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Sociedad

Presentarán propuesta para que gobiernos adquieran fruta para instituciones estatales

Odarda propone un plan de emergencia para paliar la crisis de los productores frutícolas de la región.

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La senadora nacional Magdalena Odarda (Frente Progresista CC ARI), aseguró que se siente preocupada por la situación de la fruticultura y de sus principales actores, los pequeños y medianos productores, ya que al verse dificultada las exportaciones por nuevos competidores en el mercado, sumado al ingreso de fruta del país vecino Chile a la Argentina, millones de toneladas de peras y manzanas corren el riesgo de perderse.

En función de ello, presentará al gobierno provincial y también al nacional, una propuesta de emergencia de compras institucionales por parte del Estado para proveer a escuelas, hospitales, cárceles y demás instituciones que reciban provisiones de fruta el cual se llevaría a cabo a través de las Cámaras de Productores o instituciones intermedias que éstas designen. Cabe destacar que antes, como legisladora provincial, Odarda había presentado una medida similar junto al Movimiento de Mujeres en Lucha.

Consultada ya esta nueva iniciativa con los dirigentes frutícolas de la provincia, Odarda adelantó que «los objetivos de su plan son crear una alternativa de comercialización para los productores primarios que enfrentan desde hace tiempo un mercado que no solo no les permite llegar a un precio de venta superior al costo de producción, sino que además no alcanza la demanda a absorber la producción de los Valles frutícolas».

Asimismo, explicó que «somos conscientes de que no estamos hablando de grandes cantidades de comercialización, pero serviría a un gran número de productores que deseen sumarse al plan y además esta propuesta avanzaría sobre una modalidad que se viene buscando en el resto del mercado frutícola que es la eliminación de intermediarios en la cadena de comercialización».

«El objetivo fundamental es que la fruta no quede en la planta y se pierda, que los establecimientos educativos, hospitalarios, centros de abuelos, etc, dispongan de fruta fresca con todos los nutrientes necesarios, y por sobre todo, que el Gobierno dé el ejemplo, pagando al productor el precio justo por la fruta entregada», precisó la senadora.

Odarda sostuvo que «los productores se deberían encargar de entregar la fruta con los requerimientos sanitarios básicos y el Estado se encargaría de la distribución».

«El precio del producto será fijado por las Cámaras y el Estado, estando por encima del costo de producción que fija la Mesa de Contractualización Frutícola una vez al año donde participa además el INTA. El precio pautado no deberá ser superior al precio fijado por intermediarios, quienes podrían actuar de proveedores para esta ocasión”, señaló la legisladora nacional.

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Roca

Roca puso en marcha una obra clave: Comenzó el conector vial de calle Güemes

Se intervendrá el tramo entre Jujuy y Mendoza con mejoras integrales.

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Con el objetivo de mejorar la circulación y la conectividad urbana, el Municipio de General Roca comenzó la ejecución de una nueva obra vial sobre calle Güemes.

Se trata del conector vial Gral. M.M. Güemes, que abarca el tramo comprendido entre las calles Jujuy y Mendoza. El proyecto contempla pavimentación, construcción de cordón cuneta y badenes, además de la incorporación de estacionamientos a 45° y señalización horizontal.

Asimismo, se realizarán obras complementarias como la colocación de alcantarillas en calles Formosa, Río Negro y Norberto Blanes.

Esta intervención forma parte del Plan de Conectividad e Infraestructura Vial, que prevé una serie de mejoras en arterias clave de la ciudad para facilitar la circulación vehicular y la integración entre distintos sectores.

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Política

El bloque opositor constituye mayoría en el Consejo Superior del IUPA y exige condiciones para una transición democrática plena

El 30 de marzo se llevará adelante la primera sesión del Consejo Superior, donde se elegirán las nuevas autoridades que conducirán la institución.

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Los comicios celebrados los días 15 y 16 de marzo en el Instituto Universitario Patagónico de las Artes (IUPA) han dado como resultado la conformación de un bloque opositor mayoritario en el Consejo Superior, integrado por las fuerzas Lista 10, La Tercera, La Pugliese, La 17 y Unesa. Este bloque, que se identifica como Consejeros Electos por la Transparencia, emitió un comunicado manifestando su posición ante la comunidad universitaria y la opinión pública.

«El bloque opositor reconoce y valida la elección de los consejeros estudiantiles de La 17 y Unesa, obtenida de manera transparente y ajustada a derecho, con la presencia de autoridades de mesa reconocidas en los padrones oficiales y fiscales de todas las fuerzas participantes del acto electoral de la sede central», indicaron.

Asimismo, «desconoce los resultados irregulares provenientes de las urnas de las dependencias adicionales y autoridades de mesa (Disposición N° 005/2026), debidamente observadas por las listas en instancias previas y durante el acto eleccionario».

Además, el bloque opositor denunció que las autoridades normalizadoras «están realizando una manipulación maliciosa de la información al difundir resultados electorales a través de medios oficiales sin respaldo documental alguno, sin haber puesto a disposición de las fuerzas políticas ningún tipo de documentación oficial que los acredite. Este proceder constituye un acto de negligencia institucional que vicia de nulidad cualquier comunicación oficial en ese sentido».

En virtud de lo expuesto, el bloque considera pertinente la creación de una comisión de investigación sobre las actuaciones de la Junta Electoral a lo largo de todo el proceso electivo, con el objetivo de analizar si las acciones llevadas adelante han cumplido con los principios de transparencia e imparcialidad que deben regir todo acto democrático. El bloque se reserva el derecho de iniciar sumarios administrativos, disciplinares y legales si las irregularidades verificadas así lo requirieran.

Finalmente manifestaron que las fuerzas que conforman el bloque opositor electo exigen condiciones plenas para ejercer su mandato como representantes democráticos en la primera sesión del Consejo Superior, prevista para el 30 de marzo, instancia en la que se elegirán las nuevas autoridades que conducirán el período democrático de la universidad de las artes de la provincia.

Todas las autoridades designadas por el rector normalizador deben dar lugar a la nueva conducción elegida por los representantes democráticos. Esto incluye al rector, vicerrector, directores y secretarios. «No puede haber democracia universitaria plena mientras persistan en sus funciones autoridades no surgidas del voto de la comunidad», indicaron.

«El IUPA le debe a su comunidad una universidad democrática, transparente y abierta. Ese es el mandato que recibimos en las urnas y ese es el compromiso que asumimos», concluye el comunicado firmaron por Consejeros Electos por la Transparencia (Lista 10, La Tercera, La Pugliese, La 17 y Unesa).

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Política

Tensión en el IUPA tras las elecciones: Impugnaciones, acusaciones y disputa por el Consejo Superior

La oposición asegura haber logrado mayoría, mientras el oficialismo reivindica el resultado electoral.

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Las elecciones en el Instituto Universitario Patagónico de las Artes (IUPA), realizadas entre el domingo (15/03) y el lunes (16/03), marcaron un hecho clave en el proceso de normalización institucional, pero derivaron en un fuerte conflicto político y denuncias cruzadas entre distintos sectores de la comunidad universitaria.

Desde la institución se destacó la participación de docentes, estudiantes y personal no docente en la elección de representantes para el Consejo Superior, el máximo órgano de gobierno. Según el escrutinio provisorio, la lista oficialista La Unión obtuvo un amplio respaldo en varios claustros.

Sin embargo, la oposición y sectores estudiantiles denunciaron irregularidades en el proceso electoral. Agrupaciones opositoras, entre ellas la Lista 10 -que es la que más sufragios recibió de la oposición- impugnaron el resultado al sostener que se incorporó fuera de término un padrón de estudiantes vinculados a programas de extensión, lo que -según afirmaron- habría alterado el resultado final en el claustro estudiantil.

De acuerdo a esa denuncia, en la sede central votaron 611 estudiantes y ninguna de las listas con mayor respaldo en ese ámbito obtuvo representación, mientras que la lista oficialista logró las dos bancas a partir de votos provenientes de otras localidades.

Además, se cuestionaron aspectos vinculados a la fiscalización, el escrutinio y la conformación de mesas, lo que motivó pedidos de impugnación y la convocatoria a una asamblea para definir posibles medidas de protesta.

Desde el oficialismo, en tanto, rechazaron de manera categórica las acusaciones y denunciaron intentos de deslegitimar el proceso electoral. En un comunicado, sostuvieron que las elecciones se realizaron con todas las garantías institucionales y acusaron a sectores opositores de promover acciones de «violencia política» y desinformación.

En paralelo, desde espacios opositores también se difundieron resultados propios que indicarían una mayoría de consejeros contrarios al oficialismo dentro del futuro Consejo Superior, lo que podría incidir directamente en la elección del rector prevista para fin de mes.

El proceso continúa abierto a la espera del escrutinio definitivo, que será clave para validar los resultados y definir la composición final del órgano de gobierno.

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