Gremios
UnTER rechaza el nuevo régimen de licencias docentes
Tras el anuncio del nuevo 0800 por parte de la ministra Silva, el gremio docente rápidamente salió a replicar los cambios.
El gremio UnTER rechazó el «nuevo intento del gobierno de avanzar sobre el régimen de licencias docentes, porque detrás de los dichos de la ministra Mónica Silva cuando lo dibuja como un intento de dar ‘claridad de presencia y ausencia’ docente, para saber ‘cómo se otorgan las licencias’, no es más que una forma de control empresarial, un 0800 tecnocrático y ceocrático, sin que medie la prevención que debería ser el objetivo de un estado presente», indicaron.
«No es novedad que, en tiempos electorales, quienes gobiernan se ponen la piel de cordero y expresan su preocupación por los problemas recurrentes en educación. Nunca se hacen cargo de sus responsabilidades por la cantidad de días de clases perdidos por problemas edilicios, de infraestructura, aulas sin gas con temperaturas bajo cero, vidrios rotos, obras inconclusas o mal realizadas, falta de insumos e incontables etcéteras, que afectan la tarea cotidiana y la salud de trabajadores y estudiantes. Es más fácil acusar al estudiantado y recargar las tintas en el cuerpo docente, como lo hace la ministra, cuando aclara que ‘solamente modifica el procedimiento porque las normativas vigentes y los acuerdos paritarios se mantienen. Se va a ordenar cómo se autorizan las suplencias docentes. Hay muchos abusos'», agregaron desde el sindicato docente.
«Con esta salida pública, más en línea con la impostada dureza nacional, al mejor estilo de ‘hago lo quiero’ sin preocuparse si pisotea acuerdos y leyes laborales, la ministra olvida que todo procedimiento de control, también es ser parte de las conversaciones que deben mantenerse con el sindicato. Está claro que no lo hace porque nuestra organización habla de prevención primero y de contralor médico, después. Porque UnTER siempre tiene en cuenta que detrás de cada dato estadístico, hay seres humanos y una realidad que los contiene o los enferma», añadieron.
«También es posible reconocer en las declaraciones ministeriales, otros mensajes entre líneas. El primero, es un recorte a la autoridad de equipos directivos y supervisivos, que evidencia la gran desconfianza del ministerio respecto de su accionar cotidiano. Actitud fuertemente cuestionada desde el sindicato, con la exigencia de la derogación de la Resolución 652/13, porque para los funcionarios, siempre es sospechoso quien reclama», expresaron desde UnTER.
«La nueva normativa determina una mayor concentración de poder en manos del Ministerio que, además, pretende asumir la responsabilidad exclusiva y excluyente con estudiantes, madres y padres por las posibles falta de docentes en las aulas, sin reconocer las verdaderas causales que, no solo se producen por inasistencias, sino también por falta de planificación, como sucede en las escuelas donde se implementó la ESRN», aseguraron desde el gremio que conduce Patricia Cetera.
Por otra parte, «se reafirma el desconocimiento ministerial del Estatuto del Docente- Ley 391, que determina el escalafón docente con funciones perfectamente delimitadas para directores y supervisores y ratificadas en los Reglamentos de Nivel Inicial- Resolución 828/87, de Nivel Primario- -Resolución 90/87 y para el Nivel Medio-Resolución 5534/04. En todas ellas se especifica que, entre las misiones y funciones de los equipos directivos está la de verificar diariamente la asistencia y puntualidad, el asesoramiento del personal a cargo sobre derechos, obligaciones, funciones y encuadra legal que reglamenta la práctica docente y ratifica su representación natural ante autoridades y comunidades. Mientras que supervisores/as deben designar al personal interino y suplente».
«Estas reglamentaciones tienen plena vigencia. Si, además, nos remitimos a la Resolución 1080/92 y la Res. 100/95 -texto ordenado- , que en el Capítulo IV: De las Designaciones Art. 19.- dice: Las designaciones del personal interino y suplente serán efectuadas por: a) Las Direcciones de Nivel para los cargos de Supervisor con jurisdicción en más de un organismo regional. b) Los organismos regionales de educación para los cargos de Supervisor y los de Director del Servicio de Apoyo Técnico (S.A.T.) de su jurisdicción, sin perjuicio de hacerlo con respecto a cargos inferiores de los establecimientos y servicios de su dependencia cuando resulte necesario. c) Las Supervisiones Escolares del nivel y modalidad respectivos, para los cargos del primer grado del escalafón y los jerárquicos de los establecimientos y servicios ubicados en su localidad de asiento y zona de influencia, o los responsables que designen los organismos regionales cuando la localidad no sea asiento de la supervisión que corresponda al nivel o modalidad», aseguraron desde el gremio.
«En definitiva, si existe la normativa que determina las responsabilidades dentro del sistema para el control de inasistencias y para la designación de personal interino o suplente. ¿Cuál es el objetivo real de la presencia del Ministerio, a través de un 0800, que determinará cuándo y cómo se habilitaría una suplencia o no?. A nuestro entender, es un recorte presupuestario, un avance contra el régimen de licencias actual y una falta de respeto a supervisores y directores, a quienes se los toma como un engranaje más y desconociendo que son garantes del funcionamiento del sistema educativo, porque están más allá de los tiempos personales, de la ocupación partidaria de un espacio».
«Contrario a los discursos gubernamentales, sobre su respeto a los espacios democráticos, se verticaliza la relación entre autoridades superiores, se resta toda posibilidad de debate a partir del conocimiento de la realidad, de la situación compleja de cada caso, del contexto en el que se trabaja dentro de las escuelas y de las localidades donde están enclavadas, algunas de ellas donde ni siquiera está garantizada la asistencia permanente a la salud, mucho menos un sistema de comunicación ágil y eficiente».
«Siempre, desde el sindicato, sostenemos que frente a una licencia por enfermedad hay un certificado emitido por un profesional de la salud, quien posee la suficiente idoneidad para otorgarlo. En los casos donde, este Ministerio de Educación, tenga duda de su veracidad debería aplicar el sistema de contralor médico que funciona en algunas localidades, que en algún momento tuvo vigencia en toda la provincia y que fuera desmantelado por razones económicas, sin un análisis serio y concreto de su efectividad».
«Si la ministra Silva y el ministro de Economía Isaías Kremer, consideran que, otra vez, es necesario achicar el gasto público y para eso, el mecanismo de control a través del 0800 es la vía más correcta, le advertimos que no esperen mayores resultados. Sugerimos como primera medida para reducir el gasto, realizar un control más eficaz, en cada uno de los organismos del estado provincia, del pleno cumplimiento de las funciones de funcionarios y funcionarias designados en puestos que deben garantizar los servicios, de esta manera, se podría, por ejemplo, dejar de tener un doble o triple “gasto” por obras, reparaciones o arreglos menores deficitarios».
«onociendo el paño, de los resultados de algunas licitaciones, casi podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que este 0800 dará los mismos resultados que en cada una de las empresas que se privatizaron en el Estado Argentino. Cada vez que alguien necesita comunicarse por el motivo que sea, se encuentra con una computadora que le dice ‘en estos momentos todos nuestros operadores se encuentran ocupados, aguarde un momento o corte y vuelva a intentarlo nuevamente más tarde. Muchas gracias’. Por consiguiente, los docentes nunca podrán comunicarse en tiempo y forma con el Ministerio, nunca se podrá a convalidar la designación de un suplente en un cargo u horas, por lo tanto, tampoco se garantizará la continuidad educativa para las y los estudiantes y nunca se restablecerá la organización escolar que toda la comunidad educativa requiere. Lisa y llanamente se atenta contra los acuerdos paritarios y reglamentaciones vigentes. Por todo esto, por inoperancia e incumplimiento de las normas existentes y por no querer efectuar acuerdos serios con la organización sindical, lo que ocurrirá es que habrá más estudiantes sin clases y el gobierno será el único responsable».
«¿A que 0800 tendremos que recurrir para saber por dónde andan los funcionarios cuando los necesitamos porque estamos rodeados de aguas servidas, sin gas, con paredes electrificadas? ¿Cuál es el 0800 para denunciar este abuso de autoridad, esta creencia de saberse en el tope del conocimiento produciendo atropellos permanentes en desconocimiento absoluto de las leyes y de la Constitución?», concluyeron desde UnTER.
Gremios
ATE lanzó un paro nacional en rechazo a la reforma laboral
‘Será el miércoles 19 de noviembre. «Los trabajadores no tenemos que esperar a conocer ninguna letra chica para saber que nos quieren joder. Tenemos que empezar a enfrentar ya en la calle a esta reforma», indicó Aguiar.
Mediante un plenario federal de delegados de todo el país, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) votó por unanimidad realizar un paro nacional de 24 horas para el miércoles 19 de noviembre con movilización a la Secretaría de Trabajo (Av. Leandro N. Alem 650) a partir de las 12 del mediodía en rechazo a la reforma laboral planeada por el Gobierno y exigiendo la inmediata reapertura de las paritarias.
«Los trabajadores no tenemos que esperar a conocer ninguna letra chica para saber que nos quieren joder. No podemos esperar hasta el recambio parlamentario. Tenemos que empezar a enfrentar ya en la calle a esta reforma. Las amenazas, las mentiras organizadas y el desprestigio de las organizaciones sindicales son el vehículo que el Gobierno ha elegido para debatir esta legislación. Después que no nos digan que no queremos dialogar», aseveró Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.
En este marco, el sindicato asegura que el Ejecutivo prepara el desguace de áreas sensibles de control y fiscalización para adaptar el Estado a esta nueva normativa prevista. «Vamos a movilizar al ex Ministerio de Trabajo porque a los efectos de facilitar la posterior quita de derechos, ya pretenden empezar a adaptar la máxima autoridad laboral del país con esa finalidad. Intentan desmantelar áreas completas, casualmente las de fiscalización o las agencias territoriales, para impartir nuevas reglas y que las patronales no tengan ningún tipo de control», agregó.
«Después de 23 meses de Milei, la administración pública entró en emergencia salarial. Cada día que pasa, el pluriempleo comprende a una cada vez mayor cantidad de empleados públicos que ya no pueden cubrir las necesidades básicas ni sostener dignamente sus hogares», añadió Aguiar.
«La medida de fuerza tiene que servir para cuestionar fuertemente la posibilidad que se aniquilen todos los derechos laborales detrás de la modernización, pero también para obligar al Gobierno a reabrir las paritarias y reparar el daño grave que se ha producido en los salarios», concluyó el secretario general de ATE Nacional.
Cabe recordar que el proyecto de reforma laboral que prepara el Gobierno se presentaría en el Congreso luego del 10 de diciembre, cuando asuman los nuevos legisladores, y el mismo incluiría la extensión de la jornada laboral a 12 horas, el pago de indemnizaciones en cuotas, acuerdos de trabajo por empresa en lugar de por actividad, aumentos salariales por productividad, entre otros puntos que se barajan. El mismo sería presentado en el Congreso luego del 10 de diciembre, cuando asuman los nuevos legisladores.
En cuanto a la situación salarial del sector público, el periodo paritario que va desde junio de 2025 a mayo de 2026 inició con la mesa de negociación del 23 de julio. En aquel encuentro, la comitiva del Ministerio de Trabajo ofreció un 1,3% para junio (retroactivo), 1,3% para julio, 1,3% para agosto, 1,2% para septiembre, 1,1% para octubre y 1,1% para noviembre. ATE rechazó el ofrecimiento, mientras que UPCN aceptó.
Hasta el momento, todos esos incrementos quedaron por debajo de la evolución de los precios publicada por el Indec: 1,6% en junio, 1,9% en julio, 1,9% en agosto y 2,1% en septiembre.
Gremios
Por la reforma laboral, ATE convocó a un plenario federal y prepara el primer paro post electoral
«Esperar hasta el 10 de diciembre es suicida. Si nos quedamos quietos y no rechazamos en las calles esta reforma laboral regresiva, nos aplastan», indicó Aguiar.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) convocó a un plenario federal de delegados para este martes (11/11) a las 14 horas para debatir la posibilidad de una nueva medida de fuerza en rechazo a la reforma laboral que prepara el Gobierno y exigir la inmediata reapertura de las paritarias. «Esperar hasta el 10 de diciembre es suicida. Si nos quedamos quietos y no rechazamos en las calles esta reforma laboral regresiva, nos aplastan», aseveró Rodolfo Aguiar, secretario general del sindicato.
«El Gobierno está mintiendo. Tiene que explicar con claridad para qué quiere una reforma laboral, porque si nos dice que es para generar empleo y que crezca la economía, eso es falso. No va a ocurrir quitando derechos», detalló el referente estatal. El plenario se realizará en el Anfiteatro Eva Perón de la sede nacional del sindicato con dirección en Avenida Belgrano 2527 (CABA).
«Con la nueva composición en el Congreso y el pragmatismo atroz de la mayoría de los gobernadores, va a ser difícil lograr consensos en el Parlamento para defender la posición de los sindicatos y los trabajadores. El camino que nos queda es el de ejercer nuestros derechos constitucionales de manifestación y protesta», agregó el dirigente de ATE.
En este marco, señaló que «va a empezar a reaparecer la conflictividad. Pasaron las elecciones pero los trabajadores seguimos teniendo los mismos problemas. Son miles los que mensualmente caen debajo de la línea de la pobreza. Una vez que termine de aplacarse el polvo electoral, nos vamos a dar cuenta que todo va a empeorar. Lo peor está por venir porque tenemos un país más endeudado y con menos reservas. Quedó demostrado que el capital político del Gobierno es volátil y no se puede descartar que vuelva a entrar en crisis rápidamente».
«Hemos decidido convocar a un plenario con representantes de todo el país para evaluar el escenario que se abrió después de las elecciones de medio término y definir una medida de fuerza que tenga alcance general», agregó Rodolfo Aguiar.
«Es cierto que el Gobierno logra un aval electoral, pero eso no lo habilita a hacer cualquier cosa ni a actuar al margen de la ley y contra la Constitución Nacional», concluyó el secretario general de ATE Nacional.
El proyecto que el Gobierno está redactando incluiría la extensión de la jornada laboral a 12 horas, el pago de indemnizaciones en cuotas, acuerdos de trabajo por empresa en lugar de por actividad, aumentos salariales por productividad, entre otros puntos que se barajan. El mismo sería presentado en el Congreso luego del 10 de diciembre, cuando asuman los nuevos legisladores.
En lo que respecta a la situación salarial, el periodo paritario que va desde junio de 2025 a mayo de 2026 inició con la mesa de negociación del 23 de julio. En aquel encuentro, la comitiva del Ministerio de Trabajo ofreció un 1,3% para junio (retroactivo), 1,3% para julio, 1,3% para agosto, 1,2% para septiembre, 1,1% para octubre y 1,1% para noviembre. ATE rechazó el ofrecimiento, mientras que UPCN aceptó.
Hasta el momento, todos esos incrementos quedaron por debajo de la evolución de los precios publicada por el Indec: 1,6% en junio, 1,9% en julio, 1,9% en agosto y 2,1% en septiembre.
Gremios
ATE exige a Santilli que regularicen los envíos de fondos a provincias y municipios
«El nuevo ministro fracasará rápidamente si no es capaz de frenar el desfinanciamiento al que han estado sometidas las provincias durante los últimos 22 meses», apuntó Aguiar.
Luego de la presentación de Diego Santilli como nuevo ministro del Interior, el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, exigió que regularice el envío de fondos a las provincias y municipios. «El nuevo ministro fracasará rápidamente si no es capaz de frenar el desfinanciamiento al que han estado sometidas la mayoría de las provincias durante los últimos 22 meses», indicó.
«Si las asunciones de Adorni y de Santilli no van acompañadas de la reapertura de las paritarias en la administración pública nacional y la devolución de los fondos que durante todo este tiempo le quitaron a las provincias, necesariamente generará un aumento de la conflictividad», agregó el dirigente nacional.
En este marco, Aguiar explicó que «la caída en la recaudación de los impuestos coparticipables por la recesión, el freno de la obra pública nacional y el recorte de las transferencias no automáticas, en este momento golpean fuertemente las economías provinciales».
«La eliminación de los fondos compensadores al transporte y el de incentivo docente ha agravado las dificultades financieras en todos los distritos. El modelo económico nacional genera como consecuencia que los municipios tengan que realizar ajustes para sostener el funcionamiento diario. Este programa no sólo se traduce en un recorte salarial sino que aumenta la precarización de estatales provinciales y municipales», agregó el secretario general de ATE Nacional.
«Desde que asumió Milei se han destruido los salarios en el Sector Público nacional y ahora van por las provincias y los municipios. Se trata de un ajuste potente y regresivo que penetra en cada rincón del país», concluyó Aguiar.
Los primeros 23 meses de gestión de Javier Milei se caracterizaron por una fuerte reducción de fondos hacia las provincias y municipios. Por un lado, las transferencias no automáticas cayeron un 79% en términos reales durante todo el 2024, lo que impactó directamente en el Fondo de Incentivo Docente, el Fondo compensador del transporte, la compensación de la caja de jubilaciones, las obras en provincias y municipios, entre otros recortes.
Por otro lado, las transferencias automáticas de Nación a provincias en 2024 fue la segunda más baja de los últimos 10 años, quedando un 9,8% por debajo del 2023.
En tanto, a fines del año pasado quedaron sin repartir a las provincias el 92,7% de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), lo que representa 630.098 millones de pesos. Algo similar ocurre en el primer semestre del 2025, con apenas 90 mil millones girados del total de 350 mil millones recaudados.
Además, más de la mitad de las obras públicas heredadas de la gestión anterior están paralizadas: de unas 2.700 inconclusas, el 54% no tuvo ningún avance bajo el actual gobierno.
