Judiciales
El STJ volvió a ratificar la pena de 12 años de prisión a oficiales penitenciarios de Roca
La defensa de los tres condenados presentó un recurso para que el caso pase a la Corte. Ya en marzo pasado el máximo tribunal de la provincia había ratificado la condena de la Cámara de Roca.
El Superior Tribunal de Justicia rechazó el recurso extraordinario federal planteado por la defensa de tres oficiales del Servicio Penitenciario Federal que fueron condenados por someter sexualmente a una mujer en Roca.
En marzo pasado el STJ había rechazado un recurso de casación, confirmando el fallo de la Cámara Criminal Tercera de Roca que impuso penas de 12 años de prisión a los imputados. Contra aquella decisión los abogados interpusieron un recurso extraordinario, con la intención de llevar el caso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y ese planteo fue denegado ahora por el STJ en un nuevo pronunciamiento. Sin embargo, la condena aún no está firme porque la defensa tiene la posibilidad de plantear un recurso de queja directamente ante la Corte.
Tras el juicio realizado en junio de 2016 en Roca se tuvo por acreditado que una madrugada de septiembre de 2008 la víctima, por entonces de 23 años, se retiró de un local bailable de la ciudad con el imputado J.M.A. y ambos se dirigieron al Casino de Oficiales de la Colonia Penal Federal N° 5, donde mantuvieron relaciones sexuales consentidas. Acto seguido el imputado facilitó el ingreso a la habitación de los otros dos oficiales, quienes sometieron sexualmente a la mujer mediante la utilización de violencia física.
La Cámara sostuvo que ante la resistencia de la joven, «ambos imputados golpearon la cabeza de la víctima contra el espaldar de la cama (…) todo ello con la participación necesaria de J.M.A., quien no sólo puso a la víctima a disposición de los imputados (…) sino que permaneció en la habitación, observando…”.
El oficial J.M.A. fue condenado como «partícipe necesario del delito de abuso sexual con acceso carnal, calificado por haber sido cometido por dos o más personas, dos hechos en concurso real», mientras que M.J.G. y D.H.A. están condenados como «autores» del mismo delito.
En su recurso extraordinario los defensores sostuvieron que la sentencia cuestionada «es arbitraria y violatoria de garantías constitucionales» y que «viola el principio de congruencia», entre otros agravios. Por lo que solicitaron que se remita el caso a la Corte Suprema para que ésta deje sin efecto la condena.
A su turno el fiscal General propuso al STJ que deniegue el recurso por razones formales y porque «no advierte arbitrariedad» en lo decidido. Al resolver en esta nueva instancia el STJ concluyó que el recurso «debe ser desestimado porque no cumple con la totalidad de los requisitos exigidos» por la Corte Suprema para su admisión.
Uno de los agravios de la defensa fue la «valoración del plexo probatorio y la incidencia decisiva que la declaración de la víctima ha tenido» en el caso. En ese punto el STJ examinó el análisis realizado por la Cámara roquense y concluyó que éste fue «adecuado en relación con la consistencia, congruencia y verosimilitud» de los dichos de la mujer. También precisó que otras circunstancias de la causa «corroboraron su fuerza, con lo que se erigió en una prueba de cargo suficientemente sólida».
Por último, el STJ concluyó que «cabe desestimar las críticas efectuadas al respecto, máxime cuando no bastan para demostrar violación de derechos alguna ni acreditan la existencia de cuestión federal de entidad tal que amerite la especial intervención del máximo Tribunal de la Nación».
Judiciales
Sentenciaron a más de 7 años de prisión a los acusados de robar en una heladería de Roca
El hecho ocurrió el año pasado en calle La Plata al 900, en el barrio Los Olmos.
Tres hombres fueron condenados a la pena de 7 años y 6 meses de prisión por el robo doblemente agravado ocurrido en una heladería ubicada en la calle La Plata 979 de Roca. El robo fue cometido con un arma blanca, en poblado y en banda.
Las condenas para Pedro Basilio Verdugo Amulef, Juan Carlos Canales y Darío Damián Cofré serán de cumplimiento efectivo. Además, se declaró la tercera reincidencia para Juan Carlos Canales y la cuarta para Darío Damián Cofré. En el caso de Verdugo, la pena se unificará con otro legajo, por lo que corresponde una condena única de diez años de prisión efectiva.
De acuerdo con la acusación fiscal, el hecho ocurrió el 25 de mayo de 2024, alrededor de las 22 horas. Los hombres ingresaron al local comercial, amenazaron a la empleada con un cuchillo y le robaron el celular. Uno de ellos actuó como campana y también abrieron la caja registradora.
Intentaron llevarse una moto, pero no lo lograron, por lo que fueron absueltos del delito de tentativa de hurto.
Después del robo, huyeron y uno de ellos fue perseguido por la empleada. Una vecina avisó a la Policía, que logró reducir a dos de los hombres en las calles 231 Bis y Jamaica. Allí se les secuestró dinero en efectivo y el teléfono celular de la empleada.
La Fiscalía afirmó que existió una coautoría funcional entre los tres imputados debido a la distribución de roles. Las tres personas participaron de un plan común. Testigos, entre ellos vecinos y empleados policiales, identificaron a los tres acusados.
El Tribunal probó que, mientras Verdugo Amulef, armado con un cuchillo, se apoderaba de los bienes, Cofré custodiaba la puerta y Canales vigilaba desde afuera. De este modo, quedó acreditado el agravante señalado por la fiscalía.
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Pertenece a una familia judía pero, por error, le cambiaron una letra del apellido en la partida de nacimiento
Después de muchos años, fue a la Justicia para que lo rectifiquen. Una jueza ordenó cambiar la falla ortográfica del nombre ya que no causa perjuicio a terceros y responde al derecho del nombre como componente fundamental de la identidad.
Su nombre está escrito en las Santas Escrituras judías. Sus padres, de origen hebreo, lo eligieron, pero no advirtieron el error en la inscripción de la partida de nacimiento. La encargada del Registro Civil cambió la letra «Z» por la «X» y lo sagrado se convirtió en peyorativo.
Una jueza de familia de Roca hizo lugar a la solicitud de rectificación y ordenó al organismo cambiar la falla ortográfica del nombre en la partida de nacimiento.
En la presentación, el hombre expresó que esa corrección es muy importante, ya que pertenece a una familia judía. Su madre tomó el nombre de sus raíces religiosas y verlo escrito de otra manera le genera rechazo.
El nombre no representa su verdadera identidad ni el significado real por el cual fue elegido por sus padres. La discordancia entre su identidad vivida y su nombre oficial le produce rechazo y obstáculos prácticos, especialmente al realizar trámites o al identificarse ante organismos.
El hombre vivió muchos años en Israel y, durante el trámite, presentó como pruebas unas cartas enviadas a sus padres, firmadas con el nombre escrito correctamente, tal como siempre se identificó.
La jueza analizó la prueba reunida y concluyó que se cumplían los requisitos legales para acceder a la solicitud. Fundamentó su decisión en el artículo 69 del Código Civil y Comercial de la Nación, que permite el cambio de nombre por justos motivos, y afirmó que la identidad es un proceso dinámico vinculado a la personalidad y los vínculos sociales.
La sentencia indica que el cambio solicitado no causa perjuicio a terceros y responde al derecho personalísimo del nombre como componente fundamental de la identidad.
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Enviaba ayuda económica desde Chile, pero el hombre definía el monto y la fecha: Fijan una cuota alimentaria
La asistencia económica del padre era esporádica y por montos indeterminados.
Luego de mucho tiempo de convivencia, nació la hija de ambos. Cuando la niña cumplió dos años, la pareja se separó y el hombre decidió radicarse en Chile. Desde ese momento, la asistencia económica del padre fue esporádica y por montos indeterminados.
Mediante un exhorto diplomático, el hombre fue notificado de la demanda presentada por la madre de la niña. La mujer detalló todas las necesidades vinculadas al cuidado de su hija, que ahora tiene ocho años.
Una jueza de familia de Roca hizo lugar a la demanda y fijó una cuota alimentaria definitiva del 30% de los ingresos del padre. El pago debe efectuarse entre el 1 y el 10 de cada mes en la cuenta judicial correspondiente, bajo apercibimiento de ejecución.
La mujer declaró que, al inicio de la separación, el hombre no cumplió con ninguna obligación económica. Cuando la niña cumplió 4 años, el padre comenzó a enviar dinero desde Chile, pero de forma irregular. Algunos meses la mujer recibía el dinero; otros meses, no. El hombre enviaba el monto que él mismo definía y siempre se negó a informar sobre sus ingresos.
La decisión tuvo en cuenta la desproporción entre los gastos de crianza y el aporte paterno. También valoró el trabajo no remunerado que realiza la madre al asumir el cuidado personal.
El informe pericial social confirmó que la madre reside con su familia de origen en una vivienda compartida y precaria. Desarrolla tareas de estética facial sin ingresos fijos ni registrados y percibe una asignación por su hija menor.
La prueba testimonial corroboró que el sostén económico de niña recae principalmente en su madre, con ayuda de familiares maternos. Se indicó que el padre no mantiene un vínculo cercano y que recientemente habría adquirido un terreno en Chile, sin que se conozcan detalles sobre su situación económica actual.
La sentencia reafirma el principio del interés superior del niño y la obligación conjunta de ambos progenitores de cubrir integralmente las necesidades de sus hijos. En este caso, se impuso al padre una obligación alimentaria proporcional a sus ingresos estimados, con un piso que asegure el bienestar de la niña.
