Judiciales
Imponen multa e inhabilitación para subcomisario por «incumplimiento de deberes de funcionario público»
Igualmente, el acusado fue absuelto del delito de «negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública» por el que había sido requerido a juicio.
La Cámara Criminal Primera de Roca declaró a un subcomisario de la Policía Rionegrina responsable del delito de «incumplimiento de los deberes de funcionario público» y le impuso como pena el pago de una multa de 7.000 pesos y una inhabilitación especial por 6 meses. En el mismo fallo absolvió al efectivo policial del delito de «negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública» por el que había sido requerido a juicio.
La sentencia tuvo el voto rector del juez Daniel Tobares y la adhesión de sus pares Emilio Stadler y Oscar Gatti. Los jueces tuvieron por acreditado que a partir de julio de 2012 el subcomisario Claudio Marcelo Rodríguez Gilavert, mientras estuvo al mando del Gabinete de Criminalística de Roca, «no evitó» que el policía retirado y dueño de la consultora pericial privada “HH”, Héctor «Lechu» Hernández, consultara documentación reservada que estaba archivada en los biblioratos del Gabinete, correspondiente a siniestros viales y pericias accidentológicas.
«El reproche penal no se sustenta en las visitas de Hernández al Gabinete, sino en que el titular de la dependencia no evitó que consulte la información ‘sensible’ que estaba archivada. Ello únicamente podía suceder por orden judicial y cuando se tratare de un perito de parte designado conforme al código de procediendo penal vigente», precisó el Tribunal para explicar el alcance del delito.
«Rodríguez, como Jefe del Gabinete de Criminalística, tenía como obligaciones (…) asegurar el normal desenvolvimiento de los servicios internos y externos de la Unidad, por medio de su supervisión. Era el responsable de la administración funcional de la dependencia. En esa calidad, omitió tomar los recaudos necesarios para evitar que un particular ajeno al Gabinete accediera a las actas de las pericias accidentológicas, tomando conocimiento de las mismas, sin una orden judicial. Tampoco impidió, pudiendo hacerlo, que Hernández accediera a la computadora ubicada en la ‘cuadra’, donde se encuentran los archivos con fotografías, corriendo el riesgo que pudiera modificarlos dada la precariedad del sistema informático existente en la dependencia», señaló la Cámara.
Las carpetas consultadas por el perito privado, según enfatizó la fiscalía, «tienen nombres de personas, datos personales y de accidentes, información muy buena para estudios jurídicos, para lograr clientela o influencia dentro de los procesos»; de allí la importancia de su correcto resguardo.
Por otra parte, los jueces coincidieron con el criterio del fiscal de Cámara Andrés José Nelli, quien en su alegato final resolvió no acusar al subcomisario por el delito de «negociaciones incompatibles», afirmando la inexistencia de prueba suficiente para ello.
Al definir el monto de la pena, teniendo en cuenta la escala legal que va de 750 pesos a 12.500 pesos de multa, e inhabilitación de especial de un mes a un año, el Tribunal impuso una multa de 7.000 pesos y una inhabilitación de 6 meses valorando «como atenuantes, la buena impresión personal recibida en la audiencia; que no registra antecedentes penales computables; la foja de servicios que posee en la Policía de Río Negro, sin sanciones de ningún tipo, su contracción al trabajo puesta de manifiesto en ese mismo legajo, y el buen concepto del que goza en la institución policial, que posee familia a cargo», y como agravantes «su grado de instrucción y los años de experiencia como funcionario público de la policía de Río Negro, gozando de un amplio conocimiento de los deberes a su cargo».
En cuanto a la inhabilitación, el fallo aclaró que «no incluye el desempeño de tareas puramente administrativas en cualquier comisaría o subcomisaría de la provincia, conservando su estado policial».
Judiciales
Por una apuesta familiar la inscribieron con otro nombre: 60 años después logró cambiarlo
El fallo consideró que existían “justos motivos” para el cambio, por el sufrimiento que le generó y por el uso habitual de su nombre elegido.
Una mujer del Alto Valle logró una resolución histórica: el Poder Judicial de Cipolletti autorizó el cambio de su nombre, inscripto hace más de 6 décadas a raíz de una apuesta familiar.
La historia comenzó a principios de los años ‘60, cuando su padre acudió solo al Registro Civil para inscribirla. En la puerta, un primo lo desafió a anotarla con un nombre inusual, elegido al azar. El hombre aceptó la broma, sin imaginar que ese gesto definiría parte de la vida de su hija.
Desde niña, la mujer soportó burlas y humillaciones por su nombre. En la adolescencia abandonó la escuela para evitar oírlo en público y, ya de adulta, evitó todo trámite donde figurara su documento. «No tramitó pasaporte, ni tarjetas de crédito, ni se inscribió en su jubilación», indica el fallo. Incluso en su casamiento, escuchar su nombre en voz alta fue una experiencia dolorosa.
Durante décadas, se presentó socialmente con otro nombre -una inicial, ‘A.’, en los documentos judiciales-, el mismo que usó en su entorno, en redes sociales y en actividades artísticas. En agosto de 2025, inició una acción judicial para reemplazar los prenombres impuestos por el que la representaba realmente.
El pedido fue acompañado por testimonios, capturas de pantalla, certificados y un informe técnico interdisciplinario que concluyó que el cambio sería «una forma simbólica de reparación».
Tanto el Ministerio Público Fiscal como el Registro Civil avalaron el pedido. El tribunal de Familia consideró que existían «justos motivos» conforme al Código Civil y Comercial, que contempla la modificación cuando el nombre afecta la personalidad o cuando la persona usa habitualmente otro.
En noviembre de 2025, la Justicia ordenó eliminar los prenombres originales y rectificar su partida de nacimiento, reconociendo oficialmente su identidad elegida.
Después de 60 años de cargar con un nombre impuesto por una broma, la mujer consiguió finalmente llamarse como siempre quiso.
Judiciales
Nuevos elementos del celular de la víctima reconfiguran la investigación por el crimen de Julián Dobra de la Canal
El juez de Garantías declaró la causa como compleja y extendió el plazo de investigación hasta mayo de 2026.
El Ministerio Público Fiscal de la Segunda Circunscripción reformuló cargos en la causa que investiga el homicidio de Julián Dobra de la Canal, ocurrido el 17 de abril pasado en General Roca. La medida se basó en nuevos elementos incorporados a la investigación, principalmente el análisis del celular de la víctima, que permitió precisar detalles sobre el hecho y las responsabilidades de cada imputado.
Según la hipótesis fiscal, el crimen ocurrió entre las 19.48 y las 20.23, en una zona ubicada detrás de la defensa aluvional. En ese lapso, cuatro hombres agredieron a la víctima con golpes y un arma de fuego, cumpliendo un plan previamente ideado por una quinta persona.
Dobra fue arrastrado y abandonado detrás de unos arbustos, donde finalmente falleció a causa de las lesiones en el cráneo. Posteriormente, los agresores se apoderaron de su automóvil y lo utilizaron para ingresar a su departamento, donde sustrajeron una bicicleta y una consola de juegos.
Además, se acreditó que un sexto implicado omitió brindar información sobre el paradero de la víctima pese a conocer lo ocurrido, mientras que un séptimo hombre ocultó el vehículo sustraído en una vivienda de calle Urquiza.
El análisis del celular, clave para el avance de la causa
El avance de la investigación se fortaleció a partir del trabajo técnico de la Oficina de Investigación en Telecomunicaciones (OITel) de la Procuración General, que logró acceder al contenido del celular de Dobra sin necesidad de enviarlo al exterior.
Del dispositivo se recuperaron más de 1.400 puntos de geolocalización, registros de llamadas, mensajes, videos e imágenes que vinculan directamente a los imputados entre sí y con la víctima.
La información fue cotejada con testimonios, informes del 911 y pericias previas, confirmando la hipótesis del Ministerio Público.
También se hallaron mensajes entre los acusados donde coordinaban acciones posteriores al homicidio, como ocultar el vehículo e incluso intentar incendiarlo.
7 imputados y causa declarada compleja
Dos de los implicados fueron acusados de homicidio triplemente agravado (por el concurso premeditado de dos o más personas, por el uso de arma de fuego y por la intervención de menores). A uno de ellos se le sumó el cargo de hurto calificado por el uso de llave verdadera sustraída.
Tres personas menores de edad fueron imputadas por los mismos delitos en concurso real con hurto calificado, y un cuarto adolescente también fue acusado de portación ilegal de arma de fuego de uso civil. Los dos restantes fueron imputados por encubrimiento agravado.
Durante la audiencia, las partes debatieron sobre la complejidad del caso. Finalmente, el juez de Garantías admitió la reformulación de cargos y declaró la causa como compleja, extendiendo el plazo de investigación hasta el 9 de mayo de 2026.
El magistrado también resolvió prorrogar la prisión preventiva de los imputados mayores de edad hasta esa fecha, y mantener las medidas cautelares para los menores. Uno de ellos deberá presentarse periódicamente ante la Fiscalía.
Judiciales
Fue liberado al mediodía y volvió a ser detenido horas después
Un hombre con antecedentes por violencia y daños fue arrestado nuevamente tras violar una orden judicial y causar destrozos en una vivienda de la zona rural.
Personal de la Comisaría 22º de Cervantes detuvo nuevamente a un hombre por desobediencia judicial y daños, pocas horas después de haber recuperado la libertad por una causa de similares características.
El hecho ocurrió durante la tarde del martes (04/11), cuando la unidad policial recibió un llamado alertando sobre disturbios en una chacra ubicada en la zona rural. Al llegar al lugar, los efectivos constataron que el individuo se encontraba causando daños en una vivienda, pese a tener una prohibición de acercamiento vigente hacia ese domicilio.
El hombre había forzado y dañado la puerta de ingreso, por lo que fue aprehendido en el lugar y trasladado a la dependencia policial.
De acuerdo con la información oficial, el mismo sujeto había sido liberado horas antes, en cumplimiento de un oficio emitido por el Juzgado de Garantías de General Roca, tras haber estado detenido por otro hecho de similares características.
Intervino en el caso la Fiscalía N° 7, que dispuso que el hombre permanezca nuevamente detenido mientras avanza la investigación.
