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Firmaron el convenio para el pase a contrato de 532 becados

Pertenecen mayoritariamente a la Secretaría de la Niñez y el Ministerio de Desarrollo Social. El gobierno firmó con los dos gremios UPCN y ATE.

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Se trata mayoritariamente de empleados de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), aunque la medida incluye también a trabajadores de diferentes Ministerios, la Secretaría General de la Gobernación y la obra social IPROSS.

Los convenios fueron firmados por el gobernador de la provincia, Alberto Weretilneck, y los secretarios generales de UPCN Río Negro, Juan Carlos Scalesi y de ATE, Rodolfo Aguiar.

Con esta firma, los empleados que hayan ingresado con modalidad de beca hasta el 1 de diciembre de este año contarán con un importante aumento salarial, los correspondientes aportes previsionales, sueldo anual complementario, obra social, seguro obligatorio y ART.

Esta herramienta pretende jerarquizar el trabajo de los distintos profesionales, operadores, personal administrativo y de servicio de apoyo que presten servicios efectivos en las distintas dependencias del Gobierno Provincial.

El primer acto se desarrolló en el despacho del Gobernador, con la presencia de los dirigentes de UPCN. Acompañaron el ministro de Desarrollo Social, Nicolás Land y los secretarios de Estado de Trabajo, Lucas Pica y de Niñez, Adolescencia y Familia, Roxana Méndez.

“Hoy hemos cumplido un acto de justicia con muchos trabajadores que durante años cumplieron sus funciones en desigualdad de condiciones con el resto de los empleados públicos”, señaló el gobernador Alberto Weretilneck al dirigirse a quienes se acercaron a Casa de Gobierno para acompañar la firma de los convenios.

Agregó que “esencialmente hemos sido justos, porque estamos firmando este decreto que incluye a los empleados que efectivamente estaban trabajando. Luego de mucho trabajo hoy les podemos estar dando este acto de dignidad, ya que los trabajadores podrán cumplir la tarea que antes llevaban adelante en las mismas condiciones que el resto de los empleados de la Administración Pública Provincial”.

En este marco, Weretilneck remarcó que “nos hemos caracterizado por ser un Gobierno que no ha perseguido trabajadores ni al movimiento obrero, y que las cosas que ha hecho han sido siempre en beneficio de los empleados, como la devolución de la Antigüedad, la Zona Desfavorable, el pase a planta permanente y demás reconocimientos”.

El gobernador resaltó que “hoy hemos dado un paso más para que todos los trabajadores del Estado tengan los mismos derechos y garantías, y estén en igualdad de condiciones, no solamente en el aspecto salarial sino también en otras cosas muy importantes como la obra social, derecho a las vacaciones, etc.”.

“Aspiramos a que en este nuevo proceso ustedes sigan cumpliendo con su trabajo sobre todo en dos áreas tan sensibles para el Estado, como con la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia y el Ministerio de Desarrollo Social. La SENAF tiene la misión de dar respuesta a los sectores más desprotegidos de la sociedad, a nuestros niños, nuestras mujeres y aquellos que de alguna u otra manera son los más agraviados por esta sociedad tan difícil que tenemos hoy. Por otra parte, en el Ministerio de Desarrollo Social, todo aquello que hace a la protección y promoción de los derechos”.

Weretilneck pidió a los trabajadores mantener el compromiso y la pasión para seguir desarrollando las tareas en áreas tan sensibles, al tiempo que felicitó la tarea realizada para lograr este objetivo por parte del ministro de Desarrollo Social, Nicolás Land; de Gobierno, Luis Di Giácomo; la secretaria de la SENAF, Roxana Méndez, y el secretario de Trabajo, Lucas Pica, quienes han sido los representantes del Estado en este proceso. Lo propio hizo con las autoridades de UPCN y ATE.

“Hemos logrado algo muy importante”, aseguró Scalesi

“Es un día para recordar con mucho orgullo. Logramos algo muy importante como el reconocimiento de un derecho para estos trabajadores”, resaltó Scalesi tras la firma del acuerdo.

“Logramos esto a través del diálogo, reuniéndonos con el gobierno y también con los compañeros becados para escucharlos primero e informarles la situación por la que atravesaban”, sostuvo.

Scalesi destacó que este acto de firma se desarrolla “en medio de una situación nacional preocupante y complicada” y agradeció la voluntad del gobierno para avanzar en este sentido.

“Esto le cambiará la vida a mucha gente”, dijo Aguiar

Luego, el Gobernador se trasladó al Salón Gris donde presidió el acto de firma con el gremio ATE. En este marco, el líder de la entidad sindical coincidió con su par de UPCN en la importancia de acordar este traspaso “en medio de condiciones que son muy difíciles para los trabajadores en todo el país” y completó: “Parece que ATE y el Gobierno Provincial le escapan a la guadaña del ajuste”.

“Este decreto le va a cambiar la vida a la gente de verdad. A partir de la firma de este decreto tenemos un mejor Estado. Acá hubo lucha del gremio para llegar a esta instancia, pero también voluntad política de quienes gobiernan”, destacó.

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ATE exigió un examen médico psicofísico para conocer el estado de salud de Milei

«Los desequilibrios mentales del presidente son muy evidentes. No hace falta ser un profesional de la medicina para saber que padece algún tipo de psicosis, y su salud no es exclusivamente privada cuando la misma está vinculada a la capacidad para ejercer su cargo», apuntó Aguiar.

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La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) intimó a Javier Milei para que informe si existe algún examen, junta médica, certificado, dictamen o protocolo que haya evaluado su aptitud psicofísica y/o psíquica para ejercer su rol de presidente y, en caso de que no exista, que lo realice inmediatamente. Además, el sindicato impulsará una iniciativa para que a partir del 2027 quienes se postulen a cargos electivos deban realizar un examen médico preocupacional y presentar un apto psicofísico para ejercer sus cargos.

«Los desequilibrios mentales del presidente son muy evidentes. No hace falta ser un profesional de la medicina para saber que padece algún tipo de psicosis, y su salud no es exclusivamente privada cuando la misma está vinculada a la capacidad para ejercer su cargo», señaló Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional. La intimación será remitida a la Jefatura de Gabinete de Ministros con copia a Presidencia de la Nación.

En relación a los requisitos que se le solicitan a quienes ingresan a la administración pública, apuntó que «es inaceptable que los empleados públicos para nuestro ingreso tengamos que cumplir numerosos requisitos y uno de ellos sea atravesar un examen médico preocupacional, y que este no sea obligatorio para quien es la máxima autoridad política y administrativa del Estado. Acá se controla a los trabajadores y no a quienes los tienen que dirigir. Es una joda. Además es muy peligroso porque en el caso de Milei, es quien encabeza la administración pública nacional».

«Esperamos que nadie se alarme ni nos llamen golpistas o destituyentes, porque no buscamos acceder a ninguna información médica privada ni a datos sensibles, solamente conocer si se encuentra apto para ejercer tan alta función. Porque si no lo fuera, las consecuencias jurídicas serían gravísimas. La mayoría de sus actos debieran ser declarados nulos», agregó.

«Y no tenemos que olvidarnos que el presidente también es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Sus actos tienen impacto no solo en la estabilidad institucional y en el funcionamiento del Estado, sino también en la seguridad nacional», completó Aguiar.

En este marco, el dirigente estatal explicó que «estamos ejerciendo el derecho a la información pública y el acceso ciudadano a la información estatal, derechos que están amparados en las leyes, en la Constitución Nacional y además en los tratados internacionales».

«Tenemos que avanzar en una iniciativa legal que permita exigir también examen psicofísicos a todos los cargos electivos a partir del año que viene. Esta presidencia de Milei nos enseñó que la psicosis y el delirio de un candidato en la campaña se pueden camuflar. No nos puede volver a suceder», concluyó el titular de ATE Nacional.

La intimación de ATE se ampara en el artículo 88 de la Constitución Nacional, haciendo saber que conocer el estado de salud del presidente no responde a una mera curiosidad particular, sino a una cuestión de notorio interés público e institucional que hace a la transparencia y a la confianza ciudadana en el ejercicio regular de la primera magistratura.

En su pedido, el sindicato aclaró que los trabajadores de la Administración Pública Nacional deben someterse a exámenes preocupacionales y periódicos de aptitud psicofísica, cuyo resultado condiciona directamente la continuidad del vínculo de empleo, según lo establece la la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164. Es en este marco que se lo insta al máximo responsable del Estado argentino a realizar evaluaciones similares.

Cabe destacar que ATE, en su requerimiento, deja en manifiesto que no busca acceder a ningún tipo de información médica privada, ni de historia clínica ni diagnósticos. sino que únicamente busca saber si existe una evaluación y cuál fue su conclusión: apto/no apto.

Detalles de la solicitud de ATE

  • Exigir que el Gobierno informe si existe algún examen, junta médica, certificado, protocolo o dictamen que haya evaluado la aptitud psicofísica y/o psíquica del Presidente para ejercer el cargo.
  • Si existe esa evaluación, informar la fecha, el organismo o profesional que intervino y el resultado, limitado a si fue considerado «apto» o «no apto», sin solicitar información clínica, diagnósticos ni historia médica.
  • Informar si existe normativa, protocolo o reglamento que establezca controles periódicos de aptitud psicofísica y psíquica para el Presidente, y, en caso afirmativo, entregar una copia.
  • Si el Gobierno decide rechazar total o parcialmente el pedido, ATE exige que la negativa sea fundada por escrito, indicando específicamente qué excepción de la Ley de Acceso a la Información Pública se invoca y aplicando el correspondiente test de daño e interés público.
  • En caso de que no exista ningún tipo de exámen o apto médico realizado, que el mismo sea efectuado a los efectos de constatar si el presidente de encuentro en todas sus facultades psicofísicas para desempeñar el cargo.
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ATE lanza paro y movilización al PAMI el martes a las 13 ante la crisis y colapso de la obra social de los jubilados

«Más de 5 millones de jubilados son víctimas y rehenes de quienes están haciendo negocios a costa de su salud», indicó Aguiar.

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A raíz de la profunda crisis que atraviesa el PAMI que incluye una deuda con prestadores de más de 500.000 millones de pesos, cambios en la cúpula directiva, falta de prestaciones a sus afiliados y salarios de sus trabajadores por debajo de la canasta básica, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) resolvió un paro con movilización a la sede central de la obra social (Av. Corrientes 655, CABA) el martes 8 a las 13 y paraliza actividades en todo el país.

«Si no frenamos a tiempo tanta desidia de los funcionarios, la obra social será irrecuperable. Más de 5 millones de jubilados son víctimas y rehenes de quienes están haciendo negocios a costa de su salud», indicó Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional quien también es trabajador de PAMI.

En este marco, apuntó que «el vaciamiento de la obra social que se ha llevado adelante en este tiempo no tiene precedentes. Los jubilados ya no tienen ningún tipo de prestación. En los últimos dos años murieron 45 mil adultos mayores más de los esperados por la falta de medicamentos y de prestaciones. Hay un riesgo cierto de que desaparezca una de las obras sociales más grandes, prestigiosas y solidarias de Latinoamérica. Mientras que los funcionarios cobran sueldos millonarios, los salarios de los trabajadores se encuentran congelados».

«No puede ser que después de haber aportado durante toda su vida, a los jubilados se les vulnere su derecho humano de acceder de manera libre y gratuita al sistema de salud. Hemos decidido parar en todo el país y movilizarnos a la sede central del PAMI. Si no existen respuestas, todas las medidas se van a profundizar», concluyó el secretario general de ATE Nacional.

En las últimas horas se anunció la salida de Juan Cruz Montero de la coordinación ejecutiva de la obra social, quién será reemplazado por Verónica Gabriela Pérez, muy ligada a Santiago Caputo. En simultáneo, también se dio la baja de Florencia Zicavo, de la sindicatura del organismo, quien aún no tiene sustituto definido.

El sindicato denuncia que la obra social está absolutamente colapsada y no puede dar respuestas a los más de 5 millones de jubilados y pensionados que están afiliados. «Una buena parte del desfinanciamiento se basa en la eliminación del Impuesto País que destinaba gran parte de lo recaudado a PAMI. En 2024, el Gobierno aseguró que cubriría ese monto con fondos del Tesoro Nacional. Sin embargo, de los 2,8 billones de pesos que hubieran ingresado a la obra social mediante el tributo, solo se compensaron 0,9 billones hasta julio de este año», aseguraron desde ATE.

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Para Aguiar, «el Consejo del Salario es inservible, una puesta en escena para convalidar los acuerdos entre empresarios y el Gobierno»

«El Consejo del Salario es la paritaria de los que no tienen paritarias. Joden y dejan desprotegidos al 40% de los trabajadores», indicó el titular de ATE Nacional.

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Finalizada la reunión del Consejo del Salario Mínimo en la que los empresarios propusieron un aumento de 1,8% en septiembre y 1,7% para octubre hasta abril, el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, señaló que «este Gobierno terminó convirtiendo al salario mínimo en un subsidio».

«El Consejo del Salario debiera ser la paritaria de los que no tienen paritarias. Joden y dejan desprotegidos al 40% de los trabajadores. El SMVM sigue siendo de indigencia. No es vital porque no alcanza para vivir, tampoco es móvil porque se ubica por debajo de la inflación», agregó el dirigente estatal.

En esta línea, cargó directamente contra el ámbito tripartito que reúne a trabajadores, empresarios y el Poder Ejecutivo. «El Consejo del Salario es inservible, es una puesta en escena. Hace más de dos años que no hay acuerdos y se termina resolviendo por una resolución del Gobierno. ¿El Consejo existe? Si seguimos así, el Consejo va a existir pero los salarios van a desaparecer», indicó.

«Este organismo nació para garantizar dignidad y no pobreza legal como sucede hoy. Ha sido copado por los grandes empresarios y se reúne sólo para convalidar lo que ellos resolvieron previamente con el Gobierno», agregó Aguiar.

En referencia a la intención del Ejecutivo de implementar un salario mínimo garantizado de 1 millón de pesos para los convenios privados, apuntó que «y ahora queda claro que el Gobierno acaba de inventar un salario mínimo paralelo con el objetivo de frenar la actualización de las asignaciones sociales como la AUH y otros programas».

Cabe recordar que, según el último informe del INDEC, la línea de pobreza en la Argentina se ubica en $1.564.716 y la de indigencia en $708.016.

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