nacional es un acto de desidia y de abandono», expresó Gatti, en el marco de un contexto donde Río Negro ya había presentado una acción de amparo colectivo por el estado de abandono de la Ruta Nacional N° 151.

Respecto al enfoque actual del Gobierno Nacional en torno a la obra pública, el ministro reconoció que existe una postura crítica ligada a antecedentes judiciales, pero remarcó que «aunque se planteó que la obra puede ser llevada adelante con inversión privada, hoy no se ejecuta ni con fondos públicos ni privados». En este sentido, advirtió que «abandonar obras implica pagar el doble después. El mantenimiento de un kilómetro de ruta ronda los 300.000 a 400.000 dólares, mientras que su reconstrucción cuesta alrededor de 700.000″.

«Lo que pedimos es que se haga una cosa o la otra: inversión estatal o privada. Lo que no se puede aceptar es que no se haga ninguna. Y si la Nación no va a hacerse cargo, que transfiera la jurisdicción a la Provincia junto con los fondos correspondientes del impuesto a los combustibles», agregó.

El funcionario también recordó que todos los gobernadores del país reclamaron la transferencia de esos recursos, destinados por ley a infraestructura vial. «En Río Negro sabemos lo que significa tener equilibrio fiscal, como promueve el gobierno nacional, pero no puede ser a costa de las provincias. Están reteniendo fondos que aportamos todos», sostuvo.

En relación a la importancia de Vaca Muerta, Gatti subrayó la necesidad de contar con rutas clave en condiciones. «Con un 55% de pobreza, poner en valor este polo productivo requiere infraestructura vial como la Ruta N° 151 y la Ruta Nacional N° 22, que hoy no están a la altura de su potencial».

Sobre los cambios en organismos técnicos como el INTA y el INTI, destacó que su debilitamiento impactará directamente en actividades productivas fundamentales para la provincia: fruticultura en el Alto Valle, ganadería en la región Sur, fruta fina en la Comarca Andina y turismo en toda la región cordillerana y atlántica. «Si el gobierno busca optimizar estructuras, está bien. Pero no puede hacerlo desconociendo la realidad productiva de cada territorio», expresó.

Para finalizar, Gatti fue tajante. «Cerrar organismos sin consultar, sin diálogo, es gobernar con una mirada centralista. No se está respetando el federalismo ni se escucha a las provincias. Eso nos deja completamente solos ante el abandono», concluyó.

El ministro de Obras y Servicios Públicos, Alejandro Echarren, se refirió al deterioro que presenta la Ruta Nacional N° 151, la cual atraviesa Río Negro en sentido norte-sur pasando por Cipolletti, Cinco Saltos, Contralmirante Cordero, Barda del Medio y Catriel, entre otras localidades, contando con una extensión de 150 kilómetros. La ruta es transitada a diario por gran cantidad de personas que se movilizan entre ciudades para ir a trabajar y estudiar, siendo además una traza clave por donde circula la producción hidrocarburífera de Vaca Muerta.

En este sentido, la inacción del Estado Nacional en su mantenimiento pone en riesgo la vida de miles de rionegrinas y rionegrinos que la utilizan, obstaculizando el acceso a la salud y la educación, y perjudicando la economía regional.

Al respecto el ministro de Obras y Servicios Públicos, Alejandro Echarren aseguró que «actualmente hay un mínimo o nulo mantenimiento de las rutas nacionales, con un estado de deterioro avanzado que se acrecienta cada día, sobre todo en la zona norte de Río Negro en el límite con Neuquén: en Ruta Nacional N° 151, por donde circula toda la producción hidrocarburífera, esta ruta es la que peor estado tiene con problemas de un desgaste, pavimento que ha cumplido su vida útil, y en donde el Estado Nacional no hace control de cargas sobre el tránsito pesado».

«Todo esto aumenta el estado de deterioro con ahuellamientos de hasta 24 cm de profundidad» afirmó Echarren y agregó que «pensemos lo que hace un ahuellamiento de 24 cm para un vehículo chico que transita esa ruta; la hace extremadamente peligrosa», ejemplificó.

Por esta razón la Provincia de Río Negro impulsó días atrás un amparo judicial colectivo, junto a intendentes e instituciones, que busca que Nación asuma su responsabilidad y repare este corredor vital para miles de rionegrinos.