Río Negro
Avalan proyecto que ratifica un acuerdo entre Nación, Provincia y AFIP
La comisión permanente de Presupuesto y Hacienda de la Legislatura habilitó nueve proyectos de ley que estarán a consideración de Labor Parlamentaria en próximas reuniones.presupuesto.
Una de las iniciativas corresponde al Poder Ejecutivo y plantea la ratificación del Acuerdo de Financiamiento y Colaboración suscripto entre el Estado Nacional, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y el Poder Ejecutivo Provincial, el 28 de marzo de este año.
El acuerdo busca regularizar las diferencias que la Provincia mantiene con la AFIP en relación a contribuciones patronales con destino al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y la contribución para el financiamiento de los gastos que le irrogan a la AFIP los servicios de recaudación, mediante un aporte del uno como nueve por ciento (1,9%) de los recursos a percibir a la Provincia de Río Negro de la recaudación neta total de cada gravamen que recaude, cuya aplicación, recaudación, fiscalización o ejecución fiscal se encuentra a cargo de la AFIP.
El órgano que preside Rodolfo Cufré también dio dictamen favorable a la creación de la Comisión Administradora de la Pista de Canotaje, de Viedma, que tiene como objetivo principal gestionar el proyecto definitivo de un parque naútico y pista de canotaje, la afectación de las parcelas que resulten necesarias, la disponibilidad de los fondos y toda otra cuestión conducente a concretar el emprendimiento.
Además, tuvo despacho favorable la iniciativa para crear en la Legislatura de Río Negro la Comisión Especial de Estudio de las Problemáticas de Género con el fin de promover la transversalidad de género en las políticas de Estado.
El órgano que funciona actualmente es la única comisión legislativa creada por resolución. Todas las comisiones especiales que existen o existieron en el ámbito legislativo han sido creadas por leyes que sancionó esta Legislatura.
También recibió dictamen favorable un proyecto de Roxana Fernández para establecer una sustancial modificación a la regulación normativa actual aplicable a los Institutos de Formación Docente Continua, otorgando al Poder Ejecutivo las facultades que legítimamente posee para reglamentar en materia de su competencia legal específica. Para ello se dará forma al Reglamento Orgánico Marco (ROM) que reemplazará a la ley 2288 que rige a los institutos terciarios de la provincia.
Por otro lado, la comisión dio luz verde al proyecto que busca promover en Río Negro la alimentación saludable variada y segura de los niños, niñas y adolescentes en edad escolar a través de políticas de promoción y prevención. Según la iniciativa, los kioscos instalados o que a futuro se instalen en los establecimientos educativos de gestión pública y privada de la Provincia, deberán tener para la venta una amplia variedad de alimentos saludables diseñados por los ministerios de Educación y de Salud.
También avanzó el proyecto que propone una modificación al Régimen de Promoción Integral de las Personas con Discapacidad para que todos los balnearios de la Provincia cuenten con al menos una silla anfibia para su uso gratuito por parte de personas con alguna discapacidad motriz, permanente o transitoria, debiendo disponer además de cartelería indicativa donde se especifique la existencia del servicio, sus condiciones de uso, y contar con personal capacitado en el uso de las mismas.
En otro orden, la comisión aprobó el dictamen de la iniciativa que propone incorporar en el Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia un texto que imponga como obligatorio consignar como remitente al letrado patrocinante o apoderado que efectúa una diligencia, y su domicilio constituido, debiendo sí, estar debidamente controlada y sellada por el juzgado en el que tramita la causa. Y este formalismo, por otra parte sería el mismo que se aplica para las cédulas de notificación, que son suscriptas por los abogados de las partes.
Finalmente, fueron avalados los dictámenes de las iniciativas para instituir el 9 de abril de cada año como “Día de la Cardiología Argentina”, con el objeto de promover políticas públicas en el ámbito sanitario y desarrollar actividades de educación y concientización, orientadas a la prevención de las enfermedades cardiovasculares; y la que propicia la declaración en la Provincia de Río Negro del año 2018 como “Año del Centenario de la Reforma Universitaria”.
Judiciales
Un emoji en redes sociales terminó en una prohibición de contacto entre dos vecinos
El conflicto se desató luego de que un hombre reaccionara con ‘me divierte’ al comentario que la pareja de otro vecino publicó sobre su remisería.
Lo que empezó como una simple reacción en redes sociales derivó en una causa contravencional, una audiencia en el Juzgado de Paz de Sierra Grande y la imposición de medidas de restricción entre dos vecinos.
El conflicto se desató luego de que un hombre reaccionara con un emoji al comentario que la pareja de otro vecino publicó sobre su remisería. El ícono representaba un ‘me divierte’. Esa interacción digital generó malestar y escaló rápidamente: según el denunciante, la situación derivó en actos de hostigamiento y mensajes que afectaron su tranquilidad.
Ambos vecinos fueron citados a audiencia. Allí se ratificó la denuncia y pidió que cesaran los actos molestos, tanto personales como a través de redes sociales. Por su parte, el otro hombre negó haber hecho amenazas y sostuvo que únicamente le pidió una explicación por el emoji que había reaccionado al comentario sobre su remisería. Incluso presentó los mensajes que él mismo envió.
La jueza de Paz analizó el caso y concluyó que los hechos denunciados encuadran en el artículo 40 de la Ley D 5592/22, que sanciona actos de intimidación, acoso o amenazas que alteren la tranquilidad o seguridad de las personas. Destacó que el Estado debe actuar con «debida diligencia reforzada» frente a conflictos que, aun originados en espacios digitales, puedan derivar en situaciones de violencia.
Como resultado, la magistrada ordenó medidas preventivas, cautelares y provisorias para ambas partes: prohibición total de contacto por cualquier vía -verbal, telefónica, digital o por redes sociales-, tanto de manera directa como a través de terceros, y la prohibición de difundir comentarios o publicaciones relacionadas con el conflicto.
La Comisaría fue notificada para controlar el cumplimiento de la medida. Además, la jueza exhortó a ambos vecinos a evitar provocaciones, no exponer públicamente el conflicto y recurrir a mecanismos institucionales como la mediación comunitaria o programas de prevención de la violencia.
El fallo advierte que cualquier incumplimiento puede derivar en sanciones que van desde una amonestación hasta trabajo comunitario, multa o arresto.
Judiciales
Fallo limitó los descuentos con tasas poco claras que afectaban a una docente de Río Negro
La mujer tomó préstamos personales para sostener la economía familiar tras una separación, pero con el tiempo los descuentos automáticos superaron el total de su haber mensual.
Una docente de Río Negro con dos hijos a cargo ingresó en una espiral crediticia que llegó a absorberle completamente su salario. Tomó préstamos personales para sostener la economía familiar tras una separación, pero con el tiempo los descuentos automáticos superaron el total de su haber mensual. Los contratos se gestionaban por canales virtuales, incluso por WhatsApp, sin firmas presenciales ni entrega de documentación. Luego de varios reclamos sin respuestas, inició una demanda en el fuero civil de Bariloche.
La sentencia declaró la nulidad parcial de los contratos, ordenó readecuar los intereses y fijó un límite del 20% del salario para futuros descuentos. También determinó que las cuotas deberán calcularse con la tasa pasiva promedio del Banco Central, sustancialmente inferior a la aplicada originalmente.
En su presentación judicial, la docente explicó que nunca recibió copias de los contratos ni información detallada sobre las condiciones. Solo sabía que cada mes, su recibo de sueldo llegaba con retenciones que carecían de explicaciones claras. En agosto de 2024, tras regresar de una licencia sin goce de haberes, su salario volvió a activarse. Pero fue absorbido por completo: los débitos de distintas mutuales superaron el millón de pesos.
La resolución alcanzó a la Asociación Mutual de Servidores Públicos de Río Negro (AMSU) y a la Unión Provincial Asociación Mutual (UPAM), ambas condenadas a readecuar los contratos tras no acreditar el cumplimiento de los deberes de información previstos en la Ley de Defensa del Consumidor. El fallo remarcó que ninguna de las entidades aportó documentación respaldatoria ni desgloses de los descuentos aplicados.
El fallo analizó los recibos de sueldo aportados y comprobó que los descuentos se realizaban bajo conceptos genéricos, sin detalle de intereses, capital ni cuotas. También subrayó que las condiciones de contratación no respetaban lo establecido en la normativa vigente. El deber de información, señaló el tribunal, no es una formalidad: es la base del consentimiento válido.
Además, se destacó una práctica extendida entre trabajadores del Estado: acceder a créditos rápidos, con mecanismos de aprobación exprés y cobro directo desde el salario, sin evaluación del impacto económico en el hogar. En este caso, ese mecanismo dejó a la mujer sin ingresos, sin documentación para reclamar y con su salud afectada.
El Tribunal entendió que los descuentos desmedidos, sin respaldo documental ni mecanismos de control, vulneran derechos básicos como la subsistencia, el acceso a la salud y el interés superior de los hijos a cargo. La sentencia de primera instancia no está firme porque puede ser apelada.
Río Negro
Río Negro comienza la eliminación del pasivo de transformadores con PCB’s
Se trata de aproximadamente 70 transformadores que fueron retirados a partir del año 2012.
La Provincia inició el operativo para eliminar el pasivo de transformadores con restos de PCB´s almacenados en Hiparsa, mediante su acondicionamiento y traslado a una planta especializada en Francia para su tratamiento final.
Comenzaron las tareas para eliminar de manera definitiva los pasivos ambientales vinculados a aproximadamente 70 transformadores contaminados con PCB que permanecían almacenados en el predio de Hiparsa S.A., en Sierra Grande. La acción forma parte del plan provincial de gestión de pasivos históricos y busca garantizar un tratamiento seguro y acorde a la normativa internacional.
La medida se concreta a partir del trabajo articulado entre la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático, la Subsecretaría de Ambiente de la Nación y la empresa Hiparsa, permitiendo avanzar hacia la solución final de estos residuos mediante su traslado a una planta especializada en el exterior. Por la concentración original del contaminante y su reglamentación específica, esta es la única vía autorizada para su eliminación segura.
El plan operativo incluye el acondicionamiento de las carcasas de transformadores que permanecían bajo custodia de Hiparsa -cuyos aceites con PCB fueron retirados en 2012-. Los componentes sólidos serán embalados en big bags de estándar internacional y consolidados en contenedores marítimos dentro del predio, con supervisión de Aduana y Prefectura. Luego serán trasladados al puerto para su embarque con destino a Francia, donde la empresa Trédi ejecutará procesos de descontaminación en autoclave e incineración de alta temperatura, garantizando la eliminación segura y total del contaminante.
El proceso cuenta con financiamiento del Proyecto PNUD ARG20/G27, que cubre la logística, el transporte y el tratamiento en la planta de destino. Una vez certificada la eliminación, la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático gestionará la baja correspondiente en el Registro Nacional Integrado de Poseedores de PCB (RENIPP), completando así una instancia clave en la gestión ambiental de la provincia.
