Grupos de mujeres, lesbianas, trans y travestis repudiaron la falta de mérito dictada por la jueza Sonia Martín en la causa contra el ex legislador de Juntos Somos Río Negro y secretario general del Sindicato de Obreros y Empacadores de la Fruta de Río Negro y Neuquén, Rubén López y el futbolista Luis Abramovich, ambos acusados de abuso sexual. Hoy se realizará la audiencia previa a la apelación de la resolución judicial en la ciudad de Cipolletti y es por eso que los grupos expresaron el acompañamiento de la joven denunciante y marcharán exigiendo el proceso judicial para llegar a una sentencia reparadora.

«En el caso López la Jueza Sonia Martín decidió no creer en la palabra de la denunciante porque desconoció que ‘aprovecharse del poder’ es una práctica de abuso sobre las personas. Lamentablemente sabemos que esto es el precedente para dictar luego el sobreseimiento de los denunciados y dar por terminada la investigación. Sonia Martín es la misma jueza que sobreseyó a los seis acusados de secuestrar, abusar y matar a Otoño Uriarte, sobreseimiento que ha sido revocado recientemente por el Superior Tribunal de Justicia», expresa el comunicado de prensa emitido en las últimas horas.

Manifestaron que el accionar de la magistrada «es el ejemplo claro de cómo la justicia no escucha a las mujeres que denuncian y padecen las consecuencias de la desigualdad. En la mayoría de los casos, aún reconociendo la vulnerabilidad de las denunciantes, no se incrimina a los imputados. Por eso queremos denunciar también que cada actuación de este tipo por parte de esta jueza, y de muchos jueces y juezas más, oficia de medidas disciplinadoras para que las mujeres que se encuentran en las mismas situaciones no se animen a denunciar».

También indicaron que existe una «flagrante dependencia del poder Judicial provincial del poder político provincial, como también el trato desigual que reciben los justiciables. Es claro que en nuestra provincia aquellas personas con poder económico y político reciben diferente tratamiento cuando se trata del acceso a la justicia. Este efecto diferenciador por nivel social y poder adquisitivo, se profundiza en los delitos relacionados con la violencia de género».

«Cada marcha Ni Una Menos a lo largo y ancho del país lleva adelante el reclamo de políticas públicas y justicia por todos los casos de abusos y violencia de género que se multiplican sin cesar. En ese marco, las diferentes colectivas feministas, partidos y organizaciones de la sociedad civil rionegrina se manifiestan en todos los rincones. Pero el gobierno de JSRN, en sintonía con el gobierno nacional, no ejecutan el presupuesto proyectado para prevenir y erradicar la violencia de género, así como también la implementación de la ley de Educación Sexual Integral. Y esta ausencia estatal provincial y nacional son un factor esencial en la reproducción de las situaciones de desigualdad, abuso y asesinatos que sufrimos las mujeres en nuestra vida cotidiana», concluyeron.