Política
El bloque de diputados del Movimiento Evita se opuso a la reforma laboral
«Son iniciativas violatorias de principios sustanciales y opuestas, inclusive, a mandatos constitucionales», aseguraron los parlamentarios.
El bloque de diputados de Peronismo para la Victoria (Movimiento Evita) ha resuelto oponerse de manera absoluta a los proyectos de ley que, difundidos por el propio gobierno nacional, apuntan a una reforma amplia de la legislación laboral vigente y a modificar la fórmula que determina la actualización semestral de los haberes previsionales.
«El énfasis con que formulamos nuestra negativa obedece a que no se trata de proyectos meramente opinables y sujetos, en cuanto a su mayor o menor aceptabilidad, al resultado del proceso parlamentario, sino que son iniciativas violatorias de principios sustanciales y opuestas, inclusive, a mandatos constitucionales, dirigidas a dañar gravemente los intereses, los derechos y el bienestar de los trabajadores activos y pasivos», manifestaron desde el bloque.
«Sobre el que concierne a la legislación laboral ya se sabe que afecta, entre otros institutos básicos, la irrenunciabilidad de los derechos; la responsabilidad solidaria de todos los que se benefician con la prestación de servicios; la limitación al derecho del empleador a modificar como le plazca las formas y modalidades del trabajo; los límites del tiempo de trabajo permitiendo el retorno de las jornadas extenuantes y facilitando a los empleadores eludir el pago de horas extras; la estabilidad en el empleo abaratando el despido y creando un fondo, financiado por los propios trabajadores, para sustituir el pago de indemnizaciones por despido sin causa. Y mucho más. Nos limitamos a enunciarlos porque ya han sido denunciados por numerosas organizaciones sindicales e instituciones especializadas, de modo que no es preciso por ahora dedicar espacio a evaluaciones más detalladas. Y en cuanto refiere al sistema de cálculo de los haberes previsionales, porque pretende reemplazar una fórmula que posibilita el incremento de su poder adquisitivo por sobre los índices que expresan la evolución de los precios por otra que producirá, con certeza matemática, el deterioro de ese poder adquisitivo, además de ni siquiera prever una canasta de precios ajustada al consumo real de los adultos mayores», añadieron.
«Es por eso que, más que reiterar comentarios puntuales, nos parece necesario destacar el significado profundo de estos proyectos regresivos que desnudan las verdaderas intenciones del gobierno y su ligazón íntima con los intereses del poder económico más concentrado, así como su firme decisión de proteger esos intereses a costa de la sobreexplotación de los trabajadores y el desamparo de los más vulnerables», consideraron desde el Movimiento Evita.
«El derecho del trabajo nació como fruto de las luchas heroicas libradas por los trabajadores durante más de dos siglos hasta que se impuso, junto con la democracia política, como elementos constitutivos insoslayables del sentido común y de la visión moral de la nueva civilización consolidada después de la segunda guerra mundial. Esa óptica no abomina del capitalismo pero le exige ajustarse a normas y premisas que lo hagan compatible con el respeto por los derechos humanos que se integran con todos los institutos sustantivos de los derechos laborales y los de la seguridad social. No existe país moderno y medianamente desarrollado que no los contemple», agregaron.
«El principio protectorio, la regla por la cual debe aplicarse la norma más favorable al trabajador, el “indubio pro operario”, la regla de irrenunciabilidad de derechos, el principio de equidad y el de justicia social, entre otros, integran los valores que rigen a las sociedades civilizadas. Del mismo modo que los integran los principios de la seguridad social que imponen la protección frente a las contingencias del trabajo y de la vida. En definitiva se trata del derecho “a una mejora continua de las condiciones de existencia” (art.11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que, de acuerdo al art. 75 inc. 22) de la Constitución Nacional tiene jerarquía constitucional como otros instrumentos internacionales relativos a los derechos humanos y deben considerarse complementarios de los derechos que ella reconoce). Es a la luz de estos principios que debe interpretarse el mandato constitucional de “Proveer lo conducente al desarrollo humano, al progreso económico con justicia social” (inc. 19 del mismo artículo) y “la protección al trabajo en sus diversas formas” que deben otorgar las leyes y todos los derechos que consagra el art. 14 bis, inclusive y especialmente en este caso, la movilidad de las jubilaciones y pensiones que dicho precepto dispone», expresaron.
«Se trata de una movilidad mejorativa de los haberes previsionales, no peyorativa. Y de ampliar la protección legal de los derechos del trabajador, no de disminuirla. Los proyectos en cuestión atacan todos estos valores que nacen de mandatos constitucionales intergiversables y que rigen en todo el mundo civilizado. Ese mundo al cual nos quiere incorporar, según dice el presidente de la Nación que, al mismo tiempo, vocifera contra la Justicia del Trabajo porque se atiene al “indubio pro operario”», añadieron.
«Sabemos que hay tendencias en el capitalismo actual que tienden a reeditar el salvajismo que caracterizó los primeros tiempos del sistema. Pues bien, no estamos dispuestos a permitirlo y jamás seremos cómplices de esos intentos. Ese es el fundamento de nuestra oposición a los proyectos de ley que hemos mencionado», concluyeron desde el Movimiento Evita.
Política
Subsidio al transporte: Río Negro denuncia que Nación retiene fondos que deben llegar a la provincia
Días atrás, Weretilneck, junto a otros 22 gobernadores, acordó un proyecto de ley para reclamar al Gobierno el reparto equitativo a las provincias de los fondos del impuesto al combustible.
En 2024, el Gobierno Nacional decidió no subsidiar más el transporte de pasajeros de las provincias, excepto el del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Según la Ley N° 23.966, que regula la distribución de lo generado por los Impuestos a los Combustibles Líquidos (un impuesto que cada rionegrino paga cuando carga nafta), lo recaudado por ese tributo debe ser distribuido a las provincias para construir rutas y subsidiar el transporte público de pasajeros, entre otros destinos. Sin embargo, ese reparto no ocurre.
«En 2024, Nación debió haber enviado a las provincias un total de $55.000 millones solo en concepto de subsidio al transporte, y tampoco ha repartido los $29.000 millones que lleva recaudados este año. Nada de lo recaudado llega a Río Negro ni a otras provincias, salvo al AMBA», reclamó el gobernador Alberto Weretilneck.
Actualmente, los únicos usuarios de transporte público que cuentan con el beneficio del subsidio nacional al transporte son los del AMBA, región que recibe $74.000 millones mensuales para sostener el servicio. Esto hace posible que un usuario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires pague un pasaje de $546 para recorrer entre 12 y 27 kilómetros, frente a lo que paga un usuario de colectivo en Río Negro: alrededor de $2.000 (incluso con subsidio provincial) para distancias menores.
En 2024, Río Negro destinó más de $3.581 millones para sostener el servicio. Este año tiene comprometido destinar $4.115 millones para mitigar el costo de las tarifas, que se elevan por las distancias y el costo de los insumos. «A diferencia de Nación, Río Negro nunca dejó de asistir con fondos al transporte público, superando incluso los aportes que hasta 2023 realizaba Nación. Desde ese año, a Río Negro no llegó nada», destacó Weretilneck.
Actualmente, Río Negro subsidia a empresas de corta y larga distancia que realizan recorridos provinciales por más de $2.535 millones anuales, priorizando las de mayor demanda en las zonas Andina y Alto Valle. Y, pese a que no es competencia de la Provincia, también subsidia el transporte urbano en Cipolletti, General Roca, San Antonio Oeste, San Carlos de Bariloche, Sierra Grande, Viedma y El Bolsón por un total de $1.580 millones anuales.
Río Negro lleva adelante toda la infraestructura vial que se ejecuta en la provincia y sostiene con sus propios recursos el servicio de transporte público. Por esta razón, días atrás Weretilneck, junto a otros 22 gobernadores, acordó un proyecto de ley para reclamar al Gobierno Nacional el reparto equitativo a las provincias de los fondos del impuesto al combustible.
La iniciativa propone derogar el Fondo para el Sistema de Infraestructura del Transporte, que actualmente se financia con el impuesto al combustible, y establecer un nuevo esquema de distribución: el 43% de lo recaudado quedaría para Nación y el 57% sería distribuido entre las provincias.
Agro
Banacloy cuestionó la decisión de Nación de permitir el ingreso de asado con hueso a la Patagonia
El ministro de Desarrollo Económico y Productivo de Río Negro advirtió sobre el impacto sanitario y económico que puede generar, y reclamó al Gobierno diálogo y planificación federal.
La reciente habilitación del ingreso de asado con hueso plano a la Patagonia, dispuesta por el Gobierno nacional, continúa generando preocupación en la región. El ministro de Desarrollo Económico y Productivo de Río Negro, Carlos Banacloy, manifestó su disconformidad con la medida y criticó la ausencia de una estrategia sanitaria integral en el país. «Desde hace años venimos reclamando un plan sanitario nacional. No puede ser que, después de 24 años, aún no se haya unificado el estatus sanitario», cuestionó el funcionario, haciendo alusión a la tradicional barrera que resguardaba a la Patagonia de la fiebre aftosa.
En diálogo con Ahí Vamos (de lunes a viernes de 7 a 9 por La Super FM 96.3), Banacloy señaló que los cortes que comenzarán a arribar «son excedentes de exportación, provenientes de animales más pesados, con mayor grasa, cortes que el mercado internacional no demanda y que acá terminan vendiéndose como si fueran de alta calidad». En esa línea, subrayó que «no es cierto que el precio va a bajar» y denunció que «se trata de carne descartada que se comercializa a un valor elevado».
Además, criticó la falta de diálogo con las provincias al momento de tomar la decisión. «Se sigue actuando con centralismo, como ocurre con las rutas. No hay comunicación ni consulta previa, y recién ahora se acuerdan de Río Negro», agregó.
El ministro también relacionó la resolución con el contexto social y climático que atraviesa el país. «Se eliminan subsidios al gas en medio de una ola polar, y no es lo mismo el invierno en el norte que en la Patagonia. Las decisiones se toman sin una noción real de lo que vivimos acá», indicó. A su vez, insistió en que la provincia no se opone al comercio interno, pero sí exige igualdad en las condiciones sanitarias para todas las regiones. «Si realmente no hay riesgo, no entendemos por qué se continúa vacunando en el resto del país. Necesitamos reglas claras para todos», remarcó.
La Resolución 460/2025 del Senasa, publicada el pasado viernes (27/06), autoriza el ingreso a la Patagonia de cortes con hueso plano -como costilla, asado y esternón- provenientes de zonas consideradas libres de fiebre aftosa con vacunación. Estas carnes llegarán a una región que mantiene su estatus libre sin vacunación. Aunque el Gobierno nacional sostiene que la medida no compromete los acuerdos internacionales ni los estándares sanitarios, en Río Negro y otras provincias patagónicas persiste la preocupación por las consecuencias comerciales y sanitarias que puede acarrear esta flexibilización.
Agro
Ante el anuncio de Nación de flexibilizar la barrera sanitaria, otra vez Río Negro se manifestó en alerta por riesgo sanitario
«La sanidad no puede reducirse al precio de un corte o a decisiones de coyuntura. Es una construcción de largo plazo», indicaron desde el Gobierno provincial.
El Gobierno de Río Negro manifestó su preocupación ante la decisión del Gobierno Nacional de flexibilizar la barrera sanitaria que «durante más de dos décadas protegió el estatus diferencial de la Patagonia». En este sentido, indicaron desde el Ejecutivo que «la reciente habilitación del ingreso de carne con hueso y otros productos provenientes de zonas donde se vacuna contra la fiebre aftosa implica un retroceso que pone en riesgo la sanidad animal, el trabajo productivo y la proyección internacional de toda la región».
«Durante 22 años, la Patagonia construyó una identidad sanitaria única, libre de fiebre aftosa sin vacunación, que fue reconocida por los mercados más exigentes del mundo. Esa construcción no fue casual ni automática: es el resultado de un esfuerzo conjunto entre productores, técnicos, organismos sanitarios y gobiernos provinciales comprometidos con una política coherente, planificada y basada en evidencia científica», agregaron.
«La sanidad no puede reducirse al precio de un corte o a decisiones de coyuntura. Es una construcción de largo plazo que requiere compromiso, responsabilidad y visión estratégica. Por eso, Río Negro insiste en que la Argentina debería haber avanzado hacia un esquema nacional unificado de mayor calidad sanitaria, en lugar de comprometer la posición alcanzada por las provincias del sur», expresaron desde el Gobierno rionegrino.
«En ese sentido, la Provincia fue clara: propuso avanzar hacia una Argentina libre de fiebre aftosa sin vacunación, subiendo la barrera sanitaria hacia el norte del país, y consolidando un estatus unificado de excelencia. Esa propuesta implicaba reconocer el esfuerzo de la Patagonia y llevar al resto del país a estar a la altura de las circunstancias, en vez de poner en riesgo lo ya logrado», agregaron.
El Gobierno de Río Negro considera que «esta flexibilización pone en jaque el camino recorrido y desvaloriza una estrategia que le ha dado al país una ventaja comparativa a nivel internacional. El estatus sanitario patagónico no sólo protege la carne bovina, sino también producciones estratégicas como la ganadería ovina, la lana y la fruticultura, gracias a un ecosistema libre de enfermedades y plagas como la mosca de los frutos».
Frente a esta decisión, «el Gobierno provincial reafirma su compromiso con la defensa del trabajo, la producción y la sanidad construida por los patagónicos. No se trata de una discusión política ni comercial: se trata de proteger un diferencial estratégico que costó años sostener, y que hoy no puede ser vulnerado por medidas que priorizan la inmediatez sobre la planificación», concluyeron.
