El juez Álvaro Meynet confirmó, en la reciente audiencia desarrollada en la sala 2 de la Oficina Judicial de Cipolletti, el sobreseimiento del secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) de Río Negro, Rodolfo Aguiar y también de la secretaria general de la Seccional Norte de ATE, Dora Fernández, y los delegados sindicales Luis Cinchini, Víctor Nicosia y Javier Hermosilla. Así consta en el Expediente MPF-CI-00063-2017 que ahora se tramita en la Unidad Fiscal a cargo del Doctor, Oscar Cid.

Desde ATE destacaron el «nuevo sobreseimiento definitivo de Rodolfo Aguiar en otras de las causas por el conflicto sindical en la Municipalidad de Contralmirante Cordero, en este caso por coacción agravada; y se vuelve a considerar que este pronunciamiento de la Justicia reafirma la premisa que todos los expedientes fueron armados por el Ministerio Público Fiscal, representado por Martín Pezzetta, con la única finalidad de perseguir y encarcelar a los dirigentes de la entidad gremial, aunque no existieran pruebas y los delitos imputados nunca se hubieran cometido».

“Este nuevo sobreseimiento demuestra que el Ministerio Público Fiscal recibió la orden desde la Casa de Gobierno en Viedma de meternos presos y que para ello no dudó en armar expedientes con pruebas inválidas y falsos testimonios. Se nos pretendió imputar un delito introducido en el Código Penal por la dictadura militar. Esta sentencia pone un freno a los intentos de algunos fiscales que pretenden actuar como fuerza de choque de los gobiernos de turno y no se ponen al servicio de toda la comunidad”, destacó el secretario general de ATE y CTA Río Negro, Rodolfo Aguiar.

«El fiscal Pezzetta y la querella del intendente Gustavo Pita habían solicitado el procesamiento por los hechos ocurridos el día 13 de abril del 2016, sosteniendo que los gremialistas se habían presentado en el Municipio con el propósito de obligar ilegítimamente al Poder Ejecutivo local a que reincorpore a los trabajadores despedidos, otorgue un aumento salarial y entregue ropa de trabajo a todos los empleados, mediante la rotura de la puerta de ingreso al edificio municipal y el despacho del intendente, provocando daños en bienes de la comuna e impidiendo el funcionamiento de la misma», recordaron desde ATE.

«El juez de Garantías dictó el sobreseimiento, ya que entendió que de la versión de los propios testigos, principalmente del intendente Pita, se prueba que no existió una coacción, sino por el contrario existió una reunión en la que una comitiva sindical realizó reclamos al Ejecutivo y fue el propio Pita quien reconoció que no fue amenazado por Aguiar, sino que Aguiar en todo momento le decía que podían llegar a un acuerdo y que también fue el jefe comunal quien decidió esa jornada que cesaran todos los servicios y la atención al público», indicaron.

Por último, ATE consideró la sentencia como «un nuevo triunfo judicial que pone límites a los intentos de criminalizar la protesta social y gremial en la provincia y bajo ella lograr el disciplinamiento de todos los trabajadores para que no reclamen por sus derechos».