Judiciales
La golpeó y amenazó con prenderla fuego: Ahora, podría pasar 18 años en prisión
Un primer hecho se dio en Mencué y posteriormente en el Hospital de Roca la amenazó que si llegaba a hablar la iba a matar y la iba a rociar con nafta.
En sus alegatos, la fiscal jefe Graciela Echegaray solicitó una pena de 18 años de prisión para un hombre de 27 años por los delitos de «tentativa de homicidio calificado por el vínculo y por mediar violencia de género, en concurso real con amenazas y coacción».
El primer hecho ocurrió en la madrugada del 31 de diciembre de 2016 en la localidad de Mencué, donde el imputado ahorcó a su pareja, luego la roció con alcohol y lo prendió fuego. La víctima, hoy de 22 años, sufrió lesiones en la garganta y la parte superior del cuerpo. El segundo hecho que se le imputa ocurrió dentro del hospital de General Roca, donde el acusado coaccionó a su pareja diciéndole «que si llegaba a hablar la iba a matar y cuando volviera a Mencué la iba a rociar con nafta».
Para describir la situación de sometimiento de la víctima la fiscal graficó que después de haber sido rociada con alcohol y quemada, «ella se quedó en silencio en la casa todo el tiempo que pudo». En ese lapso el imputado «se sentó a comer, durmió, intentó tener relaciones» y luego «trató de ocultar lo ocurrido con toda frialdad, con amenazas hacia una joven que estaba totalmente sola en Mencué».
«Es tal en grado de anulación en que vivía la víctima que hasta lo llamó (lo despertó) para ir al hospital y en el trayecto fue amenazada sobre lo que tenía que declarar», mientras el hombre le advertía que «la próxima vez no te voy a apagar» el fuego.
«Se me patentiza y me enerva el trato hacia la víctima como una cosa. Curándole las heridas (de un hecho anterior) con una mezcla de pis (del imputado) y plantas, sin asistencia médica. De una tamaña frialdad poco usual», explicó Echegaray en su alegato.
A su vez fundamentó que la severidad de la pena requerida responde a «la gravedad del hecho, a la frialdad con la que actuó el imputado y al nivel de ‘cosificación’ de la víctima que se pudo acreditar». Y agregó: “este Ministerio Público Fiscal entiende que casos como éste son de tamaña gravedad que merecen una condena ejemplar».
La fiscal descartó «cualquier error de percepción, animosidad o mendacidad por parte de la víctima, quien fue contundente al afirmar: ‘me quiso matar'» y destacó que la joven estaba paralizada por el temor y que recién pudo contar lo sucedido tras varios días de internación, «cuando se sintió segura en el hospital».
La fiscal señaló, respecto de la víctima, «la soledad en la que se encontraba, la desventaja y vulnerabilidad» y concluyó que el imputado no logró consumar el homicidio aquella madrugada porque apareció su madre, quien golpeó a la puerta para preguntar qué estaba pasando.
La representante del Ministerio Público Fiscal sostuvo que en el hospital de Roca la joven pasó varios días en silencio «bajo coacción, porque él le decía que al volver a Mencué la iba a matar, acompañado por su familia, que siempre estuvo presente en una actitud de vigilancia sobre ella».
Además de la pena de prisión, la Fiscal pidió que se someta al imputado a tratamiento psicológico, que se mantenga la prohibición de acercamiento (en caso de que recuperase la libertad) y que la sentencia que se dicte sea remitida en copia al Juzgado de Familia donde tramita una causa por Ley 3040.
Por último solicitó al Tribunal, conformado por los jueces Fernando Sánchez Freytes, Laura Pérez y Julio Martínez Vivot, que se cumpla con el nuevo artículo 11 bis de la Ley 24.660, que reconoce a la víctima el derecho de ser informada y expresar su opinión antes de que se otorgue al acusado, si resulta condenado, cualquier beneficio de salidas transitorias, libertad condicional, prisión domiciliaria, durante la ejecución de la pena.
Mención especial
Al finalizar el debate la Echegaray hizo una «mención especial a las operadoras de Salud Pública porque advirtieron la situación y rápidamente actuaron en consecuencia, comunicándose a la Oficina de Atención a la Víctima (OFAVI) durante la feria judicial (primeros días de enero de 2017), lo que permitió la pronta actuación del Ministerio Público Fiscal».
«Si no hubiesen visualizado que esta joven estaba absolutamente amenazada, si la red de atención a la víctima no hubiese funcionado tan correctamente como funcionó, tal vez ella hubiese regresado a Mencué y hoy podríamos estar ante un femicidio consumado», advirtió.
Judiciales
Imputaron a un sujeto acusado de asesinar a su amigo en J.J. Gómez
Le dictaron prisión preventiva mientras continúa la investigación.
El equipo fiscal de turno de General Roca formuló cargos a un hombre de 37 años por el homicidio de Nazareno Cristóbal Aedo, hecho que ocurrió el miércoles (20/11) a la madrugada en J.J. Gómez.
Según la acusación fiscal, «los dos hombres se encontraban reunidos en el domicilio de calle Pública al 1900, cuando el imputado habría disparado sobre el cuerpo de la víctima con la intención de causarle la muerte».
«La herida le habría producido un trauma de cráneo con orificio de entrada en la región parietal derecha, sin orificio de salida. Luego, el imputado habría ocultado el arma de fuego calibre 32, proyectiles, el teléfono celular que sería de la víctima y el propio, estupefacientes y envases de cerveza recién consumidos, elementos que fueron encontrados mediante un posterior rastrillaje en inmediaciones del lugar», agregó la Fiscalía.
Entre el sustento probatorio para sostener la imputación de «homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego», el Ministerio Público Fiscal presentó el acta de procedimiento policial de la Comisaría 47, los resultados del rastrillaje concretado, entrevistas varias, el acta de defunción de la víctima.
«Restan por recepcionar el informe de la autopsia, que se está concretando mientras hacemos la audiencia, el barrido de las muestras que se obtuvieron tanto en el imputado como en la víctima, realizar más entrevistas, entre otra prueba», explicó la fiscal del caso.
El Ministerio Público Fiscal solicitó la prisión preventiva del hombre teniendo presente los peligros procesales de entorpecimiento al accionar de la justicia y la posibilidad de que se de a la fuga. «No hay evidencia de que había una tercera persona en el domicilio donde se encontraban la víctima fatal y el imputado», agregó la fiscal.
Por su parte, la defensa penal pública se opuso al pedido de preventiva, explicando que «nuestro asistido no cuenta con los medios para fugarse, tiene arraigo, y tenemos presente que varios testigos dijeron no haber escuchado nada inusual».
«Asimismo, él dio una versión de los hechos, que es diferente a la teoría del caso de la fiscalía, y sumamos que no cuenta con ningún tipo de antecedente penal. Por ello, solicitamos una medida menos gravosa, como presentaciones personales en comisaría, o la colocación de un dispositivo electrónico», explicó la defensora.
Finalmente, la jueza de Garantías interviniente tuvo por formulados los cargos y resolvió que el hombre continúe detenido por el plazo de un mes y determinó que la investigación penal preparatoria se extienda por cuatro meses.
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Imputaron a conocido médico roquense acusado de abuso sexual con acceso carnal
El hecho habría ocurrido en junio de este año en el consultorio del profesional, ubicado en barrio Los Olmos.
Esta mañana (22/11), el Ministerio Público Fiscal formuló cargos a un conocido médico roquense de 75 años por delitos que habría cometido en junio de este año contra la integridad sexual de una mujer.
La Fiscalía, con la adhesión de la querella, explicó que «el hecho habría ocurrido durante la tarde, cuando la víctima habría acudido a la consulta por ser el imputado su médico clínico, con el fin de solicitarle una receta de medicamentos. Fue en ese marco, que el hombre habría abusado de la mujer, situación que la víctima no pudo consentir libremente», mencionó la Fiscalía.
El consultorio del acusado está ubicado en su propia vivienda, en el barrio Los Olmos de General Roca.
Entre el sustento probatorio presentado para esta instancia se encuentra la denuncia y la entrevista realizada a la víctima, el informe de intervención de la Oficina Atención a la Víctima (OFAVI), documentación respaldatoria de la denuncia, informes solicitados por el Ministerio Público Fiscal a diversos organismos, una pericia social forense del Departamento de Servicio Social del Poder Judicial, entrevistas varias.
Así mismo se mencionó la pericia de la Oficina de Investigación en Telecomunicaciones (OITEL), dependiente de Procuración General, el acta de la inspección ocular, croquis ilustrativo del lugar donde habrían sucedido los hechos que fue confeccionando por el Gabinete de Criminalística de General Roca, entre otra prueba.
La defensa particular no presentó objeciones a la imputación realizada por la acusación.
Luego, la jueza de Garantías interviniente tuvo por formulados los cargos por el delito de abuso sexual con acceso carnal y se estableció como plazo de investigación penal preparatoria cuatro meses, restando realizar pericias por parte del Cuerpo de Investigación Forense.
Cabe mencionar que antes de iniciar la audiencia las partes plantearon cuestiones relativas a la publicidad del acto, y tras el acuerdo entre Fiscalía, querella y defensa particular, la jueza de Garantías interviniente determinó, en pos del resguardo de la intimidad de la víctima, que ni el nombre ni la imagen de la mujer sean publicados en los medios de comunicación.
Judiciales
Su mejor amiga de la secundaria resultó ser su hermana
Años después, una prueba de ADN confirmó que compartían el mismo padre.
Durante la secundaria, formó una estrecha amistad con una compañera de clase, con quien compartió momentos únicos y creó un vínculo especial. Sin saberlo, aquella joven resultó ser su hermana, ya que compartían el mismo padre. Esa relación la llevó a frecuentar la casa de su progenitor, aunque nunca se mencionó la verdad que las unía. Años después, una prueba de ADN confirmó el lazo familiar. Un fallo del fuero de Familia de Cipolletti ordenó la filiación.
La atmósfera de esas visitas a la casa de su padre siempre fue cordial, pero nunca surgió mención alguna a la verdad que las unía. Ni una mirada distinta ni una palabra reveladora.
Fue solo años después, tras la confirmación de una prueba de ADN, que todo encajó. La revelación de que su mejor amiga de la adolescencia era su hermana tuvo un impacto profundo en la vida del adolescente.
Aquella amistad que siempre había sentido como especial tenía ahora una explicación irrefutable: eran familia, aunque el silencio y las circunstancias les hubieran negado ese reconocimiento por tanto tiempo.
Juicio y multa
Durante el proceso judicial, el progenitor expresó que desconocía la existencia de un hijo y afirmó que la prueba de ADN, aunque positiva, no le resultaba fiable. En tanto, el Laboratorio de Genética Forense ratificó el resultado obtenido previamente: confirmó una probabilidad de vínculo superior al 99,99%.
La jueza de Familia de Cipolletti hizo lugar a la filiación y le ordenó al Registro Civil adicionar al nombre del joven el apellido de su progenitor biológico.
La jueza invocó el artículo 62 del Código Civil y Comercial de la Nación, que reconoce el derecho de las personas a llevar el nombre y apellido que les corresponde según su filiación. También se basó en el artículo 64 del mismo código, que regula el uso del apellido en casos de filiación extramatrimonial.
El fallo consideró que, al no haber realizado el reconocimiento dentro del plazo dispuesto, correspondía aplicar una multa según lo establecido por el Código Procesal de Familia.
Esta norma establece que, ante un resultado positivo en la pericia genética, el progenitor debe realizar el reconocimiento en un plazo determinado. En caso de incumplimiento, se autoriza la imposición de una multa a favor del actor.
En este caso, aunque el hombre demandado participó en la prueba de ADN, su negativa a reconocer la filiación fue interpretada como una actitud dilatoria. Esto justificó no solo la aplicación de la multa, sino también la inscripción forzosa del apellido paterno en el Registro Civil.
