Judiciales
Procesaron a De Piano y seguirá en prisión
Esta mañana fue notificado por el propio juez Rubén Norry.
El juez Rubén Norry, titular del Juzgado de Instrucción N° 2 de Roca, dictó esta mañana el procesamiento con prisión preventiva por el delito de «homicidio simple» contra el imputado Oscar De Piano, por el siniestro vial ocurrido el pasado 17 de enero en esta ciudad, del que resultó víctima fatal la ciudadana Claudia Segura.
«La prueba referida demuestra con el grado de probabilidad y provisoriedad propios de esta etapa del procedimiento tanto la existencia material del hecho intimado como la participación culpable del acusado en el mismo. Situación de por sí suficiente para que el caso sea tratado en juicio oral y público», concluyó el juez tras valorar 19 declaraciones testimoniales, actas y croquis elaborados por la Policía, test de alcoholemia que arrojó un resultado de 3,2 mg/l de alcohol en sangre, autopsia realizada a la víctima, registros de llamadas del celular del imputado, informes médicos, pericias psicológicas y priquiátricas, filmación de una cámara de seguridad y la pericia accidentológica. Esta última reflejó que al momento del impacto con la moto de la víctima, el WV Vento del imputado circulaba a una velocidad de entre «135 y 117 kilómetros por hora».
El juez destacó las conclusiones de los psiquiatras (una forense y otro por la parte querellante) quienes indicaron que pese a su estado de ebriedad, el imputado conservaba la «comprensión de la criminalidad del acto y la dirección de sus acciones», puesto que «no se encontraba en un estado de inconsciencia» que haga encuadrar el caso en la inimputabilidad prevista por el artículo 34 inc. 1 del Código Penal. Para arribar a dicha conclusión el juez enumeró también todas las acciones desplegadas por De Piano en los momentos previos y posteriores al choque, afirmando que se trató de «funciones ejecutivas y de una conducta motora compleja» que evidenciaron su estado consciente.
Tras desarrollar un análisis técnico sobre el dolo eventual y la negligencia/imprudencia -diferenciación necesaria para poder definir la calificación legal del hecho en el procesamiento- el juez tuvo por acreditado el primero y descartó el encuadre en la figura de «homicidio culposo agravado» prevista por el art. 84 bis del Código Penal.
«La conducta desplegada por el acusado no se corresponde solamente con una maniobra arriesgada signada por la imprudencia (culpa). Contrariamente, obró con indiferencia y temeridad, por cuanto tomó a su cargo la representación mortal que podía eventualmente ocurrir (dolo eventual)», sostuvo. «No estamos en presencia de una persona que airosamente confiaba en sortear el obstáculo que se le presentara debido a su conducción imprudente, sino de una persona que a pesar de tener conciencia de las condiciones en las que estaba conduciendo se decidió a seguir delante. Le es indiferente el resultado», fundamentó.
Prisión preventiva
Para disponer la medida cautelar solicitada por la Agente Fiscal y el abogado querellante, el juez sostuvo que «existen fundadas razones para considerar que el acusado se dará a la fuga a fin de evitar ser juzgado».
Analizó para ello varios «parámetros»: la gravedad del delito atribuido (homicidio simple con dolo eventual, cuya escala penal es de 8 a 25 años de prisión); la gravedad del hecho (habiendo sido la víctima una «madre de tres hijos que de modo reglamentario circulaba con su moto); el «grado de presunción de culpabilidad del acusado» (basado en «su comportamiento racional y consciente previo a cometer el hecho»); la «peligrosidad evidenciada en su accionar» (al conducir «alcoholizado y a alta velocidad en una zona residencial») y «su conciencia moral egocéntrica», reflejada por las pericias psiquiátricas, la cual «dificulta que acepte cumplir acabadamente con las leyes». Además consideró «la posibilidad cierta de reiteración de su conducta delictual» y el hecho de haber protagonizado una «conducta socialmente intolerable».
Resolución no firme
La resolución dictada hoy por el juez Norry es de naturaleza provisoria, debido a que la responsabilidad penal del imputado, la calificación legal definitiva y la pena que eventualmente corresponda aplicar se resolverán en la instancia de juicio oral y público.
Por otra parte, cabe señalar que la misma no se encuentra firme por cuanto las partes -defensa, fiscalía y querella- tienen la posibilidad de apelar total o parcialmente la resolución para que sea sometida al análisis de una Cámara Criminal.
Judiciales
Cuatro policías fueron declarados responsables por vejaciones y otros delitos contra adolescentes
Uno de los policías fue declarado autor y los otros tres partícipes necesarios. Ahora deberán atravesar la audiencia de cesura para conocer la pena.
El Tribunal Colegiado declaró hoy (24/09) responsables penalmente a cuatro policías por hechos cometidos contra dos adolescentes en junio de 2024, en el playón deportivo del barrio Alta Barda.
De esta manera, el Tribunal consideró acreditada la plataforma fáctica y la teoría del caso presentada por la Fiscalía durante el juicio. Uno de los empleados policiales fue declarado responsable en carácter de autor, mientras que los otros tres fueron considerados partícipes necesarios.
La calificación legal comprende los delitos de vejaciones y severidades, lesiones leves calificadas por el carácter de funcionario policial, privación ilegal de la libertad con abuso de función y amenazas con arma.
Los cuatro deberán atravesar ahora la audiencia de cesura de pena, instancia en la que se determinará el monto de la condena. La Fiscalía ya adelantó que solicitará que la pena sea de cumplimiento efectivo.
Como medida cautelar para asegurar el avance del proceso hacia esa próxima etapa, el Ministerio Público Fiscal había solicitado que los cuatro responsables utilicen tobillera electrónica y que se establezca una prohibición de acercamiento.
«El peligro procesal de entorpecimiento a la investigación quedó explicitado tanto en nuestros alegatos como en la resolución del Tribunal, además el de fuga también es latente», expresó el fiscal del caso, Gastón Britos Rubiolo.
El funcionario agregó que se debe tener en cuenta la ubicación territorial, que los imputados son empleados policiales y que podrían recibir o pedir ayuda para fugarse. También hizo referencia a las contradicciones acreditadas entre los acusados y otros empleados policiales durante el juicio.
Las defensas penales públicas y particulares se opusieron a la colocación de los dispositivos electrónicos. Finalmente, el Tribunal resolvió que los cuatro realicen presentaciones semanales ante la Fiscalía que lleva adelante el caso.
El proceso continuará cuando las partes presenten la prueba con la que cuentan para atravesar el juicio de cesura de pena y la Oficina Judicial establezca la fecha de la audiencia.
Judiciales
Una hermana de la vida: Autorizaron a una mujer a donarle un riñón a su amiga
La donante y la receptora se conocieron en 2017 y construyeron una amistad que se extendió a sus familias. Los estudios confirmaron que son compatibles.
«Una hermana de la vida». Así definió una mujer a su amiga de varios años al explicar ante la Justicia por qué decidió donarle uno de sus riñones. El vínculo comenzó en 2017, cuando ambas se conocieron en un espacio de trabajo comunitario de Bariloche, y con el tiempo se extendió también a sus familias.
La receptora se encuentra en lista de espera para un trasplante renal desde el año pasado y necesita realizar tratamiento de diálisis. Su amiga decidió postularse como potencial donante y comenzó los estudios médicos correspondientes. Los análisis determinaron que ambas son compatibles.
La situación requería, sin embargo, una autorización judicial. La Ley N° 27.447 permite la donación de órganos en vida entre determinados vínculos familiares, cónyuges o convivientes, pero una relación de amistad no está incluida dentro de esa enumeración.
Por ese motivo, el pedido fue presentado mediante una medida autosatisfactiva ante el fuero de Familia de Bariloche. El objetivo fue acreditar que la donación era voluntaria, que la mujer conocía los riesgos de la intervención y que no existía dinero, compensación ni otro beneficio detrás de su decisión.
La urgencia también fue analizada. Una pericia médica estableció que la postergación u omisión del tratamiento de diálisis podía provocar complicaciones sistémicas severas, mientras que el trasplante permitiría discontinuarlo y representaría un beneficio clínico para preservar la salud de la receptora.
La potencial donante fue evaluada por profesionales médicos, psicólogos y trabajadores sociales. Los estudios confirmaron la compatibilidad inmunológica y analizaron su estado de salud y los riesgos asociados a vivir con un solo riñón. La evaluación psicológica concluyó que comprendía los alcances, riesgos y consecuencias de la intervención.
También se analizó el vínculo entre ambas. La mujer explicó que se trataba de una amistad cercana de varios años y que había decidido donar el órgano más de un año antes. Los informes señalaron que su voluntad estaba vinculada con el deseo de ayudar a su amiga a mejorar su calidad de vida.
Dos testigos declararon ante el tribunal y dieron cuenta de la relación entre las mujeres y de las circunstancias en las que conocieron la decisión de donar.
La donante además ratificó su voluntad en una audiencia y fue informada de que puede arrepentirse hasta el momento de la cirugía, sin necesidad de justificar la decisión y sin que esa retractación le genere una obligación.
La receptora también fue evaluada y las pericias determinaron que comprende el procedimiento, sus riesgos y la importancia que el trasplante tiene para su salud.
Con todos esos elementos, la Justicia tuvo por acreditada la relación de amistad, la voluntad libre de la donante y la inexistencia de pagos o retribuciones. De esta manera, autorizó la ablación de un riñón para su posterior implante a su amiga.
Ahora, el trasplante deberá cumplir las restantes exigencias médicas y contar con el dictamen favorable del equipo que llevará adelante la intervención.
Judiciales
Se lesionó mientras trasladaba una escalera durante la cosecha y deberá ser indemnizada
El accidente ocurrió mientras trasladaba una escalera dentro del establecimiento donde trabajaba como cosechadora temporaria. La ART había aceptado el siniestro, pero no hubo acuerdo sobre el monto de la indemnización.
Una trabajadora que se desempeñaba como cosechadora de cerezas sufrió un accidente laboral durante una jornada de temporada y deberá recibir una indemnización superior a la que había sido calculada inicialmente por la aseguradora.
El accidente ocurrió una mañana, cuando la mujer tomó una escalera para trasladarla dentro del establecimiento. En ese momento, la lanza se cerró de manera repentina y el mecanismo le atrapó los dedos anular y medio de la mano derecha. El dolor que sufrió le impidió continuar con la jornada.
La empresa denunció el hecho ante la aseguradora, que aceptó el siniestro y le brindó atención médica. Una vez otorgada el alta, la trabajadora acudió a la Comisión Médica de Roca, donde se determinó que las secuelas le habían provocado una incapacidad laboral permanente del 10,19%.
La mujer aceptó el porcentaje establecido, pero rechazó el monto ofrecido en concepto de indemnización. Al no alcanzarse un acuerdo, quedó habilitada la vía judicial y posteriormente inició una demanda contra Asociart ART.
El reclamo no cuestionaba el porcentaje de incapacidad, sino la suma que correspondía cobrar. La aseguradora reconoció el accidente y las prestaciones médicas brindadas, pero rechazó el monto reclamado al considerar que había sido calculado sobre un salario mensual incorrecto y con una actualización que no correspondía.
La Cámara Laboral de Roca analizó los salarios anteriores al accidente y los días efectivamente trabajados, teniendo en cuenta que se trataba de una trabajadora de temporada.
Para establecer la reparación, aplicó las pautas de la Ley de Riesgos del Trabajo, la Ley N° 26.773 y la doctrina fijada por el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro en el precedente Leiva.
Con esos parámetros, el Tribunal tomó el porcentaje de incapacidad del 10,19% y realizó el cálculo correspondiente con las actualizaciones previstas para este tipo de accidentes.
Finalmente, hizo lugar a la demanda y condenó a Asociart ART a pagar la indemnización dentro de los diez días posteriores a la notificación de la sentencia, incluyendo los intereses calculados y los que correspondan hasta el efectivo pago.
La resolución todavía no se encuentra firme y puede ser apelada.
