Gremios
UnTER rechaza el nuevo régimen de licencias docentes
Tras el anuncio del nuevo 0800 por parte de la ministra Silva, el gremio docente rápidamente salió a replicar los cambios.
El gremio UnTER rechazó el «nuevo intento del gobierno de avanzar sobre el régimen de licencias docentes, porque detrás de los dichos de la ministra Mónica Silva cuando lo dibuja como un intento de dar ‘claridad de presencia y ausencia’ docente, para saber ‘cómo se otorgan las licencias’, no es más que una forma de control empresarial, un 0800 tecnocrático y ceocrático, sin que medie la prevención que debería ser el objetivo de un estado presente», indicaron.
«No es novedad que, en tiempos electorales, quienes gobiernan se ponen la piel de cordero y expresan su preocupación por los problemas recurrentes en educación. Nunca se hacen cargo de sus responsabilidades por la cantidad de días de clases perdidos por problemas edilicios, de infraestructura, aulas sin gas con temperaturas bajo cero, vidrios rotos, obras inconclusas o mal realizadas, falta de insumos e incontables etcéteras, que afectan la tarea cotidiana y la salud de trabajadores y estudiantes. Es más fácil acusar al estudiantado y recargar las tintas en el cuerpo docente, como lo hace la ministra, cuando aclara que ‘solamente modifica el procedimiento porque las normativas vigentes y los acuerdos paritarios se mantienen. Se va a ordenar cómo se autorizan las suplencias docentes. Hay muchos abusos'», agregaron desde el sindicato docente.
«Con esta salida pública, más en línea con la impostada dureza nacional, al mejor estilo de ‘hago lo quiero’ sin preocuparse si pisotea acuerdos y leyes laborales, la ministra olvida que todo procedimiento de control, también es ser parte de las conversaciones que deben mantenerse con el sindicato. Está claro que no lo hace porque nuestra organización habla de prevención primero y de contralor médico, después. Porque UnTER siempre tiene en cuenta que detrás de cada dato estadístico, hay seres humanos y una realidad que los contiene o los enferma», añadieron.
«También es posible reconocer en las declaraciones ministeriales, otros mensajes entre líneas. El primero, es un recorte a la autoridad de equipos directivos y supervisivos, que evidencia la gran desconfianza del ministerio respecto de su accionar cotidiano. Actitud fuertemente cuestionada desde el sindicato, con la exigencia de la derogación de la Resolución 652/13, porque para los funcionarios, siempre es sospechoso quien reclama», expresaron desde UnTER.
«La nueva normativa determina una mayor concentración de poder en manos del Ministerio que, además, pretende asumir la responsabilidad exclusiva y excluyente con estudiantes, madres y padres por las posibles falta de docentes en las aulas, sin reconocer las verdaderas causales que, no solo se producen por inasistencias, sino también por falta de planificación, como sucede en las escuelas donde se implementó la ESRN», aseguraron desde el gremio que conduce Patricia Cetera.
Por otra parte, «se reafirma el desconocimiento ministerial del Estatuto del Docente- Ley 391, que determina el escalafón docente con funciones perfectamente delimitadas para directores y supervisores y ratificadas en los Reglamentos de Nivel Inicial- Resolución 828/87, de Nivel Primario- -Resolución 90/87 y para el Nivel Medio-Resolución 5534/04. En todas ellas se especifica que, entre las misiones y funciones de los equipos directivos está la de verificar diariamente la asistencia y puntualidad, el asesoramiento del personal a cargo sobre derechos, obligaciones, funciones y encuadra legal que reglamenta la práctica docente y ratifica su representación natural ante autoridades y comunidades. Mientras que supervisores/as deben designar al personal interino y suplente».
«Estas reglamentaciones tienen plena vigencia. Si, además, nos remitimos a la Resolución 1080/92 y la Res. 100/95 -texto ordenado- , que en el Capítulo IV: De las Designaciones Art. 19.- dice: Las designaciones del personal interino y suplente serán efectuadas por: a) Las Direcciones de Nivel para los cargos de Supervisor con jurisdicción en más de un organismo regional. b) Los organismos regionales de educación para los cargos de Supervisor y los de Director del Servicio de Apoyo Técnico (S.A.T.) de su jurisdicción, sin perjuicio de hacerlo con respecto a cargos inferiores de los establecimientos y servicios de su dependencia cuando resulte necesario. c) Las Supervisiones Escolares del nivel y modalidad respectivos, para los cargos del primer grado del escalafón y los jerárquicos de los establecimientos y servicios ubicados en su localidad de asiento y zona de influencia, o los responsables que designen los organismos regionales cuando la localidad no sea asiento de la supervisión que corresponda al nivel o modalidad», aseguraron desde el gremio.
«En definitiva, si existe la normativa que determina las responsabilidades dentro del sistema para el control de inasistencias y para la designación de personal interino o suplente. ¿Cuál es el objetivo real de la presencia del Ministerio, a través de un 0800, que determinará cuándo y cómo se habilitaría una suplencia o no?. A nuestro entender, es un recorte presupuestario, un avance contra el régimen de licencias actual y una falta de respeto a supervisores y directores, a quienes se los toma como un engranaje más y desconociendo que son garantes del funcionamiento del sistema educativo, porque están más allá de los tiempos personales, de la ocupación partidaria de un espacio».
«Contrario a los discursos gubernamentales, sobre su respeto a los espacios democráticos, se verticaliza la relación entre autoridades superiores, se resta toda posibilidad de debate a partir del conocimiento de la realidad, de la situación compleja de cada caso, del contexto en el que se trabaja dentro de las escuelas y de las localidades donde están enclavadas, algunas de ellas donde ni siquiera está garantizada la asistencia permanente a la salud, mucho menos un sistema de comunicación ágil y eficiente».
«Siempre, desde el sindicato, sostenemos que frente a una licencia por enfermedad hay un certificado emitido por un profesional de la salud, quien posee la suficiente idoneidad para otorgarlo. En los casos donde, este Ministerio de Educación, tenga duda de su veracidad debería aplicar el sistema de contralor médico que funciona en algunas localidades, que en algún momento tuvo vigencia en toda la provincia y que fuera desmantelado por razones económicas, sin un análisis serio y concreto de su efectividad».
«Si la ministra Silva y el ministro de Economía Isaías Kremer, consideran que, otra vez, es necesario achicar el gasto público y para eso, el mecanismo de control a través del 0800 es la vía más correcta, le advertimos que no esperen mayores resultados. Sugerimos como primera medida para reducir el gasto, realizar un control más eficaz, en cada uno de los organismos del estado provincia, del pleno cumplimiento de las funciones de funcionarios y funcionarias designados en puestos que deben garantizar los servicios, de esta manera, se podría, por ejemplo, dejar de tener un doble o triple “gasto” por obras, reparaciones o arreglos menores deficitarios».
«onociendo el paño, de los resultados de algunas licitaciones, casi podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que este 0800 dará los mismos resultados que en cada una de las empresas que se privatizaron en el Estado Argentino. Cada vez que alguien necesita comunicarse por el motivo que sea, se encuentra con una computadora que le dice ‘en estos momentos todos nuestros operadores se encuentran ocupados, aguarde un momento o corte y vuelva a intentarlo nuevamente más tarde. Muchas gracias’. Por consiguiente, los docentes nunca podrán comunicarse en tiempo y forma con el Ministerio, nunca se podrá a convalidar la designación de un suplente en un cargo u horas, por lo tanto, tampoco se garantizará la continuidad educativa para las y los estudiantes y nunca se restablecerá la organización escolar que toda la comunidad educativa requiere. Lisa y llanamente se atenta contra los acuerdos paritarios y reglamentaciones vigentes. Por todo esto, por inoperancia e incumplimiento de las normas existentes y por no querer efectuar acuerdos serios con la organización sindical, lo que ocurrirá es que habrá más estudiantes sin clases y el gobierno será el único responsable».
«¿A que 0800 tendremos que recurrir para saber por dónde andan los funcionarios cuando los necesitamos porque estamos rodeados de aguas servidas, sin gas, con paredes electrificadas? ¿Cuál es el 0800 para denunciar este abuso de autoridad, esta creencia de saberse en el tope del conocimiento produciendo atropellos permanentes en desconocimiento absoluto de las leyes y de la Constitución?», concluyeron desde UnTER.
Gremios
ATE organiza a más de 1.000 delegados y a los afiliados para que soliciten créditos en el Banco Nación esta semana en todo el país
«No vinieron a destruir el Estado, vinieron a servirse de él. Ahora los trabajadores somos los que queremos créditos de los mismos montos, con las mismas tasas de interés y los mismos plazos de financiación», dijo Aguiar.
En el marco de una ola de irregularidades que podría escalar en una gran causa de corrupción por entrega de créditos preferenciales a funcionarios, legisladores y militantes oficialistas, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) organiza a más de 1.000 delegados y a los afiliados de todo el país para que asistan a todas las sucursales del Banco Nación a solicitar préstamos con las mismas condiciones que los allegados de La Libertad Avanza.
«No vinieron a destruir el Estado, vinieron a servirse de él. Ahora los trabajadores somos los que queremos créditos de los mismos montos, con las mismas tasas de interés y los mismos plazos de financiación. Esta semana vamos a reunir al Consejo Directivo Nacional de ATE y vamos a organizar para que más de mil delegados y afiliados soliciten préstamos similares en todas las sucursales del Banco Nación en el país», indicó Rodolfo Aguiar, secretario general del Sindicato. La protesta se definirá en la reunión de Consejo Directivo Nacional que mantendrán este jueves en su Hotel 27 de Junio del barrio porteño de San Telmo (Defensa 1469) al mediodía con la presencia de las 24 conducciones provinciales y buscará tener impacto en las 709 sucursales que la entidad tiene en toda la Argentina.
En este marco, el dirigente apuntó que «pensar que el Gobierno nos hizo creer que el Estado tenía que desaparecer para terminar con los privilegios de la casta y son los propios funcionarios y diputados de La Libertad Avanza los que están desesperados por hacer guita con los aportes de todos los contribuyentes».
«Además, en estos casos puntuales es increíble que para otorgar sumas tan elevadas no se les haya exigido el requisito de estabilidad como ocurriría con cualquier otro ciudadano. Los funcionarios, por despido o por renuncia, se pueden ir en cualquier momento. Un ejemplo lamentable viene de mi propia provincia, como es el caso del Jefe de Gabinete de Capital Humano, Leandro Massaccesi, quien adquirió un crédito hace días y lo acaban de despedir. Se la están llevando toda», agregó el referente estatal.
«La hipocresía del Gobierno es monumental. ¿Cómo explican la política de austeridad con la toma de estos créditos multimillonarios? Deben existir explicaciones oficiales y debe iniciarse una inmediata investigación en la administración además de realizar las denuncias penales que correspondan», completó Aguiar.
En esta línea, indicó que «estas prácticas son obscenas y configuran una grave irregularidad. Además se dan en un contexto en el que el acceso a la vivienda para la mayoría de los argentinos se convierte en un drama y es imposible. Es evidente que estamos frente a numerosos enriquecimientos ilícitos. Se corresponden con cada uno de los funcionarios, diputados y allegados de La Libertad Avanza que recibieron un crédito de estas características en los últimos meses».
«Tiene que quedar claro que estos créditos se encuentran anclados en el ajuste brutal sobre toda la sociedad, se otorgaron sobre el sufrimiento de los comerciantes que tuvieron que bajar sus persianas, los pequeños y medianos empresarios que se fundieron, los jubilados que vieron reducidos sus haberes, y los trabajadores del sector público y privado cuyos salarios fueron destrozados», concluyó el secretario general de ATE Nacional.
Entre la extensa lista de beneficiarios de los créditos aparecen funcionarios del Banco Central, directores de YPF, la diputada libertaria rionegrina Lorena Villaverde (investigada por su vínculo con el narcotraficante Fred Machado) y el twittero Juan Pablo Carreira, quien se desempeña como director de Comunicación Digital del Gobierno. Los montos de los créditos van desde los 100 millones hasta los 530 millones de pesos y en la mayoría de los casos no se condicen con los ingresos declarados de los solicitantes. Además, también figuran irregularidades en las bajas tasas de interés aplicadas y los plazos de pago.
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ATE denunció que el Gobierno amenaza con desguazar la Regulación del Transporte y pone en riesgo los viajes estudiantiles y micros de larga distancia
«El desguace de este organismo y la quita de funciones de prevención, sumado al pésimo estado de las rutas debido a la falta de obra pública en los últimos dos años es un cóctel letal para la población», indicó Aguiar.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) denunció que el Gobierno planea una quita de funciones a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y se ponen en riesgo todos los viajes estudiantiles y la carga de materiales peligrosos. «Quieren que estos controles que hoy realiza el organismo los realice de manera exclusiva Gendarmería Nacional. Eso pondría en riesgo grave las tareas de prevención de accidentes ya que la fuerza de seguridad no cuenta con los equipos, personal ni capacitaciones técnicas adecuadas para llevar adelante esas tareas», señaló Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.
En este marco, el dirigente indicó que «el Gobierno está poniendo en riesgo miles de vidas a diario. El desguace de este organismo y la quita de funciones de prevención, sumado al pésimo mantenimiento de las rutas debido a la falta de obra pública en los últimos dos años es un cóctel letal para la población».
En lo que va del 2026, la CNRT ya realizó más de 2.000 controles de viajes estudiantiles en todo el país.
Desde el sindicato informaron que «el Gobierno pretende derivar las funciones del organismo a la Gendarmería Nacional, lo cual implica un riesgo enorme ya que no cuentan con los equipos, dotación de personal ni conocimientos técnicos específicos para llevar adelante estas tareas».
Actualmente, la CNRT cuenta con 1043 trabajadores distribuidos en las 45 sedes de todo el país, quienes se encargan de fiscalizar y controlar el estado de los vehículos, talleres y conductores de las líneas de colectivos urbanas de jurisdicción nacional; el transporte ferroviario; el transporte de pasajeros interjurisdiccional de media y larga distancia, incluido turismo, combis, viajes estudiantiles/recreativos; el transporte interjurisdiccional de cargas (generales y peligrosas); y los talleres de revisión técnica obligatoria.
Además de realizar las revisiones técnicas de los vehículos (estado de las cubiertas, luces, frenos, entre otros) también se encargan de efectuar test de sustancias, alcoholemia, de glucemia, entre otros, a los conductores antes de que comiencen un viaje. Sin embargo, «la decisión del Ejecutivo es que Gendarmería realice controles únicamente en rutas nacionales, autopistas y semiautopistas, dejando de lado las terminales o las rutas provinciales, por lo que se limita la posibilidad de prevención de accidentes», aseguraron desde ATE.
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Ante la amenaza de recorte del 10% de la planta estatal, ATE señala que «no van a poder porque es materialmente imposible»
«El Gobierno no fue capaz de explicar a dónde va a parar, quién se beneficia del supuesto ahorro que generan con el ajuste en el Estado. Ya nadie les cree, se la están robando toda», dijo Aguiar.
Ante una nueva amenaza del Gobierno de despedir a más del 10% de la planta estatal, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) declaró el estado de alerta y asamblea permanente en todo el país. «El Gobierno no va a poder avanzar en un nuevo recorte porque ya no tiene el poder para hacerlo. Su legitimidad está debilitada. La base social de Milei se ha reducido drásticamente en las últimas semanas y no existe respaldo en el pueblo para que se generen cesantías masivas en el Estado. Ya más de la mitad de los argentinos responsabilizan al Gobierno actual por la grave crisis que estamos atravesando», señaló Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.
En esta línea, el dirigente apuntó que «se terminan los historiadores que para buscar culpables miraban para atrás. No fueron capaces de explicar a dónde va a parar, quién se beneficia del supuesto ahorro que generan con el ajuste en el Estado. Según (Federico) Sturzenegger, entre recortes en la planta funcional y congelamiento salarial se ahorraron más de 2.400 millones de dólares y sin embargo no fueron capaces de construir un metro de asfalto, mantener las rutas o cambiar una lamparita del alumbrado público. Ya nadie les cree, se la están robando toda».
«Además, materialmente sería imposible despedir a miles de trabajadores ya que el Estado está funcionando con un piso mínimo de prestaciones sostenidas casi de manera exclusiva por el esfuerzo de los trabajadores. Una sola cesantía más y se dejarán de prestar servicios esenciales», agregó el referente estatal.
«Si realmente quisieran cumplir la promesa de terminar con los ñoquis y con los curros en el Estado, la tienen en bandeja: lo tienen que echar a Adorni. Con los casi 300 trabajadores que hizo ingresar a la Administración Pública como asesores, consultores, asistentes administrativos, e incluso con roles pocos claros como ‘referentes de comunicación’, y cuyos salarios promedios son de al menos 2 millones de pesos, la Secretaría de Comunicación gasta casi $47 mil millones al mes. Si echan a Adorni, sí podrían mostrar que van contra la casta y la corrupción en el Estado», concluyó Aguiar.
Según las averiguaciones que pudo hacer el sindicato, se trataría de casi 27.000 despidos durante en el 2026, de los cuales entre 5.000 y 6.000 serían intentados durante el corto plazo.
ATE puso en alerta máxima en aquellos organismos que serían los principales apuntados, como ANSES, CONICET, INTA, INTI, Senasa, el Archivo General de la Nación, Conadis, Enargas, ENRE, Enacom, INDEC, CONEAU y ARCA, entre otros.
