Gremios
UnTER rechaza el nuevo régimen de licencias docentes
Tras el anuncio del nuevo 0800 por parte de la ministra Silva, el gremio docente rápidamente salió a replicar los cambios.

El gremio UnTER rechazó el «nuevo intento del gobierno de avanzar sobre el régimen de licencias docentes, porque detrás de los dichos de la ministra Mónica Silva cuando lo dibuja como un intento de dar ‘claridad de presencia y ausencia’ docente, para saber ‘cómo se otorgan las licencias’, no es más que una forma de control empresarial, un 0800 tecnocrático y ceocrático, sin que medie la prevención que debería ser el objetivo de un estado presente», indicaron.
«No es novedad que, en tiempos electorales, quienes gobiernan se ponen la piel de cordero y expresan su preocupación por los problemas recurrentes en educación. Nunca se hacen cargo de sus responsabilidades por la cantidad de días de clases perdidos por problemas edilicios, de infraestructura, aulas sin gas con temperaturas bajo cero, vidrios rotos, obras inconclusas o mal realizadas, falta de insumos e incontables etcéteras, que afectan la tarea cotidiana y la salud de trabajadores y estudiantes. Es más fácil acusar al estudiantado y recargar las tintas en el cuerpo docente, como lo hace la ministra, cuando aclara que ‘solamente modifica el procedimiento porque las normativas vigentes y los acuerdos paritarios se mantienen. Se va a ordenar cómo se autorizan las suplencias docentes. Hay muchos abusos'», agregaron desde el sindicato docente.
«Con esta salida pública, más en línea con la impostada dureza nacional, al mejor estilo de ‘hago lo quiero’ sin preocuparse si pisotea acuerdos y leyes laborales, la ministra olvida que todo procedimiento de control, también es ser parte de las conversaciones que deben mantenerse con el sindicato. Está claro que no lo hace porque nuestra organización habla de prevención primero y de contralor médico, después. Porque UnTER siempre tiene en cuenta que detrás de cada dato estadístico, hay seres humanos y una realidad que los contiene o los enferma», añadieron.
«También es posible reconocer en las declaraciones ministeriales, otros mensajes entre líneas. El primero, es un recorte a la autoridad de equipos directivos y supervisivos, que evidencia la gran desconfianza del ministerio respecto de su accionar cotidiano. Actitud fuertemente cuestionada desde el sindicato, con la exigencia de la derogación de la Resolución 652/13, porque para los funcionarios, siempre es sospechoso quien reclama», expresaron desde UnTER.
«La nueva normativa determina una mayor concentración de poder en manos del Ministerio que, además, pretende asumir la responsabilidad exclusiva y excluyente con estudiantes, madres y padres por las posibles falta de docentes en las aulas, sin reconocer las verdaderas causales que, no solo se producen por inasistencias, sino también por falta de planificación, como sucede en las escuelas donde se implementó la ESRN», aseguraron desde el gremio que conduce Patricia Cetera.
Por otra parte, «se reafirma el desconocimiento ministerial del Estatuto del Docente- Ley 391, que determina el escalafón docente con funciones perfectamente delimitadas para directores y supervisores y ratificadas en los Reglamentos de Nivel Inicial- Resolución 828/87, de Nivel Primario- -Resolución 90/87 y para el Nivel Medio-Resolución 5534/04. En todas ellas se especifica que, entre las misiones y funciones de los equipos directivos está la de verificar diariamente la asistencia y puntualidad, el asesoramiento del personal a cargo sobre derechos, obligaciones, funciones y encuadra legal que reglamenta la práctica docente y ratifica su representación natural ante autoridades y comunidades. Mientras que supervisores/as deben designar al personal interino y suplente».
«Estas reglamentaciones tienen plena vigencia. Si, además, nos remitimos a la Resolución 1080/92 y la Res. 100/95 -texto ordenado- , que en el Capítulo IV: De las Designaciones Art. 19.- dice: Las designaciones del personal interino y suplente serán efectuadas por: a) Las Direcciones de Nivel para los cargos de Supervisor con jurisdicción en más de un organismo regional. b) Los organismos regionales de educación para los cargos de Supervisor y los de Director del Servicio de Apoyo Técnico (S.A.T.) de su jurisdicción, sin perjuicio de hacerlo con respecto a cargos inferiores de los establecimientos y servicios de su dependencia cuando resulte necesario. c) Las Supervisiones Escolares del nivel y modalidad respectivos, para los cargos del primer grado del escalafón y los jerárquicos de los establecimientos y servicios ubicados en su localidad de asiento y zona de influencia, o los responsables que designen los organismos regionales cuando la localidad no sea asiento de la supervisión que corresponda al nivel o modalidad», aseguraron desde el gremio.
«En definitiva, si existe la normativa que determina las responsabilidades dentro del sistema para el control de inasistencias y para la designación de personal interino o suplente. ¿Cuál es el objetivo real de la presencia del Ministerio, a través de un 0800, que determinará cuándo y cómo se habilitaría una suplencia o no?. A nuestro entender, es un recorte presupuestario, un avance contra el régimen de licencias actual y una falta de respeto a supervisores y directores, a quienes se los toma como un engranaje más y desconociendo que son garantes del funcionamiento del sistema educativo, porque están más allá de los tiempos personales, de la ocupación partidaria de un espacio».
«Contrario a los discursos gubernamentales, sobre su respeto a los espacios democráticos, se verticaliza la relación entre autoridades superiores, se resta toda posibilidad de debate a partir del conocimiento de la realidad, de la situación compleja de cada caso, del contexto en el que se trabaja dentro de las escuelas y de las localidades donde están enclavadas, algunas de ellas donde ni siquiera está garantizada la asistencia permanente a la salud, mucho menos un sistema de comunicación ágil y eficiente».
«Siempre, desde el sindicato, sostenemos que frente a una licencia por enfermedad hay un certificado emitido por un profesional de la salud, quien posee la suficiente idoneidad para otorgarlo. En los casos donde, este Ministerio de Educación, tenga duda de su veracidad debería aplicar el sistema de contralor médico que funciona en algunas localidades, que en algún momento tuvo vigencia en toda la provincia y que fuera desmantelado por razones económicas, sin un análisis serio y concreto de su efectividad».
«Si la ministra Silva y el ministro de Economía Isaías Kremer, consideran que, otra vez, es necesario achicar el gasto público y para eso, el mecanismo de control a través del 0800 es la vía más correcta, le advertimos que no esperen mayores resultados. Sugerimos como primera medida para reducir el gasto, realizar un control más eficaz, en cada uno de los organismos del estado provincia, del pleno cumplimiento de las funciones de funcionarios y funcionarias designados en puestos que deben garantizar los servicios, de esta manera, se podría, por ejemplo, dejar de tener un doble o triple “gasto” por obras, reparaciones o arreglos menores deficitarios».
«onociendo el paño, de los resultados de algunas licitaciones, casi podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que este 0800 dará los mismos resultados que en cada una de las empresas que se privatizaron en el Estado Argentino. Cada vez que alguien necesita comunicarse por el motivo que sea, se encuentra con una computadora que le dice ‘en estos momentos todos nuestros operadores se encuentran ocupados, aguarde un momento o corte y vuelva a intentarlo nuevamente más tarde. Muchas gracias’. Por consiguiente, los docentes nunca podrán comunicarse en tiempo y forma con el Ministerio, nunca se podrá a convalidar la designación de un suplente en un cargo u horas, por lo tanto, tampoco se garantizará la continuidad educativa para las y los estudiantes y nunca se restablecerá la organización escolar que toda la comunidad educativa requiere. Lisa y llanamente se atenta contra los acuerdos paritarios y reglamentaciones vigentes. Por todo esto, por inoperancia e incumplimiento de las normas existentes y por no querer efectuar acuerdos serios con la organización sindical, lo que ocurrirá es que habrá más estudiantes sin clases y el gobierno será el único responsable».
«¿A que 0800 tendremos que recurrir para saber por dónde andan los funcionarios cuando los necesitamos porque estamos rodeados de aguas servidas, sin gas, con paredes electrificadas? ¿Cuál es el 0800 para denunciar este abuso de autoridad, esta creencia de saberse en el tope del conocimiento produciendo atropellos permanentes en desconocimiento absoluto de las leyes y de la Constitución?», concluyeron desde UnTER.
Gremios
ATE definió un cese de tareas y retiro de los lugares de trabajo en la administración este martes a las 12 para marchar a la Corte Suprema
«Tenemos que presionar a los que están en la Corte porque no los votó nadie pero quieren gobernar. Con este fallo destruyeron la división de poderes y pasaron por encima del Congreso», señaló Aguiar.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) definió un cese de tareas y retiro de los lugares de trabajo en todos los ministerios, organismos públicos y empresas estatales para este martes (6/10) a partir de las 12 del mediodía para movilizar a la Corte Suprema de Justicia en rechazo al fallo que avaló la eliminación de la Ley de Tierras y que permite su extranjerización.
«Tenemos que presionar a los que están en la Corte porque no los votó nadie pero quieren gobernar. Con este fallo destruyeron la división de poderes y pasaron por encima del Congreso. El máximo tribunal ejerce violencia institucional porque vulnera la voluntad popular», señaló Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.
En esta línea, el dirigente apuntó que «se supone que debieran estar ahí para garantizarlos, pero están pisoteando todos nuestros derechos».
«Este es el fallo más entreguista de los últimos 150 años. Firmaron la entrega de todo el territorio nacional», indicó Aguiar y concluyó con que «les tenemos que poner un límite, porque hoy es la tierra, mañana va a ser el agua y van a terminar regalando las Malvinas».
El fallo de la CSJ del pasado 29 de septiembre revocó el dictamen de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/2023, mediante el cual el Gobierno de Javier Milei derogó la Ley 26.737 de Tierras Rurales. El efecto concreto de la sentencia es que queda nuevamente vigente la derogación de la Ley de Tierras, que establecía límites a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.
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Fallo de la Corte Suprema: ATE se declara en alerta y Aguiar llama a reaccionar y convocar a una gran movilización al máximo tribunal
«Este fallo de la Corte es gravísimo y vulnera la voluntad popular representada en las calles y en el Congreso», señaló el dirigente sindical.

Tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) que revocara el dictamen de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/2023, mediante el cual el Gobierno de Javier Milei derogó la Ley N° 26.737 de Tierras Rurales, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) se declaró en alerta y movilización en todo el país. El secretario general, Rodolfo Aguiar, propondrá al Frente de Sindicatos Unidos (Fresu) y a las Centrales Obreras -cabe recordar que el sindicato integra la CTA Autónoma- construir una gran movilización a la Corte para repudiar el fallo, defender la soberanía nacional y detener la extranjerización de las tierras.
«Lo que hizo la Corte es una tomada de pelo al Congreso Nacional y a todo el pueblo argentino que se movilizó contra la extranjerización de las tierras. Esta decisión restringe la democracia a su mínima expresión. Estos jueces están gobernando y quieren habilitar el saqueo en nuestro país», cuestionó Aguiar. «Si no nos movilizamos, nos termina gobernando Trump a través del Poder Judicial. Tenemos que defender la soberanía sobre nuestros territorios. Nos quieren convertir en colonia y lo tenemos que evitar», agregó.
Cabe señalar que la decisión del máximo tribunal de Justicia nacional fue adoptada en la causa iniciada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM), que había cuestionado la derogación por considerar que afectaba la soberanía territorial. El argumento central de la Corte fue que el CECIM no tenía legitimación para iniciar una demanda colectiva. Según el Tribunal, no estaba configurado un «caso o controversia» que habilitara la intervención judicial y cuestionó que la Cámara hubiera considerado a la soberanía nacional como un «bien colectivo» que permitiera a la organización de ex combatientes accionar judicialmente.
El efecto concreto de la sentencia es que queda nuevamente vigente la derogación de la Ley de Tierras, que establecía límites a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.
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El Gobierno provincial ratificó la obligatoriedad del control biométrico para el personal de Salud
La suspensión cautelar perdió vigencia y el sistema de registro mediante biometría facial continúa siendo obligatorio.

El Gobierno de Río Negro informó que el control biométrico de asistencia continúa vigente y es obligatorio para el personal del Ministerio de Salud, luego de que se agotara la vía administrativa vinculada con los planteos contra la Resolución 986/2026.
La resolución del Consejo Provincial de la Función Pública establece la obligatoriedad del sistema de registro de asistencia mediante biometría facial para el personal de Salud.
La semana pasada, la Cámara del Trabajo de Viedma había hecho lugar a una medida cautelar autónoma presentada por ASSPUR y suspendido transitoriamente los efectos de la resolución. Sin embargo, esa medida tenía una condición concreta: la suspensión se mantenía únicamente hasta que el Estado Provincial agotara la vía administrativa.
Según informó la Provincia, la decisión judicial no había resuelto la cuestión de fondo ni declarado inválido el sistema de control biométrico. La cautelar se había dictado debido a que se encontraba pendiente de resolución un recurso jerárquico presentado por ASSPUR.
El Gobierno Provincial completó ese trámite mediante el Decreto N° 903, que rechazó el recurso jerárquico y ratificó la obligatoriedad del sistema establecido por la Resolución 986/2026.
Con el dictado y la notificación del decreto quedó formalmente agotada la vía administrativa. La Provincia comunicó esta circunstancia a la Cámara del Trabajo de Viedma, que tuvo por acreditado el cumplimiento del requisito y remitió a los términos de su pronunciamiento anterior. De esta manera, al cumplirse la condición fijada por la Justicia, perdió vigencia la suspensión cautelar y continúa vigente la Resolución 986/2026.
La definición se suma a otros pronunciamientos judiciales vinculados con la implementación del sistema. Entre ellos, la Justicia rechazó recientemente un amparo presentado por UPCN para dejar sin efecto el control biométrico para sus afiliados.
En ese caso, se consideró que no estaba acreditada la existencia de un daño grave e irreparable ni una ilegalidad o arbitrariedad manifiesta que justificara la utilización de la vía excepcional del amparo.
Así, agotada la instancia administrativa y cumplida la condición que había dado sustento a la suspensión cautelar, el sistema de control biométrico continúa vigente y es obligatorio para el personal alcanzado del Ministerio de Salud.





