Río Negro
El gobierno presentó las obras previstas con el Plan Castello
Palmieri, Di Giácomo y Valeri destacaron la importancia de poder llevar a cabo el endeudamiento en el exterior para así poder realizar importantes obras en la provincia.
El tan discutido «Plan Castello» fue presentado en la mañana de este jueves en Cipolletti. «Este plan busca mejorar la calidad de vida de los rionegrinos y crear condiciones para el aumento de la producción y la competitividad de la provincia», destacó en la presentación el presidente del bloque Juntos Somos Río Negro, Alejandro Palmieri.
La iniciativa, que está siendo analizada en el seno de la Legislatura provincial, «buscará la mejor tasa de interés con el mayor plazo posible y cumplirá estrictamente la condición constitucional de endeudarse exclusivamente para el desarrollo económico y la adquisición de bienes de capital», según detalló el ministro de Obras Públicas, Carlos Valeri. También participó del encuentro el ministro de Gobierno, Luis Di Giácomo.
El Plan Castello fue presentado por el gobierno provincial en enero de este año y en marzo se envió el proyecto a la Legislatura. Propone el endeudamiento por U$S580.000.000 para realizar una serie de obras que tienen que ver con el desarrollo, el aprovechamiento del recurso hídrico y el saneamiento, la infraestructura eléctrica y vial y un 10% que se destinará a los municipios.
Los expositores destacaron la oportunidad para dirigirse al mercado financiero internacional con el objetivo de construir una infraestructura necesaria para la provincia, y la evolución que fue teniendo el Plan Castello a medida que se avanzaba en el diálogo con los intendentes, los legisladores y representantes de las organizaciones sociales.
Se destacaron tres aspectos que se contemplan en el proyecto que se consideran salvaguardas de la utilización de esos recursos: la creación de una Comisión de Seguimiento, Control y Priorización (artículo 6); la conformación del “Fondo Fiduciario De Desarrollo Rionegrino Plan Gobernador Castello” y la decisión de redistribuir un porcentaje de esos fondos con los Municipios que quieran adherir a este financiamiento.
De las 18 operatorias que ya consumaron las provincias argentinas en los últimos 15 meses, sólo Entre Ríos adoptó una medida similar. “Las Municipalidades podrán adherir o no, y para ello deberán elaborar proyectos de desarrollo o de compra de bienes de capital. Y será en las mismas condiciones que lo consiga la Provincia”, destacaron en la presentación.
Palmieri resaltó que en 2016, trece provincias argentinas recurrieron al mercado internacional de capitales y en lo que va de 2017 ya lo hicieron otras cinco, entre las que mencionó a Buenos Aires, Neuquén y Chubut.
El legislador detalló las cuestiones financieras y fue el encargado de llevar tranquilidad a algunas dudas planteadas por el auditorio. “Es un plan de desarrollo; no nos apura la coyuntura, así que tenemos tiempo para buscar las mejores condiciones posibles, tanto en tasa de interés como en plazo de amortización y tiempo de gracia”, remarcó.
Por su parte, Valeri precisó que al momento de definir las obras se tuvo muy en cuenta “la integración de la provincia, la potencialidad como impulsoras de la dinámica económica y fundamentalmente, que sean generadoras de empleo”. También comentó que “los proyectos ejecutivos de cada una de las obras incluidas en el Plan ya están en marcha. Estimamos que si la Legislatura aprueba este programa y Nación autoriza la gestión, hacia fines de año estaríamos en condiciones de definir el endeudamiento para comenzar las licitaciones y las obras el año que viene”.
Detalles de las obras impulsadas en el Alto Valle
Entre las obras priorizadas para la región del Alto Valle, Valeri destacó la Ciudad Judicial de Cipolletti, con casi 10.000 metros cuadrados. También la incorporación de 6.000 hectáreas bajo riego en Campo Grande; los planes directores de desagües cloacales en varias localidades; las defensas aluvionales para Cipolletti y la ampliación de la red de agua en Roca; las Estaciones Transformadoras en Cipolletti, Campo Grande y Huergo; la modernización de las centrales hidroeléctricas ubicadas sobre el canal principal de riego (Julián Romero, Cipolletti, Roca y Céspedes); la refuncionalización de las rutas 65 (entre Stefenellli y Godoy) y 7 (entre Las Perlas e Isla Jordán) y la pavimentación de caminos rurales en Valle Azul, Regina, Río Colorado, Lamarque y Chichinales.
Di Giácomo se encargó de realizar la presentación política, aclarando el proceso de depuración de las distintas obras, señalando que “comenzamos con U$S 2.800.000.000 y finalmente priorizamos por U$S 580.000.000, que son las que estamos en condiciones de afrontar”. El ministro hizo hincapié en dos cuestiones centrales: la identidad, con “obras de infraestructura que nos permitan relacionarnos más entre los rionegrinos” y el tiempo, señalando que “el desarrollo de la provincia también es una cuestión de continuidad”.
En el encuentro participaron numerosos representantes de organizaciones de la sociedad civil: los Colegios de Abogados, Arquitectos y Médico; los sindicatos UOCRA, Madereros, Bancarios y Viales; el presidente de la Federación de Entidades Empresarias Rionegrinas, Néstor García y el titular de la Cámara de Industria y Comercio de Cipolletti, José Luis Bunter. Entre los intendentes se encontraban Sabina Costa (Allen); Claudia Montanaro (Cervantes); Germán Epul (Cinco Saltos); Gustavo Pita (Contralmirante Cordero); Pedro Dantas (Campo Grande) y Aníbal Tortoriello (Cipolletti). También asistieron los legisladores Silvana Larralde, Norma Coronel, Viviana Germanier, Marta Milesi, Tania Lastra, Silvia Morales, Elvis Cides, Ariel Rivero, José Liguen, Alfredo Martín, Jorge Ocampos, Facundo López y Miguel Vidal. Otros funcionarios que se acercaron a la cita en Cipolletti fueron el interventor en el IPPV, Jorge Barragán; la representante rionegrina ante el Consejo Federal de Inversiones, Laura Perilli; la secretaria de Coordinación del Ministerio de Gobierno, Suyay Urrutia y la subsecretaria de Hacienda, Natalia Crociati.
Judiciales
Una historia detrás de un cambio de apellido: cuando la identidad pesa más que el origen
El adolescente aclaró que su intención concreta consistía en llevar el apellido de su padre afín.
Un adolescente recurrió al Poder Judicial porque cargaba con un peso invisible: su apellido. Para él, ese nombre en su documento era solo un recordatorio de una ausencia total, lo que le provocaba rechazo y vergüenza.
En la escuela y con sus amigos, todos lo conocen por otro apellido: el de la persona que lo cuidó y lo sostuvo desde que tenía un año y medio. El padre de crianza ocupó el lugar que el progenitor dejó vacío por desinterés.
Aunque su madre ya no es pareja de ese hombre, el vínculo entre ellos permaneció intacto. Él lo acompaña a los actos escolares, lo apoya económicamente y comparte con él vacaciones y festejos familiares.
El fuero de Familia de Villa Regina hizo lugar a la acción iniciada por el adolescente y ordenó la supresión del apellido paterno. También dispuso la rectificación de la partida de nacimiento para que el joven lleve el apellido del hombre que lo crio. Además, ordenó comunicar la decisión al Registro Civil para modificar el acta correspondiente y emitir un nuevo documento nacional de identidad.
Ante una consulta del Juzgado, el adolescente aclaró que su intención concreta consistía en llevar el apellido de su padre afín. Durante el proceso intervino la Defensoría de Menores y se produjo prueba documental, testimonial y pericial psicológica. También se realizaron notificaciones al progenitor biológico, quien no se presentó en ningún momento. La fiscalía y el Registro Civil emitieron dictámenes favorables a la petición.
Los testigos coincidieron en que el joven no se identifica con el apellido paterno y reconoce como padre a quien lo acompañó en su crianza, con quien mantiene una relación cercana. También señalaron que, en ámbitos sociales, escolares y en redes, el adolescente ya utiliza ese apellido.
El fallo recordó que el derecho a la identidad incluye elementos como el nombre, la filiación y la pertenencia social y familiar. El Código Civil y Comercial permite modificar el nombre cuando existen justos motivos, lo que habilita valorar la dimensión dinámica de la identidad personal. En ese marco, la jueza consideró que el abandono del progenitor biológico y la consolidación de un vínculo socioafectivo con el padre de crianza constituyen razones suficientes para apartarse del principio de inmutabilidad del nombre.
También destacó la importancia del interés superior del adolescente y su derecho a ser escuchado. En la audiencia realizada durante el proceso, el joven reafirmó su decisión y explicó que reflexiona sobre el cambio de apellido desde hace años.
A partir de la prueba reunida, el Juzgado concluyó que el uso del apellido paterno genera una afectación en la identidad personal del adolescente y que la modificación solicitada refleja la realidad de sus vínculos familiares y sociales.
Judiciales
Obra social deberá cubrir intervención facial en proceso de transición de género
La rinoplastía feminizante fue considerada parte del proceso de adecuación corporal por el Superior Tribunal de Justicia.
El Superior Tribunal de Justicia de Río Negro confirmó una sentencia que ordenó garantizar la cobertura integral para una cirugía de rinoplastía feminizante solicitada por una afiliada a una obra social, en el marco de su proceso de adecuación corporal conforme a su identidad de género.
El caso llegó al máximo tribunal provincial a partir de la apelación presentada por la Provincia contra una sentencia de amparo que había reconocido el derecho de la afiliada a acceder a distintas intervenciones vinculadas con su proceso de transición. El recurso cuestionaba únicamente la cobertura de la rinoplastía feminizante.
Al analizar el planteo, el Superior Tribunal señaló que el debate central se vincula con el alcance del derecho a la identidad de género y con la interpretación de la normativa que regula las intervenciones médicas destinadas a adecuar el cuerpo a la identidad autopercibida.
La sentencia recordó que la Ley N° 26.743 de Identidad de Género reconoce ese derecho como un derecho humano fundamental. Establece que las personas mayores de edad pueden acceder a intervenciones quirúrgicas totales o parciales para adecuar su cuerpo, incluida la genitalidad, sin necesidad de autorización judicial o administrativa. Además, la norma dispone que las prestaciones vinculadas con estos tratamientos deben ser garantizadas por los efectores del sistema de salud.
En ese marco, el máximo Tribunal destacó que la reglamentación del artículo 11 de la ley enumera distintas cirugías vinculadas con los procesos de adecuación corporal, pero aclara expresamente que ese listado es de carácter «meramente enunciativo y no taxativo».
Para el Superior Tribunal, este punto resulta determinante para resolver el caso, ya que implica que la cobertura de las intervenciones no se limita exclusivamente a las prácticas detalladas en la reglamentación. En consecuencia, la evaluación de cada pedido debe realizarse considerando el objetivo de garantizar el ejercicio efectivo del derecho a la identidad de género.
La sentencia también analizó la indicación médica incorporada al expediente. Según el informe profesional, la rinoplastía feminizante forma parte del proceso de afirmación de género y se vincula con la necesidad de adecuar ciertos rasgos faciales a la identidad autopercibida, con impacto en el bienestar psicológico y en la calidad de vida.
Desde esa perspectiva, el tribunal señaló que el derecho a la salud debe interpretarse en sentido amplio, conforme al concepto adoptado por la Organización Mundial de la Salud, que comprende el bienestar físico, mental y social de las personas.
El fallo también remarcó que el proceso de adecuación corporal puede involucrar distintas intervenciones que, en conjunto, integran un abordaje médico destinado a armonizar la identidad de género con las características físicas de la persona. Así, confirmó la obligación de cobertura de la obra social.
Agro
Avanza la limpieza de colectores clave para el riego en el Alto Valle
Actualmente ya se completaron 15,5 kilómetros de limpieza, lo que representa un avance cercano al 40% de la intervención prevista.
El Gobierno de Río Negro, a través del Departamento Provincial de Aguas (DPA) y junto a los consorcios de riego, avanza con la limpieza de los colectores pluviales de la 6° y 7° zona al norte de Cervantes, Mainqué e Ingeniero Huergo. Los trabajos ya alcanzan un 40% de ejecución sobre un sistema clave para la producción.
Los trabajos son ejecutados por el DPA en conjunto con los consorcios de riego de la región y forman parte de las acciones permanentes de mantenimiento de la infraestructura hídrica que sostiene la producción frutícola del Valle.
Este sistema de colectores cumple una función fundamental en el manejo hídrico de la zona: recolecta y conduce los aportes pluviales desde el sector norte hasta su descarga en el río, permitiendo mantener la napa freática en niveles adecuados para los cultivos y eliminar los excesos de riego.
El conjunto de colectores tiene una extensión aproximada de 40 kilómetros. Actualmente ya se completaron 15,5 kilómetros de limpieza, lo que representa un avance cercano al 40% de la intervención prevista.
El inspector del DPA, Fernando Casares, explicó que «este sistema recolecta y conduce los aportes pluviales de la zona norte hasta su descarga en el río y es fundamental para mantener la freática en niveles adecuados para los cultivos y eliminar los excesos de riego».
Estas tareas se inscriben en el plan permanente de mantenimiento del sistema hídrico provincial, una infraestructura clave para el desarrollo productivo del Alto Valle.
