Gremios
UnTER rechaza el nuevo régimen de licencias docentes
Tras el anuncio del nuevo 0800 por parte de la ministra Silva, el gremio docente rápidamente salió a replicar los cambios.
El gremio UnTER rechazó el «nuevo intento del gobierno de avanzar sobre el régimen de licencias docentes, porque detrás de los dichos de la ministra Mónica Silva cuando lo dibuja como un intento de dar ‘claridad de presencia y ausencia’ docente, para saber ‘cómo se otorgan las licencias’, no es más que una forma de control empresarial, un 0800 tecnocrático y ceocrático, sin que medie la prevención que debería ser el objetivo de un estado presente», indicaron.
«No es novedad que, en tiempos electorales, quienes gobiernan se ponen la piel de cordero y expresan su preocupación por los problemas recurrentes en educación. Nunca se hacen cargo de sus responsabilidades por la cantidad de días de clases perdidos por problemas edilicios, de infraestructura, aulas sin gas con temperaturas bajo cero, vidrios rotos, obras inconclusas o mal realizadas, falta de insumos e incontables etcéteras, que afectan la tarea cotidiana y la salud de trabajadores y estudiantes. Es más fácil acusar al estudiantado y recargar las tintas en el cuerpo docente, como lo hace la ministra, cuando aclara que ‘solamente modifica el procedimiento porque las normativas vigentes y los acuerdos paritarios se mantienen. Se va a ordenar cómo se autorizan las suplencias docentes. Hay muchos abusos'», agregaron desde el sindicato docente.
«Con esta salida pública, más en línea con la impostada dureza nacional, al mejor estilo de ‘hago lo quiero’ sin preocuparse si pisotea acuerdos y leyes laborales, la ministra olvida que todo procedimiento de control, también es ser parte de las conversaciones que deben mantenerse con el sindicato. Está claro que no lo hace porque nuestra organización habla de prevención primero y de contralor médico, después. Porque UnTER siempre tiene en cuenta que detrás de cada dato estadístico, hay seres humanos y una realidad que los contiene o los enferma», añadieron.
«También es posible reconocer en las declaraciones ministeriales, otros mensajes entre líneas. El primero, es un recorte a la autoridad de equipos directivos y supervisivos, que evidencia la gran desconfianza del ministerio respecto de su accionar cotidiano. Actitud fuertemente cuestionada desde el sindicato, con la exigencia de la derogación de la Resolución 652/13, porque para los funcionarios, siempre es sospechoso quien reclama», expresaron desde UnTER.
«La nueva normativa determina una mayor concentración de poder en manos del Ministerio que, además, pretende asumir la responsabilidad exclusiva y excluyente con estudiantes, madres y padres por las posibles falta de docentes en las aulas, sin reconocer las verdaderas causales que, no solo se producen por inasistencias, sino también por falta de planificación, como sucede en las escuelas donde se implementó la ESRN», aseguraron desde el gremio que conduce Patricia Cetera.
Por otra parte, «se reafirma el desconocimiento ministerial del Estatuto del Docente- Ley 391, que determina el escalafón docente con funciones perfectamente delimitadas para directores y supervisores y ratificadas en los Reglamentos de Nivel Inicial- Resolución 828/87, de Nivel Primario- -Resolución 90/87 y para el Nivel Medio-Resolución 5534/04. En todas ellas se especifica que, entre las misiones y funciones de los equipos directivos está la de verificar diariamente la asistencia y puntualidad, el asesoramiento del personal a cargo sobre derechos, obligaciones, funciones y encuadra legal que reglamenta la práctica docente y ratifica su representación natural ante autoridades y comunidades. Mientras que supervisores/as deben designar al personal interino y suplente».
«Estas reglamentaciones tienen plena vigencia. Si, además, nos remitimos a la Resolución 1080/92 y la Res. 100/95 -texto ordenado- , que en el Capítulo IV: De las Designaciones Art. 19.- dice: Las designaciones del personal interino y suplente serán efectuadas por: a) Las Direcciones de Nivel para los cargos de Supervisor con jurisdicción en más de un organismo regional. b) Los organismos regionales de educación para los cargos de Supervisor y los de Director del Servicio de Apoyo Técnico (S.A.T.) de su jurisdicción, sin perjuicio de hacerlo con respecto a cargos inferiores de los establecimientos y servicios de su dependencia cuando resulte necesario. c) Las Supervisiones Escolares del nivel y modalidad respectivos, para los cargos del primer grado del escalafón y los jerárquicos de los establecimientos y servicios ubicados en su localidad de asiento y zona de influencia, o los responsables que designen los organismos regionales cuando la localidad no sea asiento de la supervisión que corresponda al nivel o modalidad», aseguraron desde el gremio.
«En definitiva, si existe la normativa que determina las responsabilidades dentro del sistema para el control de inasistencias y para la designación de personal interino o suplente. ¿Cuál es el objetivo real de la presencia del Ministerio, a través de un 0800, que determinará cuándo y cómo se habilitaría una suplencia o no?. A nuestro entender, es un recorte presupuestario, un avance contra el régimen de licencias actual y una falta de respeto a supervisores y directores, a quienes se los toma como un engranaje más y desconociendo que son garantes del funcionamiento del sistema educativo, porque están más allá de los tiempos personales, de la ocupación partidaria de un espacio».
«Contrario a los discursos gubernamentales, sobre su respeto a los espacios democráticos, se verticaliza la relación entre autoridades superiores, se resta toda posibilidad de debate a partir del conocimiento de la realidad, de la situación compleja de cada caso, del contexto en el que se trabaja dentro de las escuelas y de las localidades donde están enclavadas, algunas de ellas donde ni siquiera está garantizada la asistencia permanente a la salud, mucho menos un sistema de comunicación ágil y eficiente».
«Siempre, desde el sindicato, sostenemos que frente a una licencia por enfermedad hay un certificado emitido por un profesional de la salud, quien posee la suficiente idoneidad para otorgarlo. En los casos donde, este Ministerio de Educación, tenga duda de su veracidad debería aplicar el sistema de contralor médico que funciona en algunas localidades, que en algún momento tuvo vigencia en toda la provincia y que fuera desmantelado por razones económicas, sin un análisis serio y concreto de su efectividad».
«Si la ministra Silva y el ministro de Economía Isaías Kremer, consideran que, otra vez, es necesario achicar el gasto público y para eso, el mecanismo de control a través del 0800 es la vía más correcta, le advertimos que no esperen mayores resultados. Sugerimos como primera medida para reducir el gasto, realizar un control más eficaz, en cada uno de los organismos del estado provincia, del pleno cumplimiento de las funciones de funcionarios y funcionarias designados en puestos que deben garantizar los servicios, de esta manera, se podría, por ejemplo, dejar de tener un doble o triple “gasto” por obras, reparaciones o arreglos menores deficitarios».
«onociendo el paño, de los resultados de algunas licitaciones, casi podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que este 0800 dará los mismos resultados que en cada una de las empresas que se privatizaron en el Estado Argentino. Cada vez que alguien necesita comunicarse por el motivo que sea, se encuentra con una computadora que le dice ‘en estos momentos todos nuestros operadores se encuentran ocupados, aguarde un momento o corte y vuelva a intentarlo nuevamente más tarde. Muchas gracias’. Por consiguiente, los docentes nunca podrán comunicarse en tiempo y forma con el Ministerio, nunca se podrá a convalidar la designación de un suplente en un cargo u horas, por lo tanto, tampoco se garantizará la continuidad educativa para las y los estudiantes y nunca se restablecerá la organización escolar que toda la comunidad educativa requiere. Lisa y llanamente se atenta contra los acuerdos paritarios y reglamentaciones vigentes. Por todo esto, por inoperancia e incumplimiento de las normas existentes y por no querer efectuar acuerdos serios con la organización sindical, lo que ocurrirá es que habrá más estudiantes sin clases y el gobierno será el único responsable».
«¿A que 0800 tendremos que recurrir para saber por dónde andan los funcionarios cuando los necesitamos porque estamos rodeados de aguas servidas, sin gas, con paredes electrificadas? ¿Cuál es el 0800 para denunciar este abuso de autoridad, esta creencia de saberse en el tope del conocimiento produciendo atropellos permanentes en desconocimiento absoluto de las leyes y de la Constitución?», concluyeron desde UnTER.
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ATE exigió un examen médico psicofísico para conocer el estado de salud de Milei
«Los desequilibrios mentales del presidente son muy evidentes. No hace falta ser un profesional de la medicina para saber que padece algún tipo de psicosis, y su salud no es exclusivamente privada cuando la misma está vinculada a la capacidad para ejercer su cargo», apuntó Aguiar.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) intimó a Javier Milei para que informe si existe algún examen, junta médica, certificado, dictamen o protocolo que haya evaluado su aptitud psicofísica y/o psíquica para ejercer su rol de presidente y, en caso de que no exista, que lo realice inmediatamente. Además, el sindicato impulsará una iniciativa para que a partir del 2027 quienes se postulen a cargos electivos deban realizar un examen médico preocupacional y presentar un apto psicofísico para ejercer sus cargos.
«Los desequilibrios mentales del presidente son muy evidentes. No hace falta ser un profesional de la medicina para saber que padece algún tipo de psicosis, y su salud no es exclusivamente privada cuando la misma está vinculada a la capacidad para ejercer su cargo», señaló Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional. La intimación será remitida a la Jefatura de Gabinete de Ministros con copia a Presidencia de la Nación.
En relación a los requisitos que se le solicitan a quienes ingresan a la administración pública, apuntó que «es inaceptable que los empleados públicos para nuestro ingreso tengamos que cumplir numerosos requisitos y uno de ellos sea atravesar un examen médico preocupacional, y que este no sea obligatorio para quien es la máxima autoridad política y administrativa del Estado. Acá se controla a los trabajadores y no a quienes los tienen que dirigir. Es una joda. Además es muy peligroso porque en el caso de Milei, es quien encabeza la administración pública nacional».
«Esperamos que nadie se alarme ni nos llamen golpistas o destituyentes, porque no buscamos acceder a ninguna información médica privada ni a datos sensibles, solamente conocer si se encuentra apto para ejercer tan alta función. Porque si no lo fuera, las consecuencias jurídicas serían gravísimas. La mayoría de sus actos debieran ser declarados nulos», agregó.
«Y no tenemos que olvidarnos que el presidente también es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Sus actos tienen impacto no solo en la estabilidad institucional y en el funcionamiento del Estado, sino también en la seguridad nacional», completó Aguiar.
En este marco, el dirigente estatal explicó que «estamos ejerciendo el derecho a la información pública y el acceso ciudadano a la información estatal, derechos que están amparados en las leyes, en la Constitución Nacional y además en los tratados internacionales».
«Tenemos que avanzar en una iniciativa legal que permita exigir también examen psicofísicos a todos los cargos electivos a partir del año que viene. Esta presidencia de Milei nos enseñó que la psicosis y el delirio de un candidato en la campaña se pueden camuflar. No nos puede volver a suceder», concluyó el titular de ATE Nacional.
La intimación de ATE se ampara en el artículo 88 de la Constitución Nacional, haciendo saber que conocer el estado de salud del presidente no responde a una mera curiosidad particular, sino a una cuestión de notorio interés público e institucional que hace a la transparencia y a la confianza ciudadana en el ejercicio regular de la primera magistratura.
En su pedido, el sindicato aclaró que los trabajadores de la Administración Pública Nacional deben someterse a exámenes preocupacionales y periódicos de aptitud psicofísica, cuyo resultado condiciona directamente la continuidad del vínculo de empleo, según lo establece la la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164. Es en este marco que se lo insta al máximo responsable del Estado argentino a realizar evaluaciones similares.
Cabe destacar que ATE, en su requerimiento, deja en manifiesto que no busca acceder a ningún tipo de información médica privada, ni de historia clínica ni diagnósticos. sino que únicamente busca saber si existe una evaluación y cuál fue su conclusión: apto/no apto.
Detalles de la solicitud de ATE
- Exigir que el Gobierno informe si existe algún examen, junta médica, certificado, protocolo o dictamen que haya evaluado la aptitud psicofísica y/o psíquica del Presidente para ejercer el cargo.
- Si existe esa evaluación, informar la fecha, el organismo o profesional que intervino y el resultado, limitado a si fue considerado «apto» o «no apto», sin solicitar información clínica, diagnósticos ni historia médica.
- Informar si existe normativa, protocolo o reglamento que establezca controles periódicos de aptitud psicofísica y psíquica para el Presidente, y, en caso afirmativo, entregar una copia.
- Si el Gobierno decide rechazar total o parcialmente el pedido, ATE exige que la negativa sea fundada por escrito, indicando específicamente qué excepción de la Ley de Acceso a la Información Pública se invoca y aplicando el correspondiente test de daño e interés público.
- En caso de que no exista ningún tipo de exámen o apto médico realizado, que el mismo sea efectuado a los efectos de constatar si el presidente de encuentro en todas sus facultades psicofísicas para desempeñar el cargo.
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ATE lanza paro y movilización al PAMI el martes a las 13 ante la crisis y colapso de la obra social de los jubilados
«Más de 5 millones de jubilados son víctimas y rehenes de quienes están haciendo negocios a costa de su salud», indicó Aguiar.
A raíz de la profunda crisis que atraviesa el PAMI que incluye una deuda con prestadores de más de 500.000 millones de pesos, cambios en la cúpula directiva, falta de prestaciones a sus afiliados y salarios de sus trabajadores por debajo de la canasta básica, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) resolvió un paro con movilización a la sede central de la obra social (Av. Corrientes 655, CABA) el martes 8 a las 13 y paraliza actividades en todo el país.
«Si no frenamos a tiempo tanta desidia de los funcionarios, la obra social será irrecuperable. Más de 5 millones de jubilados son víctimas y rehenes de quienes están haciendo negocios a costa de su salud», indicó Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional quien también es trabajador de PAMI.
En este marco, apuntó que «el vaciamiento de la obra social que se ha llevado adelante en este tiempo no tiene precedentes. Los jubilados ya no tienen ningún tipo de prestación. En los últimos dos años murieron 45 mil adultos mayores más de los esperados por la falta de medicamentos y de prestaciones. Hay un riesgo cierto de que desaparezca una de las obras sociales más grandes, prestigiosas y solidarias de Latinoamérica. Mientras que los funcionarios cobran sueldos millonarios, los salarios de los trabajadores se encuentran congelados».
«No puede ser que después de haber aportado durante toda su vida, a los jubilados se les vulnere su derecho humano de acceder de manera libre y gratuita al sistema de salud. Hemos decidido parar en todo el país y movilizarnos a la sede central del PAMI. Si no existen respuestas, todas las medidas se van a profundizar», concluyó el secretario general de ATE Nacional.
En las últimas horas se anunció la salida de Juan Cruz Montero de la coordinación ejecutiva de la obra social, quién será reemplazado por Verónica Gabriela Pérez, muy ligada a Santiago Caputo. En simultáneo, también se dio la baja de Florencia Zicavo, de la sindicatura del organismo, quien aún no tiene sustituto definido.
El sindicato denuncia que la obra social está absolutamente colapsada y no puede dar respuestas a los más de 5 millones de jubilados y pensionados que están afiliados. «Una buena parte del desfinanciamiento se basa en la eliminación del Impuesto País que destinaba gran parte de lo recaudado a PAMI. En 2024, el Gobierno aseguró que cubriría ese monto con fondos del Tesoro Nacional. Sin embargo, de los 2,8 billones de pesos que hubieran ingresado a la obra social mediante el tributo, solo se compensaron 0,9 billones hasta julio de este año», aseguraron desde ATE.
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Para Aguiar, «el Consejo del Salario es inservible, una puesta en escena para convalidar los acuerdos entre empresarios y el Gobierno»
«El Consejo del Salario es la paritaria de los que no tienen paritarias. Joden y dejan desprotegidos al 40% de los trabajadores», indicó el titular de ATE Nacional.
Finalizada la reunión del Consejo del Salario Mínimo en la que los empresarios propusieron un aumento de 1,8% en septiembre y 1,7% para octubre hasta abril, el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, señaló que «este Gobierno terminó convirtiendo al salario mínimo en un subsidio».
«El Consejo del Salario debiera ser la paritaria de los que no tienen paritarias. Joden y dejan desprotegidos al 40% de los trabajadores. El SMVM sigue siendo de indigencia. No es vital porque no alcanza para vivir, tampoco es móvil porque se ubica por debajo de la inflación», agregó el dirigente estatal.
En esta línea, cargó directamente contra el ámbito tripartito que reúne a trabajadores, empresarios y el Poder Ejecutivo. «El Consejo del Salario es inservible, es una puesta en escena. Hace más de dos años que no hay acuerdos y se termina resolviendo por una resolución del Gobierno. ¿El Consejo existe? Si seguimos así, el Consejo va a existir pero los salarios van a desaparecer», indicó.
«Este organismo nació para garantizar dignidad y no pobreza legal como sucede hoy. Ha sido copado por los grandes empresarios y se reúne sólo para convalidar lo que ellos resolvieron previamente con el Gobierno», agregó Aguiar.
En referencia a la intención del Ejecutivo de implementar un salario mínimo garantizado de 1 millón de pesos para los convenios privados, apuntó que «y ahora queda claro que el Gobierno acaba de inventar un salario mínimo paralelo con el objetivo de frenar la actualización de las asignaciones sociales como la AUH y otros programas».
Cabe recordar que, según el último informe del INDEC, la línea de pobreza en la Argentina se ubica en $1.564.716 y la de indigencia en $708.016.
