Río Negro
El gobierno presentó las obras previstas con el Plan Castello
Palmieri, Di Giácomo y Valeri destacaron la importancia de poder llevar a cabo el endeudamiento en el exterior para así poder realizar importantes obras en la provincia.
El tan discutido «Plan Castello» fue presentado en la mañana de este jueves en Cipolletti. «Este plan busca mejorar la calidad de vida de los rionegrinos y crear condiciones para el aumento de la producción y la competitividad de la provincia», destacó en la presentación el presidente del bloque Juntos Somos Río Negro, Alejandro Palmieri.
La iniciativa, que está siendo analizada en el seno de la Legislatura provincial, «buscará la mejor tasa de interés con el mayor plazo posible y cumplirá estrictamente la condición constitucional de endeudarse exclusivamente para el desarrollo económico y la adquisición de bienes de capital», según detalló el ministro de Obras Públicas, Carlos Valeri. También participó del encuentro el ministro de Gobierno, Luis Di Giácomo.
El Plan Castello fue presentado por el gobierno provincial en enero de este año y en marzo se envió el proyecto a la Legislatura. Propone el endeudamiento por U$S580.000.000 para realizar una serie de obras que tienen que ver con el desarrollo, el aprovechamiento del recurso hídrico y el saneamiento, la infraestructura eléctrica y vial y un 10% que se destinará a los municipios.
Los expositores destacaron la oportunidad para dirigirse al mercado financiero internacional con el objetivo de construir una infraestructura necesaria para la provincia, y la evolución que fue teniendo el Plan Castello a medida que se avanzaba en el diálogo con los intendentes, los legisladores y representantes de las organizaciones sociales.
Se destacaron tres aspectos que se contemplan en el proyecto que se consideran salvaguardas de la utilización de esos recursos: la creación de una Comisión de Seguimiento, Control y Priorización (artículo 6); la conformación del “Fondo Fiduciario De Desarrollo Rionegrino Plan Gobernador Castello” y la decisión de redistribuir un porcentaje de esos fondos con los Municipios que quieran adherir a este financiamiento.
De las 18 operatorias que ya consumaron las provincias argentinas en los últimos 15 meses, sólo Entre Ríos adoptó una medida similar. “Las Municipalidades podrán adherir o no, y para ello deberán elaborar proyectos de desarrollo o de compra de bienes de capital. Y será en las mismas condiciones que lo consiga la Provincia”, destacaron en la presentación.
Palmieri resaltó que en 2016, trece provincias argentinas recurrieron al mercado internacional de capitales y en lo que va de 2017 ya lo hicieron otras cinco, entre las que mencionó a Buenos Aires, Neuquén y Chubut.
El legislador detalló las cuestiones financieras y fue el encargado de llevar tranquilidad a algunas dudas planteadas por el auditorio. “Es un plan de desarrollo; no nos apura la coyuntura, así que tenemos tiempo para buscar las mejores condiciones posibles, tanto en tasa de interés como en plazo de amortización y tiempo de gracia”, remarcó.
Por su parte, Valeri precisó que al momento de definir las obras se tuvo muy en cuenta “la integración de la provincia, la potencialidad como impulsoras de la dinámica económica y fundamentalmente, que sean generadoras de empleo”. También comentó que “los proyectos ejecutivos de cada una de las obras incluidas en el Plan ya están en marcha. Estimamos que si la Legislatura aprueba este programa y Nación autoriza la gestión, hacia fines de año estaríamos en condiciones de definir el endeudamiento para comenzar las licitaciones y las obras el año que viene”.
Detalles de las obras impulsadas en el Alto Valle
Entre las obras priorizadas para la región del Alto Valle, Valeri destacó la Ciudad Judicial de Cipolletti, con casi 10.000 metros cuadrados. También la incorporación de 6.000 hectáreas bajo riego en Campo Grande; los planes directores de desagües cloacales en varias localidades; las defensas aluvionales para Cipolletti y la ampliación de la red de agua en Roca; las Estaciones Transformadoras en Cipolletti, Campo Grande y Huergo; la modernización de las centrales hidroeléctricas ubicadas sobre el canal principal de riego (Julián Romero, Cipolletti, Roca y Céspedes); la refuncionalización de las rutas 65 (entre Stefenellli y Godoy) y 7 (entre Las Perlas e Isla Jordán) y la pavimentación de caminos rurales en Valle Azul, Regina, Río Colorado, Lamarque y Chichinales.
Di Giácomo se encargó de realizar la presentación política, aclarando el proceso de depuración de las distintas obras, señalando que “comenzamos con U$S 2.800.000.000 y finalmente priorizamos por U$S 580.000.000, que son las que estamos en condiciones de afrontar”. El ministro hizo hincapié en dos cuestiones centrales: la identidad, con “obras de infraestructura que nos permitan relacionarnos más entre los rionegrinos” y el tiempo, señalando que “el desarrollo de la provincia también es una cuestión de continuidad”.
En el encuentro participaron numerosos representantes de organizaciones de la sociedad civil: los Colegios de Abogados, Arquitectos y Médico; los sindicatos UOCRA, Madereros, Bancarios y Viales; el presidente de la Federación de Entidades Empresarias Rionegrinas, Néstor García y el titular de la Cámara de Industria y Comercio de Cipolletti, José Luis Bunter. Entre los intendentes se encontraban Sabina Costa (Allen); Claudia Montanaro (Cervantes); Germán Epul (Cinco Saltos); Gustavo Pita (Contralmirante Cordero); Pedro Dantas (Campo Grande) y Aníbal Tortoriello (Cipolletti). También asistieron los legisladores Silvana Larralde, Norma Coronel, Viviana Germanier, Marta Milesi, Tania Lastra, Silvia Morales, Elvis Cides, Ariel Rivero, José Liguen, Alfredo Martín, Jorge Ocampos, Facundo López y Miguel Vidal. Otros funcionarios que se acercaron a la cita en Cipolletti fueron el interventor en el IPPV, Jorge Barragán; la representante rionegrina ante el Consejo Federal de Inversiones, Laura Perilli; la secretaria de Coordinación del Ministerio de Gobierno, Suyay Urrutia y la subsecretaria de Hacienda, Natalia Crociati.
Río Negro
Río Negro incorporó nuevas mesas de anestesia en cuatro hospitales
Se trata de aparatología de alta precisión que debe garantizar el suministro de una cantidad exacta de gas con el fin de no comprometer la salud del paciente.
Las mesas de anestesia son equipos indispensables en los servicios de cirugía, considerados soporte de vida del paciente. Con el objetivo de incorporar tecnología de última generación, el Gobierno de Río Negro concretó la instalación de nuevos equipos en los hospitales de Viedma, General Roca, Cipolletti y Río Colorado, con una inversión total de $240 millones.
Cada mesa de anestesia tuvo un valor de $60 millones y se utilizan para algunos procedimientos que requieren suministrar gases anestésicos a los pacientes y llevar un monitoreo de su respiración durante todo el proceso.
Se trata de aparatología de alta precisión que debe garantizar el suministro de una cantidad exacta de gas con el fin de no comprometer la salud del paciente.
Son productos de innovación en mecánica, ingeniería y electrónica, y debe contar con una serie de características que van a variar de acuerdo a la complejidad del hospital, garantizando seguridad a los pacientes y profesionales.
El ministro de Salud, Demetrio Thalasselis destacó que se trata de «un nuevo paso que fortalece la salud pública y la calidad de la atención en Río Negro».
En relación a las características técnicas, se trata de mesa de anestesia de origen alemán, que incluye: Fabius Plus con carro, respirador a pistón Adulto/Pediátrico/Neonatal con volumen corriente desde 50ml con modo controlado por volumen (CMV), PCV (Ventilación Controlada por Presión), PS y SIMV. Soporte para vaporizadores y monitor incorporado de FiO2, Presiones y Espirometría.
Además, cuentan con pantalla integrada que muestra FiO2, volumen minuto y tidal, presiones de las vías aéreas (PAW, Meseta Pmax, Pmedia, PEEP) y la frecuencia.
Componentes adicionales: Vaporizador para Sevoflurano marca Drager modelo Vapor 2000. Monitor Multiparamétrico marca Drager, modelo Vista 120. Monitor color TFT de alta resolución de 15″, pantalla touch screen para pacientes Adultos, Pediátricos y Neonatos, con monitorización en 8 (ocho) canales.
Parámetros monitorizados: ECG, Frecuencia cardíaca, Respiración, Saturación de Oxígeno SpO2, Pulso, Temperatura, Presión No Invasiva (NIBP), Presión Invasiva, Capnografía.
Río Negro
Río Negro declaró la Emergencia Ígnea por riesgo extremo de incendios
La medida prohíbe hacer fuego al aire libre ante un contexto de riesgo extremo de incendios forestales y dispone multas severas para quienes incumplan.
El gobernador Alberto Weretilneck firmó ayer (13/11) el Decreto 1104/25 que declara la Emergencia Ígnea por un año en todo el territorio de Río Negro. La medida prohíbe hacer fuego al aire libre ante un contexto de riesgo extremo de incendios forestales y dispone multas severas para quienes incumplan.
Esta decisión activa mecanismos administrativos y financieros especiales que permiten al Estado responder con mayor rapidez, reforzar la prevención y sostener los operativos durante los meses de mayor peligro. «La experiencia nos demuestra que la prevención es la única estrategia eficaz cuando hablamos de incendios forestales», sostuvo el mandatario.
El Gobierno Provincial remarcó que la combinación de factores climáticos extremos (altas temperaturas, fuertes vientos, escasas precipitaciones y vegetación seca), sumada a una mayor presencia de personas en zonas sensibles durante la primavera y el verano, configura un escenario crítico para la ocurrencia y propagación del fuego.
A estos riesgos, se agregan los antecedentes recientes: incendios que afectaron vidas humanas, infraestructura, actividades productivas y áreas naturales en Río Negro y provincias vecinas.
Prohibiciones y controles más estrictos
El Decreto prohíbe por un año encender cualquier tipo de fuego al aire libre en tierras públicas y en todos los espacios que no estén expresamente habilitados. Además, obliga a los concesionarios de balnearios, campings, complejos turísticos, establecimientos rurales y predios recreativos a extremar las medidas de prevención y vigilancia, cumpliendo los estándares fijados por la normativa vigente.
El Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo queda facultado para disponer todas las herramientas administrativas y financieras necesarias para atender la emergencia, mientras que el SPLIF podrá otorgar excepciones puntuales y extender el Estado de Alerta Máxima cuando las condiciones lo requieran. A su vez, se invita a los municipios y comisiones de fomento a adherir a la medida, reforzando los controles y campañas de prevención en sus territorios.
Sanciones severas y acciones legales inmediatas
El decreto establece un régimen de sanciones que prevé multas de entre 100 y 100.000 litros de gasoil ultra diésel YPF, graduadas según el riesgo, el daño potencial y la responsabilidad de cada infractor.
También se ordena iniciar de inmediato acciones penales y patrimoniales contra quienes provoquen incendios, ya sea por negligencia o intencionalidad, con el fin de recuperar los costos que el Estado debe afrontar para combatir y extinguir el fuego. El texto enfatiza que la mayoría de los incendios tienen origen humano y que ese accionar genera daños ambientales, económicos y sociales que tardan generaciones en revertirse.
Weretilneck subrayó que la medida responde a principios de prevención ambiental, defensa del territorio y protección de la población. «El impacto de un incendio forestal es devastador: destruye ecosistemas, afecta la producción, pone en riesgo vidas y compromete el futuro de la provincia. Nuestro deber es anticiparnos y proteger a los rionegrinos», afirmó.
Judiciales
Fallo judicial permite recuperar deuda de obras sociales
Los certificados de deuda del Ministerio de Salud suman $1.042.459.789 en obligaciones impagas por parte de obras sociales, aseguradoras y prepagas.
El Gobierno Provincial logró un fallo judicial que permite recuperar una deuda superior a los $65 millones que la Obra Social de Obreros Empacadores de Fruta mantiene con el Ministerio de Salud, en el marco de la ejecución iniciada por Fiscalía de Estado.
En total, las obras sociales y prepagas acumulan más de $1.040 millones de deuda con el sistema de salud estatal. El listado completo se puede verificar en este link: https://tinyurl.com/24dqtrnt
Esta es la primera sentencia de tres causas similares impulsadas gracias a la Ley 5754, que le brindó a la Provincia un andamiaje legal moderno y ágil, necesario para avanzar en estas acciones luego de que Nación eliminara la Superintendencia de Servicios de Salud.
La resolución de la Unidad Jurisdiccional Contencioso Administrativa Nº13 de Viedma habilita la ejecución por un capital de $65.066.112, más intereses y costas estimados en $36.290.624, lo que representaría ingresos por $101.356.736 para las arcas provinciales.
Según la normativa vigente, el 32% de lo recuperado se podrán destinar directamente a un fondo estímulo para el personal y el resto a los hospitales para su funcionamiento diario, en forma proporcional a la facturación de cada uno.
El fallo otorga un plazo de cinco días para que la obra social pague voluntariamente o presente excepciones. En caso contrario, se avanzará directamente con el cumplimiento forzado.
La acción judicial fue impulsada por la Fiscalía de Estado mediante los abogados Gastón Pérez Estevan, Luciano Minetti Kern y Federico Rosbaco, responsables de llevar adelante el reclamo y asegurar la restitución de los recursos públicos.
Más de $1.042 millones de deuda total con Salud
Los certificados de deuda del Ministerio de Salud suman $1.042.459.789 en obligaciones impagas por parte de obras sociales, aseguradoras y prepagas. A agosto, entre los mayores deudores se encuentran:
- OSECAC, con más de $219 millones.
- OSPRERA, con casi $188 millones.
- OSPECON, con $133 millones.
- Unión Personal Civil de la Nación, con más de $31 millones.
- SANCOR Medicina Privada, OSDE, Swiss Medical y otras grandes prestadoras, con deudas que van de $3 a $9 millones.
El listado, que supera los 150 ítems, incluye obras sociales de sectores industriales, comercio, medios, transporte, seguridad, alimentación y servicios, lo que refleja la magnitud de los recursos que la Provincia adelanta para garantizar la atención.
Ley 5754: la base legal que permite recuperar costos y fortalecer el sistema
La Ley 5754, promulgada a fines de 2024, fue impulsada por el Poder Ejecutivo para garantizar la sostenibilidad financiera de los hospitales provinciales, obligando a los terceros pagadores -obras sociales, prepagas y ART- a cubrir el costo de las prestaciones brindadas a sus afiliados en el sistema público.
La norma dio a Río Negro un marco sólido para el recupero de costos, especialmente después de la eliminación de los mecanismos nacionales que aseguraban el cobro. En este contexto, el ministro de Salud, Demetrio Thalasselis, destacó que «contar con esta herramienta legal nos permitirá avanzar en la recuperación de las deudas acumuladas por las obras sociales y prepagas, para que esos fondos se destinen a fortalecer nuestro sistema de salud y mejorar el financiamiento de nuestros hospitales, especialmente en el actual contexto de crisis económica».
