Río Negro
Sancionaron la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial
Además, otras dos leyes complementarias del nuevo Código Procesal Penal. Durante el debate el vicegobernador Pesatti ordenó iniciar sumario sobre hechos denunciados por el legislador Nicolás Rochás.
La Legislatura dio sanción por mayoría y el rechazo del Frente para la Victoria y del bloque AFPIR, a la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial, así como a la reforma de las leyes del Ministerio Público y de varios artículos del Código Procesal Penal, cuya nueva versión está próxima a implementarse.
Durante el debate, que inició la legisladora Tania Lastra (JSRN), varios legisladores expusieron sus posturas a favor y en contra de los proyectos en tratamiento. A su turno, el parlamentario Nicolás Rochás (FpV), luego de manifestar sus argumentos y la postura en contra a los expedientes en debate, denunció en Cámara que junto a su par de bancada Alejandro Ramos Mejía, fueron impedidos de ingresar a la sede de la Legislatura en ocasión del tratamiento de estas cuestiones en la Comisión de Constitucionales, lo cual, señaló, fue el motivo del retiro de los integrantes de su bloque que se encontraban presentes en la reunión que se realizaba en la Casa.
Minutos después, el presidente de la Legislatura, Pedro Pesatti, se dirigió a los parlamentarios presentes en el recinto para anunciar que sobre la cuestión planteada por Rochás ordenó un sumario para establecer la veracidad y determinar las responsabilidades de los hechos denunciados.
Tratamiento de las leyes
El Poder Ejecutivo, que remitió las tres iniciativas con acuerdo de ministros, explicó al fundamentarlas que “la implementación del nuevo sistema procesal penal, cuya vigencia se estableció a partir del día 01 de agosto de 2017, conlleva necesariamente la adecuación normativa orgánica del Poder Judicial y del Ministerio Público a los fines de garantizar su aplicabilidad mediante estructuras integradas”.
“A los efectos de garantizar el pleno y óptimo funcionamiento, se torna necesario determinar las atribuciones y funciones que desempeñan los distintos actores dentro del nuevo sistema penal, lo que ineludiblemente repercute sobre sus estructuras orgánicas”, argumentó el Ejecutivo.
Con ese fin, el Superior Tribunal de Justicia y la Procuración General remitieron oportunamente sendos proyectos de leyes orgánicas a la Comisión Interpoderes de la Reforma Procesal Penal que funciona en el ámbito de la Legislatura Provincial, para su consideración, análisis y revisión.
Durante la reunión que concretó el pasado miércoles la comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General, a la que asistieron representantes gremiales y empleados judiciales, los legisladores que integran dicho Cuerpo acordaron con SITRAJUR algunas modificaciones al articulado de Ley Orgánica de ese Poder, que fueron incluidas en la norma sancionada hoy con el fin de atender las inquietudes planteadas por el sector.
Al fundamentar en Cámara de manera conjunta las tres leyes en tratamiento, la legisladora Tania Lastra explicó que las que “hoy se aprueban son las leyes complementarias a la reforma del Código Procesal Penal que entrará en vigencia en nuestra provincia el 1º de agosto y con lo que concluimos una etapa fundamental en esto que ha sido el cambio del actual proceso penal al sistema acusatorio”.
La presidente de la comisión de Constitucionales se propuso “dejar en claro qué es lo que esta Legislatura está pretendiendo, que no es ni más ni menos que llevarle a toda la ciudadanía rionegrina un mejor servicio de justicia”.
Indicó que las dos normas sancionadas en primera instancia “son las leyes orgánicas del Poder Judicial y del Ministerio Público para adecuarlas a la organicidad, es decir determinar las funciones y misiones que cumplirán los distintos funcionarios, jueces y empleados”.
Durante el debate y con posturas a favor y en contra de los asuntos en discusión, participaron también los legisladores Alejandro Ramos Mejía (FpV), Jorge Ocampos (AFPIR), Soraya Yauhar (UCR), Facundo López (JSRN), Arabela Carreras (JSRN), Marcelo Mango (FpV), Raúl Martínez (FpV), Adrián Casadei (JSRN), Mario Sabbatella (FpV), Alejandro Marinao (FpV), y finalmente Alejandro Palmieri quien, en su carácter de titular del bloque oficialista, cerró la lista de oradores.
Judiciales
Más de 100 causas de Defensa del Consumidor ingresaron solo al fuero Civil en lo que va de 2025
Este tipo de expedientes suele requerir la realización de audiencias orales, instancias de conciliación y, en muchos casos, la emisión de sentencias definitivas o la homologación de acuerdos.
En los primeros 6 meses del año, los Juzgados y unidades jurisdiccionales Civiles tramitaron 108 causas por denuncias de Defensa del Consumidor. Este tipo de expedientes suele requerir la realización de audiencias orales, instancias de conciliación y, en muchos casos, la emisión de sentencias definitivas o la homologación de acuerdos alcanzados entre las partes. Es una de las vías de ingreso, aunque no la única, de temas de consumo.
El fuero civil provincial cuenta actualmente con 16 organismos distribuidos en 8 ciudades: Viedma, San Antonio Oeste, Roca, Villa Regina, Choele Choel, Bariloche, El Bolsón y Cipolletti. Desde estos organismos se tramitan procesos que van desde reclamos de consumidores hasta sucesiones, daños y perjuicios, ejecuciones y amparos, entre otros.
Existen otros organismos que también reciben denuncias de las y los consumidores como por ejemplo los juzgados de Paz, algunas oficinas municipales y las áreas de Defensa del Consumidor del poder Ejecutivo.
En el Poder Judicial de Río Negro, durante el primer semestre de 2025, el fuero Civil recibió 3.056 causas nuevas. En ese mismo período, dictó 2.213 sentencias que pusieron fin a los procesos, lo que refleja un alto nivel de resolución de expedientes. Entre los tipos de procesos más frecuentes se destacan las sucesiones intestadas (953 casos, 30% del total), los reclamos por daños y perjuicios (395) y los procesos ejecutivos (379), además de las denuncias de Defensa del Consumidor.
La Ley 24.240 establece los derechos de los consumidores y las obligaciones de los proveedores en las relaciones de consumo. Una relación de consumo es un vínculo que se establece entre el proveedor de un bien o servicio y el consumidor o usuario del mismo. Incluye el antes, durante y después de la compra del producto o contratación del servicio.
Esta norma garantiza que las personas tengan derecho a recibir información cierta, clara y detallada sobre los productos o servicios, a ser tratadas de manera digna y equitativa, a obtener comprobantes de las operaciones y a contar con bienes y servicios que no representen riesgos para su salud o seguridad.
También regula aspectos clave como las garantías legales, los plazos de entrega, las condiciones de las compras por internet y la calidad en la prestación de servicios públicos esenciales.
La información estadística del fuero Civil forma parte de los informes semestrales realizados por el Centro de Planificación Estratégica del Superior Tribunal de Justicia. Las estadísticas permiten optimizar la toma de decisiones al apuntalar determinados fueros u organismos de acuerdo a la carga de trabajo.
Política
«Un país no se construye abandonando las universidades y la salud»
Weretilneck habló tras los nuevos vetos de Milei a las leyes aprobadas en el Congreso y aseguró que no hubo ningún llamado del presidente.
El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, cuestionó con firmeza los vetos del presidente Javier Milei a leyes claves para el financiamiento de la educación, la salud pública y las provincias. Anticipó que en el Congreso se rechazarán estas decisiones. «Un país no se construye abandonando a las universidades, quitándole la salud a los niños y negándole a las provincias los recursos que les corresponden. Eso no es federalismo, es un castigo injusto», afirmó.
El mandatario provincial remarcó que los vetos dejaron sin efecto normas votadas por amplia mayoría en el Congreso: la ley de financiamiento universitario, la emergencia pediátrica y la redistribución automática de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). «Estamos hablando de derechos básicos: educación, salud y federalismo. No de privilegios», enfatizó.
En relación a los ATN, explicó que «son fondos que se descuentan de la coparticipación, es decir, de los impuestos que nos pertenecen a las provincias. No pedimos nada más que lo que corresponde: esos recursos son de los rionegrinos y deben volver en obras, en escuelas, en hospitales y en servicios para nuestra gente».
En diálogo con LU19, Weretilneck también advirtió que «no hubo ninguna convocatoria institucional a las provincias» por parte del Gobierno Nacional. «El diálogo que existió fue partidario, con gobernadores aliados a La Libertad Avanza. Exigimos un ámbito federal serio, con temario claro, donde estemos todas las provincias, no un encuentro político a puertas cerradas», sostuvo.
Finalmente, fue categórico. «Río Negro no se va a quedar en silencio frente a estas decisiones. Vamos a defender en el Congreso lo que corresponde a nuestra gente. Porque la defensa nace acá, en cada provincia, en cada universidad, en cada hospital que necesita recursos para seguir de pie», concluyó.
Judiciales
Estuvo varado más de 12 horas sin agua ni asistencia: Condenan a empresa de transporte por trato indigno
El colectivo se quedó sin combustible a pocos kilómetros de Chimpay.
Un hombre que viajaba desde Cipolletti hacia Sierra Grande quedó varado en la ruta, sin agua ni comunicación, cuando el colectivo de larga distancia en el que se trasladaba se detuvo por falta de combustible a pocos kilómetros de la localidad de Chimpay. Horas más tarde, al retomar el viaje en otra unidad, el colectivo no se detuvo en el parador correspondiente y, luego de una discusión con los choferes, la persona fue obligada a descender a la intemperie, sin su equipaje.
Tras varios intentos administrativos para obtener una compensación por parte de la empresa Autotransportes Andesmar S.A., y al no lograrlo, el cliente inició una demanda de menor cuantía en el Juzgado de Paz de Sierra Grande.
En el fallo se explicó que el hombre abordó el colectivo interno 5295 a las 10 de la mañana, una hora después del horario estipulado. Hacia el mediodía, a unos 15 kilómetros de Chimpay, la unidad se detuvo por falta de combustible. Las personas pasajeras permanecieron en el lugar hasta que personal policial y de bomberos organizó traslados particulares hacia la terminal de esa localidad. Recién a las 22 horas llegó otra unidad para continuar el viaje.
Durante la madrugada siguiente, ya en las proximidades de Sierra Grande, el colectivo pasó de largo por el lugar donde la persona solía descender. Al pedir que se detuviera, el chofer la insultó y se negó a retroceder. Un segundo conductor, que no se encontraba de servicio, intervino en la discusión. Según el relato, descendió del vehículo con el torso descubierto y un cinturón en la mano, y obligó al pasajero a bajar, lejos de su destino y sin su valija.
Frente a esta situación, presentó reclamos ante Defensa del Consumidor de San Antonio Oeste y Sierra Grande. La empresa negó los hechos denunciados y ofreció una suma compensatoria que fue rechazada por el cliente. Luego, las partes intentaron una instancia de mediación, sin resultados.
En su análisis, la jueza de Paz sostuvo que existió una relación de consumo encuadrada en la Ley 24.240 y en el Código Civil y Comercial. Señaló que el proveedor debe garantizar información clara, trato digno y cumplimiento del servicio contratado. También indicó que, ante la existencia de dudas, corresponde interpretar el contrato de manera más favorable a la persona usuaria.
El fallo consideró acreditada la situación de vulnerabilidad de la parte actora y concluyó que el accionar de la empresa vulneró los derechos protegidos por la normativa vigente. Además del daño material, el juzgado identificó una afectación moral relacionada con la angustia, el maltrato sufrido y la pérdida del equipaje.
La sentencia también impuso un resarcimiento en concepto de daño punitivo, al considerar que la empresa ignoró los distintos reclamos administrativos y obligó a la persona afectada a acudir al Poder Judicial para resolver el conflicto.
Finalmente, la magistrada condenó a la empresa Andesmar a pagar, en concepto de daño directo, la suma de $1.400.000; en concepto de daño extrapatrimonial, $200.000; y en concepto de daño punitivo, $200.000, más intereses.
