Gremios
UnTER rechaza el nuevo régimen de licencias docentes
Tras el anuncio del nuevo 0800 por parte de la ministra Silva, el gremio docente rápidamente salió a replicar los cambios.
El gremio UnTER rechazó el «nuevo intento del gobierno de avanzar sobre el régimen de licencias docentes, porque detrás de los dichos de la ministra Mónica Silva cuando lo dibuja como un intento de dar ‘claridad de presencia y ausencia’ docente, para saber ‘cómo se otorgan las licencias’, no es más que una forma de control empresarial, un 0800 tecnocrático y ceocrático, sin que medie la prevención que debería ser el objetivo de un estado presente», indicaron.
«No es novedad que, en tiempos electorales, quienes gobiernan se ponen la piel de cordero y expresan su preocupación por los problemas recurrentes en educación. Nunca se hacen cargo de sus responsabilidades por la cantidad de días de clases perdidos por problemas edilicios, de infraestructura, aulas sin gas con temperaturas bajo cero, vidrios rotos, obras inconclusas o mal realizadas, falta de insumos e incontables etcéteras, que afectan la tarea cotidiana y la salud de trabajadores y estudiantes. Es más fácil acusar al estudiantado y recargar las tintas en el cuerpo docente, como lo hace la ministra, cuando aclara que ‘solamente modifica el procedimiento porque las normativas vigentes y los acuerdos paritarios se mantienen. Se va a ordenar cómo se autorizan las suplencias docentes. Hay muchos abusos'», agregaron desde el sindicato docente.
«Con esta salida pública, más en línea con la impostada dureza nacional, al mejor estilo de ‘hago lo quiero’ sin preocuparse si pisotea acuerdos y leyes laborales, la ministra olvida que todo procedimiento de control, también es ser parte de las conversaciones que deben mantenerse con el sindicato. Está claro que no lo hace porque nuestra organización habla de prevención primero y de contralor médico, después. Porque UnTER siempre tiene en cuenta que detrás de cada dato estadístico, hay seres humanos y una realidad que los contiene o los enferma», añadieron.
«También es posible reconocer en las declaraciones ministeriales, otros mensajes entre líneas. El primero, es un recorte a la autoridad de equipos directivos y supervisivos, que evidencia la gran desconfianza del ministerio respecto de su accionar cotidiano. Actitud fuertemente cuestionada desde el sindicato, con la exigencia de la derogación de la Resolución 652/13, porque para los funcionarios, siempre es sospechoso quien reclama», expresaron desde UnTER.
«La nueva normativa determina una mayor concentración de poder en manos del Ministerio que, además, pretende asumir la responsabilidad exclusiva y excluyente con estudiantes, madres y padres por las posibles falta de docentes en las aulas, sin reconocer las verdaderas causales que, no solo se producen por inasistencias, sino también por falta de planificación, como sucede en las escuelas donde se implementó la ESRN», aseguraron desde el gremio que conduce Patricia Cetera.
Por otra parte, «se reafirma el desconocimiento ministerial del Estatuto del Docente- Ley 391, que determina el escalafón docente con funciones perfectamente delimitadas para directores y supervisores y ratificadas en los Reglamentos de Nivel Inicial- Resolución 828/87, de Nivel Primario- -Resolución 90/87 y para el Nivel Medio-Resolución 5534/04. En todas ellas se especifica que, entre las misiones y funciones de los equipos directivos está la de verificar diariamente la asistencia y puntualidad, el asesoramiento del personal a cargo sobre derechos, obligaciones, funciones y encuadra legal que reglamenta la práctica docente y ratifica su representación natural ante autoridades y comunidades. Mientras que supervisores/as deben designar al personal interino y suplente».
«Estas reglamentaciones tienen plena vigencia. Si, además, nos remitimos a la Resolución 1080/92 y la Res. 100/95 -texto ordenado- , que en el Capítulo IV: De las Designaciones Art. 19.- dice: Las designaciones del personal interino y suplente serán efectuadas por: a) Las Direcciones de Nivel para los cargos de Supervisor con jurisdicción en más de un organismo regional. b) Los organismos regionales de educación para los cargos de Supervisor y los de Director del Servicio de Apoyo Técnico (S.A.T.) de su jurisdicción, sin perjuicio de hacerlo con respecto a cargos inferiores de los establecimientos y servicios de su dependencia cuando resulte necesario. c) Las Supervisiones Escolares del nivel y modalidad respectivos, para los cargos del primer grado del escalafón y los jerárquicos de los establecimientos y servicios ubicados en su localidad de asiento y zona de influencia, o los responsables que designen los organismos regionales cuando la localidad no sea asiento de la supervisión que corresponda al nivel o modalidad», aseguraron desde el gremio.
«En definitiva, si existe la normativa que determina las responsabilidades dentro del sistema para el control de inasistencias y para la designación de personal interino o suplente. ¿Cuál es el objetivo real de la presencia del Ministerio, a través de un 0800, que determinará cuándo y cómo se habilitaría una suplencia o no?. A nuestro entender, es un recorte presupuestario, un avance contra el régimen de licencias actual y una falta de respeto a supervisores y directores, a quienes se los toma como un engranaje más y desconociendo que son garantes del funcionamiento del sistema educativo, porque están más allá de los tiempos personales, de la ocupación partidaria de un espacio».
«Contrario a los discursos gubernamentales, sobre su respeto a los espacios democráticos, se verticaliza la relación entre autoridades superiores, se resta toda posibilidad de debate a partir del conocimiento de la realidad, de la situación compleja de cada caso, del contexto en el que se trabaja dentro de las escuelas y de las localidades donde están enclavadas, algunas de ellas donde ni siquiera está garantizada la asistencia permanente a la salud, mucho menos un sistema de comunicación ágil y eficiente».
«Siempre, desde el sindicato, sostenemos que frente a una licencia por enfermedad hay un certificado emitido por un profesional de la salud, quien posee la suficiente idoneidad para otorgarlo. En los casos donde, este Ministerio de Educación, tenga duda de su veracidad debería aplicar el sistema de contralor médico que funciona en algunas localidades, que en algún momento tuvo vigencia en toda la provincia y que fuera desmantelado por razones económicas, sin un análisis serio y concreto de su efectividad».
«Si la ministra Silva y el ministro de Economía Isaías Kremer, consideran que, otra vez, es necesario achicar el gasto público y para eso, el mecanismo de control a través del 0800 es la vía más correcta, le advertimos que no esperen mayores resultados. Sugerimos como primera medida para reducir el gasto, realizar un control más eficaz, en cada uno de los organismos del estado provincia, del pleno cumplimiento de las funciones de funcionarios y funcionarias designados en puestos que deben garantizar los servicios, de esta manera, se podría, por ejemplo, dejar de tener un doble o triple “gasto” por obras, reparaciones o arreglos menores deficitarios».
«onociendo el paño, de los resultados de algunas licitaciones, casi podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que este 0800 dará los mismos resultados que en cada una de las empresas que se privatizaron en el Estado Argentino. Cada vez que alguien necesita comunicarse por el motivo que sea, se encuentra con una computadora que le dice ‘en estos momentos todos nuestros operadores se encuentran ocupados, aguarde un momento o corte y vuelva a intentarlo nuevamente más tarde. Muchas gracias’. Por consiguiente, los docentes nunca podrán comunicarse en tiempo y forma con el Ministerio, nunca se podrá a convalidar la designación de un suplente en un cargo u horas, por lo tanto, tampoco se garantizará la continuidad educativa para las y los estudiantes y nunca se restablecerá la organización escolar que toda la comunidad educativa requiere. Lisa y llanamente se atenta contra los acuerdos paritarios y reglamentaciones vigentes. Por todo esto, por inoperancia e incumplimiento de las normas existentes y por no querer efectuar acuerdos serios con la organización sindical, lo que ocurrirá es que habrá más estudiantes sin clases y el gobierno será el único responsable».
«¿A que 0800 tendremos que recurrir para saber por dónde andan los funcionarios cuando los necesitamos porque estamos rodeados de aguas servidas, sin gas, con paredes electrificadas? ¿Cuál es el 0800 para denunciar este abuso de autoridad, esta creencia de saberse en el tope del conocimiento produciendo atropellos permanentes en desconocimiento absoluto de las leyes y de la Constitución?», concluyeron desde UnTER.
Gremios
ATE anticipa que no tolerará nuevos despidos: «En el 2025 les vamos a robar la motosierra y le vamos a cortar las cabezas a ellos»
«El Gobierno tiene que garantizar la continuidad laboral de los más de 57.500 contratos que vencen el 31 de diciembre y debe terminar con la reprecarización laboral en el Estado firmando los nuevos vínculos por el plazo mínimo de un año», indicó Aguiar.
Ante la situación que atraviesan los 57.513 trabajadores del Sector Público cuyos contratos vencen a fin de mes y que el Ejecutivo pretende cesantear, el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, indicó que «el Gobierno tiene que garantizar la continuidad laboral de todos los contratos que vencen el 31 de diciembre y debe terminar con la reprecarización laboral en el Estado firmando los nuevos vínculos por el plazo mínimo de un año».
«Además, aunque seguimos demandando la anulación del Sistema de Evaluación Pública, hay que incorporar en la planta permanente a ese universo de trabajadores que ya se presentó a rendir y que en el 96% de los casos aprobaron en primera instancia los exámenes», agregó el dirigente.
En esta línea, Aguiar aseguró que «más allá de su relato exitista y fantasioso, el Gobierno pierde fuerza. En el 2025 les vamos a robar la motosierra y vamos a empezar a cortar las cabezas de ellos. Tenemos que salvar la democracia y la institucionalidad poniéndole límites claros a Milei, disparó.
«El próximo año la estabilidad tiene que volver a ser un derecho en el empleo público. Tenemos que lograr que recuperen el poder adquisitivo los salarios y jubilaciones e impedir que se siga desguazando el Estado y rematando el patrimonio estatal», concluyó el secretario general de ATE Nacional.
Son 57.513 los contratados en el Estado Nacional según el Boletín Fiscal del Ministerio de Economía al cuarto trimestre de 2024. La gran mayoría de ellos son contratados en el marco del art. 9° de la Ley de Empleo Público (Resolución 48/02). También incluye a monotributistas de locación de obras y servicios; contrataciones bajo entes cooperadores u organismos de crédito internacional; pasantías; y otros tipos de contrataciones a término como eventuales.
El mayor alerta de ATE por estás horas está puesto en el Ministerio de Justicia, donde el Gobierno anticipó el despido de más de 2.400 trabajadores a partir de la baja del convenio con el ente cooperador ACARA. A esto se le suma el anuncio de 104 despidos en la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, y también los más de 50 despidos comunicados en el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), dependiente de la Secretaría de Transporte (integrada al Ministerio de Economía).
Cabe destacar que según el monitoreo del sindicato, durante la gestión de Javier Milei, más de 20 mil trabajadores de la Administración Pública Centralizada y Descentralizada perdieron sus puestos de trabajo a partir de cesantías ilegales. Desde la organización se sigue reclamando su inmediata reinstalación y se evalúan nuevas medidas de acción directa para el inicio del 2025.
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ATE exige la reapertura de las paritarias ante de fin de año y una recomposición salarial de emergencia
«La política salarial impulsada desde la Casa Rosada empujó a más del 80% de los estatales a la pobreza. Los sueldos ya no alcanzan», señaló Aguiar.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) le exigió al Gobierno Nacional la inmediata reapertura de las paritarias antes del 31 de diciembre y reclamó un aumento de emergencia para recomponer el poder adquisitivo gravemente deteriorado en el último año. El sindicato anticipó que en el caso de que no haya convocatoria a las negociaciones salariales, podría determinar medidas de acción directa para el inicio del 2025.
«Es imperiosa la necesidad de que se reabran las negociaciones antes de fin de año. El ajuste aplicado en el sector público durante el 2024 destruyó todos los salarios. La política salarial impulsada desde la Casa Rosada empujó a más del 80% de los estatales a la pobreza. Los sueldos ya no alcanzan ni para cubrir las mínimas prestaciones garantizadas por la ley», señaló Rodolfo Aguiar, secretario general del sindicato.
Ante esta situación el dirigente apuntó que «necesitamos que sea compensando el grave deterioro que han tenido durante este año nuestros ingresos. El bono de $30.000 otorgado y avalado por otro sindicato es una ofensa, no alcanza para nada».
«Hoy todos los empleados públicos que tienen que pagar un alquiler no llegan ni siquiera a mitad de mes. El recorte salarial en la Administración Pública es dramático. Si no existe una respuesta a este pedido concreto, en el inicio del próximo año habrá un aumento de la conflictividad», concluyó el secretario general de ATE Nacional.
En una nota dirigida al Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, que conduce Federico Sturzenegger, y a la Secretaría de Trabajo de Julio Cordero, el sindicato exigió:
- Salarios dignos que, de acuerdo con el art. 14 bis de la Constitución Nacional, aseguren como mínimo alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte y esparcimiento, vacaciones y previsión;
- Aumentos salariales por encima de la inflación;
- Apertura de todos los convenios colectivos de trabajo sectoriales, especialmente los más postergados, como el del Personal Civil y Docente Civil de las FF.AA.-Seguridad-IOSFA,Sistema Nacional del Empleo Público (SINEP) y Profesionales de la Salud Dto. 1133/09;
- Asegurar la continuidad de todos los procesos de regularización del empleo público – pases a planta permanente;
- Cese del ajuste; los despidos y reincorporación inmediata de todos/as los/as trabajadores despedidos/as a partir del 10 de diciembre de 2023
Hasta el momento, la pérdida del poder adquisitivo en la Administración Pública Nacional (Convenio Colectivo de Trabajo 214/06) superó el 40% en el 2024.
Cabe recordar que la Junta Interna de ATE en el INDEC, utilizando los datos recabados por el organismo, determinó que el ingreso mínimo (no el óptimo ni el deseable) debería ser de $1.547.169.
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ATE inicia semana de acampes: Cortarán calles frente a Rentas
Se trata de más de 4500 agentes que cumplen funciones en diversos Ministerios con contratos de locación y horas cátedra, entre otras relaciones irregulares.
Este lunes (22/12), la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) iniciará acampes en los principales edificios públicos provinciales en Roca, Bariloche y Viedma. «Es en rechazo al congelamiento salarial y en demanda de la renovación de los contratos que vencen el 31 de diciembre», informaron.
Desde el sindicato demandan a la provincia una compensación salarial y en este sentido, anunciaron que darán continuidad a las protestas durante las Fiestas si no existe respuesta al pedido de reapertura paritaria. En Roca, el acampe comenzará a las 6 de la mañana del lunes frente al edificio de la Agencia de Recaudación Tributaria, en 9 de Julio y España. Asimismo, realizarán protestas también en Viedma y Bariloche.
«La política de aumento 0 del Ejecutivo Provincial golpea no sólo al bolsillo de los estatales sino también a toda la comunidad, ya que esa decisión comienza a impactar en el desfinanciamiento del sistema público de salud y educación y en todos los organismos del Estado», dijo Romeo Aguiar, secretario gremial de ATE.
«Los voceros del Ejecutivo mienten cuando dicen que los salarios superaron a la inflación. Se creen su propia fantasía: los servicios básicos, alquileres y combustibles superaron ampliamente la evolución de los salarios», agregó.
Si bien uno de los pedidos fue saldado por el Gobierno -el pago íntegro del aguinaldo antes del 24 de diciembre-, Aguiar insistió con que «el congelamiento salarial de los dos últimos meses empujó a miles de trabajadores bajo la línea de pobreza, que alcanza en la provincia al 56% de los ciudadanos -más que el promedio del país- y con esta decisión se incrementará drásticamente».
«Además demandamos la regularización de los trabajadores con contratos, un personal discriminado sin estabilidad laboral que tiene el derecho a estar en las mismas condiciones que el resto del personal con igual tarea, como dicta la Constitución Nacional», dijo por su parte Leticia Lapalma, secretaria adjunta de ATE. Se trata de más de 4500 agentes que cumplen funciones en diversos Ministerios con contratos de locación y horas cátedra, entre otras relaciones irregulares.