Política
Insólito: Los Diputados se aumentaron su sueldo otra vez
Algunos diputados nacionales podrían llegar a percibir hasta $153.000 por mes. Es el segundo incremento salarial que se otorgan en el año.
La presidencia de la Cámara de Diputados dispuso la actualización de parte del monto que perciben mensualmente los legisladores, al incrementar los gastos de representación y el canje de pasajes aéreos, en una decisión que contó con la anuencia de la mayoría de los bloques encabezados por Cambiemos y el FPV-PJ y con el rechazo del Frente Renovador-GEN y de la izquierda.
Así, a partir de aumento del 100 por ciento en los gastos de representación (de 10.00 a 20.000 pesos) y en el canje de pasajes (de 20.000 a 40.000) en el caso que se utilicen todos, los legisladores tendrán como mínimo un incremento en sus ingresos de aproximadamente 30.000 pesos. Con estos números, y teniendo en cuenta la reticencia de los legisladores a mostrar las cifras finales de cada recibo, un diputado puede recibir en mano entre 95.000 y 153.000 pesos, dependiendo si cobra desarraigo (aquellos que viven a más de 100 kilómetros).
A estos números se llega contabilizando los 95 pesos de Dieta más Gastos de Representación; los 18.000 de desarraigo para quienes corresponda y los 40.000 como máximo, para quien canjeé los pasajes por dinero en efectivo.
La decisión de efectivizar el aumento se iba tomar la semana pasada, luego de que el presidente de la Cámara, Emilio Monzó, recibiera una nota firmada por diputados de la UCR, del PRO, del Frente para la Victoria-PJ, de la Coalición Cívica y del Movimiento Evita, pidiéndole que lo haga. Pero el rechazo del massismo, que salió a cuestionar públicamente que no era el momento de avanzar con aumento de esta naturaleza, hizo demorar la firma de la resolución.
Es que desde el oficialismo parlamentario aseguran que la jefa del bloque del Frente Renovador había dado su compromiso verbal de que acompañaría el pedido, pero «luego el tema trascendió en los medios» y esa postura cambió, señalaron fuentes cercanas a las autoridades de la Cámara.
En medio de la controversia entre oficialistas y massistas quedó la posición de la líder del GEN, Margarita Stolbizer, a quien desde ambos sectores contabilizan adhiriendo a sus posturas, mientras la diputada regresa de Estados Unidos, por lo que no pudo aclarar la cuestión.
«Yo me hago cargo. Hay que darle transparencia a los números de la Cámara y no se puede poner en los registros contables que hoy un tramo aéreo cuesta alrededor de 600 pesos», enfatizó Monzó en diálogo con periodistas parlamentarios.
A partir del nuevo cuadro, los 20 tramos terrestres pasarán de tener un valor de canje de aproximadamente 300 a alrededor de 600 pesos; y los 20 aéreos de cerca de 600 a 1.350; por lo que en el caso de que un diputado canjeé sus 40 pasajes recibiría el ingreso extra de 40.000 mencionado anteriormente.
El miércoles pasado, luego de enterarse de la actitud del massismo, fuentes cercanas a la Presidencia de la Cámara habían expresado «malestar» por esa postura; en tanto que el presidente del bloque del FPV-PJ, Héctor Recalde, relacionó la actitud del líder del Frente Renovador con «el año electoral».
La nota dirigida al presidente de la Cámara decía que «en septiembre del año pasado la Cámara, en forma conjunta con el Senado, dispuso una actualización, a partir del 1° de octubre de 2016, de los montos que los señores legisladores perciben por gastos de representación» y que «asimismo, se resolvió actualizar el monto del canje de pasajes terrestres y aéreos».
Dice el texto, además, que «posteriormente la Cámara suspendió, a partir del 1° de noviembre de 2016, la aplicación de ambas medidas hasta tanto se realizara un análisis aún más exhaustivo y pormenorizado sobre dichos conceptos».
«El resultado de ese análisis concluyó que los gastos de representación se encuentran en más de un 100% por debajo del valor que tenían desde su última actualización en el año 2011, tomando como parámetro los datos de inflación publicados por el INDEC», agrega la nota. Precisa también que «el costo de los pasajes aéreos y terrestres a los distintos destinos del país sufrió una variación de precios que torna desactualizado el valor que se abona por el canje de los mismos».
El malestar con el massismo llegó al punto de que en el oficialismo analizaron la posibilidad de enviar una nota bloque por bloque para que cada espacio diga si quiere o no cobrar el aumento, idea que por el momento quedó en espera. «Nosotros avanzamos con el aumento, pagamos el costo político; y resulta que el Frente Renovador nos cuestiona en los medios y después lo cobran», expresaron fuentes cercanas al titular de la Cámara.
Desde el bloque del Frente Renovador, fuentes parlamentarias señalaron hoy a Télam «la idea es no cobrarlo, pero que la presidencia de la Cámara diga para que van a usar ese dinero, porque igualmente estará presupuestado».
«La idea es donarlo a alguna institución o que sea destinado a algún programa de compromiso social llevado adelante por la propia Cámara; no creemos que sea el momento de un aumento en los ingresos de los diputados», insistieron desde el massismo.
Coherentes con su postura histórica, los diputados de la izquierda expresaron: «Vivimos con un ingreso igual a la canasta familiar, rechazamos este incremento y que puedan canjearse los pasajes por un premio económico».
Fuente: Agencia Télam.
Judiciales
Rechazaron el pedido de información sobre la contratación de una empresa privada encargada de supervisar licencias médicas del personal estatal
Había sido solicitado por el legislador peronista José Luis Berros.
El Superior Tribunal de Justicia (STJ) resolvió rechazar un mandamiento de ejecución interpuesto por el legislador provincial José Luis Berros (Vamos con Todos). El planteo buscó obtener acceso al contrato celebrado entre el Poder Ejecutivo y una empresa privada encargada de supervisar licencias médicas del personal estatal. La presentación se basó «en los principios constitucionales de publicidad y transparencia administrativa».
La solicitud apuntó a que distintas áreas del Poder Ejecutivo -entre ellas, el Ministerio de Hacienda, la Secretaría de la Función Pública, el Ministerio de Educación y la aseguradora Horizonte Seguros S.A.- entregaran copia del contrato suscripto con la firma Dienst Consulting S.A. La acción invocó el artículo 44 de la Constitución provincial y el Código Procesal Constitucional, con el argumento de que la ciudadanía debe tener acceso a los actos administrativos.
El dictamen de la Procuración General, firmado por Jorge Crespo, al que el STJ remitió por compartir sus fundamentos, examinó la naturaleza jurídica de la presentación y la encuadró como un mandamiento de ejecución, previsto en el artículo 59 del Código Procesal Constitucional. Reconoció que el legislador se encontraba legitimado para iniciar la acción, pero concluyó que no se reunieron los requisitos que exige la normativa vigente para su procedencia formal.
El dictamen sostuvo que no se acreditaron los elementos esenciales para habilitar esta vía excepcional. En particular, indicó que el escrito inicial no demostró la urgencia extrema, la existencia de un daño irreparable ni la ilegalidad manifiesta en la negativa, condiciones requeridas por la ley para admitir este tipo de acción. Además, subrayó que el legislador Berros no aportó fundamentos suficientes para considerar que existió un «rehusamiento expreso» por parte de los organismos interpelados, uno de los presupuestos centrales que exige la figura.
Crespo también señaló que parte de la información solicitada había sido respondida por el Ministerio de Hacienda y por Horizonte Seguros S.A., mediante informes cursados ante la Legislatura. Esos documentos detallaron aspectos del contrato, describieron el servicio contratado y ofrecieron reportes de auditoría junto con antecedentes de la empresa prestadora. En función de esas respuestas, el dictamen concluyó que no se configuró una negativa rotunda que habilitara el uso de esta herramienta constitucional.
Política
Para Soria, el proyecto de guardias urbanas municipales en Roca es «una burrada»
Se trata de un proyecto presentado en el Concejo Deliberante por referentes de La Libertad Avanza.
La intendenta de Roca, María Emilia Soria, se refirió al proyecto de La Libertad Avanza que promovió la creación de guardias urbanas municipales y un Consejo de Seguridad Ciudadana para brindar «protección a los vecinos que ya no quieren vivir con miedo». La jefa municipal explicó que «la iniciativa es una burrada».
En diálogo con el programa Ahí Vamos (de lunes a viernes de 7 a 9 por La Super FM 96.3), Soria indicó que «la Constitución de Río Negro establece con mucha claridad las personas que tienen competencia en materia de seguridad. Pasa hoy en muchos Municipios de Buenos Aires que esta guardia no puede portar armas, no puede detener a una persona, sencillamente tiene que llamar a la Policía. Son estas buenas expresiones que no conducen a nada, gastar recursos en algo que no es competencia municipal».
Qué dice el proyecto
El proyecto de La Libertad Avanza de Roca, presentado en el Concejo Deliberante contempla la creación de una Guardia Urbana Municipal y un Consejo de Seguridad Ciudadana. Aseguraron que «en los últimos días fuimos testigos de un joven descuartizado, tiroteos y robos constantes. ¿Queremos más seguridad en Roca o vamos a seguir mirando para otro lado? No hay más tiempo que perder».
Explicaron que es necesaria «una fuerza descentralizada, eficiente y sin burocracia, con presencia activa en las calles, patrullajes preventivos, móviles disponibles y un sistema de denuncias digital accesible para todos los vecinos. Esto no se financia con más impuestos, sino recortando los gastos innecesarios del Estado. Seguridad sin meterle la mano en el bolsillo a la gente».
El proyecto contempla la incorporación de tecnología a través de «videovigilancia estratégica, consejos barriales de seguridad y campañas de prevención ciudadana. Queremos una comunidad que construya seguridad desde abajo, con las herramientas adecuadas y sin depender de promesas vacías».
Weretilneck, en la misma línea que Soria
El gobernador Alberto Weretilneck también se refirió a la iniciativa de los referentes libertarios roquenses. «La verdad me sorprende porque La Libertad Avanza se caracteriza por la desaparición del Estado. Entonces que alguien proponga agrandar el estado habría que ver si está en sus cabales».
Judiciales
Weretilneck eleva proyecto de Ley de Reiterancia a la Legislatura: ¿De qué se trata?
El gobernador dijo que «buscamos terminar con la llamada ‘puerta giratoria’, donde los delincuentes quedan libres después de cometer un delito tras otro.
El Gobierno de Río Negro avanza en «una agenda de reformas para mejorar la seguridad, garantizar justicia efectiva y proteger a las víctimas, colocando a la población en el centro de cada decisión», destacaron desde el Ejecutivo provincial. El gobernador Alberto Weretilneck elevó el proyecto de Ley de Reiterancia, que se suma a la Ley de Prisión en doble instancia, ya sancionada y en vigencia. Dos acciones que marcan un cambio profundo para beneficiar directamente a las y los rionegrinos.
El proyecto de Ley de Reiterancia, que será tratado en la próxima sesión legislativa, suma una herramienta clave para frenar el delito reiterado. Permitirá a los fiscales pedir prisión preventiva para quienes acumulen múltiples causas penales activas. Así, se busca terminar con la llamada «puerta giratoria», que deja en la calle a quienes cometen un delito tras otro. Con esta iniciativa, la Provincia se pone del lado de las víctimas y de cada vecino que espera vivir más seguro.
«Con la incorporación de la reiterancia como causal de prisión preventiva estamos del lado de las víctimas y de los vecinos que sufren la inseguridad cotidiana. Estas leyes son una muestra de carácter y decisión para frenar a quienes burlan el sistema y siguen delinquiendo una y otra vez», destacó el gobernador Weretilneck.
La ley que posibilita la prisión en doble instancia asegura que las penas se cumplan en tiempo real: las personas condenadas en dos instancias ya no podrán permanecer libres mientras esperan resoluciones extraordinarias. Esto significa que las víctimas y sus familias no deben soportar durante años la injusticia de ver en libertad a quienes ya fueron condenados. Garantizar que las penas se cumplan rápidamente da tranquilidad a la sociedad, refuerza la confianza en el sistema judicial y envía un mensaje claro: los delitos tienen consecuencias reales.
Además, se impulsa la creación del Registro Provincial de Huellas Genéticas, que permitirá comparar muestras de ADN recogidas en las escenas del crimen con los perfiles de condenados e imputados por delitos dolosos. Esta herramienta moderna ayudará a esclarecer delitos más rápido y con mayor precisión, dando respuestas a las víctimas y evitando nuevos hechos.
El gobernador Weretilneck remarcó que estas reformas reflejan un rumbo claro para la provincia. «Nuestro compromiso es simple y firme: proteger a las víctimas, respaldar a la Justicia y darle a cada rionegrino la seguridad que merece. Con estas herramientas le estamos cerrando la puerta a la impunidad y mostrando que en Río Negro los delitos tienen consecuencias», concluyó.
