«Como autora del proyecto de ley que deroga la Ley Antiterrorista, pido al juez Hugo Greca, quien ha impartido dicha orden en el marco de una causa radicada en el Juzgado Federal de General Roca, que deje sin efecto la orden de captura del secretario general de ATE y la CTA Río Negro, Rodolfo Aguiar, y convoque al diálogo como tantas veces la justicia lo ha hecho, pero sin represión, sin palos, ni cárcel para los trabajadores», dijo al anoticiarse de la resolución judicial la senadora nacional Magdalena Odarda (Frente Progresista-CC ARI).

«En el ejercicio de la democracia, las garantías de la libre expresión y la manifestación del disenso, son una condición indispensable para su sostenimiento, crecimiento y fortalecimiento. En muchas circunstancias los gobiernos en lugar de escuchar las demandas sociales y dar solución a las problemáticas de fondo planteadas, ejercen distintas formas de criminalización de las expresiones y protestas sociales, poniendo énfasis en la represión de esas formas de manifestar descontento», agregó.

«Así es como, en general, se dispone de los recursos institucionales del Estado para reprimir y judicializar los reclamos de los grupos sociales más movilizados, pretendiendo acallar de esta forma las voces que alertan sobre las malas políticas aplicadas o el no reconocimiento de derechos básicos», sostuvo Odarda.

En este sentido, detalló que «en Argentina, el proceso de judicialización de la protesta social elevaba según los registros de años anteriores a más de 4.000 los procesamientos. Seguramente dicho número ha ido en aumento. En este proceso además, se han agravado las imputaciones, hecho que profundiza la criminalización de la que hablamos».

«Una vez más una orden de captura para un representante de los trabajadores de ATE por visibilizar un legítimo reclamo como es la defensa de la fuente de trabajo de trabajadores, pone en evidencia que se castiga al que reclama, como se lo hizo en algún momento con productores quienes llevaron sobre sus espaldas eternos procesos judiciales que duraron años y recién ahora están recibiendo, solo algunos, la notificación de sobreseimiento definitivo», explicó Odarda.

«Siempre en democracia se puede llegar a acuerdos y reivindicar derechos sin recurrir al encarcelamiento que rompe la paz social y provoca un daño en quien reclama y en sus familias, cuando lo hace en nombre de sus representados pidiendo nada más ni nada menos, que por un derecho constitucional, como lo es el derecho al trabajo en condiciones dignas, el derecho a la vivienda, el derecho a la educación, a la salud, entre otros», concluyó la senadora rionegrina.