Río Negro
Denuncian destrozos y robo de elementos en la Delegación de Desarrollo Social en Roca
Por casi un mes una organización de desocupados ocupó las instalaciones. El ministro Gallí denunció la situación en la Justicia.
Serios destrozos en las instalaciones y el robo de mobiliario y otros elementos, tanto de la dependencia como de los propios trabajadores, fue el resultado de la ocupación de las oficinas del Ministerio de Desarrollo Social en General Roca. La sede fue ocupada por la Organización de Desocupados en Lucha (ODEL), generando además la paralización de las actividades del organismo público por casi un mes.
La situación fue denunciada por el propio ministro de Desarrollo Social, Fabián Galli, quien dio cuenta del faltante de equipos informáticos con valiosa información, mobiliarios y distintos elementos de la Delegación, así como la destrucción de paredes e instalaciones, la pintada de paredes y otras cuestiones que demandarán un importante gasto al erario público provincial. Se constató la falta además de colchones, alimentos y bienes personales de los trabajadores.
No obstante, el funcionario provincial lamentó además de los daños y gastos económicos, que la toma del edificio por parte de la Organización de Desocupados en Lucha (ODEL) significó la parálisis total de este organismo provincial durante un mes, “impidiendo el normal trabajo y la asistencia a las familias de General Roca y la región que necesitan del acompañamiento del Estado”. “Parece mentira que aduciendo la supuesta necesidad de ayuda, impidan que otros vecinos puedan acceder a la contención que necesitan”, dijo Galli.
Agregó que “no quedan dudas que esto fue una acción política disfrazada detrás de un supuesto reclamo social. El líder de ODEL es uno de los socios políticos de Rodolfo Aguiar y ATE, y prueba de ello es su activa participación en la agresión a policías ocurrida días atrás en Viedma frente a la Legislatura. Mientras Báez sigue prófugo, su grupo siguió ocupando y destruyendo nuestras oficinas”.
“Esto no tiene nada que ver con necesidades sociales. Tiene un único fin que es evitar el funcionamiento del sistema de asistencia a las familias de la región con necesidades. Cada pedido realizado por la Organización de Desocupados en Lucha por los caminos que corresponde han sido atendidos y han recibido la asistencia requerida y comprometida por el Ministerio. Ahora, cuando los pedidos no son a través de los mecanismos naturales y encima pretenden lograr lo que quieren mediante el uso de la fuerza y la destrucción, es imposible que se pueda avanzar en soluciones”, dijo.
El ministro agregó que “esto no es más que un acto vandálico teñido de cuestiones políticas, y jamás cederemos ante la extorsión, sea cual sea el método utilizado. Denunciamos esta situación y avanzaremos hasta las últimas consecuencias”.
Por otra parte, Galli lamentó la poca respuesta obtenida de parte de la Justicia, que no tomó la debida intervención para normalizar la situación tras la toma del edificio por un mes. Citó al juez Maximiliano Camarda y al fiscal Ricardo Romero, ya que desde el Ministerio se realizaron distintas denuncias durante la ocupación y nunca accionaron para descomprimir el conflicto. «Espero que a partir de estas denuncias actúen en consecuencia», indicó finalmente.
Judiciales
Caso Mandagaray: El STJ anuló, reiteró la obligación de garantizar la revisión integral y fijó pautas para el nuevo análisis
La sentencia reenvió el caso al Tribunal de Impugnación, que deberá integrarse de manera diferente.
El STJ anuló nuevamente la sentencia dictada por el Tribunal de Impugnación en la causa en la que falleció el joven Gabriel Mandagaray. Concluyó que no se cumplió con la revisión integral que le había sido ordenada en un reenvío anterior y dispuso que otro tribunal, con distinta integración, vuelva a abordar el caso. Además, dio instrucciones detalladas de los pasos que debe seguir el órgano revisor.
El Superior Tribunal aclaró que no se pronunció sobre el fondo de la cuestión. «Con la intención de otorgar claridad -especialmente a los familiares de la víctima- este Tribunal no se pronuncia sobre la corrección y acogimiento de los agravios formulados, sino sobre la necesidad de otorgarles debido tratamiento».
El objetivo es garantizar el cumplimiento de la doctrina legal sobre «la obligación de los tribunales intermedios de ejercer una revisión plena y fundada de las sentencias condenatorias, en resguardo del derecho al recurso y del debido proceso».
Expresó que a pesar de las indicaciones que el STJ había establecido en su fallo anterior, el TI «desatiende su obligación de agotar su capacidad revisora». Se limitó a un análisis «superficial» y contradictorio. Recordó que la revisión de las sentencias condenatorias es una garantía de jerarquía constitucional. Citó fallos de la Corte y del propio órgano provincial al respecto.
Lo que se debe atender
El Superior Tribunal consideró que el órgano revisor no abordó de manera adecuada los planteos sobre el principio de congruencia. Esta garantía exige coherencia entre la acusación, la defensa y la sentencia. Este principio impide que la resolución realice modificaciones sorpresivas en los hechos o en las imputaciones. «La respuesta a los agravios relacionados con la vulneración del principio de congruencia procesal se ofrece limitada», dice la sentencia del STJ.
Tampoco analizó adecuadamente los planteamientos sobre los delitos atribuidos: abuso de autoridad (hecho 1) y homicidio culposo (hecho 2).
El fallo revisor confundió argumentos de ambas figuras penales, utilizó expresiones generales y no precisó cuáles fueron los actos concretos atribuidos a cada acusado.
En cuanto al homicidio culposo debió aplicar la doctrina de la autoría paralela, que refiere a la situación en que varias personas cometen un mismo delito de forma independiente, sin un acuerdo previo, causando conjuntamente el mismo resultado. A diferencia de la coautoría, aquí no existe un plan común.
En efecto, recordó el máximo Tribunal, hay doctrina obligatoria por la cual para probar este tipo de autoría es imprescindible determinar el aporte de cada interviniente en el hecho. A pesar de que ya había sido ordenado en el fallo anterior del STJ, la segunda conformación del TI no cumplió con ese requisito.
Indicó sobre este punto que el TI 2 se limitó a afirmar que todos los acusados actuaron imprudentemente, pero sin precisar cuál fue la conducta atribuida a cada uno ni de qué manera esa conducta generó un riesgo no permitido.
El fallo subraya que la revisión integral es una exigencia que deriva del mandato constitucional de motivar las decisiones judiciales, previsto en el artículo 200 de la Constitución de Río Negro, y que constituye una garantía esencial de la administración de justicia. «El Tribunal elude su responsabilidad institucional, no se ocupa de revisar lo revisable y solo ensaya una contestación dogmática, superficial e insuficiente que no satisface el alcance del derecho a la revisión de la sentencia de condena, o doble instancia», señala la resolución.
Indicaciones de los pasos a seguir
La sentencia reenvió el caso al Tribunal de Impugnación, que deberá integrarse de manera diferente. Para evitar más dilaciones, el STJ dejó sentado los pasos que deberán seguirse en la revisión: en primer término tendrá que examinar los cuestionamientos vinculados con el principio de congruencia. Para ello deberá confrontar los hechos de la acusación y los establecidos en la sentencia.
Luego, al abordar el hecho de abuso de autoridad, deberá identificar los actos concretos de los acusados que constituyan inobservancia de la ley, «sin vaguedades ni descripciones genéricas». Por último, en la revisión del hecho de homicidio culposo, se deberán determinar los aportes individuales en el resultado muerte.
Río Negro
Nuevos vuelos internacionales llegarán a Bariloche
La zona andina rionegrina comienza a calentar motores para el 2026
De cara a la temporada de invierno 2026, Aerolíneas Argentinas anunció que sumará una nueva ruta aérea entre San Pablo y San Carlos de Bariloche, facilitando el arribo de turistas brasileños de forma directa al destino rionegrino, que año a año se consolida como uno de los predilectos por el turismo nacional e internacional.
Esta noticia resulta de gran relevancia para Bariloche, ya que la aerolínea de bandera ofrecerá durante los meses de julio y agosto una frecuencia diaria que unirá el Aeropuerto Internacional de Guarulhos con el Aeropuerto Internacional Teniente Luis Candelaria de la localidad andina.
Se trata de una importante incorporación no sólo para la ciudad, sino también para la Provincia, ya que la conexión directa con el país vecino facilitará la llegada de los turistas de Brasil a los distintos destinos rionegrinos esparcidos por las cuatro regiones del territorio que cuentan con una amplia oferta turística por descubrir.
De esta manera, mientras espera expectante la llegada del próximo verano, Bariloche comienza a calentar motores para el 2026 en que espera nuevamente un arribo masivo de visitantes extranjeros a la vez que sugiere continuar con la racha de récord de vuelos que tuvo en 2025 y lo posicionó entre los lugares predilectos de Argentina.
Río Negro
Veda electoral: Cómo funcionarán los comercios y qué está prohibido durante el fin de semana de las elecciones legislativas nacionales
Conocé las restricciones previstas por el Código Electoral Nacional de cara a los comicios del domingo 26 de octubre.
Con motivo de las Elecciones Legislativas Nacionales que se desarrollarán el domingo 26 de octubre, entrará en vigencia la veda electoral establecida por el Código Electoral Nacional (Ley 19.945).
Entre las principales disposiciones, se prohíbe la venta de bebidas alcohólicas desde las 20 horas del sábado 25 y hasta las 21 del domingo 26 de octubre, es decir, 12 horas antes del inicio y 3 horas después del cierre de los comicios.
Durante ese período, bares, restaurantes, confiterías y comercios afines podrán permanecer abiertos solo hasta las 18 horas del domingo y bajo modalidad take away o delivery. Luego de ese horario podrán retomar su actividad normal, respetando la prohibición de expendio de alcohol.
Asimismo, la normativa prohíbe la realización de espectáculos públicos, eventos deportivos, reuniones políticas, proselitismo y difusión de encuestas electorales durante el desarrollo de los comicios y hasta 3 horas después de su finalización.
Las infracciones a la normativa vigente pueden implicar multas o sanciones penales, como lo establecen los artículos 71, 135 y 136 del Código Electoral Nacional.
