Río Negro
Más de 100 personas participaron en la audiencia pública por el plan de saneamiento de Roca
La instancia se desarrolló en la mañana de este martes con una buena participación de expositores. Todas las opiniones serán tenidas en cuenta en el proceso de evaluación.
Más de un centenar de personas asistieron durante cuatro horas a la Audiencia Pública convocada por la Secretaría de Ambiente de la provincia, para analizar todos los detalles del Plan Director de Desagües Cloacales, una obra valuada en $400.000.000 y que pone el acento en reforzar toda la estructura troncal de la red local de cloacas.
La obra consistirá en 12,5 kilómetros de colectores troncales, 15,4 kilómetros de cañerías entre las plantas impulsoras y casi 30 kilómetros de redes domiciliarias. Se contempla llevar el servicio de cloacas a los barrios Mosconi, La Ribera, además de Stefenelli Sur y Stefenelli Norte, lo que va a representar 700 conexiones.
La Provincia hizo los estudios previos, diseñó las ampliaciones y presentó el proyecto ante el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA), donde obtuvo la aprobación del financiamiento. Una vez disponibles los fondos (que desembolsa el Gobierno Nacional) y firmado el contrato, se estima un tiempo de ejecución de toda la obra de 18 meses.
La secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Dina Migani, fue quien dio inicio formal a esta instancia de participación ciudadana y destacó la importancia de la obra, tanto para la localidad como para las ciudades vecinas. Migani estuvo acompañada por el ministro de Obras y Servicios Públicos, Carlos Valeri y el superintendente del Departamento Provincial de Aguas (DPA), Fernando Curetti.
En este marco, Valeri destacó que la obra está enmarcada en el Plan Director de Saneamiento que se está llevando adelante en toda la provincia, en conjunto con el DPA y el ENHOSA “que tiene por objetivo ampliar y recambiar las redes cloacales en los lugares donde sea necesario, en concordancia con el crecimiento poblacional que están teniendo las distintas localidades, procurando la sanidad de las personas”.
Valeri aclaró que “se trata de una obra que va a beneficiar a toda la cuenca del río”, la cual además “va a estar en consonancia con el Plan Castello”, que dispondrá de una partida de U$S92.500.000 de dólares para ejecutar otros planes de saneamiento urbano en ciudades como General Conesa, Luis Beltrán, Mainqué, Maquinchao, Pilcaniyeu, Sierra Colorada, Río Colorado y Villa Regina, Las Grutas, y Viedma.
Valeri reivindicó el mecanismo de la audiencia pública, porque “es parte de la transparencia de la gestión, donde podemos explicar qué, y como vamos a hacer las cosas”.
A su vez, Curetti resaltó la importancia de llevar adelante este proceso de audiencia “porque viene a democratizar las decisiones que se toman en materia de obra pública, y además permite que la comunidad pueda conocer el proyecto y así presentar sus objeciones y consideraciones”. El funcionario también realizó una presentación donde dio detalles técnicos del proyecto.
Curetti hizo referencia a la existencia de “serias limitaciones actuales”, determinadas por “la obsolescencia de las instalaciones y la falta de inversiones”.
La premisa, será lograr eliminar los desbordes, “generar efluentes de mejor calidad, porque la meta es la protección de la población y del medio ambiente”.
Posteriormente, expusieron el ingeniero Mario Álvarez, quien realizó la descripción del Plan Director de Agua Potable y la licenciada Roxana Rodríguez, quien presentó el Estudio de Impacto Ambiental. Además, se contó con la presencia del ingeniero Horacio Lizasoain, de Aguas Rionegrinas, empresa prestataria del servicio.
Tras un breve receso, se retomó la rueda de expositores invitados. En principio, expuso Vanesa Funes, gerente del Consorcio de Riego y Drenaje de General Roca; Hernán Zuñiga, asesor técnico de ese organismo. También asistió el Defensor del Pueblo adjunto, César Domínguez, quien aseguró que “esta obra la necesitamos con carácter de urgente”. Agregó que “estamos contentos porque se va a empezar a resolver desde Cipolletti la contaminación de nuestro río” y explicó sus presencia diciendo: “Veníamos a rectificar que ésta obra se haga realidad”.
Finalmente, expusieron los inscriptos como oradores, entre los que se encontraban Diego Rodil, Miguel Ángel Ceballo Díaz, Héctor David Morales y el licenciado Héctor Labollita, de AIC.
Judiciales
Fallo contempló el cuidado exclusivo de una madre y fijó una cuota de siete salarios mínimos
El fallo también señaló que el padre no registra impuestos activos ni declaraciones juradas ante AFIP. Sin embargo, en el expediente constan datos sobre la titularidad de un automóvil y viajes al exterior.
El cuidado cotidiano que la madre ejerce de manera exclusiva sobre su hija fue uno de los factores centrales para fijar una cuota alimentaria equivalente a siete Salarios Mínimos Vitales y Móviles. La sentencia, dictada en Bariloche, también dispuso que el padre deberá afrontar el 50% de los gastos extraordinarios vinculados con la crianza.
La demanda fue presentada por la madre en representación de su hija de 8 años. Señaló que el progenitor reside en Buenos Aires y que el contacto con la niña es esporádico, ya que se ven una o dos veces al año. También explicó que las tareas de cuidado recaen exclusivamente sobre ella.
Según la presentación, el padre pagaba de manera directa un colegio privado, el comedor y algunas actividades. Además, hasta septiembre de 2023 realizaba depósitos mensuales, que luego dejó de efectuar. La madre sostuvo que ese aporte resultaba insuficiente frente al conjunto de gastos de crianza.
El progenitor respondió que no estaba en condiciones de afrontar el monto solicitado. Indicó que se dedica a la intermediación en la venta de caballos, con ingresos irregulares, y afirmó encontrarse desocupado. Durante una audiencia ofreció una suma menor junto con algunos pagos directos, pero no hubo acuerdo.
En el expediente se incorporaron informes sobre los gastos de la niña, vinculados con educación, cobertura médica, actividades extracurriculares y tratamientos médicos. También se realizó una pericia social en el domicilio materno que describió condiciones habitacionales adecuadas y señaló que el hogar se sostiene con el salario de la madre.
Al analizar el caso, la sentencia destacó que las tareas de cuidado tienen un valor económico que debe considerarse al fijar la cuota alimentaria. En este caso, se acreditó que esas responsabilidades recaen casi en su totalidad sobre la progenitora.
El fallo también señaló que el padre no registra impuestos activos ni declaraciones juradas ante AFIP. Sin embargo, en el expediente constan datos sobre la titularidad de un automóvil y viajes al exterior. En ese contexto, el juzgado indicó que, ante ingresos informales, es el propio alimentante quien se encuentra en mejores condiciones de acreditarlos.
Con base en las necesidades de la niña y las circunstancias acreditadas en el proceso, la sentencia hizo lugar a la demanda y fijó la cuota alimentaria en siete salarios mínimos vitales y móviles, además del pago compartido de los gastos extraordinarios.
Política
Caen los fondos que recibe Río Negro por coparticipación nacional
La caída se explica principalmente por el retroceso del IVA, el impuesto que más incide en la masa coparticipable.
Río Negro registró en los primeros meses de 2026 una caída real en los fondos que recibe por coparticipación, producto de la baja en la recaudación nacional. La disminución de los ingresos por IVA, junto con una menor cantidad de días hábiles de recaudación y otros factores, configuran una tendencia a la baja que también se refleja en la actividad económica y el consumo.
De acuerdo con los datos del Ministerio de Hacienda de Río Negro, en términos reales los recursos coparticipables enviados por Nación cayeron un -7,87% en enero y un -7,7% en febrero, consolidando una volatilidad negativa marcada en los recursos coparticipados.
La coparticipación constituye una de las principales fuentes de financiamiento para las provincias, por lo que cualquier variación en la recaudación nacional impacta directamente en los recursos disponibles para sostener servicios, obras y políticas públicas.
La caída se explica principalmente por el retroceso del IVA, el impuesto que más incide en la masa coparticipable. Tras varios meses de desaceleración, registró bajas reales de -12,1% en enero y -13% en febrero, reflejando una menor dinámica de la actividad económica y del consumo.
Este escenario se vincula con la evolución del consumo a nivel nacional. Según datos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), las ventas minoristas acumulan variaciones negativas desde mayo de 2025 y en diciembre registraron una caída interanual de -5,2%. En la misma línea, la consultora Scentia informó que el consumo masivo cayó -1,1% interanual en enero de 2026.
En contraste con este contexto nacional, la recaudación propia de Río Negro muestra un comportamiento más estable, ofreciendo un resguardo relativo, aunque no exento de la desaceleración general. El impuesto sobre los Ingresos Brutos registró subas reales de 5,7% en enero y 6,2% en febrero.
La menor recaudación nacional se traslada directamente a las provincias a través de la coparticipación, reduciendo los recursos que reciben para sostener el funcionamiento del Estado y las inversiones en el territorio.
Política
Nuevas cesantías por faltas en la administración pública de Río Negro
En lo que va del 2026, se dictaron dos cesantías, 11 suspensiones sin goce de haberes y dos apercibimientos.
En los primeros meses del año, la Junta de Disciplina aplicó sanciones por faltas graves. «Las medidas ratifican la continuidad del control disciplinario para cuidar los recursos públicos y garantizar la eficiencia», indicó la secretaria de la Función Pública, Tania Lastra.
«Bajo la premisa de valorar al agente que cumple y garantizar un servicio efectivo a la ciudadanía, el Gobierno de Río Negro sostiene con firmeza el ejercicio de la potestad disciplinaria», agregó la funcionaria. En ese marco, en lo que va del 2026, se dictaron dos cesantías, 11 suspensiones sin goce de haberes y dos apercibimientos.
Desde enero de 2024, el trabajo de la Junta implicó el análisis de más de 1.000 expedientes administrativos. Este dinamismo permitió agilizar procesos históricamente demorados, logrando duplicar el promedio anual de resoluciones en comparación con años anteriores.
Como resultado de este ordenamiento, desde el comienzo de la gestión se dictaron 94 cesantías, 6 exoneraciones, 448 suspensiones sin goce de haberes y 24 apercibimientos. Asimismo, el sistema de justicia interna determinó 77 absoluciones.
«Tenemos el mandato claro de construir una administración eficiente y preparada para el futuro. Eso requiere reglas claras y tolerancia cero frente a faltas graves o abandonos de servicio, garantizando siempre procesos transparentes», afirmó Lastra.
Los motivos de las sanciones
Las actuaciones disciplinarias abarcan una amplia gama de incumplimientos en el ámbito estatal. Estas irregularidades van desde faltas en el servicio -como desatención de tareas, ausencias injustificadas o negligencia en el cuidado de insumos- hasta inconductas y conflictos interpersonales que incluyen denuncias por malos tratos, insultos y agresiones entre compañeros.
Para los casos de mayor gravedad, la ley prevé las sanciones más severas. Por un lado, la cesantía implica la desvinculación del agente con la prohibición de reingresar al Estado por un plazo de cinco años. Esta medida se aplica ante la acumulación de sanciones previas, abandono prolongado de servicio o faltas graves.
Por otro lado, la exoneración representa la medida más dura del sistema: supone la expulsión definitiva y la inhabilitación permanente para volver a trabajar en la administración pública. Esta sanción se reserva para casos extremos, como delitos dolosos con condena penal firme.
«Un proceso riguroso y transparente», aseguró Lastra
Las sanciones impuestas no son automáticas, sino el resultado de un riguroso sumario administrativo. Al detectarse una posible falta, instructores especializados investigan los hechos, reúnen pruebas y elevan un informe a la Junta de Disciplina. Este organismo, integrado por representantes del Poder Ejecutivo y vocales gremiales (ATE y UPCN), evalúa la gravedad de los hechos y los antecedentes para emitir su resolución.
La Ley Provincial prevé una escala progresiva: desde el apercibimiento y las suspensiones, hasta la cesantía (desvinculación con posibilidad de reingreso a los cinco años) y la exoneración (expulsión definitiva ante delitos con pena de prisión).
