Judiciales
Más de 4500 expedientes penales revisados en feria judicial
Los números por Circunscripción arrojan que en General Roca se recibieron 1824 causas desde la Superintendencia Penal, de las cuales 1237 fueron revisadas.
Durante la feria estival distintos equipos de fiscales trabajaron, en toda la provincia, en la revisión integral de 4565 expedientes penales en trámite, de los más de 7000 que desde los Juzgados se enviaron a la órbita del Ministerio Público. El objetivo (por el cual se trabajó también en las dos ferias del año 2016) es analizar la totalidad de dichas causas para determinar aquellas medidas que agilicen su resolución.
Los números fueron comunicados a través de informes parciales por los fiscales coordinadores a la Procuradora General y formalizados durante el encuentro que los reunió en Viedma el viernes pasado. De la totalidad de los casos revisados, 2319 fueron finalizados luego de un minucioso análisis del hecho investigado, la prueba producida y las medidas que aún restan llevar adelante.
Los números por Circunscripción arrojan que en General Roca se recibieron 1824 causas desde la Superintendencia Penal, de las cuales 1237 fueron revisadas. En el marco de la organización del trabajo, el equipo las agrupó en función del año de inicio, comenzando por la revisión de las más antiguas. De las mismas 750 fueron concluidas durante enero, mientras en otras 298 fueron dispuestas diversas medidas, procurando agotar todas las posibilidades en el marco de la investigación. Además se determinó que 189 tendrán pronta resolución a partir de Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos que prevén acuerdo entre las partes, procurando la satisfacción del interés de la víctima. En este sentido se definió que en aquellos que concluyan con una compensación económica para la sociedad, los fondos serán transferidos a distintas organizaciones de bien público.
En la tercera circunscripción, con cabecera en San Carlos de Bariloche y que incluye entre otras las ciudades de Jacobacci y El Bolsón, se recibieron 714 causas de las cuales 230 fueron concluidas y otras 44 enviadas a la oficina de conciliación para darle pronta finalización. En tanto 440 quedan en trámite con diversas medidas requeridas.
En el Valle Medio, el número de causas analizadas en el marco de la revisión integral de expedientes asciende a 1290, de las cuales 433 fueron finalizadas, quedando las restantes en trámite. En Villa Regina, en tanto, se trabajó en este análisis durante la última semana de feria con lo cual, de los más de 1000 expedientes recibidos, 114 fueron analizados concluyéndose satisfactoriamente 89.
En la Primera circunscripción se analizaron 1296 expedientes pudiendo cerrar 498 y enviando a criterios alternativos más de un centenar. Finalmente en Cipolletti se analizaron 503 causas, de las cuales concluyeron 349. En la zona del alto valle oeste quedaron 217 causas seleccionadas para continuar el trámite procurando llegar a un juicio que resulte exitoso.
Cabe recordar que equipos permanentes continuarán trabajando en este sentido durante el resto del año, esperando llegar con la menor cantidad de expedientes en trámite al nuevo sistema, en una labor en la que intervendrá con mayor protagonismo el cuerpo de fiscales adjuntos. Además en cada una de las circunscripciones continuará el trabajo que iniciara Baquero Lazcano en Viedma los primeros días de enero, realizando un recuento físico de expedientes que fue cotejado con los registros que constan en el sistema informático judicial de la provincia; tratando de que ambos números se correspondan.
De esta forma, la Procuración General continúa con el cumplimiento de aquellos compromisos asumidos en el marco de la Comisión Interpoderes. Resta aún la redistribución de los espacios físicos ya que las obras de infraestructura necesarias aún no están finalizadas, por lo que no es posible el traslado del Ministerio Público Fiscal en ninguna de las circunscripciones judiciales.
Judiciales
Golpeó a su ex pareja hasta dejarla inconsciente y luego escapó de una comisaría: Dictaron prisión preventiva
La defensa sostuvo que el caso no debía avanzar porque la víctima no realizó la denuncia, pero la Fiscalía argumentó que el Estado debe intervenir de oficio en casos de violencia de género.
La Fiscalía formuló cargos a un hombre acusado de ingresar por la fuerza a la vivienda de su ex pareja, golpearla hasta dejarla inconsciente y luego fugarse de una Comisaría. Dispusieron la prisión preventiva por riesgo de entorpecimiento de la investigación y de fuga.
La fiscal de turno Natalia Pascual acusó al hombre por los delitos de violación de domicilio, lesiones leves agravadas por el vínculo y por violencia de género, en concurso real con hurto.
El primer hecho ocurrió el viernes (10/07) pasado cuando el acusado evadió la presencia policial apostada en la vivienda de la víctima, entró por la fuerza y la golpeó repetidamente en la cabeza hasta dejarla inconsciente.
La defensa particular, a cargo del abogado Oscar Pineda, rechazó la acusación bajo el argumento de que la víctima no realizó la denuncia penal y, por tratarse de un delito de instancia privada, el caso no debía avanzar. La fiscal rebatió esta postura señalando que los tratados internacionales de rango constitucional obligan al Estado a actuar de oficio en contextos de violencia de género, protegiendo a la víctima de forma directa.
El segundo hecho imputado ocurrió el domingo (12/07) por la tarde en la Comisaría de Lamarque, donde el acusado se encontraba alojado. El hombre pateó los barrotes de su celda hasta romper la seguridad, se apoderó del candado y escapó del edificio, aunque el personal policial logró recapturarlo a las pocas cuadras con el candado en su poder.
Para sostener los cargos, la Fiscalía presentó testimonios de los policías intervinientes, el informe médico de las lesiones, el acta de la fuga y la entrevista realizada a la víctima por el equipo de la Oficina de Atención a la Víctima (OFAVI).
Finalmente, el juez de Garantías Julio José Martínez Vivot rechazó los planteos de la defensa, dio por formulados los cargos y habilitó formalmente la investigación penal por un plazo de cuatro meses. Ante la gravedad de los hechos y la reciente fuga de la unidad policial, el magistrado resolvió aplicar la prisión preventiva efectiva hasta septiembre.
Judiciales
Declararon culpable a una ex auxiliar de un CAINA por amenazar a niños institucionalizados en Roca
Con esta resolución, ya son dos las personas declaradas responsables por los hechos ocurridos entre abril de 2021 y septiembre de 2023 en un Centro de Atención Integral, dependiente de la SENAF.
El Tribunal interviniente declaró responsable penal a una mujer que se desempeñaba como auxiliar asistencial en un Centro de Atención Integral de Niños, Niñas y Adolescentes (CAINA) de General Roca, al hacer lugar a la acusación presentada por el Ministerio Público Fiscal.
Durante el juicio quedó acreditado, según la acusación fiscal, que la imputada amenazó a niños y niñas que se encontraban institucionalizados. De esta manera, las dos personas investigadas en la causa ya fueron declaradas responsables penales.
En noviembre del año pasado, el otro imputado reconoció ser coautor del delito de amenazas y autor de abuso simple agravado por ser el encargado de la guarda, todo en concurso real. Actualmente se encuentra cumpliendo la condena impuesta.
Durante los alegatos, el fiscal Marcelo Ramos y la defensora de menores Estela Aroca Álvarez solicitaron que la mujer fuera declarada responsable penal por el delito de amenazas coactivas continuadas en calidad de coautora, planteo que fue aceptado por el Tribunal.
Según la investigación, ambos auxiliares asistenciales habrían maltratado a ocho niños y niñas entre abril de 2021 y septiembre de 2023, vulnerando la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. Además, habrían amenazado a los menores para evitar que denunciaran los hechos.
La defensa de la imputada sostuvo durante el juicio que la situación debía ser tratada en el ámbito administrativo y no en la Justicia penal. La audiencia de cesura de pena fue programada para el próximo 31 de agosto.
Judiciales
Condenan a 13 años de prisión a un integrante de la banda de violentas entraderas en Roca
El condenado admitió haber participado en ocho hechos delictivos. La pena unifica una condena previa que le había sido impuesta en suspenso.
Un hombre fue condenado a una pena única de 13 años de prisión tras reconocer su participación en ocho hechos delictivos como integrante de una asociación ilícita que cometía violentas entraderas en el Alto Valle, varias de ellas en General Roca. La sentencia fue dictada este martes mediante un juicio abreviado, luego de que el acusado admitiera su responsabilidad en los delitos investigados por el Ministerio Público Fiscal.
La pena surge de la unificación de una condena de 11 años por los hechos reconocidos con otra condena previa de 2 años de prisión condicional, que fue revocada al comprobarse que el imputado volvió a delinquir. El pedido había sido formulado por la fiscal Belén Calarco, junto a las fiscales Verónica Villarruel y Eugenia Vallejos.
Durante una audiencia realizada por videoconferencia, el juez Fernando Sánchez Freites, quien presidió el Tribunal integrado además por Luciano Garrido y Julio Martínez Vivot, detalló cada uno de los hechos atribuidos al acusado y homologó el acuerdo alcanzado entre las partes.
Los 11 años de prisión corresponden a los delitos de asociación ilícita, robos agravados por haber sido cometidos en lugar poblado y en banda, utilizando armas de fuego impropias, y en algunos casos también por privación ilegítima de la libertad agravada por el uso de violencia contra las víctimas.
Asimismo, el Tribunal hizo lugar al planteo del Ministerio Público Fiscal para revocar la condena condicional anterior, conformando una pena única de 13 años de prisión efectiva. También dispuso la declaración de reincidencia y el pago de las costas del proceso.
El condenado permanece detenido con prisión preventiva desde el inicio de la investigación y comenzará a cumplir formalmente la condena en los próximos días, ya que al aceptar el juicio abreviado renunció a los plazos de apelación.
De acuerdo con la investigación, la organización delictiva realizaba tareas de inteligencia sobre las viviendas elegidas y utilizaba vehículos previamente robados para trasladarse. Una vez en el lugar, sus integrantes ingresaban violentamente tras escalar techos y paredones, reducían a las víctimas mediante amenazas con armas de fuego, las ataban con alambres o precintos y exigían la entrega de dólares, dinero en efectivo y objetos de valor.
Además de dinero y joyas, la banda sustraía equipos electrónicos y los DVR donde se almacenaban las imágenes de las cámaras de seguridad, con el objetivo de eliminar evidencia de los robos.
La investigación fue desarrollada por una Comisión Investigativa Judicial de la Policía de Río Negro creada especialmente para esclarecer esta serie de hechos, bajo la coordinación del Ministerio Público Fiscal. La causa continúa abierta y otros 11 imputados permanecen con prisión preventiva mientras avanzan los procesos judiciales en su contra.
