Río Negro
Denuncian destrozos y robo de elementos en la Delegación de Desarrollo Social en Roca
Por casi un mes una organización de desocupados ocupó las instalaciones. El ministro Gallí denunció la situación en la Justicia.
Serios destrozos en las instalaciones y el robo de mobiliario y otros elementos, tanto de la dependencia como de los propios trabajadores, fue el resultado de la ocupación de las oficinas del Ministerio de Desarrollo Social en General Roca. La sede fue ocupada por la Organización de Desocupados en Lucha (ODEL), generando además la paralización de las actividades del organismo público por casi un mes.
La situación fue denunciada por el propio ministro de Desarrollo Social, Fabián Galli, quien dio cuenta del faltante de equipos informáticos con valiosa información, mobiliarios y distintos elementos de la Delegación, así como la destrucción de paredes e instalaciones, la pintada de paredes y otras cuestiones que demandarán un importante gasto al erario público provincial. Se constató la falta además de colchones, alimentos y bienes personales de los trabajadores.
No obstante, el funcionario provincial lamentó además de los daños y gastos económicos, que la toma del edificio por parte de la Organización de Desocupados en Lucha (ODEL) significó la parálisis total de este organismo provincial durante un mes, “impidiendo el normal trabajo y la asistencia a las familias de General Roca y la región que necesitan del acompañamiento del Estado”. “Parece mentira que aduciendo la supuesta necesidad de ayuda, impidan que otros vecinos puedan acceder a la contención que necesitan”, dijo Galli.
Agregó que “no quedan dudas que esto fue una acción política disfrazada detrás de un supuesto reclamo social. El líder de ODEL es uno de los socios políticos de Rodolfo Aguiar y ATE, y prueba de ello es su activa participación en la agresión a policías ocurrida días atrás en Viedma frente a la Legislatura. Mientras Báez sigue prófugo, su grupo siguió ocupando y destruyendo nuestras oficinas”.
“Esto no tiene nada que ver con necesidades sociales. Tiene un único fin que es evitar el funcionamiento del sistema de asistencia a las familias de la región con necesidades. Cada pedido realizado por la Organización de Desocupados en Lucha por los caminos que corresponde han sido atendidos y han recibido la asistencia requerida y comprometida por el Ministerio. Ahora, cuando los pedidos no son a través de los mecanismos naturales y encima pretenden lograr lo que quieren mediante el uso de la fuerza y la destrucción, es imposible que se pueda avanzar en soluciones”, dijo.
El ministro agregó que “esto no es más que un acto vandálico teñido de cuestiones políticas, y jamás cederemos ante la extorsión, sea cual sea el método utilizado. Denunciamos esta situación y avanzaremos hasta las últimas consecuencias”.
Por otra parte, Galli lamentó la poca respuesta obtenida de parte de la Justicia, que no tomó la debida intervención para normalizar la situación tras la toma del edificio por un mes. Citó al juez Maximiliano Camarda y al fiscal Ricardo Romero, ya que desde el Ministerio se realizaron distintas denuncias durante la ocupación y nunca accionaron para descomprimir el conflicto. «Espero que a partir de estas denuncias actúen en consecuencia», indicó finalmente.
Río Negro
Río Negro pagará aguinaldos el 19 y 20 de diciembre
Lo anunció el gobernador Weretilneck en sus redes sociales.
El Gobierno de Río Negro pagará el segundo medio aguinaldo del año los días 19 y 20 de diciembre. Lo anunció el gobernador Alberto Weretilneck en sus redes sociales, quien afirmó que la decisión apunta a acompañar a las familias y al comercio local.
Con un gran esfuerzo presupuestario, la Provincia cumple con el pago antes de fin de año, garantizando previsibilidad para todo el personal estatal y dando un fuerte impulso a la economía.
Detalle del cronograma
Viernes 19/12
- Salud Pública, guardias y horas extras de Salud
- Policía de Río Negro y Servicio Penitenciario Provincial
Sábado 20/12
- Docentes y porteros
- Ley 1.844, Vialidad Rionegrina, pensiones de Bomberos Voluntarios
- Poder Legislativo, Judicial y órganos de control
El gobernador Alberto Weretilneck destacó la importancia de este compromiso cumplido que “es una noticia que queríamos darles no sólo a los empleados públicos, sino también al comercio y a todas las familias que estaban esperando este anuncio”.
Judiciales
Sentencia ordena el cese de una cuota alimentaria porque los hijos ya tienen 26, 27 y 37 años
La Justicia hizo lugar al pedido de un hombre jubilado que aún pagaba alimentos pese a que sus hijos son mayores y autónomos.
Una sentencia ordenó el cese de una cuota alimentaria que un hombre pagaba desde hacía años a favor de sus tres hijos, quienes actualmente tienen 26, 27 y 37 años. La decisión se tomó luego de que el progenitor solicitara formalmente el cierre de la obligación, al considerar que la mayoría de edad y autonomía de los hijos tornaban improcedente la continuidad del régimen de alimentos. El hombre se había jubilado como policía federal.
Según surge del expediente, el pedido se presentó en noviembre y fue acompañado por las partidas de nacimiento. La jueza de Viedma verificó que los tres hijos habían superado ampliamente la edad prevista por la ley para la vigencia de la obligación alimentaria. Tal como indica la sentencia, «habiendo en consecuencia cesado ipso iure la obligación alimentaria del progenitor a su respecto», de conformidad con los artículos 658 y 663 del Código Civil y Comercial.
El fallo utiliza la expresión latina ipso iure, que significa «por el propio derecho» o «por el solo efecto de la ley». En este tipo de casos, implica que la obligación de pagar alimentos cesa de manera automática cuando los hijos alcanzan la mayoría de edad, sin necesidad de una resolución previa, salvo que existan circunstancias excepcionales que deban ser acreditadas.
De acuerdo a la normativa vigente, el cese de la cuota alimentaria requiere una solicitud previa por parte del aportante, no se realiza automáticamente.
El Tribunal resolvió hacer lugar al planteo del alimentante y ordenó el cese inmediato de la cuota que beneficiaba a los tres hijos adultos. Además, dispuso notificar a la persona que estaba autorizada a percibirla y emitir oficio a la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal para que deje sin efecto la retención.
Judiciales
Caso Mandagaray: El STJ rechazó que el caso vaya a la Corte porque no hay sentencia definitiva
El máximo Tribunal provincial sostuvo que el planteo es prematuro y que el expediente debe continuar en la Justicia rionegrina.
El Superior Tribunal de Justicia de Río Negro (STJ) rechazó el Recurso Extraordinario Federal en la causa donde se investigan responsabilidades por la muerte de Gabriel Mandagaray. De esta manera, el proceso continúa en el ámbito provincial y el próximo paso será el pronunciamiento del Tribunal de Impugnación. El máximo órgano rionegrino sostuvo que el planteo resulta prematuro, ya que «la sentencia objetada no posee la condición de definitiva ni equiparable».
El fallo recuerda que la resolución impugnada, que ordenó un nuevo examen integral, «no concluye el proceso, no define responsabilidad penal ni clausura la persecución, sino que se limita a disponer la nulidad de la revisión realizada por el TI 2 y a reenviar las actuaciones». En consecuencia, explicó el STJ, el agravio alegado «recién adquirirá entidad a los fines de la vía excepcional una vez emitido el pronunciamiento final».
La Corte Suprema tiene una doctrina de no admitir recursos cuando la sentencia no es definitiva. En el fallo se sostiene que «la ausencia del requisito de definitividad no se suple por la invocación de arbitrariedad o de garantías constitucionales que se estimen vulneradas».
Además, el STJ señaló que los recursos federales interpuestos no satisfacen los requisitos formales de la Acordada 4/2007 de la Corte Suprema. En el texto se consigna que las presentaciones «no desarrollan un relato claro y preciso de todas las circunstancias relevantes del caso», «no demuestran el gravamen ocasionado», «no refutan todos y cada uno de los fundamentos» de la sentencia impugnada y «no ponen en evidencia que medie una relación directa e inmediata entre las normas federales invocadas con lo debatido y resuelto en el caso».
