Durante la mañana de este lunes, en la Secretaría de Trabajo en Viedma, el Ministerio de Educación y DDHH y el gremio docente UnTER, participaron de la primera audiencia convocada por el secretario de Trabajo, Lucas Pica, para resolver el conflicto que ha ocasionado en todas las escuelas de la provincia, la implementación de la nueva Escuela Secundaria Río Negro. El gobierno provincial, con Gabriela Lerzo, directora de Educación Secundaria, al frente de las negociaciones, reiteró sus argumentos y su decisión de llevar adelante las asambleas suspendidas por voluntad mayoritaria de los docentes en Valle Medio, Allen, General Roca y San Antonio Oeste.

Tras lo expuesto por la funcionaria, en donde adujo la necesidad de recuperar lo legal y lo legítimo en estas instancias, el sindicato manifestó que «se olvida que el gobierno rompió con estas normas desde el mismo momento en que el gobernador (Alberto Weretilnelk) decidió modificar la Ley Provincial de Educación por decreto, y a partir de allí la catarata de resoluciones violatorias del Estatuto Docente y todas las normativas laborales son innumerables».

«Evidentemente, el gobierno no quiere reconocer que fracasó en su intento de implementar la ESRN de manera unilateral e ilegítima, que no pudieron ni siquiera inaugurar el ciclo lectivo en San Carlos Bariloche como aspiraba la directora de Nivel, que tuvieron que retroceder en Sierra Grande, porque era demasiado obsceno insistir en una escuela donde ningún docente se inscribió, ni que tampoco pudieron en Viedma, Jacobacci, Villa Regina, Cipolletti, Catriel, Río Colorado, Cipolletti, que no fueron ni 93, ni 58 escuelas, que no llegan a la mitad más uno, aunque intenten ocultar información, adaptar la normativa, modificar una y otra vez sus propias resoluciones», agregaron desde UnTER.

En paralelo a la mediación, cientos de docentes asistían a las asambleas en Allen, Roca, San Antonio Oeste y Valle Medio. En esta última, de nada le sirvió al Ministerio enviar al secretario de Educación, Juan Carlos Uriarte, con un escribano a Choele Choel, donde solo pudo certificar un acta en la que los docentes exigen retrotraer las POF a febrero, y pasar la implementación de la ESRN para el 2018, «garantizando los espacios de debate y análisis indispensables para pensar en conjunto la escuela que nuestra provincia necesita, que las comunidades requieren y que el conjunto de estudiantes merece».

«De nada le sirven los aprietes y las amenazas de no cobro, el intento vano de enfrentar a compañeros entre sí. A medida que pasan los días y las asambleas, se suman estudiantes, padres y madres. La pregunta en esta instancia es la misma, ¿Cuántos no le hacen falta a la ministra (Mónica Silva) para comprender que esto es una definición colectiva?», se preguntaron desde el gremio.

Por su parte, ya durante la tarde del lunes, en el marco de la paritaria, UnTER reiteró las conclusiones del plenario de secretarios generales realizado en Roca el pasado viernes 17 de marzo, y exigió el cese de estas asambleas de remanentes en estas zonas. No obstante, el gobierno mantiene su decisión de continuar. Posiciones encontradas que parecen no tener fin.

«Mientras que los funcionarios van delineando sus proyectos detrás de los escritorios, es tiempo que escuchen a las comunidades, porque lo que está en juego es mucho más que su proyecto electoral, lo que está en riesgo es el destino educativo de miles de jóvenes, que como gobierno tiene la obligación de proteger», concluyeron desde UnTER.