Judiciales
Juez dictó sentencia a sólo 38 horas de cometido un robo en Roca
Con el nuevo Código Procesal Penal, un menor de edad, de 16 años, fue declarado penalmente responsable por el delito de «robo simple». No obstante, quedó en libertad.
Un adolescente de Roca admitió haber participado de un delito ocurrido la noche del 2 de agosto en esa ciudad y mediante la realización de dos audiencias sucesivas el caso finalizó este mediodía, apenas 38 horas después de ocurrido el hecho, con una sentencia que declaró al menor de edad, de 16 años, penalmente responsable por el delito de «robo simple».
En primer lugar, ante el juez de Garantías Maximiliano Camarda, se realizó esta mañana la audiencia de formulación de cargos. El fiscal del caso Ricardo Romero imputó al menor de edad el delito de «robo simple» y el defensor particular Gabriel Pérez no formuló objeción a la apertura de la causa.
Inmediatamente después las partes anunciaron que habían alcanzado un acuerdo y que el imputado estaba dispuesto a participar de un procedimiento abreviado, admitiendo su responsabilidad en el delito. De esta manera, se dio por concluida la primera audiencia y finalizó la intervención del Juez de Garantías.
En forma inmediata, a través de la Oficina Judicial, se convocó al Juez de Juicio Emilio Stadler, quien dirigió la audiencia de juicio abreviado, recabó del imputado sus datos personales, escuchó los términos y fundamentos del acuerdo de partes y dictó la sentencia oralmente, declarando responsable al menor de edad por el delito de «robo simple» y absolviéndolo de pena, tal como habían solicitado la Fiscalía y la defensa en expreso cumplimiento de la Ley N° 22.278 (Régimen penal de la minoridad).
Formulación de cargos
Un joven mayor de edad habría participado del mismo delito por el cual se declaró responsable al adolescente. En su caso, también ante el juez de Garantías Maximiliano Camarda, se realizó una audiencia de formulación de cargos en la cual el fiscal Romero le imputó los delitos de «robo agravado por la participación de un menor de edad y violación de domicilio agravada» por la misma circunstancia.
El imputado fue asistido por el Defensor Oficial Miguel Salomón, quien no formuló objeciones a la formulación de cargos. En cuanto a la prisión preventiva, el fiscal la consideró innecesaria y propuso en su reemplazo una serie de pautas de conducta que fueron aceptadas por el defensor oficial y resultaron autorizadas por el juez.
Así, Camarda impuso al joven como medida cautelar una prohibición de acercamiento a la víctima y a su domicilio, así como la prohibición de realizar a su respecto cualquier tipo de acto de turbación o intimidación, bajo apercibimiento de ser imputado en un nuevo proceso penal por el delito de desobediencia. También dispuso que el imputado debe presentarse una vez al mes ante la Oficina Judicial de Roca y debe informar a ese mismo organismo un eventual cambio de domicilio o salida prolongada de la ciudad.
Plazos mínimos
El delito investigado ocurrió en la esquina de las calles Defensa y Jilgueros de Roca, el pasado miércoles alrededor de las 22. Esa misma noche ambos imputados fueron detenidos por efectivos policiales de la Comisaría 21.
Este viernes, a partir de las 10, se realizó la audiencia de formulación de cargos al mayor de edad. Alrededor de las 11 fue la misma audiencia referida al adolescente y poco antes del mediodía comenzó el juicio abreviado, que finalizó en poco más de 10 minutos con el dictado de la sentencia.
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Inició el debate oral por presuntos maltratos y amenazas a niños en un CAINA de Roca
La imputada está acusada por el delito de amenazas coactivas continuadas en calidad de coautora. Otro acusado ya admitió su responsabilidad y cumple una condena.
Comenzó esta mañana (30/06) en los Tribunales de General Roca el juicio contra una mujer que se desempeñaba como auxiliar en un Centro de Atención Integral de Niños, Niñas y Adolescentes (CAINA) -dependientes de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF)-, acusada de amenazas coactivas continuadas en calidad de coautora por hechos que habrían tenido como víctimas a menores institucionalizados.
Durante los alegatos de apertura, el fiscal Marcelo Ramos y la defensora de menores Estela Aroca señalaron que la acusada y el otro auxiliar asistencial habrían maltratado a ocho niños y niñas entre abril de 2021 y septiembre de 2023. Según la teoría del caso, ambos habrían amenazado a los menores para impedir que relataran los episodios de maltrato, vulnerando derechos reconocidos por la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño.
Para sostener la acusación, el Ministerio Público Fiscal presentará la denuncia de la coordinadora institucional, testimonios de operadores del CAINA, informes elaborados durante la intervención, la declaración de la psicóloga de la institución, la participación de profesionales de la Oficina de Atención a la Víctima (OFAVI), las entrevistas realizadas mediante Cámara Gesell por especialistas del Cuerpo de Investigación Forense y certificaciones laborales de los imputados.
Por su parte, la mujer es asistida por un defensor particular, quien sostuvo que la situación corresponde a una cuestión de orden administrativo.
El debate continuará mañana y se prevé que finalice el jueves, cuando las partes expondrán sus conclusiones respecto de la responsabilidad penal de la imputada.
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Transfirió por error 3 millones de pesos por Mercado Pago y el destinatario se los gastó: El conflicto se solucionó en el Juzgado de Paz
La deuda quedó fijada en $3.370.000, suma que incluyó el capital reclamado, intereses y honorarios.
Un productor de cebollas transfirió por error 3 millones de pesos a la cuenta de Mercado Pago de otra persona cuando intentaba pagar los insumos necesarios para su actividad. Pese a que reclamó en varias oportunidades la devolución del dinero, no obtuvo respuesta. Según relató, incluso fue bloqueado en WhatsApp. El conflicto llegó al Juzgado de Paz de General Conesa, donde finalmente las partes alcanzaron un acuerdo de pago.
La demanda se presentó a través del procedimiento de menor cuantía. El hombre explicó que la transferencia estaba destinada a una agronomía que le provee los insumos indispensables para la producción, pero por un error el dinero terminó acreditado en la billetera virtual de otra persona.
En la presentación judicial sostuvo que intentó recuperar el dinero por vías informales. Afirmó que se comunicó en reiteradas oportunidades con el destinatario de la transferencia para pedirle que restituyera el monto, pero no obtuvo respuesta y luego fue bloqueado.
Durante la audiencia convocada por el Juzgado de Paz, el demandado reconoció que había recibido los 3 millones de pesos en su cuenta de Mercado Pago. Sin embargo, explicó que no podía devolverlos porque los había gastado inmediatamente después de recibirlos.
Ante esa situación solicitó un cuarto intermedio para reunir parte del dinero y elaborar una propuesta de pago que pudiera cumplir. Días más tarde, las partes volvieron a reunirse y alcanzaron un acuerdo.
Finalmente la deuda quedó fijada en $3.370.000, suma que incluyó el capital reclamado, intereses y honorarios. En ese mismo acto el demandado entregó en efectivo medio millón.
El resto se abonará en seis cuotas consecutivas. Los pagos deberán realizarse en el Juzgado de Paz de General Conesa, aunque el acuerdo prevé que el deudor podrá adelantar cuotas o efectuar pagos superiores si tiene posibilidades de hacerlo.
La jueza de Paz consideró que el convenio reflejaba la voluntad de ambas partes y que no afectaba el orden público. En consecuencia, homologó el acuerdo y dejó establecido el cronograma de pagos que permitirá cancelar la deuda originada por la transferencia realizada por error.
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Ya son 12 los acusados por integrar una organización dedicada a violentos robos en el Alto Valle
La causa ya cuenta con doce personas imputadas por una organización que habría cometido catorce hechos entre octubre de 2024 y septiembre de 2025.
El equipo fiscal que investiga una asociación ilícita acusada de cometer una serie de robos en Río Negro y Neuquén formuló cargos contra un nuevo integrante de la organización, por lo que ya son 12 las personas imputadas en la causa.
Durante la audiencia, y tras escuchar la oposición de la defensa particular, el juez de Garantías tuvo por formulados los cargos en los términos planteados por el Ministerio Público Fiscal y dio inicio a la etapa de investigación penal preparatoria, que tendrá un plazo de cuatro meses.
La fiscal Verónica Villarruel explicó que una de las principales evidencias surge de la extracción forense realizada por la Oficina de Investigación de Telecomunicaciones (OITel) sobre el teléfono celular de uno de los imputados. A ello se suman informes de las empresas de telefonía móvil y análisis efectuados por la Comisión de Investigación Judicial.
Según indicó la representante fiscal, de esa pericia surgieron comunicaciones entre el nuevo imputado y otros integrantes de la organización durante la jornada de uno de los hechos investigados, además de registros que lo ubicarían en uno de los lugares donde se cometieron los delitos.
De acuerdo con la acusación, la banda actuaba con un mismo modus operandi: realizaba tareas de vigilancia sobre los objetivos, llegaba en uno o dos vehículos previamente robados, ingresaba por la parte trasera de las viviendas tras escalar muros y techos, reducía a las víctimas mediante armas de fuego y luego las ataba con alambres o precintos. Posteriormente exigían dinero en dólares, cajas fuertes, oro y dispositivos electrónicos, evitando sustraer teléfonos celulares, además de llevarse los DVR de las cámaras de seguridad.
El nuevo imputado habría participado en varios de los hechos atribuidos a la asociación ilícita y también en el robo de un vehículo perteneciente a una de las víctimas.
La investigación comprende 14 hechos atribuidos a la organización: 11 ocurridos en General Roca, 2 en Cipolletti y 1 en Allen, entre octubre de 2024 y septiembre de 2025.
Actualmente, 6 de los imputados permanecen con prisión preventiva en esta causa, 2 cumplen esa medida en otro expediente, 2 llevan tobillera electrónica y otros 2 están sujetos a medidas cautelares para garantizar el proceso. En el caso del último acusado, tiene prohibido ingresar a General Roca, mantener contacto con uno de los imputados y deberá presentarse periódicamente en una comisaría de Neuquén, ciudad donde fijó domicilio.
Desde el Ministerio Público Fiscal informaron que la investigación continúa, al tiempo que siguen las impugnaciones presentadas por algunas defensas y avanzan otras medidas probatorias, entre ellas reconocimientos de personas. Para lograr la detención del último imputado se realizaron diversas tareas de campo encabezadas por la Comisión Investigativa de la Policía de Río Negro junto al Departamento de Delitos Patrimoniales y Leyes Especiales y la División de Evadidos y Recapturas de la Policía de Neuquén.
