Judiciales
Condenan a empresa sin ART a cubrir el tratamiento de un obrero gravemente accidentado
La víctima está enyesada y existe «riesgo y peligro inminente de amputación de la pierna, atento la falta de curaciones», aseguró el abogado del demandante.
La Cámara Segunda del Trabajo de Roca hizo lugar al amparo de un trabajador de 35 años y ordenó a una empresa frutícola la cobertura integral de las cirugías y tratamientos que necesita por las gravísimas lesiones que sufrió en un accidente laboral, sin contar con cobertura de ninguna Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART). El Tribunal que dictó el fallo estuvo integrado por los jueces Edgardo Albrieu, Adriana Mariani y Daniel Tobares, dado que el amparo fue interpuesto durante la feria judicial de invierno.
En la sentencia se hizo lugar al pedido del tractorista M.A.B. y se ordenó a la empresa Zetone y Sabagg S.A. «que en el término de dos días brinde las prestaciones en especie, esto es cirugía reparadora (…) con clavo endomedular acerrojado para tibia, y todas las prestaciones médicas y de rehabilitación, farmacéuticas, de transporte y cualquier otra necesaria hasta su completa curación o mientras subsistan los síntomas incapacitantes», bajo apercibimiento de aplicar una multa mínima de 2.500 pesos por cada día de incumplimiento.
Según surge de la sentencia, el pasado 23 de enero el hombre recibió el impacto de la explosión de una rueda y sufrió fracturas expuestas y múltiples en toda su pierna derecha. A partir de entonces debió someterse a diversas intervenciones que tuvieron cobertura directa de la empresa, debido a la falta de contratación de ART. Sin embargo, «desde el 24 de mayo de 2017 se encuentra esperando una cirugía reparadora (…) la que fue suspendida por la falta de entrega de los materiales por parte de la empleadora», de acuerdo con lo que certificó el médico tratante. Mientras tanto, el hombre está enyesado y existe «riesgo y peligro inminente de amputación de la pierna, atento la falta de curaciones», indicó su abogado en la demanda.
Cuatro cartas documento envió el obrero reclamando las prestaciones, sin haber obtenido respuesta. La empleadora «hizo caso omiso y guardó silencio, pese a la gravedad de lo acontecido, mostrando de tal modo una conducta desaprensiva y desprovista de toda humanidad para con su dependiente accidentado», valoró el juez Albrieu en su voto rector. La firma también mantuvo silencio ante el pedido de informe que le hizo el Tribunal.
El artículo 20 de la Ley 24.557 obliga a las ART -o a los empleadores que «hubiesen optado por el régimen de autoseguro»- que brinden a sus trabajadores todas las «prestaciones en especie» que demande un siniestro laboral.
«Es evidente que en este caso el trabajador damnificado queda en una situación de desamparo total ante la arbitraria e ilegítima omisión de su empleadora, pues no puede acceder al sistema de salud previsto (…) para los siniestros laborales, sin saber dónde recurrir, con daño presente y con un inminente agravamiento», sostuvo el Tribunal.
Se destacó que la empresa, «a sabiendas de la situación irregular, prefirió estar ajena al régimen de accidentes y enfermedades profesionales en el marco de la ley de Riesgos de Trabajo». Con ello «no solo privó a su trabajador de tener una adecuada respuesta frente al accidente de trabajo sufrido, sino que además vedó la posibilidad de que pudieran ser controladas las condiciones de la labor que efectuaba», pues «al no haber contratado una ART no hubo organismo de control que efectuara la fiscalización correspondiente».
«La demandada menospreció el trabajo, la integridad psicofísica, la salud de su dependiente (…) intentando reemplazar la cobertura de Riesgos de Trabajo con un seguro de accidente personales -que como es sabido- de modo alguno lo sustituye y menos aún suplanta la importancia que esta tiene», indicó el voto rector.
Finalmente el Tribunal hizo lugar al amparo ante la «existencia de daño grave e irreparable» y por existir «un obrar u omisión de un particular, teñido de manifiesta ilegalidad y arbitrariedad que lesiona un derecho constitucional, como el de la salud».
Judiciales
Seguro del automotor: Contrató una extensión por doce meses pero le debitaron por cuatro años más
Un fallo de menor cuantía condenó a la empresa y al banco por las infracciones a la Ley de Defensa del Consumidor.
El propietario de un automóvil de Cipolletti consiguió una indemnización por los cuatro años en que le debitaron un seguro mecánico. Cuando se le venció la garantía de fábrica, recibió un ofrecimiento de extensión por doce meses. Sin embargo, el periodo se prolongó más allá de lo pactado. Un fallo de menor cuantía condenó a la empresa y al banco por las infracciones a la Ley de Defensa del Consumidor.
Durante el proceso, tanto la aseguradora como la entidad bancaria formularon sus descargos. La firma que había ofrecido la póliza, Marketing One Argentina S.A, aportó una grabación de la conversación telefónica con el cliente. En esa comunicación una operadora le informa que se había vencido la garantía de fábrica, aunque podía contratar una extensión por el plazo de un año mediante un «precio congelado».
El diálogo se extendió por 20 minutos y el consumidor no solo aceptó sino que buscó su tarjeta de débito y aportó los datos. El fallo consideró cumplidas las pautas del artículo 4 de la ley de Defensa del Consumidor en cuanto a la información brindada al cliente «la cual fue ampliamente detallada en la conversación».
De todos modos, se receptó el reclamo porque el propietario del auto no prestó su consentimiento para que la contratación continuara o se renovase automáticamente. En consecuencia, todos los débitos posteriores a la finalización del contrato, que era de un año, «fueron realizados sin su consentimiento, es decir son débitos sin causa», surge de la sentencia.
El banco Patagonia sostuvo que se limitó a cumplir funciones como entidad receptora del sistema nacional de pagos conforme la reglamentación y que los débitos fueron generados y ordenados por Marketing One Argentina, por lo que su actividad fue jurídicamente correcta.
Sin embargo, la Ley de Defensa del Consumidor establece que sí se produce un daño durante la prestación de un servicio responden todos los eslabones de la cadena de comercialización y la responsabilidad es solidaria. En ese sentido el fallo consideró que los débitos continuaron pese a que el cliente le hizo al banco diez pedidos de baja.
La sentencia ordenó la devolución de todo el dinero debitado durante los cuatro años y fijó una indemnización por daño moral y daño punitivo, que es una multa civil por las infracciones a la ley de Defensa del Consumidor.
Judiciales
Pagó el vestido de la fiesta de 15 pero nunca le llegó
Deberán indemnizarla con $400.000 más intereses.
Una mujer de San Antonio Oeste encargó un vestido para el cumpleaños de 15 de su hija a través de un local de Córdoba vía WhatsApp. Una vez que seleccionó el atuendo, realizó el pago de las cuotas acordadas mediante transferencias. Sin embargo, a pesar de haber realizado los pagos, nunca recibió el vestido y el propietario del local no respondió a sus llamadas.
Después de realizar los pagos, la mujer debía proporcionar las medidas de su hija para la confección. Mantuvo una comunicación fluida con la tienda «Muy Americano». Sin embargo, al no recibir el vestido en la fecha acordada, la mujer comenzó a reclamarle repetidamente la entrega.
El dueño del local puso diversas excusas, pero le prometió el vestido llegaría puntualmente. Sin embargo, un mes después, el demandado dejó de atender sus requerimientos y no respondió a ninguna comunicación más. El cumpleaños se llevó a cabo con otro vestido.
Ante la falta de respuesta la mujer inició formalmente un reclamo administrativo ante el Departamento de Defensa del Consumidor de la Municipalidad de San Antonio Oeste. Dado que el demandado no respondió, inició una demanda de menor cuantía ante el Juzgado de Paz de San Antonio Oeste.
La jueza de Paz, en su fallo explicó que «el daño causado no solo abarca el perjuicio sufrido por la actora en su patrimonio, correspondiente al pago efectuado en el año 2022, más los intereses devengados, sino también las frustraciones padecidas y disgustos causados. No hay duda de que todo esto ha generado un daño que debe ser resarcido».
En consecuencia, el Juzgado de Paz condenó al dueño del local a pagar a la clienta aproximadamente $400.000 más intereses.
Judiciales
Imputaron al acusado de prender fuego la vivienda de su ex pareja y sus hijos
El hecho es tentativa de femicidio. Las víctimas salieron ilesas pero la casa quedó totalmente destruida.
Un hombre fue imputado por tentativa de femicidio por un hecho ocurrido en Cervantes el pasado domingo (26/11). Tras la solicitud fiscal, el juez interviniente resolvió la medida cautelar de prisión preventiva por cuatro meses, e impedimento de contacto tanto para la víctima como a dos hijos menores.
Según la acusación fiscal, el hecho «habría ocurrido entre las 19 y las 21.20 horas, cuando el imputado, se habría aprovechado de su superioridad física y desigual relación de poder, mediante la cual habría creado un contexto de violencia de género sostenido en el tiempo, que habría incluido violencia física, psicológica, económica, y simbólica».
«Tras una discusión con la mujer víctima, el hombre la habría amenazado, y se habría dirigido hasta su camioneta, para concretar un plan previo, rociar el contenido de un bidón en cierto sector de la casa con la señora y los dos hijos menores de ambos en el interior», explicó el Ministerio Público Fiscal.
«El imputado no habría logrado concretar su plan, que era matar a la mujer, y sólo quemó de forma total la vivienda familiar», agregó la acusación.
El sustento probatorio que se mencionó para esta etapa de imputación está compuesto por el informe del Cuerpo de Bomberos, como también la intervención del Departamento de Trabajo Social y Psicología del hospital local, variadas declaraciones, entrevista realizada por la Oficina de Atención a la Víctima (OFAVI). Además se mencionó el secuestro del vehículo del imputado, las constancias de Ley 3040 realizadas en el Juzgado de Familia, entre otras pruebas.
La calificación legal por la que se tuvieron por formulados los cargos es la de tentativa de femicidio según los artículos 42, 80 inc. 1 y 11 del Código Penal.
La Fiscalía solicitó además la prisión preventiva del hombre teniendo presente el posible entorpecimiento a la investigación como también la gravedad del hecho, por su parte la defensa penal pública que asistió al hombre en la audiencia no tuvo objeciones formales a la imputación pero sí propuso medidas cautelares menos gravosas.
Finalmente, el juez de Garantías interviniente tuvo por formulados los cargos, resolvió la preventiva tal lo solicitado por la Fiscalía y además la prohibición de acercamiento hacia la señora y los dos hijos menores de ambos.
