Judiciales
Imponen multa e inhabilitación para subcomisario por «incumplimiento de deberes de funcionario público»
Igualmente, el acusado fue absuelto del delito de «negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública» por el que había sido requerido a juicio.
La Cámara Criminal Primera de Roca declaró a un subcomisario de la Policía Rionegrina responsable del delito de «incumplimiento de los deberes de funcionario público» y le impuso como pena el pago de una multa de 7.000 pesos y una inhabilitación especial por 6 meses. En el mismo fallo absolvió al efectivo policial del delito de «negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública» por el que había sido requerido a juicio.
La sentencia tuvo el voto rector del juez Daniel Tobares y la adhesión de sus pares Emilio Stadler y Oscar Gatti. Los jueces tuvieron por acreditado que a partir de julio de 2012 el subcomisario Claudio Marcelo Rodríguez Gilavert, mientras estuvo al mando del Gabinete de Criminalística de Roca, «no evitó» que el policía retirado y dueño de la consultora pericial privada “HH”, Héctor «Lechu» Hernández, consultara documentación reservada que estaba archivada en los biblioratos del Gabinete, correspondiente a siniestros viales y pericias accidentológicas.
«El reproche penal no se sustenta en las visitas de Hernández al Gabinete, sino en que el titular de la dependencia no evitó que consulte la información ‘sensible’ que estaba archivada. Ello únicamente podía suceder por orden judicial y cuando se tratare de un perito de parte designado conforme al código de procediendo penal vigente», precisó el Tribunal para explicar el alcance del delito.
«Rodríguez, como Jefe del Gabinete de Criminalística, tenía como obligaciones (…) asegurar el normal desenvolvimiento de los servicios internos y externos de la Unidad, por medio de su supervisión. Era el responsable de la administración funcional de la dependencia. En esa calidad, omitió tomar los recaudos necesarios para evitar que un particular ajeno al Gabinete accediera a las actas de las pericias accidentológicas, tomando conocimiento de las mismas, sin una orden judicial. Tampoco impidió, pudiendo hacerlo, que Hernández accediera a la computadora ubicada en la ‘cuadra’, donde se encuentran los archivos con fotografías, corriendo el riesgo que pudiera modificarlos dada la precariedad del sistema informático existente en la dependencia», señaló la Cámara.
Las carpetas consultadas por el perito privado, según enfatizó la fiscalía, «tienen nombres de personas, datos personales y de accidentes, información muy buena para estudios jurídicos, para lograr clientela o influencia dentro de los procesos»; de allí la importancia de su correcto resguardo.
Por otra parte, los jueces coincidieron con el criterio del fiscal de Cámara Andrés José Nelli, quien en su alegato final resolvió no acusar al subcomisario por el delito de «negociaciones incompatibles», afirmando la inexistencia de prueba suficiente para ello.
Al definir el monto de la pena, teniendo en cuenta la escala legal que va de 750 pesos a 12.500 pesos de multa, e inhabilitación de especial de un mes a un año, el Tribunal impuso una multa de 7.000 pesos y una inhabilitación de 6 meses valorando «como atenuantes, la buena impresión personal recibida en la audiencia; que no registra antecedentes penales computables; la foja de servicios que posee en la Policía de Río Negro, sin sanciones de ningún tipo, su contracción al trabajo puesta de manifiesto en ese mismo legajo, y el buen concepto del que goza en la institución policial, que posee familia a cargo», y como agravantes «su grado de instrucción y los años de experiencia como funcionario público de la policía de Río Negro, gozando de un amplio conocimiento de los deberes a su cargo».
En cuanto a la inhabilitación, el fallo aclaró que «no incluye el desempeño de tareas puramente administrativas en cualquier comisaría o subcomisaría de la provincia, conservando su estado policial».
Judiciales
Investigan nuevos robos violentos vinculados a una banda que operaba en Río Negro y Neuquén
Los hechos ocurrieron en Cipolletti y presentan el mismo modus operandi que otros robos investigados en la zona.
Un hombre acusado de integrar una asociación ilícita vinculada a una serie de robos agravados en Río Negro y Neuquén sumó este jueves (18/06) dos nuevas imputaciones por hechos ocurridos en la ciudad de Cipolletti durante 2025.
La formulación de cargos fue realizada por la fiscal jefe Belén Calarco y la fiscal Eugenia Vallejos, quienes atribuyeron al imputado su participación en dos violentos asaltos cometidos el 26 de julio y el 10 de septiembre del año pasado.
El acusado participó de la audiencia en condición de detenido, ya que permanece bajo prisión preventiva desde noviembre de 2025 en el marco de otra investigación por delitos similares cometidos en General Roca.
Según la acusación fiscal, ambos hechos presentaron un mismo modus operandi. El grupo realizaba tareas previas de vigilancia sobre las viviendas elegidas, llegaba en vehículos previamente robados e ingresaba por sectores traseros de las propiedades tras escalar paredes y techos. Una vez dentro, reducían a las víctimas mediante armas de fuego y las inmovilizaban con alambres o precintos.
De acuerdo con la investigación, los delincuentes exigían dinero en dólares y la ubicación de cajas fuertes para sustraer efectivo, oro, dispositivos electrónicos y otros elementos de valor. Además, se llevaban los DVR que almacenaban las grabaciones de las cámaras de seguridad para evitar dejar registros de los hechos.
Las fiscales indicaron que la vinculación del imputado con estos nuevos episodios surge de diversas medidas de investigación realizadas por la Comisión de Investigación Judicial, entre ellas el análisis de registros fílmicos, impactos de antenas de telefonía, reportes telefónicos y pericias efectuadas por la Oficina de Investigación de Telecomunicaciones (OITel) del Ministerio Público.
Durante la audiencia, la defensa particular no presentó objeciones y el juez de Garantías tuvo por formulados los cargos en los términos planteados por el Ministerio Público Fiscal.
Desde la Fiscalía destacaron que la incorporación de estos nuevos hechos responde a una estrategia de trabajo coordinada impulsada por el Fiscal General Fabricio Brogna, orientada a optimizar recursos y unificar investigaciones vinculadas a robos agravados con características similares ocurridos en la Segunda y Cuarta Circunscripción Judicial de Río Negro.
Judiciales
La Justicia frenó la demolición de la vivienda construida en el Área Natural Protegida Paso Córdoba
El Tribunal ordenó al Municipio abstenerse de realizar cualquier acto de demolición hasta que se resuelva el fondo de la causa.
La Cámara de Apelaciones Civil resolvió un recurso de apelación interpuesto en el marco de una causa iniciada contra la Municipalidad de Roca. El conflicto se vincula con la validez de los actos administrativos que ordenan la demolición de un inmueble ubicado en el Área Natural Protegida de Paso Córdoba y con la solicitud de una medida cautelar de no innovar.
En primera instancia se había rechazado la medida cautelar solicitada con el fundamento principal de que no se encontraba acreditado el peligro en la demora y de que la eventual ejecución de la demolición no resultaba inminente.
Frente a esa decisión, la sentencia fue apelada. Los dueños explicaron que la situación había cambiado de manera sustancial debido a actos administrativos posteriores que realizó la comuna que habilitarían la ejecución directa de la demolición, sin necesidad de intervención judicial previa. También afirmaron la existencia de un daño inminente, la afectación del derecho a la vivienda y la ausencia de un estudio de impacto ambiental.
La Cámara examinó los agravios y revisó la decisión. En primer lugar, consideró que el análisis sobre el peligro en la demora había sido insuficiente, ya que no se valoraron adecuadamente las actuaciones administrativas posteriores incorporadas al expediente.
Señaló que la eventual ejecución de la demolición podía tornar ilusoria la sentencia definitiva, dado que el objeto del litigio podría desaparecer antes de resolverse el fondo del asunto. Destacó además que la demolición de un inmueble implica un efecto material difícil de revertir, lo que refuerza la necesidad de tutela preventiva.
Respecto del planteo ambiental, la Cámara descartó que la falta de un estudio de impacto ambiental constituyera por sí sola un fundamento decisivo para la medida cautelar. Sin embargo, también señaló que los argumentos sobre posibles daños ambientales carecían de sustento concreto en la resolución apelada.
Sobre la verosimilitud del derecho, el tribunal indicó que no correspondía anticipar un pronunciamiento sobre la validez o nulidad de los actos administrativos cuestionados en esta etapa. Aun así, consideró que existía una apariencia suficiente de derecho para justificar una tutela precautoria, sin emitir juicio definitivo sobre el fondo.
Finalmente, la sentencia interlocutoria concluyó que se configuraban los requisitos para la procedencia de la medida cautelar solicitada. En consecuencia, resolvió revocar la sentencia de primera instancia y hacer lugar a la medida de prohibición de innovar.
Así, ordenó a la Municipalidad de Roca abstenerse de ejecutar actos materiales de demolición, remoción o alteración de las construcciones existentes en el inmueble hasta el dictado de la sentencia definitiva o hasta que cambien las circunstancias que justificaron la decisión.
Judiciales
Hallaron sana y salva a la mujer que era buscada en Roca
Tras varios días de incertidumbre, la mujer de 35 años se presentó por sus propios medios en su domicilio.
Fuentes policiales confirmaron que fue hallada la mujer de 35 años que era intensamente buscada en General Roca desde el pasado martes (09/06), cuando fue vista por última vez alrededor de las 13.30 horas.
La búsqueda se había iniciado luego de que familiares cercanos radicaran una denuncia por averiguación de paradero en la Comisaría 31°, ubicada sobre calle Panamá al 2400. A partir de ese momento, la Policía difundió un pedido de colaboración a la comunidad con el objetivo de obtener información que permitiera localizarla.
Finalmente, durante la jornada de este martes (16/06), la mujer se presentó por sus propios medios en su domicilio.
De esta manera, quedó sin efecto el pedido de búsqueda y se dio por finalizado el operativo que se había desplegado para intentar dar con su paradero.
