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Río Negro

El gobierno presentó las obras previstas con el Plan Castello

Palmieri, Di Giácomo y Valeri destacaron la importancia de poder llevar a cabo el endeudamiento en el exterior para así poder realizar importantes obras en la provincia.

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El tan discutido «Plan Castello» fue presentado en la mañana de este jueves en Cipolletti. «Este plan busca mejorar la calidad de vida de los rionegrinos y crear condiciones para el aumento de la producción y la competitividad de la provincia», destacó en la presentación el presidente del bloque Juntos Somos Río Negro, Alejandro Palmieri.

La iniciativa, que está siendo analizada en el seno de la Legislatura provincial, «buscará la mejor tasa de interés con el mayor plazo posible y cumplirá estrictamente la condición constitucional de endeudarse exclusivamente para el desarrollo económico y la adquisición de bienes de capital», según detalló el ministro de Obras Públicas, Carlos Valeri. También participó del encuentro el ministro de Gobierno, Luis Di Giácomo.

El Plan Castello fue presentado por el gobierno provincial en enero de este año y en marzo se envió el proyecto a la Legislatura. Propone el endeudamiento por U$S580.000.000 para realizar una serie de obras que tienen que ver con el desarrollo, el aprovechamiento del recurso hídrico y el saneamiento, la infraestructura eléctrica y vial y un 10% que se destinará a los municipios.

Los expositores destacaron la oportunidad para dirigirse al mercado financiero internacional con el objetivo de construir una infraestructura necesaria para la provincia, y la evolución que fue teniendo el Plan Castello a medida que se avanzaba en el diálogo con los intendentes, los legisladores y representantes de las organizaciones sociales.

Se destacaron tres aspectos que se contemplan en el proyecto que se consideran salvaguardas de la utilización de esos recursos: la creación de una Comisión de Seguimiento, Control y Priorización (artículo 6); la conformación del “Fondo Fiduciario De Desarrollo Rionegrino Plan Gobernador Castello” y la decisión de redistribuir un porcentaje de esos fondos con los Municipios que quieran adherir a este financiamiento.

De las 18 operatorias que ya consumaron las provincias argentinas en los últimos 15 meses, sólo Entre Ríos adoptó una medida similar. “Las Municipalidades podrán adherir o no, y para ello deberán elaborar proyectos de desarrollo o de compra de bienes de capital. Y será en las mismas condiciones que lo consiga la Provincia”, destacaron en la presentación.

Palmieri resaltó que en 2016, trece provincias argentinas recurrieron al mercado internacional de capitales y en lo que va de 2017 ya lo hicieron otras cinco, entre las que mencionó a Buenos Aires, Neuquén y Chubut.

El legislador detalló las cuestiones financieras y fue el encargado de llevar tranquilidad a algunas dudas planteadas por el auditorio. “Es un plan de desarrollo; no nos apura la coyuntura, así que tenemos tiempo para buscar las mejores condiciones posibles, tanto en tasa de interés como en plazo de amortización y tiempo de gracia”, remarcó.

Por su parte, Valeri precisó que al momento de definir las obras se tuvo muy en cuenta “la integración de la provincia, la potencialidad como impulsoras de la dinámica económica y fundamentalmente, que sean generadoras de empleo”. También comentó que “los proyectos ejecutivos de cada una de las obras incluidas en el Plan ya están en marcha. Estimamos que si la Legislatura aprueba este programa y Nación autoriza la gestión, hacia fines de año estaríamos en condiciones de definir el endeudamiento para comenzar las licitaciones y las obras el año que viene”.

Detalles de las obras impulsadas en el Alto Valle

Entre las obras priorizadas para la región del Alto Valle, Valeri destacó la Ciudad Judicial de Cipolletti, con casi 10.000 metros cuadrados. También la incorporación de 6.000 hectáreas bajo riego en Campo Grande; los planes directores de desagües cloacales en varias localidades; las defensas aluvionales para Cipolletti y la ampliación de la red de agua en Roca; las Estaciones Transformadoras en Cipolletti, Campo Grande y Huergo; la modernización de las centrales hidroeléctricas ubicadas sobre el canal principal de riego (Julián Romero, Cipolletti, Roca y Céspedes); la refuncionalización de las rutas 65 (entre Stefenellli y Godoy) y 7 (entre Las Perlas e Isla Jordán) y la pavimentación de caminos rurales en Valle Azul, Regina, Río Colorado, Lamarque y Chichinales.

Di Giácomo se encargó de realizar la presentación política, aclarando el proceso de depuración de las distintas obras, señalando que “comenzamos con U$S 2.800.000.000 y finalmente priorizamos por U$S 580.000.000, que son las que estamos en condiciones de afrontar”. El ministro hizo hincapié en dos cuestiones centrales: la identidad, con “obras de infraestructura que nos permitan relacionarnos más entre los rionegrinos” y el tiempo, señalando que “el desarrollo de la provincia también es una cuestión de continuidad”.

En el encuentro participaron numerosos representantes de organizaciones de la sociedad civil: los Colegios de Abogados, Arquitectos y Médico; los sindicatos UOCRA, Madereros, Bancarios y Viales; el presidente de la Federación de Entidades Empresarias Rionegrinas, Néstor García y el titular de la Cámara de Industria y Comercio de Cipolletti, José Luis Bunter. Entre los intendentes se encontraban Sabina Costa (Allen); Claudia Montanaro (Cervantes); Germán Epul (Cinco Saltos); Gustavo Pita (Contralmirante Cordero); Pedro Dantas (Campo Grande) y Aníbal Tortoriello (Cipolletti). También asistieron los legisladores Silvana Larralde, Norma Coronel, Viviana Germanier, Marta Milesi, Tania Lastra, Silvia Morales, Elvis Cides, Ariel Rivero, José Liguen, Alfredo Martín, Jorge Ocampos, Facundo López y Miguel Vidal. Otros funcionarios que se acercaron a la cita en Cipolletti fueron el interventor en el IPPV, Jorge Barragán; la representante rionegrina ante el Consejo Federal de Inversiones, Laura Perilli; la secretaria de Coordinación del Ministerio de Gobierno, Suyay Urrutia y la subsecretaria de Hacienda, Natalia Crociati.

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Policiales

Bajaron los robos en Río Negro: Enero cerró con una caída del 23%

La tendencia se repite, ya que a su vez es un 50% que en 2024.

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Los delitos de robo registraron una fuerte baja en Río Negro durante enero de 2026. Según un informe de la Policía provincial, estos hechos disminuyeron un 23% respecto al mismo mes de 2025 y un 50% en relación con enero de 2024. «La tendencia se repite, confirmando un impacto real y sostenido de las políticas de seguridad en toda la provincia», destacó el gobernador Alberto Weretilneck.

En términos territoriales, el relevamiento muestra resultados concretos, con caídas muy marcadas respecto a 2024:

  • Unidad Regional 1ª (Viedma): -51%
    Unidad Regional 2ª (General Roca): -55%
    Unidad Regional 3ª (Bariloche): -32%
    Unidad Regional 4ª (Choele Choel): -59%
    Unidad Regional 5ª (Cipolletti): -55%
    Unidad Regional 6ª (Los Menucos): -75%

Al analizar el total provincial, los robos pasaron de 846 en enero de 2024, a 543 hechos en 2025 y 418 en 2026. «Los resultados reflejan una política de seguridad sostenida en el tiempo, apoyada en el trabajo articulado del Ministerio de Seguridad y Justicia, el compromiso permanente del personal policial en todo el territorio provincial y una decisión estratégica de fortalecer la prevención», indicó el gobernador.

A esto se suma la coordinación constante con el Ministerio Público Fiscal, que «permite mejorar la investigación, agilizar las respuestas y aumentar la eficacia frente al delito en cada ciudad de la provincia», agregó.

Weretilneck explicó que estos resultados «son producto de una decisión clara: fortalecer una política de seguridad sostenida, con presencia territorial, profesionalismo y el compromiso diario de nuestra Policía» y remarcó la importancia de sumar inversión en tecnología y prevención a través del programa Río Negro Seguro, que «nos permite actuar mejor, anticiparnos y dar respuestas más eficaces en cada ciudad de la provincia».

El mandatario remarcó que en Río Negro «hay planificación, inversión, presencia del Estado y un trabajo coordinado entre las fuerzas de seguridad y el Ministerio Público Fiscal, con un enfoque integral que cuida a la gente y que apunta a sostener esta tendencia».

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Gremios

El Gobierno se reunió con UnTER y le hizo una nueva propuesta salarial

El gremio llevará la oferta a decisión de los ámbitos orgánicos, pero ya adelantaron que no cumple con «las necesidades reales de los docentes».

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El Gobierno de Río Negro, a través del Ministerio de Educación y Derechos Humanos, se reunió en paritarias con representantes del gremio UnTER en la que presentó una propuesta respecto a la cuestión salarial. En ese sentido, se propuso un esquema de actualización automática bimestral al sueldo bruto que se basará en la evolución del IPC Nacional y el IPC Viedma.

De esta manera , los haberes de febrero se actualizarán de acuerdo a la variación del IPC de diciembre de 2025 y enero 2026. A su vez , los sueldos de abril se actualizarán según el IPC de febrero y marzo de 2026.

Además se estableció una suma fija no remunerativa de $250.000 por única vez por agente, en concepto de compensación económica por los últimos meses del 2025. Dicha suma se abonará por planilla complementaria en dos cuotas, a pagar los días 20 de febrero y 20 de marzo respectivamente.

Por otro lado se determinó un aumento del 100% al ítem de Ayuda Escolar el cual quedará en $80.0000 y $160.000 para familias con hijos con discapacidad. Se abonará con los haberes de febrero.

Desde UnTER reafirmaron que la «propuesta no atiende las necesidades reales del sector docente, no recompone el salario, ni garantiza condiciones dignas para enseñar y aprender».

En este sentido, adelantaron que «continuaremos analizando la propuesta en los ámbitos orgánicos del sindicato y defendiendo el salario, el no cierre de cargos, los derechos laborales y la escuela pública, con la fuerza de la organización colectiva».

Participaron de la paritaria, la secretaria de Educación, Silvia Arza; los vocales gubernamentales, Romina Procoppo y Fabio Sosa, la secretaria general del Consejo Provincial de Educación, Claudia Tejeda y la secretaria de Administración, Mónica Temprano. Por UnTER estuvieron la secretaria general, Laura Ortiz, el secretario adjunto Félix Mauricio Ovadilla, la secretaria gremial, Gabriela Cecilia Aguilar, la secretaria de Prensa, Melisa Lilen Verbeke, el asesor legal Diego Broggini, la secretaria de Salud en la Escuela, Mariana Yanina Rucci, y la secretaria de Actas y Administración Ana María Inchassendague.

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Judiciales

Confirman sentencia contra administradora de plan de ahorro por no dar información clara y precisa

El consumidor reclamó tras recibir una cuota 84 con un valor elevado y sin explicación.

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Un fallo de segunda instancia confirmó una sentencia que había condenado, de manera solidaria, a una administradora de planes de ahorro y a una terminal automotriz, por incumplimientos al deber de información hacia un consumidor de Viedma.

El caso se originó a partir del reclamo de un hombre que había suscripto un plan de ahorro a 7 años y que, al llegar a la cuota final número 84, recibió un monto considerablemente más alto de lo esperado, sin una explicación clara ni detallada sobre su conformación.

En primera instancia, el juez tuvo por acreditado que existía un saldo deudor, pero consideró que la administradora no logró explicar de manera razonada cómo se había arribado a ese monto. En el análisis también se tuvo en cuenta la aplicación de una medida cautelar dictada en el marco de un amparo colectivo, que luego fue revocada, sin que ello fuera debidamente informado al consumidor.

El Juzgado entendió que la empresa incumplió el deber de información, al no brindar precisiones sobre la composición del valor móvil, los rubros incluidos en los cupones de pago ni el impacto de la medida cautelar en la cuota final. Esa conducta fue considerada un incumplimiento relevante dentro de una relación de consumo, por lo que se ordenó el pago de una indemnización por daño moral y la aplicación de un daño punitivo.

Al analizar el recurso, la Cámara confirmó el fallo y sostuvo que no resultaba suficiente consignar el valor móvil en los cupones, sino que era exigible una conducta activa y transparente por parte de la administradora, conforme a la Ley de Defensa del Consumidor y el Código Civil y Comercial.

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