Judiciales
Adopción: Actividades en Roca y Cipolletti
Entre agosto y septiembre habrá dos importantes actividades en la temática de adopción que se desarrollarán en el Alto Valle de Río Negro.
El 18 de agosto en el salón Auditorio de la Ciudad Judicial de Roca se realizará de 8 a 12 una capacitación destinada a magistrados, funcionarios judiciales, profesionales de los equipos técnicos y responsables de los Registros de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos(RUAGFA) y de los organismos de protección. Esta etapa será transmitida a sus pares de Choele Choel por videoconferencia. Los funcionarios y profesionales que trabajan la temática en la Cuarta Circunscripción también fueron invitados.
Por la tarde, de 16 a 20, también en Roca, la jornada estará destinada a los inscriptos en el registro de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos (RUAGFA) de la Segunda Circunscripción y al público en general. Ellos recibirán información sobre el concepto de parentalidad social y sobre los «mitos y realidades en relación a los procesos de adopción». También analizarán la nueva regulación del Código Civil, los diferentes tipos de adopción que prevé la ley y los tiempos de espera. Además, serán informados sobre las herramientas vinculares para la adopción de grupos de hermanos y para la adopción de niñas y niños mayores de 6 o 7 años o con algún tipo de enfermedad o discapacidad.
En Cipolletti, el 14 de septiembre, se realizará el cuarto taller destinado a aspirantes a guarda para adopción. Se trata de una modalidad de trabajo grupal con las personas que están inscriptas como pretensas adoptantes en el Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos (RUAGFA) que en Cipolletti está a cargo de Marta Bordón.
EL RUAGFA está trabajando en la Cuarta Circunscripción con la colaboración del Departamento de Servicio Social que integran los trabajadores sociales Diana Bertón y Daniel Ocampo y con las profesionales (psicólogas/psicopedagoga) del Equipo Interdisciplinario de los dos juzgados de Familia de Cipolletti Lucrecia Rizzi, Marcela Torrecillas y Sandra Elizabeth Jara.
El tercer taller se realizó en abirl en el edificio judicial de Roca y Sarmiento de Cipolletti donde funcionan los juzgados de Familia. Se abordó en este encuentro la temática de la adopción y su significado en términos de representación social y particular. En este contexto surgieron algunos emergentes que pudieron canalizarse desde el relato de una experiencia de adopción en primera persona.
Los profesionales que integran el equipo de trabajo buscan generar un espacio de contención y preparación que permita fortalecer las habilidades parentales que se ejercerán a futuro.
La jornada que se realizará en Roca el 18 de agosto fue organizada a través de la Escuela de Capacitación Judicial, presidida por la jueza del STJ Liliana Piccinini. La capacitación denominada “Adopción, camino de encuentro” será dictada por el licenciado Gonzalo Raúl Valdés, del Equipo Interdisciplinario de Adopción del Registro Único de Adoptantes de Mendoza.
Según la Disposición que la convoca la actividad apunta «a satisfacer las crecientes demandas de información, contención, comunicación y actualización para los distintos operadores que intervienen en el proceso de Adopción y para los postulantes e inscriptos».
Judiciales
Un cliente perdió casi $15 millones y la Justicia responsabilizó al Banco Provincia del Neuquén
Las operaciones se realizaron luego de una maniobra de phishing. El fallo cuestionó la falta de alertas y controles frente a movimientos que se apartaban del comportamiento habitual de la cuenta.
La Justicia Civil de Cipolletti responsabilizó al Banco Provincia del Neuquén S.A. por una estafa digital que terminó con dos transferencias no autorizadas desde la cuenta de un cliente, por un total de $14.999.997.
Según relató la persona afectada, había ingresado desde su computadora al homebanking para realizar operaciones habituales. Durante el procedimiento apareció un mensaje sobre un supuesto nuevo sistema de seguridad destinado a prevenir estafas y se le solicitó el ingreso de un código token.
Luego, la página mostró un aviso sobre una actualización del sistema y las funciones quedaron bloqueadas. Horas más tarde, al ingresar desde su teléfono celular, el cliente constató dos transferencias que no había autorizado: una por $9.999.997 y otra por $5.000.000.
Tras advertir la situación, se comunicó con el banco, realizó una exposición policial, presentó un reclamo formal y formuló una denuncia penal.
La entidad sostuvo durante el juicio que las operaciones se habían concretado con usuario, contraseña y token válidos y que sus sistemas no habían registrado fallas. También argumentó que se trató de una estafa informática ajena a su responsabilidad.
Sin embargo, una pericia informática tuvo especial relevancia en la resolución. El especialista determinó que los sistemas del banco funcionaron correctamente y no detectó fallas en la generación ni en la validación de los códigos de seguridad. Al mismo tiempo, señaló que la maniobra pudo concretarse mediante phishing, una modalidad de ingeniería social que busca obtener credenciales mediante sitios falsos.
El informe también indicó que las transferencias no se realizaron desde las direcciones IP más habituales de la cuenta, que hubo intentos fallidos de validación del token y que el cliente no recibió notificaciones específicas sobre las operaciones.
La sentencia consideró que el banco no acreditó medidas preventivas suficientes frente a esos movimientos. El fallo destacó que las entidades financieras deben contar con mecanismos capaces de detectar operaciones sospechosas y adoptar medidas de verificación cuando se apartan del perfil habitual de un cliente.
Además, sostuvo que las maniobras de ingeniería social forman parte de los riesgos previsibles de la actividad bancaria digital y que la participación de terceras personas no alcanza, en este caso, para liberar de responsabilidad a la entidad.
Para determinar el daño moral, la Justicia valoró testimonios sobre la angustia, desesperación y nerviosismo que atravesó el cliente luego de descubrir la extracción de los fondos, además de que necesitó ayuda de otras personas para afrontar sus gastos.
La sentencia es de primera instancia y todavía no está firme, por lo que puede ser apelada.
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Un fallo del STJ protegió la gratuidad de quien ganó un juicio de consumo
El Banco Patagonia había recurrido la decisión y pretendía aplicar el tope previsto para la responsabilidad por costas.
El Superior Tribunal de Justicia (STJ) confirmó una sentencia que declaró inaplicable, por inconstitucional, el límite establecido en el artículo 730 del Código Civil y Comercial de la Nación en un juicio de consumo. De esta manera, protegió el beneficio de gratuidad de la persona consumidora que había ganado el proceso.
La discusión surgió luego de que Banco Patagonia, condenado en costas, pretendiera aplicar el límite previsto en esa norma. La aplicación del tope reducía la parte de los honorarios que debía afrontar la entidad y trasladaba la diferencia a la persona consumidora que había resultado vencedora.
La persona consumidora y su abogado cuestionaron esa situación y plantearon que el límite no podía aplicarse porque la Ley de Defensa del Consumidor reconoce el beneficio de gratuidad para quienes recurren a la Justicia para defender sus derechos.
La Cámara de Apelaciones hizo lugar al planteo y declaró inaplicable el artículo 730 para el caso concreto. El banco recurrió ante el STJ, entre otros motivos, porque consideraba que el planteo de inconstitucionalidad había sido realizado fuera de tiempo.
El máximo Tribunal rechazó ese argumento. Explicó que el perjuicio generado por la norma se hizo concreto recién cuando se regularon los honorarios y se dispuso la aplicación del artículo 730. Antes de ese momento, el impacto económico todavía no estaba determinado.
El STJ también analizó el beneficio de gratuidad de la Ley de Defensa del Consumidor y señaló que las relaciones de consumo cuentan con un régimen especial de protección. Ante una duda, sostuvo, debe prevalecer la interpretación más favorable a la persona consumidora.
El Tribunal aclaró que la gratuidad no es absoluta: en los reclamos individuales, una empresa puede demostrar que el consumidor posee solvencia económica y solicitar que el beneficio cese. En este caso, Banco Patagonia no acreditó esa circunstancia.
Por esos fundamentos, el STJ rechazó el recurso del banco y confirmó la sentencia que declaró inaplicable e inconstitucional el artículo 730 para este expediente.
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Intentó esconder y hurtar cables del Autódromo: Fue imputado y cumple prisión preventiva
Un allanamiento permitió secuestrar cables y restos en el domicilio del hombre. Ahora serán sometidos a una pericia para determinar si corresponden a los sustraídos.
Primero adquirió o recibió -sabiendo el origen ilícito- cables con ánimo de lucro que pertenecían a la instalación eléctrica del sector de boxes del Autódromo Parque de General Roca. Horas más tarde, ese martes se dirigió al lugar e intentó apoderarse de más material.
La Fiscalía le formuló cargos y solicitó su prisión preventiva teniendo presente que al momento de los hechos el imputado tenía colocado un dispositivo de geolocalización.
«En el marco de este legajo se solicitó un allanamiento, donde personal de la Comisaría 48° logró constatar que en el domicilio del hombre señalado por estos hechos había cables y restos de cables. Además pedimos al Gabinete de Criminalística que realice la pericia correspondiente para confrontarlos con los que aún se conservan en la zona de boxes», explicó la fiscal del caso Natalia Pascual y la adjunta Alejandra Poblete.
El defensor penal público Luis Carrera asistió al hombre, realizó consultas respecto del reconocimiento por parte del damnificado de lo secuestrado y el imputado brindó su versión de los hechos.
«Para esta parte faltan elementos para sostener que él haya sido el autor de estos hechos, y pedimos que no se haga lugar a la formulación de cargos», agregó Carrera.
Finalmente, la jueza de Garantías interviniente Claudia Lemunao tuvo por formulados los cargos en los mismos términos que la fiscalía, y el hombre quedó imputado por los delitos de “encubrimiento y tentativa de hurto agravado por escalamiento”.
En esa misma audiencia, y tras la solicitud fiscal, la jueza resolvió que quede detenido en prisión preventiva.
