Judiciales
Fue a la Justicia y logró que la operación se la realice su médico de confianza
Se trata de un hombre radicado en Roca que necesita someterse a una cirugía por un diagnóstico de «litiasis vesicular». La obra social lo obligaba a que sea en un hospital público o sino, no cubriría los gastos.
El Superior Tribunal de Justicia confirmó la sentencia de amparo a favor de un hombre radicado en Roca que necesita someterse a una cirugía por un diagnóstico de «litiasis vesicular», el cual se suma a otras variadas patologías que afectan seriamente su salud. El paciente A.W.M. es monotrobutista y de acuerdo con las previsiones de la Ley de Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes está afiliado a la obra social de la Unión del Personal Civil de la Nación.
Hace algunas semanas, la titular del Juzgado Civil de Primera Instancia de Roca, María del Carmen Villalba, condenó a la obra social a «dar cobertura total» a la práctica denominada «colecistectomía», una intervención quirúrgica requerida por uno de los médicos tratantes del paciente, a realizarse en el Sanatorio Juan XXII de esta ciudad.
Contra esa resolución, la obra social presentó una apelación en la que sostuvo que el plan de cobertura del amparista obliga a su atención en hospitales públicos, pues el cirujano y el sanatorio elegidos «no son prestadores» de la red de Unión Personal y, por lo tanto, «no existe obligación alguna de su parte de cubrir el tratamiento y sus costos».
Con voto rector de la jueza Adriana Zaratiegui y adhesión de sus pares Liliana Piccinini y Enrique Mansilla, ahora el STJ rechazó la casación y confirmó la sentencia de primera instancia, teniendo por acreditado que según los certificados médicos, «corre especial riesgo la calidad de vida del paciente».
La jueza de primera instancia había sostenido que la Ley de los Pequeños Contribuyentes «no deja lugar a dudas respecto a que la obra social (…) se encuentra obligada a las prestaciones previstas en la Resolución N° 201/2002 del Ministerio de Salud», esto es, el Plan Médico Obligatorio, en el cual está expresamente prevista la «colecistostomía» requerida. Negar la cirugía «cuando la misma se encuentra expresamente contemplada por la norma (…) implica un actuar manifiestamente arbitrario e ilegal (…) que vulnera derechos fundamentales» del afiliado, concluyó. Agregó que la elección del médico y el sanatorio «no ha sido caprichosa sino que responde a su historia clínica», la cual justifica que el hombre haya decidido «atenderse y someterse a tratamiento quirúrgico (…) en una institución donde viene siendo tratado por los demás padecimientos que le aquejan y donde atienden los médicos especialistas de su confianza».
En coincidencia, el STJ concluyó «el amparista ha conseguido probar tanto las dolencias que lo aquejan como la necesidad de realizarse la intervención quirúrgica solicitada mediante este proceso y la urgencia del caso». También señaló el máximo tribunal provincial que las diversas patologías acreditadas por hombre, que vienen siendo tratadas en ese sanatorio, «hacen prever que el cambio de equipo profesional médico podría generar inconvenientes en el desarrollo» del tratamiento «y ocasionar efectos no deseados en el estado de salud de la amparista».
«El derecho a la salud y el derecho a la vida del amparista no quedan suficientemente tutelados si no se le otorga la cobertura a las prestaciones médicas que requiere (…) de manera urgente e imprescindible, y en la institución peticionada y aconsejada por el médico tratante», recalcó el STJ en su sentencia.
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Crimen en Cervantes: Cayó en Roca uno de los sospechosos por el asesinato de Santiago Drinovac
El detenido se presentó en Tribunales y quedó a disposición de la Justicia. Otro sospechoso permanece prófugo.
Un joven de 19 años fue detenido en Roca en el marco de la investigación por el homicidio agravado de Santiago Drinovac, también de 19 años, ocurrido días atrás en la localidad de Cervantes.
La detención se concretó durante la mañana de ayer martes (06/05), cuando el sospechoso se presentó de manera voluntaria en los Tribunales de Roca. Tras ello, quedó alojado en la Comisaría 31° a disposición de la Justicia, a la espera de la formulación de cargos.
El hecho que se investiga tuvo lugar en el barrio 10 Viviendas de Cervantes, donde la tranquilidad se vio abruptamente interrumpida por una serie de disparos. Según los primeros testimonios, dos jóvenes a bordo de una motocicleta fueron señalados como los autores de la balacera que terminó con la vida de Drinovac dentro de una vivienda.
De acuerdo a las pericias iniciales, el ataque habría sido perpetrado con un arma de fuego calibre 22. A partir de estos elementos, la Justicia dispuso la identificación y orden de detención de los presuntos responsables.
El segundo sospechoso permanece prófugo y es intensamente buscado por las fuerzas policiales en toda la región.
La investigación continúa bajo las directivas del Ministerio Público Fiscal, con el objetivo de esclarecer completamente el hecho y determinar las responsabilidades correspondientes.
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Caso Dobra: Prorrogan la investigación y siguen las medidas contra los imputados
La causa fue declarada compleja y restan múltiples pericias clave.
Esta mañana (05/05), tras la solicitud fiscal y la querella, sin oposición de las defensas de los ocho imputados por el homicidio de Julián Dobra de la Canal, ocurrido el 17 de abril del año pasado en General Roca, se prorrogó el plazo de investigación penal preparatoria. Además, se resolvió que todas las medidas cautelares continúen vigentes. De esta manera, se concretarán varias pericias que están en trámite en diversos organismos, cuyos resultados son necesarios para avanzar hacia el juicio.
«La investigación ha avanzado notoriamente desde que en noviembre pasado se reformularon los cargos, agravando la situación de muchos de los imputados. Fue en esa audiencia que se declaró este legajo como causa compleja, y es en ese marco que hoy solicitamos una prórroga -establecida en el Artículo 219 inciso 2-, teniendo presente los siguientes motivos», explicó la Fiscalía.
«Por un lado, ya sabemos que las muestras biológicas tomadas por el Gabinete de Criminalística en los lugares donde se desarrolló este hecho dieron positivo cuando se las comparó con el material de la víctima», detalló la Fiscalía. Asimismo, el representante fiscal mencionó que «resta por hacer un análisis reconstructivo de esas manchas hemáticas, que estará a cargo de la Unidad Operativa de Investigación de Cipolletti -perteneciente al Ministerio Público-, que buscará determinar cómo fueron producidas».
«Además, la Unidad Operativa de Investigación, con sede en Viedma, está concluyendo con el relevamiento de uno de los elementos secuestrados; sin embargo, ya adelantaron que los resultados son positivos al ADN de contacto respecto de la víctima. Esto, a la par, será analizado por el Laboratorio de Genética Forense de Bariloche, también de este Ministerio, para avanzar en otras conclusiones», dijo la Fiscalía.
La Fiscalía agregó que «nos han confirmado la fecha para realizar la pericia odorífera, que se suma al relevamiento pericial respecto de la apertura de celulares por parte de la Oficina de Investigación en Telecomunicaciones (OITEL). No debemos olvidar que luego de abrir esos celulares se pasa a la etapa de análisis de contenido».
«Contamos con lo que está concretando el Departamento de Reconstrucción Virtual del Ministerio Público sobre el lugar del hallazgo de la víctima, del vehículo y de las patentes. Se trata de una reconstrucción en 360 grados que va de la mano de los otros estudios biológicos mencionados», explicó la Fiscalía.
Finalmente, el representante fiscal señaló que, contando con todas estas medidas de análisis, es necesario avanzar en un estudio interdisciplinario a lo que se sumará lo concretado por el Cuerpo de Investigación Forense. El equipo fiscal además precisó que «se agregan entrevistas que han ido agregando al legajo, incluso algunas fueron realizadas en el transcurso de esta semana junto a la querella».
Medidas cautelares
La Fiscalía y la querella solicitaron que se prorroguen las medidas cautelares tanto para los menores punibles como para los demás imputados.
«Sigue vigente el peligro de entorpecimiento a la investigación, en tanto podrían estar comprometidas las declaraciones testimoniales que se recepcionarán en el debate oral y público», dijo el Ministerio Público Fiscal.
Pese a la oposición de algunas de las defensas particulares, el juez de Garantías resolvió que las prisiones preventivas en establecimientos policiales, las presentaciones en comisaría con dispositivo electrónico, las detenciones en dispositivos de SENAF y las preventivas en modalidad domiciliaria con pulsera con dispositivo GPS, continúen vigentes hasta el 8 de noviembre de 2026.
De esta manera, todos los imputados continuarán cumpliendo las medidas como hasta este momento.
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Detuvieron en Madryn al acusado de matar a Sergio Coria en Roca
El hecho ocurrió el pasado 4 de abril y la víctima murió tras permanecer internada.
El Ministerio Público Fiscal imputó este mediodía (05/05) a un hombre por el homicidio agravado de Sergio Emiliano Coria, ocurrido el pasado 4 de abril en General Roca. El acusado había sido detenido en Puerto Madryn y continuará en prisión preventiva.
Según la acusación, la víctima circulaba en su vehículo junto a su pareja, su hijo de un mes, su suegra y una sobrina de 4 años, cuando fue atacada. De acuerdo a la teoría fiscal, el imputado se movilizaba en una motocicleta y, con la intención de causarle la muerte, aprovechó que el vehículo se detuvo para efectuar disparos.
Como consecuencia de las heridas, Coria fue trasladado al Hospital Francisco López Lima, donde finalmente falleció.
La calificación legal provisoria es la de homicidio agravado por el uso de arma de fuego en concurso real con portación ilegal de arma de fuego de uso civil condicional.
Entre las pruebas mencionadas se encuentran el acta policial de la Comisaría 21, informes médicos, intervención del 911, pericias del Gabinete de Criminalística, el informe de autopsia del Cuerpo de Investigación Forense, además de testimonios y datos recabados por el Cuerpo de Investigación Judicial y la Oficina de Investigación en Telecomunicaciones.
La Fiscalía solicitó la prisión preventiva por riesgo de fuga y entorpecimiento de la investigación. La defensa se opuso tanto a la acusación como a la medida.
Finalmente, la jueza de Garantías dio por formulados los cargos y dispuso que el imputado permanezca detenido por cuatro meses.
