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Río Negro

El gobierno presentó las obras previstas con el Plan Castello

Palmieri, Di Giácomo y Valeri destacaron la importancia de poder llevar a cabo el endeudamiento en el exterior para así poder realizar importantes obras en la provincia.

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El tan discutido «Plan Castello» fue presentado en la mañana de este jueves en Cipolletti. «Este plan busca mejorar la calidad de vida de los rionegrinos y crear condiciones para el aumento de la producción y la competitividad de la provincia», destacó en la presentación el presidente del bloque Juntos Somos Río Negro, Alejandro Palmieri.

La iniciativa, que está siendo analizada en el seno de la Legislatura provincial, «buscará la mejor tasa de interés con el mayor plazo posible y cumplirá estrictamente la condición constitucional de endeudarse exclusivamente para el desarrollo económico y la adquisición de bienes de capital», según detalló el ministro de Obras Públicas, Carlos Valeri. También participó del encuentro el ministro de Gobierno, Luis Di Giácomo.

El Plan Castello fue presentado por el gobierno provincial en enero de este año y en marzo se envió el proyecto a la Legislatura. Propone el endeudamiento por U$S580.000.000 para realizar una serie de obras que tienen que ver con el desarrollo, el aprovechamiento del recurso hídrico y el saneamiento, la infraestructura eléctrica y vial y un 10% que se destinará a los municipios.

Los expositores destacaron la oportunidad para dirigirse al mercado financiero internacional con el objetivo de construir una infraestructura necesaria para la provincia, y la evolución que fue teniendo el Plan Castello a medida que se avanzaba en el diálogo con los intendentes, los legisladores y representantes de las organizaciones sociales.

Se destacaron tres aspectos que se contemplan en el proyecto que se consideran salvaguardas de la utilización de esos recursos: la creación de una Comisión de Seguimiento, Control y Priorización (artículo 6); la conformación del “Fondo Fiduciario De Desarrollo Rionegrino Plan Gobernador Castello” y la decisión de redistribuir un porcentaje de esos fondos con los Municipios que quieran adherir a este financiamiento.

De las 18 operatorias que ya consumaron las provincias argentinas en los últimos 15 meses, sólo Entre Ríos adoptó una medida similar. “Las Municipalidades podrán adherir o no, y para ello deberán elaborar proyectos de desarrollo o de compra de bienes de capital. Y será en las mismas condiciones que lo consiga la Provincia”, destacaron en la presentación.

Palmieri resaltó que en 2016, trece provincias argentinas recurrieron al mercado internacional de capitales y en lo que va de 2017 ya lo hicieron otras cinco, entre las que mencionó a Buenos Aires, Neuquén y Chubut.

El legislador detalló las cuestiones financieras y fue el encargado de llevar tranquilidad a algunas dudas planteadas por el auditorio. “Es un plan de desarrollo; no nos apura la coyuntura, así que tenemos tiempo para buscar las mejores condiciones posibles, tanto en tasa de interés como en plazo de amortización y tiempo de gracia”, remarcó.

Por su parte, Valeri precisó que al momento de definir las obras se tuvo muy en cuenta “la integración de la provincia, la potencialidad como impulsoras de la dinámica económica y fundamentalmente, que sean generadoras de empleo”. También comentó que “los proyectos ejecutivos de cada una de las obras incluidas en el Plan ya están en marcha. Estimamos que si la Legislatura aprueba este programa y Nación autoriza la gestión, hacia fines de año estaríamos en condiciones de definir el endeudamiento para comenzar las licitaciones y las obras el año que viene”.

Detalles de las obras impulsadas en el Alto Valle

Entre las obras priorizadas para la región del Alto Valle, Valeri destacó la Ciudad Judicial de Cipolletti, con casi 10.000 metros cuadrados. También la incorporación de 6.000 hectáreas bajo riego en Campo Grande; los planes directores de desagües cloacales en varias localidades; las defensas aluvionales para Cipolletti y la ampliación de la red de agua en Roca; las Estaciones Transformadoras en Cipolletti, Campo Grande y Huergo; la modernización de las centrales hidroeléctricas ubicadas sobre el canal principal de riego (Julián Romero, Cipolletti, Roca y Céspedes); la refuncionalización de las rutas 65 (entre Stefenellli y Godoy) y 7 (entre Las Perlas e Isla Jordán) y la pavimentación de caminos rurales en Valle Azul, Regina, Río Colorado, Lamarque y Chichinales.

Di Giácomo se encargó de realizar la presentación política, aclarando el proceso de depuración de las distintas obras, señalando que “comenzamos con U$S 2.800.000.000 y finalmente priorizamos por U$S 580.000.000, que son las que estamos en condiciones de afrontar”. El ministro hizo hincapié en dos cuestiones centrales: la identidad, con “obras de infraestructura que nos permitan relacionarnos más entre los rionegrinos” y el tiempo, señalando que “el desarrollo de la provincia también es una cuestión de continuidad”.

En el encuentro participaron numerosos representantes de organizaciones de la sociedad civil: los Colegios de Abogados, Arquitectos y Médico; los sindicatos UOCRA, Madereros, Bancarios y Viales; el presidente de la Federación de Entidades Empresarias Rionegrinas, Néstor García y el titular de la Cámara de Industria y Comercio de Cipolletti, José Luis Bunter. Entre los intendentes se encontraban Sabina Costa (Allen); Claudia Montanaro (Cervantes); Germán Epul (Cinco Saltos); Gustavo Pita (Contralmirante Cordero); Pedro Dantas (Campo Grande) y Aníbal Tortoriello (Cipolletti). También asistieron los legisladores Silvana Larralde, Norma Coronel, Viviana Germanier, Marta Milesi, Tania Lastra, Silvia Morales, Elvis Cides, Ariel Rivero, José Liguen, Alfredo Martín, Jorge Ocampos, Facundo López y Miguel Vidal. Otros funcionarios que se acercaron a la cita en Cipolletti fueron el interventor en el IPPV, Jorge Barragán; la representante rionegrina ante el Consejo Federal de Inversiones, Laura Perilli; la secretaria de Coordinación del Ministerio de Gobierno, Suyay Urrutia y la subsecretaria de Hacienda, Natalia Crociati.

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Río Negro

Río Negro pagará aguinaldos el 19 y 20 de diciembre

Lo anunció el gobernador Weretilneck en sus redes sociales.

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El Gobierno de Río Negro pagará el segundo medio aguinaldo del año los días 19 y 20 de diciembre. Lo anunció el gobernador Alberto Weretilneck en sus redes sociales, quien afirmó que la decisión apunta a acompañar a las familias y al comercio local.

Con un gran esfuerzo presupuestario, la Provincia cumple con el pago antes de fin de año, garantizando previsibilidad para todo el personal estatal y dando un fuerte impulso a la economía.

Detalle del cronograma

Viernes 19/12

  • Salud Pública, guardias y horas extras de Salud
  • Policía de Río Negro y Servicio Penitenciario Provincial

Sábado 20/12

  • Docentes y porteros
  • Ley 1.844, Vialidad Rionegrina, pensiones de Bomberos Voluntarios
  • Poder Legislativo, Judicial y órganos de control

El gobernador Alberto Weretilneck destacó la importancia de este compromiso cumplido que “es una noticia que queríamos darles no sólo a los empleados públicos, sino también al comercio y a todas las familias que estaban esperando este anuncio”.

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Judiciales

Sentencia ordena el cese de una cuota alimentaria porque los hijos ya tienen 26, 27 y 37 años

La Justicia hizo lugar al pedido de un hombre jubilado que aún pagaba alimentos pese a que sus hijos son mayores y autónomos.

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Una sentencia ordenó el cese de una cuota alimentaria que un hombre pagaba desde hacía años a favor de sus tres hijos, quienes actualmente tienen 26, 27 y 37 años. La decisión se tomó luego de que el progenitor solicitara formalmente el cierre de la obligación, al considerar que la mayoría de edad y autonomía de los hijos tornaban improcedente la continuidad del régimen de alimentos. El hombre se había jubilado como policía federal.

Según surge del expediente, el pedido se presentó en noviembre y fue acompañado por las partidas de nacimiento. La jueza de Viedma verificó que los tres hijos habían superado ampliamente la edad prevista por la ley para la vigencia de la obligación alimentaria. Tal como indica la sentencia, «habiendo en consecuencia cesado ipso iure la obligación alimentaria del progenitor a su respecto», de conformidad con los artículos 658 y 663 del Código Civil y Comercial.

El fallo utiliza la expresión latina ipso iure, que significa «por el propio derecho» o «por el solo efecto de la ley». En este tipo de casos, implica que la obligación de pagar alimentos cesa de manera automática cuando los hijos alcanzan la mayoría de edad, sin necesidad de una resolución previa, salvo que existan circunstancias excepcionales que deban ser acreditadas.
De acuerdo a la normativa vigente, el cese de la cuota alimentaria requiere una solicitud previa por parte del aportante, no se realiza automáticamente.

El Tribunal resolvió hacer lugar al planteo del alimentante y ordenó el cese inmediato de la cuota que beneficiaba a los tres hijos adultos. Además, dispuso notificar a la persona que estaba autorizada a percibirla y emitir oficio a la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal para que deje sin efecto la retención.

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Judiciales

Caso Mandagaray: El STJ rechazó que el caso vaya a la Corte porque no hay sentencia definitiva

El máximo Tribunal provincial sostuvo que el planteo es prematuro y que el expediente debe continuar en la Justicia rionegrina.

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El Superior Tribunal de Justicia de Río Negro (STJ) rechazó el Recurso Extraordinario Federal en la causa donde se investigan responsabilidades por la muerte de Gabriel Mandagaray. De esta manera, el proceso continúa en el ámbito provincial y el próximo paso será el pronunciamiento del Tribunal de Impugnación. El máximo órgano rionegrino sostuvo que el planteo resulta prematuro, ya que «la sentencia objetada no posee la condición de definitiva ni equiparable».

El fallo recuerda que la resolución impugnada, que ordenó un nuevo examen integral, «no concluye el proceso, no define responsabilidad penal ni clausura la persecución, sino que se limita a disponer la nulidad de la revisión realizada por el TI 2 y a reenviar las actuaciones». En consecuencia, explicó el STJ, el agravio alegado «recién adquirirá entidad a los fines de la vía excepcional una vez emitido el pronunciamiento final».

La Corte Suprema tiene una doctrina de no admitir recursos cuando la sentencia no es definitiva. En el fallo se sostiene que «la ausencia del requisito de definitividad no se suple por la invocación de arbitrariedad o de garantías constitucionales que se estimen vulneradas».

Además, el STJ señaló que los recursos federales interpuestos no satisfacen los requisitos formales de la Acordada 4/2007 de la Corte Suprema. En el texto se consigna que las presentaciones «no desarrollan un relato claro y preciso de todas las circunstancias relevantes del caso», «no demuestran el gravamen ocasionado», «no refutan todos y cada uno de los fundamentos» de la sentencia impugnada y «no ponen en evidencia que medie una relación directa e inmediata entre las normas federales invocadas con lo debatido y resuelto en el caso».

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