Río Negro
El gobierno presentó las obras previstas con el Plan Castello
Palmieri, Di Giácomo y Valeri destacaron la importancia de poder llevar a cabo el endeudamiento en el exterior para así poder realizar importantes obras en la provincia.
El tan discutido «Plan Castello» fue presentado en la mañana de este jueves en Cipolletti. «Este plan busca mejorar la calidad de vida de los rionegrinos y crear condiciones para el aumento de la producción y la competitividad de la provincia», destacó en la presentación el presidente del bloque Juntos Somos Río Negro, Alejandro Palmieri.
La iniciativa, que está siendo analizada en el seno de la Legislatura provincial, «buscará la mejor tasa de interés con el mayor plazo posible y cumplirá estrictamente la condición constitucional de endeudarse exclusivamente para el desarrollo económico y la adquisición de bienes de capital», según detalló el ministro de Obras Públicas, Carlos Valeri. También participó del encuentro el ministro de Gobierno, Luis Di Giácomo.
El Plan Castello fue presentado por el gobierno provincial en enero de este año y en marzo se envió el proyecto a la Legislatura. Propone el endeudamiento por U$S580.000.000 para realizar una serie de obras que tienen que ver con el desarrollo, el aprovechamiento del recurso hídrico y el saneamiento, la infraestructura eléctrica y vial y un 10% que se destinará a los municipios.
Los expositores destacaron la oportunidad para dirigirse al mercado financiero internacional con el objetivo de construir una infraestructura necesaria para la provincia, y la evolución que fue teniendo el Plan Castello a medida que se avanzaba en el diálogo con los intendentes, los legisladores y representantes de las organizaciones sociales.
Se destacaron tres aspectos que se contemplan en el proyecto que se consideran salvaguardas de la utilización de esos recursos: la creación de una Comisión de Seguimiento, Control y Priorización (artículo 6); la conformación del “Fondo Fiduciario De Desarrollo Rionegrino Plan Gobernador Castello” y la decisión de redistribuir un porcentaje de esos fondos con los Municipios que quieran adherir a este financiamiento.
De las 18 operatorias que ya consumaron las provincias argentinas en los últimos 15 meses, sólo Entre Ríos adoptó una medida similar. “Las Municipalidades podrán adherir o no, y para ello deberán elaborar proyectos de desarrollo o de compra de bienes de capital. Y será en las mismas condiciones que lo consiga la Provincia”, destacaron en la presentación.
Palmieri resaltó que en 2016, trece provincias argentinas recurrieron al mercado internacional de capitales y en lo que va de 2017 ya lo hicieron otras cinco, entre las que mencionó a Buenos Aires, Neuquén y Chubut.
El legislador detalló las cuestiones financieras y fue el encargado de llevar tranquilidad a algunas dudas planteadas por el auditorio. “Es un plan de desarrollo; no nos apura la coyuntura, así que tenemos tiempo para buscar las mejores condiciones posibles, tanto en tasa de interés como en plazo de amortización y tiempo de gracia”, remarcó.
Por su parte, Valeri precisó que al momento de definir las obras se tuvo muy en cuenta “la integración de la provincia, la potencialidad como impulsoras de la dinámica económica y fundamentalmente, que sean generadoras de empleo”. También comentó que “los proyectos ejecutivos de cada una de las obras incluidas en el Plan ya están en marcha. Estimamos que si la Legislatura aprueba este programa y Nación autoriza la gestión, hacia fines de año estaríamos en condiciones de definir el endeudamiento para comenzar las licitaciones y las obras el año que viene”.
Detalles de las obras impulsadas en el Alto Valle
Entre las obras priorizadas para la región del Alto Valle, Valeri destacó la Ciudad Judicial de Cipolletti, con casi 10.000 metros cuadrados. También la incorporación de 6.000 hectáreas bajo riego en Campo Grande; los planes directores de desagües cloacales en varias localidades; las defensas aluvionales para Cipolletti y la ampliación de la red de agua en Roca; las Estaciones Transformadoras en Cipolletti, Campo Grande y Huergo; la modernización de las centrales hidroeléctricas ubicadas sobre el canal principal de riego (Julián Romero, Cipolletti, Roca y Céspedes); la refuncionalización de las rutas 65 (entre Stefenellli y Godoy) y 7 (entre Las Perlas e Isla Jordán) y la pavimentación de caminos rurales en Valle Azul, Regina, Río Colorado, Lamarque y Chichinales.
Di Giácomo se encargó de realizar la presentación política, aclarando el proceso de depuración de las distintas obras, señalando que “comenzamos con U$S 2.800.000.000 y finalmente priorizamos por U$S 580.000.000, que son las que estamos en condiciones de afrontar”. El ministro hizo hincapié en dos cuestiones centrales: la identidad, con “obras de infraestructura que nos permitan relacionarnos más entre los rionegrinos” y el tiempo, señalando que “el desarrollo de la provincia también es una cuestión de continuidad”.
En el encuentro participaron numerosos representantes de organizaciones de la sociedad civil: los Colegios de Abogados, Arquitectos y Médico; los sindicatos UOCRA, Madereros, Bancarios y Viales; el presidente de la Federación de Entidades Empresarias Rionegrinas, Néstor García y el titular de la Cámara de Industria y Comercio de Cipolletti, José Luis Bunter. Entre los intendentes se encontraban Sabina Costa (Allen); Claudia Montanaro (Cervantes); Germán Epul (Cinco Saltos); Gustavo Pita (Contralmirante Cordero); Pedro Dantas (Campo Grande) y Aníbal Tortoriello (Cipolletti). También asistieron los legisladores Silvana Larralde, Norma Coronel, Viviana Germanier, Marta Milesi, Tania Lastra, Silvia Morales, Elvis Cides, Ariel Rivero, José Liguen, Alfredo Martín, Jorge Ocampos, Facundo López y Miguel Vidal. Otros funcionarios que se acercaron a la cita en Cipolletti fueron el interventor en el IPPV, Jorge Barragán; la representante rionegrina ante el Consejo Federal de Inversiones, Laura Perilli; la secretaria de Coordinación del Ministerio de Gobierno, Suyay Urrutia y la subsecretaria de Hacienda, Natalia Crociati.
Judiciales
Un fallo del STJ protegió la gratuidad de quien ganó un juicio de consumo
El Banco Patagonia había recurrido la decisión y pretendía aplicar el tope previsto para la responsabilidad por costas.
El Superior Tribunal de Justicia (STJ) confirmó una sentencia que declaró inaplicable, por inconstitucional, el límite establecido en el artículo 730 del Código Civil y Comercial de la Nación en un juicio de consumo. De esta manera, protegió el beneficio de gratuidad de la persona consumidora que había ganado el proceso.
La discusión surgió luego de que Banco Patagonia, condenado en costas, pretendiera aplicar el límite previsto en esa norma. La aplicación del tope reducía la parte de los honorarios que debía afrontar la entidad y trasladaba la diferencia a la persona consumidora que había resultado vencedora.
La persona consumidora y su abogado cuestionaron esa situación y plantearon que el límite no podía aplicarse porque la Ley de Defensa del Consumidor reconoce el beneficio de gratuidad para quienes recurren a la Justicia para defender sus derechos.
La Cámara de Apelaciones hizo lugar al planteo y declaró inaplicable el artículo 730 para el caso concreto. El banco recurrió ante el STJ, entre otros motivos, porque consideraba que el planteo de inconstitucionalidad había sido realizado fuera de tiempo.
El máximo Tribunal rechazó ese argumento. Explicó que el perjuicio generado por la norma se hizo concreto recién cuando se regularon los honorarios y se dispuso la aplicación del artículo 730. Antes de ese momento, el impacto económico todavía no estaba determinado.
El STJ también analizó el beneficio de gratuidad de la Ley de Defensa del Consumidor y señaló que las relaciones de consumo cuentan con un régimen especial de protección. Ante una duda, sostuvo, debe prevalecer la interpretación más favorable a la persona consumidora.
El Tribunal aclaró que la gratuidad no es absoluta: en los reclamos individuales, una empresa puede demostrar que el consumidor posee solvencia económica y solicitar que el beneficio cese. En este caso, Banco Patagonia no acreditó esa circunstancia.
Por esos fundamentos, el STJ rechazó el recurso del banco y confirmó la sentencia que declaró inaplicable e inconstitucional el artículo 730 para este expediente.
Política
La Provincia busca fondos para comenzar a recuperar los tramos críticos de las Rutas 22 y 151
El proyecto enviado a la Legislatura autoriza al Ejecutivo a gestionar financiamiento externo para obras en los sectores más deteriorados y estudios de preinversión.
Río Negro busca contar con los recursos necesarios para comenzar a recuperar los tramos críticos de las Rutas Nacionales 22 y 151, luego de décadas de abandono de los gobiernos nacionales. El proyecto de ley enviado por el gobernador Alberto Weretilneck propone autorizar un financiamiento externo de hasta US$ 60 millones para obras y estudios de preinversión
La propuesta contempla inicialmente recurrir a FONPLATA–Banco de Desarrollo, aunque también habilita al Poder Ejecutivo a gestionar otros programas de financiamiento externo multilateral, bilateral o nacional que pueda disponer el Gobierno Nacional.
El programa tiene un objetivo concreto: resolver los problemas más urgentes y generar las condiciones para una recuperación integral. Contempla obras de puesta en valor en los sectores de mayor deterioro y estudios de preinversión que permitan definir las siguientes etapas, evaluar alternativas técnicas y económicas y determinar los esquemas más convenientes para cada ruta.
La Provincia busca trabajar en dos tiempos: atender primero los puntos críticos y, al mismo tiempo, planificar lo que viene. Las intervenciones permitirán mejorar las condiciones de seguridad y transitabilidad, mientras que los estudios aportarán la información necesaria para organizar la recuperación durante los próximos años.
Un financiamiento con destino específico
El proyecto establece que los recursos tendrán un destino exclusivo vinculado con las Rutas 22 y 151. Podrán utilizarse para ejecutar obras en los tramos de máxima criticidad, realizar estudios de preinversión y cubrir los costos de administración necesarios para desarrollar el programa.
El Ministerio de Hacienda, a través de la Unidad Provincial de Coordinación y Ejecución del Financiamiento Externo, será el organismo ejecutor, con la participación de Vialidad Rionegrina como responsable técnica de las obras e intervenciones.
La autorización de la Legislatura no significa que los US$ 60 millones ingresarán automáticamente ni que el financiamiento se tomará de manera inmediata. Permitirá que el Poder Ejecutivo gestione y estructure la operación y suscriba los instrumentos necesarios para concretarla.
Las condiciones financieras, como la tasa de interés, el plazo de amortización, las comisiones y los gastos, se determinarán posteriormente en el convenio de préstamo correspondiente.
Política
Rutas 22 y 151: Qué cambia con la Emergencia Vial Provincial
La medida permitirá acelerar intervenciones sobre los tramos que pasen a la órbita provincial, con prioridad en reparación, mantenimiento, repavimentación y señalización.
El Gobierno de Río Negro busca acelerar las respuestas frente al deterioro de distintos sectores de las Rutas Nacionales 22 y 151. El proyecto enviado por el gobernador Alberto Weretilneck a la Legislatura propone declarar la Emergencia Vial Provincial en toda su extensión dentro del territorio rionegrino, una herramienta que permitirá agilizar las intervenciones necesarias sobre cada tramo, una vez concretada la transferencia de competencias.
Durante años, el abandono de los Gobiernos Nacionales se fue acumulando hasta convertir algunos sectores en un riesgo cotidiano. Ahuellamientos, banquinas deterioradas, obras inconclusas y otras condiciones afectan la seguridad de miles de personas y también impacta en la producción y la conectividad.
Ahora, la Provincia se prepara para asumir una responsabilidad que cambia el escenario. Y para eso necesita contar con herramientas propias para actuar sobre estos corredores.
Por eso, el proyecto propone declarar la Emergencia Vial por un año desde la publicación de la ley, con la posibilidad de prorrogarla por otro período igual mediante un decreto del Poder Ejecutivo. En términos simples, la medida busca que la Provincia pueda responder con mayor rapidez cuando un tramo presente una situación que no puede esperar.
Vialidad Rionegrina será la autoridad de aplicación y tendrá a su cargo la gestión, administración, mantenimiento, planificación y ejecución de obras sobre los sectores que se vayan incorporando. Esto permitirá atender los puntos deteriorados, realizar tareas de mantenimiento, mejorar la señalización, ejecutar repavimentaciones y desarrollar otras intervenciones necesarias para recuperar condiciones de seguridad y transitabilidad.
El acuerdo con Nación establece que la transferencia será progresiva, tramo por tramo. Cada sector deberá contar con un convenio específico y un Acta de Toma de Posesión que determine qué se transfiere, en qué condiciones y desde qué momento Vialidad Rionegrina comienza a hacerse cargo.
De esta manera, la Provincia podrá ordenar las intervenciones, conocer el estado de cada tramo, establecer prioridades y actuar sobre aquellos sectores que se encuentren efectivamente bajo su gestión.
