Judiciales
Confirman condena de 12 años de prisión para un hombre que abusó de una menor
Desde el 2006 y hasta el 2009, bajo amenazas de muerte y hasta la utilización de un cuchillo, el imputado abusó en reiteradas ocasiones de la sobrina de su pareja, de tan sólo 9 años.
El Superior Tribunal de Justicia de Río Negro confirmó la condena de 12 años de prisión contra un hombre que abusó sexualmente, de manera reiterada, de una menor de edad. En julio de 2016 la Cámara Criminal Tercera de Roca lo había declarado «autor de los delitos de abuso sexual con acceso carnal agravado por el uso de armas (4 hechos), abuso sexual con acceso carnal agravado por el uso de armas en grado de tentativa (1 hecho); abuso sexual con acceso carnal (1 hecho), abuso sexual simple (1 hecho) y corrupción de menores agravada por el uso de violencia y amenazas, todo en concurso real», y en instancia de casación el STJ rechazó el recurso interpuesto por la defensa, ratificando «en todas sus partes» el fallo dictado por el Tribunal local.
Al voto rector del juez Sergio Barotto adhirieron sus pares Adriana Zaratiegui y Enrique Mansilla, coincidiendo en que la Cámara de juicio desarrolló correctamente «los fundamentos que demuestran la credibilidad y la corroboración del relato de la víctima».
El principal argumento de la defensa, a cargo del abogado particular Jorge Crespo, fue que la condena se basó en un «testigo único» (la víctima). Afirmó que ese relato no estuvo «apoyado por otros elementos probatorios del hecho que arrojen una ecuación perfecta», por lo que solicitó que sea revocada la sentencia condenatoria y que se absuelva al imputado.
Sin embargo, el STJ valoró que la condena «fundamentó la existencia del hecho y la autoría del imputado sobre la base del testimonio de la víctima, el que consideró corroborado por la restante prueba incorporada al debate», entre la que enumeró la denuncia penal que realizó la madre, los informes psicológicos practicados, el informe de la Oficina de Atención a la Víctima y los testimonios de la madre, una hermana y una tía de la menor de edad. En ese punto, el máximo tribunal provincial concluyó que «la defensa no ha planteado un agravio que impugne la ponderación conjunta del plexo probatorio mencionado».
Los hechos investigados ocurrieron en Roca a partir del año 2006, desde que la niña contaba con 9 años de edad y hasta que cumplió los 12. El imputado era pareja de una tía de la niña y todos los episodios ocurrieron bajo amenazas de muerte, con utilización de un cuchillo, o bajo la amenaza de abusar sexualmente de otra niña de la familia con quien la víctima tenía un especial vínculo.
El STJ concluyó que si bien la sentencia «tiene su fundamento principal en la declaración de la propia víctima», éste tiene «corroboración en prueba indiciaria conteste». Afirmaron los jueces que en casos como el presente, el testimonio de la víctima debe analizarse con «la mayor severidad y rigor crítico posibles», lo que hace factible “con una única fuente de prueba (…) llegar a una conclusión de verosimilitud, racionalidad y consistencia, más allá de toda duda razonable posible”.
Judiciales
Un adolescente, una mamá y dos papás: Un fallo de Roca admite la triple filiación
El joven solicitó al Poder Judicial constituir una triple filiación, es decir, mantener un vínculo jurídico con su padre biológico y su padre de crianza, junto a su madre.
Un adolescente vive desde los 4 años con su mamá y el esposo de ella. Desde entonces, comparte la vida cotidiana en familia y mantiene un vínculo muy fuerte con el hombre. Esa figura paterna lo acompaña en todos sus proyectos de vida, le brinda amor y contención.
Comparten intereses como el dibujo y la actividad física. Pero un hecho fortaleció aún más ese lazo: la pareja adoptó a un niño y la familia creció con la llegada de un hermanito. El adolescente sintió que era momento de cambiar su apellido, pero finalmente solicitó la adopción por integración.
Su padre biológico, con quien mantiene una relación más esporádica, comprendió el profundo deseo de su hijo y no se opuso al cambio de apellido. En relación con la adopción, expresó que desea seguir siendo el padre del chico y que este continúe contando con él, aunque sea como «papá suplente».
El adolescente solicitó al Poder Judicial constituir una triple filiación, es decir, mantener un vínculo jurídico con su padre biológico y su padre de crianza, junto a su madre.
El fuero de Familia de Roca aceptó el requerimiento del joven y declaró la inconstitucionalidad del último párrafo del artículo 558 del Código Civil y Comercial, el cual establece que ninguna persona puede tener más de dos vínculos filiales.
La aplicación literal del artículo «colocaría al adolescente en posición de elegir entre sus dos figuras paternas, cuando los tres adultos involucrados desean permanecer en su vida, acompañando su crecimiento y desarrollo, todos ellos desde un rol de afecto, cariño, amor y contención, como lo han hecho toda la vida», argumentó la jueza.
El fallo otorgó la adopción integrativa plena del adolescente, manteniendo a su vez el vínculo jurídico con el padre biológico. También autorizó la modificación del nombre del joven, respetando así su derecho a la identidad y su voluntad.
La sentencia analiza que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha receptado la noción de familias en plural, ya que sostiene que la Convención Americana de Derechos Humanos no impone un concepto cerrado de familia ni protege un único modelo tradicional.
«De este modo, se brinda un estándar de protección amplio que busca garantizar un derecho filial que responda a la identidad de las personas que integran el grupo familiar. En ese contexto, la noción de socioafectividad resulta clave para comprender el proceso de desbiologización de los vínculos filiales».
El fallo recuerda también que la adopción por integración siempre mantiene el vínculo filiatorio y todos sus efectos entre el adoptado y su progenitor de origen. Ese efecto dependerá de si el adoptado posee un doble o un simple vínculo filial. En el caso del adolescente del Alto Valle, tiene doble vínculo filial, y su intención -al igual que la de los adultos involucrados- fue sumar un vínculo más.
Judiciales
Sentencia ordena el cese de una cuota alimentaria porque los hijos ya tienen 26, 27 y 37 años
La Justicia hizo lugar al pedido de un hombre jubilado que aún pagaba alimentos pese a que sus hijos son mayores y autónomos.
Una sentencia ordenó el cese de una cuota alimentaria que un hombre pagaba desde hacía años a favor de sus tres hijos, quienes actualmente tienen 26, 27 y 37 años. La decisión se tomó luego de que el progenitor solicitara formalmente el cierre de la obligación, al considerar que la mayoría de edad y autonomía de los hijos tornaban improcedente la continuidad del régimen de alimentos. El hombre se había jubilado como policía federal.
Según surge del expediente, el pedido se presentó en noviembre y fue acompañado por las partidas de nacimiento. La jueza de Viedma verificó que los tres hijos habían superado ampliamente la edad prevista por la ley para la vigencia de la obligación alimentaria. Tal como indica la sentencia, «habiendo en consecuencia cesado ipso iure la obligación alimentaria del progenitor a su respecto», de conformidad con los artículos 658 y 663 del Código Civil y Comercial.
El fallo utiliza la expresión latina ipso iure, que significa «por el propio derecho» o «por el solo efecto de la ley». En este tipo de casos, implica que la obligación de pagar alimentos cesa de manera automática cuando los hijos alcanzan la mayoría de edad, sin necesidad de una resolución previa, salvo que existan circunstancias excepcionales que deban ser acreditadas.
De acuerdo a la normativa vigente, el cese de la cuota alimentaria requiere una solicitud previa por parte del aportante, no se realiza automáticamente.
El Tribunal resolvió hacer lugar al planteo del alimentante y ordenó el cese inmediato de la cuota que beneficiaba a los tres hijos adultos. Además, dispuso notificar a la persona que estaba autorizada a percibirla y emitir oficio a la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal para que deje sin efecto la retención.
Judiciales
Caso Mandagaray: El STJ rechazó que el caso vaya a la Corte porque no hay sentencia definitiva
El máximo Tribunal provincial sostuvo que el planteo es prematuro y que el expediente debe continuar en la Justicia rionegrina.
El Superior Tribunal de Justicia de Río Negro (STJ) rechazó el Recurso Extraordinario Federal en la causa donde se investigan responsabilidades por la muerte de Gabriel Mandagaray. De esta manera, el proceso continúa en el ámbito provincial y el próximo paso será el pronunciamiento del Tribunal de Impugnación. El máximo órgano rionegrino sostuvo que el planteo resulta prematuro, ya que «la sentencia objetada no posee la condición de definitiva ni equiparable».
El fallo recuerda que la resolución impugnada, que ordenó un nuevo examen integral, «no concluye el proceso, no define responsabilidad penal ni clausura la persecución, sino que se limita a disponer la nulidad de la revisión realizada por el TI 2 y a reenviar las actuaciones». En consecuencia, explicó el STJ, el agravio alegado «recién adquirirá entidad a los fines de la vía excepcional una vez emitido el pronunciamiento final».
La Corte Suprema tiene una doctrina de no admitir recursos cuando la sentencia no es definitiva. En el fallo se sostiene que «la ausencia del requisito de definitividad no se suple por la invocación de arbitrariedad o de garantías constitucionales que se estimen vulneradas».
Además, el STJ señaló que los recursos federales interpuestos no satisfacen los requisitos formales de la Acordada 4/2007 de la Corte Suprema. En el texto se consigna que las presentaciones «no desarrollan un relato claro y preciso de todas las circunstancias relevantes del caso», «no demuestran el gravamen ocasionado», «no refutan todos y cada uno de los fundamentos» de la sentencia impugnada y «no ponen en evidencia que medie una relación directa e inmediata entre las normas federales invocadas con lo debatido y resuelto en el caso».
