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Judiciales

El juez rionegrino Barotto fue electo presidente del Foro Patagónico de los STJ

Fue elegido por unanimidad, al igual que la vicepresidenta, la magistrada pampeana Elena Fresco.

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El juez rionegrino Sergio Barotto fue elegido presidente del Foro Patagónico de los Superiores Tribunales de Justicia, el pasado día 21 de septiembre, en la ciudad de San Martín de los Andes, en donde dicha institución sesionó.

Barotto fue electo por unanimidad de los integrantes del Consejo Superior del organismo, que representan a los Poderes Judiciales de las seis provincias que integran la región patagónica, y su mandato se extenderá por dos años. Oficiará de vicepresidente la jueza pampeana Elena Fresco, electa de la misma manera.

El Consejo Superior está integrado los jueces y juezas Ricardo Kohon, por Neuquén, María del Carmen Battaini, por Tierra del Fuego, Alejandro Panizzi, por Chubut, Enrique Peretti, por Santa Cruz, Elena Fresco, por La Pampa y el mismo Barotto, por Río Negro.

El Foro está formado por los Superiores Tribunales de Justicia de las provincias patagónicas con el propósito de mejorar sus administraciones de justicia y actúa bajo la forma de un ente interjurisdiccional y regional, con carácter de entidad de derecho público, de conformidad con el Art. 124 de la Constitución Nacional, del Tratado Fundacional de la Región de la Patagonia y del Estatuto de la Región de la Patagonia.

De acuerdo a su Estatuto, la entidad tiene por objeto apoyar y asistir a los Superiores Tribunales de las provincias que lo integran, para mejorar sus administraciones de justicia. En particular procurará:
1. Preservar y consolidar la independencia de los Poderes Judiciales de la región, como garantía de la plena vigencia del estado de derecho;
2. Promover el intercambio de ideas y experiencias, facilitando una recíproca colaboración;
3. Auspiciar la realización de cursos, seminarios, conferencias u otras reuniones;
4. Organizar visitas de trabajo de magistrados, funcionarios y empleados para intercambiar conocimientos y métodos de labor con el fin de hacer más eficiente el servicio;
5. Realizar estudios sobre problemas concretos que afecten a los Poderes Judiciales de la región, pudiendo requerir los servicios de otras personas u organismos públicos o privados cuando tales estudios excedan su capacidad de realización;
6. Promover el intercambio de información bibliográfica;
7. Prestar la colaboración que le requieran los Poderes Legislativos de las provincias comprendidas, sobre proyectos de leyes que tengan relación con la administración de justicia. En la misma forma y materia podrá colaborar con los respectivos Poderes Ejecutivos;
8. Coordinar los métodos y programas informáticos para facilitar el acceso a los centros de datos, especialmente en materia de jurisprudencia;
9. Establecer las bases para unificar la estadística judicial de los tribunales miembros;
10. Promover la publicación de trabajos y la difusión de información que contribuya a elevar el nivel profesional de los magistrados, funcionarios y empleados de los Poderes Judiciales;
11. Promover las buenas relaciones de los Superiores Tribunales de Justicia con los Colegios de Abogados, con los de Magistrados y Funcionarios y otras entidades relacionadas con la administración de justicia;
12. Organizar y desarrollar programas didácticos para que la comunidad conozca y comprenda mejor la acción de la justicia y su importancia en la preservación de los derechos y garantías constitucionales;
13. Establecer contacto y mantener intercambio de información con personas y entidades públicas o privadas vinculadas con la administración de justicia, como así también con organismos nacionales, provinciales o municipales argentinos o extranjeros, pudiendo además, llevar a cabo cualquier otra labor o actividad que promueva el mejoramiento de la administración de justicia y la jerarquización de su misión constitucional.
14. Facilitar el acceso de los Poderes Judiciales de la región a las fuentes de financiamiento de origen nacional o internacional con destino a su infraestructura, equipamiento y capacitación, siempre que ello no afecte la independencia de aquéllos y de los principios que en este Estatuto se declara.

Ya en funciones, Barotto agradeció a quienes lo seleccionaron para ocupar tan alto sitial, considerando a dicha circunstancia como uno de los mayores honores que ha recibido en su carrera profesional y de la magistratura, comprometiéndose a “poner en la tarea de conducción sus mayores esfuerzos, con el objetivo de generar y llevar adelante proyectos concretos que ayuden a mejorar el servicio de Justicia que se presta en la Patagonia, y para acrecentar el prestigio y el posicionamiento institucional que el Foro Patagónico posee en el concierto del resto de los Poderes Judiciales del país”.

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Judiciales

Caso Florencia Moreno: Piden 5 años de prisión para el conductor del auto

El vehículo colisionó contra un árbol, causándole serias heridas a la joven, que falleció luego en el Hospital.

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Ayer (26/02) a la mañana, la Fiscalía solicitó 5 años de pena para Kevin López, quien ya fue declarado culpable por el «homicidio culposo doblemente agravado» de Florencia Moreno.

En sus alegatos, la fiscal del caso argumentó que «se trata de un accidente de tránsito grave, con dos agravantes, donde el test de alcoholemia practicado al conductor dio resultado positivo. También se probó que al momento del hecho contaba con una inhabilitación desde Tránsito del municipio para conducir, y que lo hacía de manera imprudente, negligente y antirreglamentaria».

«Además, como resultado de todo ello, Florencia Moreno fue herida de gravedad y producto de ello falleció, además dos personas más, sufren aún hoy las consecuencias de las lesiones de ese día», agregó la fiscal.

De esta manera, la representante del Ministerio Público Fiscal solicitó la pena de 5 años de prisión efectiva, más inhabilitación especial para conducir cualquier vehículo por el término de 10 años, y las accesorias legales y costas, cuestión a la que adhirió el querellante, mientras que la defensa particular del hombre solicitó 3 años de prisión en suspenso.

El Tribunal Colegiado conformado para este juicio de cesura de pena dará a conocer su resolución el próximo lunes 4 de marzo a las 11.00.

El hecho

El hecho que fue probado durante el debate oral y público sucedió «el 24 de octubre de 2021, a las 8.12 aproximadamente, en la esquina de Defensa y Chingolo. El imputado conducía un vehículo marca Peugeot 206, con un nivel de alcohol en sangre de 1.46 g/l, y estaba junto a cuatro personas más«.

«No mantuvo el efectivo dominio del vehículo, embistió contra un árbol y producto de ello, murió Florencia Belén Moreno a causa de un politraumatismo cerebral y pulmonar. Además le ocasionó lesiones de carácter leves a dos víctimas más», explicó la Fiscalía.

Calificación legal

El hombre fue declarado responsable penal el 5 de diciembre pasado por los delitos de: «homicidio culposo doblemente agravado por la conducción imprudente, negligente y antirreglamentaria de un vehículo automotor, con un nivel de alcoholemia superior a 1 gramo por litro de sangre y por estar inhabilitado para conducir vehículo automotor por autoridad competente, en concurso ideal con lesiones leves culposas reiteradas de dos victimas».

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Caso Mandagaray 2: Confirman la sentencia de primera instancia

Se trata de la absolución para los responsables del Departamento de Capacitación y de Académica de la Policía de Río Negro.

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El Tribunal de Impugnación (TI) confirmó la sentencia de absolución para los responsables del Departamento de Capacitación y de Académica de la Policía de Río Negro en el denominado caso Mandagaray 2. Habían llegado a juicio acusados de no controlar la realización del curso que terminó con la vida del joven en Bahía Creek.

Por la trágica muerte se llevaron a cabo dos juicios. El primero contra los instructores que estuvieron en el curso. En ese caso, fueron sentenciados a prisión efectiva, y el Tribunal de Impugnación confirmó esas condenas. El segundo juicio recayó sobre dos funcionarios del área de capacitación encargados de diseñar y autorizar el plan general.

La acusación intentaba probar que «no controlaron y/o no ordenaron controlar la realización del curso de formación del COER de Viedma». Finalmente, el tribunal unipersonal valoró las pruebas y concluyó que no se pudo acreditar la imputación de omisión de los deberes del oficio.

En su apelación ante el TI, la Fiscalía y la Querella dijeron que la sentencia de primera instancia era arbitraria y no había valorado correctamente la prueba.

El fallo del Tribunal de Impugnación explicó que «el magistrado inicia sus argumentos dando fundamentos y hasta con alguna visión crítica respeto del modo de imputar las conductas a los encartados, en especial por existir otro legajo donde se han juzgado los hechos que llevaron a la muerte del joven Gabriel Mandagaray».

Par el TI, la sentencia de primera instancia fue clara y consistente al explicar los motivos de su decisión. «El magistrado va mas allá de la hipótesis acusatoria y agrega, que aún acreditado por la acusación algún tipo de incumplimiento, de ninguna manera se ha podido afirmar que ha existido la intención de incumplir con los deberes a su cargo por parte de los imputados. Este punto de la conclusión del tribunal no puede calificarse como arbitraria porque más adelante en sus fundamentos el magistrado da razones de esta afirmación».

Recordó que está bien explicitado en el fallo la causa por la cual «no se encontraba determinado por las normas que el control del curso lo tenían los imputados».

En definitiva, «la sentencia ha dado sobrados fundamentos sobre porqué no se alcanzan a reunir los elementos tanto objetivos como subjetivos del tipo penal, en base a un análisis que no posee fisuras, y como resultado de la prueba aportada en juicio».

En efecto, «la sentencia posee un desarrollo que permite seguir un razonamiento lógico, con apoyo en doctrina y jurisprudencia en la materia». Por esta razón, la confirmó en todos sus términos.

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Judiciales

Cansado de que le descuenten un seguro que no contrató, fue a la Justicia

El hombre leyó en internet que le estaba pasando lo mismo que a otras personas que denunciaron el hecho.

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El Juzgado Multifueros de El Bolsón dictó una medida cautelar ordenando la suspensión inmediata de los débitos automáticos efectuados por un seguro desde la cuenta sueldo de un cliente. Este último había detectado cargos por un seguro no contratado y, tras no recibir respuesta satisfactoria del banco, decidió llevar el caso a la justicia.

La demanda se presentó luego de que el cliente vio en las noticias sobre descuentos inconsultos y al revisar sus resúmenes de cuenta, notara débitos mensuales por parte de Seguro Sura S.A., una póliza que asegura no haber contratado. A pesar de sus intentos por cancelar el servicio tanto en la sucursal como por otros medios facilitados por el banco, los descuentos continuaron, lo que llevó a la acción legal.

Al momento de presentar la demanda relató que, luego de leer una noticia judicial en internet, prestó atención a los resúmenes de cuenta emitidos por la entidad y advirtió que se le efectuaban débitos de seguros que nunca había contratado.

Detalló que, al concurrir a la sucursal del Banco Patagonia le informaron que él los había contratado, situación que niega rotundamente. En esa ocasión, solicitó a la persona que lo atendió que diera de baja el seguro inmediatamente. Sin embargo, no pudo concretarse, ya que le indicaron que debía realizar el trámite por teléfono y nunca logró comunicarse.

Añadió que, finalmente, el 8 de diciembre de 2023, realizó el pedido de baja por home banking pero continuaron con los descuentos, y tuvo que realizar nuevamente el procedimiento de baja el 4 de enero de 2024.

El fallo se fundamenta en la protección de los derechos de los consumidores, citando la Ley 24.240, que busca asegurar la salud, seguridad, e intereses económicos de los usuarios, además de garantizar su derecho a recibir información adecuada y veraz, libertad de elección, y un trato equitativo y digno.

La medida cautelar se justifica bajo el artículo 230 del Código Procesal Civil y Comercial (CPCC), que permite dicha acción en casos donde el derecho es verosímil, exista peligro de daño irreparable y la medida no pueda obtenerse de otra forma.

El Juzgado consideró que, dada la documentación presentada por el demandante, los descuentos efectuados constituían una afectación a sus ingresos de carácter alimentario, privándolo de disponer de los mismos, lo que configuraba un daño actual y potencialmente grave e irreparable.

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