El Senado de la Nación aprobó ayer por unanimidad y convirtió en ley la norma que prohíbe la aplicación de la ley del 2×1 a los condenados por delitos de genocidio, lesa humanidad y crímenes de guerra, luego de la polémica surgida tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia que benefició a un represor acusado de delitos cometidos durante la última dictadura militar.

En un debate de cuatro horas y media, la normativa impulsada por el oficialismo, con el aporte de diferentes sectores políticos, fue aprobada por 56 votos afirmativos.

En representación del oficialismo, los senadores Federico Pinedo y Laura Rodríguez Machado afirmaron que el gobierno de Cambiemos tuvo una reacción rápida ante la polémica suscitada por el fallo de la Corte y manifestaron el «absoluto rechazo» a las posturas que indican que la administración de Mauricio Macri tiene una política permisiva con los delitos de terrorismo de Estado.

«Rechazo de manera absoluta que el Gobierno haya hecho alguna jugada para que algún represor quede libre», enfatizó la jefa de los senadores del PRO.

La propuesta para limitar la ley del 2×1, que rigió entre 1994 y 2001 cuando fue derogada, recibió durante la sesión de hoy un amplio consenso político de las bancadas del FPV-PJ, incluido el ultrakirchnerismo, del Frente Progresista de Jaime Linares, del espacio que lidera Fernando «Pino» Solanas y de partidos provinciales que se expidieron en el transcurso del debate.

Senadores del Frente para la Victoria cuestionaron, no obstante, la política del gobierno nacional en materia de derechos humanos y a los jueces de la Corte que emitieron el fallo y fueron propuestos por el Gobierno, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz.

La oposición volvió a insistir con la ampliación de los miembros de la Corte Suprema, en los discursos del jefe del FPV-PJ, Miguel Pichetto, y del peronismo federal, Adolfo Rodríguez Saá, y pidieron que la jueza Elena Highton de Nolasco se aparte del cargo al cumplir los 75 años.

El ultrakirchnerismo, encarnado en las senadoras por Mendoza, Anabel Fernández Sagasti y Virginia García, en tanto, conjeturó que el Poder Ejecutivo tuvo injerencia en la decisión de la Corte Suprema al emitir la sentencia en favor del represor Luis Muiña.

Mientras transcurría la sesión, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, y el ex juez de la Corte, Eugenio Zaffaroni, ofrecieron una conferencia de prensa en el salón de las Provincias para manifestar el respaldo a la restricción del 2×1 para represores y convocar a la marcha que se realizará esta tarde hacia Plaza de Mayo convocada por organismos de derechos humanos.

El radicalismo, que representaron senadores como Julio Cobos o Luis Naidenoff, expresó que el fallo de la Corte «va a contramano de lo que viene haciendo Argentina en derechos humanos y seguridad» y ratificó el respaldo a la política de derechos humanos del gobierno nacional.

El proyecto establece que el 2×1, previsto en el artículo 7° de la ley 24.390, «no es aplicable a delitos de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra». En su segundo artículo sostiene que «será aplicable sólo a aquellos casos en los que el condenado hubiera estado en prisión preventiva durante la vigencia de la ley», entre 1994 y 2001.

El tercer artículo señala que lo dispuesto en los dos artículos anteriores es «la interpretación auténtica» del «dos por uno» y que «será aplicable a las causas en trámite».