Río Negro
«Obra pública récord, equilibrio y crecimiento»
Alejandro Palmieri celebró la aprobación del Presupuesto 2018 en la Legislatura.
Fue aprobado por amplia mayoría (32 a favor y 9 en contra en general) el Presupuesto 2018 de la provincia de Río Negro, que prevé gastos por 57.000 millones de pesos, el en cual se incorporan algunas herramientas para ir reduciendo el déficit, e incluye más de 9.800 millones de pesos para obras de infraestructura e inversiones de capital producto del ingreso de los recursos del bono colocado en el exterior. Como miembro informante del bloque de Juntos, el legislador Alejandro Palmieri sostuvo que se plantean “medidas para lograr una salida gradual del déficit con contención social”.
“Es un presupuesto con mucha obra pública, con una deuda sana que vamos a afrontar porque fue tomada para dar trabajo, como la del Plan Castello; y también es un presupuesto que va a pagar los sueldos en término. Como hoy, que se terminaron de pagar los aguinaldos a toda la administración pública”, dijo en el remate de su intervención en el recinto.
Luego de los cuestionamientos habituales de la oposición, Palmieri se mostró sorprendido porque muchos «se esforzaron en no querer ver una previsión récord en inversiones en obra pública. Si, tiene 9.000 millones de pesos de obra y bienes de capital. La inversión más grande en la historia de la provincia. Implica la generación de miles de empleos privados, y más de 500 millones de pesos para municipios y comisiones de fomento, y eso también es reactivación económica».
Respecto del rumbo económico y político de la gestión del gobernador Alberto Weretilneck, puso como referencia que hace pocos días “se incorporaron 532 agentes que pasaron de becados a contratados. Es todo un avance, y un gesto que contradice a aquellos que dicen que este es un presupuesto de ajuste. El esfuerzo lo haremos en otro lado, con austeridad y eficiencia en los gastos de funcionamiento”. Y se remitió a los datos del presupuesto en tratamiento, que prevé un incremento en bienes de consumo y servicios de apenas 18 por ciento, “y ese es el esfuerzo de austeridad que nos fijamos”.
Sobre el endeudamiento, aclaró que “es un tema que no lo escondemos. En este 2018 tiene un peso importante la deuda. En 2016, las medidas fiscales del inicio del gobierno del Presidente Mauricio Macri, no dieron el resultado de reactivación económica que esperaban. No llegó el segundo semestre, ni las inversiones esperadas”.
“Teníamos un gobierno ordenado y tuvimos de pronto un déficit de 3.000 millones. En 2016 los ingresos crecieron el 28 por ciento y los egresos casi el 38”, detalló.
“Para algunos, la solución hubiera sido ajustar, pero nosotros preferimos seguir dándole respuesta a los empleados públicos, a la justicia y a la salud”, manifestó.
Agregó en relación a este tema que “esos 3.000 millones que nos faltaron en el 2016, no nos sobraron obviamente en el 2017 y está claro que el déficit se debe achicar de forma paulatina. Y nos hacemos cargo de ese rumbo político”.
En cuanto a la magnitud del déficit, explicó que los 2.500 millones que debe afrontar Río Negro representan, dentro de un presupuesto de 57.000 millones, un 4%, mientras que en otras provincias superan el 5% del presupuesto o como en Chubut que el déficit ronda el 12% del presupuesto.
El presupuesto se diseñó tomando las pautas del Compromiso Fiscal, que firmaron todos los gobernadores del país, excepto San Luis. De este modo, los gastos no deben superar la meta de inflación que se estipuló en el presupuesto nacional: 15,7% anual.
“Ese compromiso tuvo peso institucional e histórico, porque por primera vez todos los gobernadores y el Presidente acordaban una agenda de trabajo con temas que llevan años en el debate nacional y que no se abordaban, como la coparticipación, la presión tributaria, el fondo del conurbano bonarerense”, comentó Palmieri.
En términos generales, esos consensos apuntan “a alivianar la presión tributaria para ser más competitivos, pero como Río Negro viene en esa línea, con tributos que ya están dentro de los parámetros de ese acuerdo, el esfuerzo fiscal en nuestro caso no será tanto”.
En cuanto a los juicios pendientes de la provincia contra la nación, al desistir de los reclamos Río Negro obtuvo un bono de 2.700 millones que permitirá compensar deudas.
“Ojalá todas las partes, tanto nación, como provincias y municipios, puedan cumplir con este acuerdo, porque eso significará que se habrá logrado la reactivación de la economía, que es tan necesaria en los tiempos que corren”, señaló el jefe de la bancada de Juntos Somos Río Negro.
Judiciales
Un fallo del STJ protegió la gratuidad de quien ganó un juicio de consumo
El Banco Patagonia había recurrido la decisión y pretendía aplicar el tope previsto para la responsabilidad por costas.
El Superior Tribunal de Justicia (STJ) confirmó una sentencia que declaró inaplicable, por inconstitucional, el límite establecido en el artículo 730 del Código Civil y Comercial de la Nación en un juicio de consumo. De esta manera, protegió el beneficio de gratuidad de la persona consumidora que había ganado el proceso.
La discusión surgió luego de que Banco Patagonia, condenado en costas, pretendiera aplicar el límite previsto en esa norma. La aplicación del tope reducía la parte de los honorarios que debía afrontar la entidad y trasladaba la diferencia a la persona consumidora que había resultado vencedora.
La persona consumidora y su abogado cuestionaron esa situación y plantearon que el límite no podía aplicarse porque la Ley de Defensa del Consumidor reconoce el beneficio de gratuidad para quienes recurren a la Justicia para defender sus derechos.
La Cámara de Apelaciones hizo lugar al planteo y declaró inaplicable el artículo 730 para el caso concreto. El banco recurrió ante el STJ, entre otros motivos, porque consideraba que el planteo de inconstitucionalidad había sido realizado fuera de tiempo.
El máximo Tribunal rechazó ese argumento. Explicó que el perjuicio generado por la norma se hizo concreto recién cuando se regularon los honorarios y se dispuso la aplicación del artículo 730. Antes de ese momento, el impacto económico todavía no estaba determinado.
El STJ también analizó el beneficio de gratuidad de la Ley de Defensa del Consumidor y señaló que las relaciones de consumo cuentan con un régimen especial de protección. Ante una duda, sostuvo, debe prevalecer la interpretación más favorable a la persona consumidora.
El Tribunal aclaró que la gratuidad no es absoluta: en los reclamos individuales, una empresa puede demostrar que el consumidor posee solvencia económica y solicitar que el beneficio cese. En este caso, Banco Patagonia no acreditó esa circunstancia.
Por esos fundamentos, el STJ rechazó el recurso del banco y confirmó la sentencia que declaró inaplicable e inconstitucional el artículo 730 para este expediente.
Política
La Provincia busca fondos para comenzar a recuperar los tramos críticos de las Rutas 22 y 151
El proyecto enviado a la Legislatura autoriza al Ejecutivo a gestionar financiamiento externo para obras en los sectores más deteriorados y estudios de preinversión.
Río Negro busca contar con los recursos necesarios para comenzar a recuperar los tramos críticos de las Rutas Nacionales 22 y 151, luego de décadas de abandono de los gobiernos nacionales. El proyecto de ley enviado por el gobernador Alberto Weretilneck propone autorizar un financiamiento externo de hasta US$ 60 millones para obras y estudios de preinversión
La propuesta contempla inicialmente recurrir a FONPLATA–Banco de Desarrollo, aunque también habilita al Poder Ejecutivo a gestionar otros programas de financiamiento externo multilateral, bilateral o nacional que pueda disponer el Gobierno Nacional.
El programa tiene un objetivo concreto: resolver los problemas más urgentes y generar las condiciones para una recuperación integral. Contempla obras de puesta en valor en los sectores de mayor deterioro y estudios de preinversión que permitan definir las siguientes etapas, evaluar alternativas técnicas y económicas y determinar los esquemas más convenientes para cada ruta.
La Provincia busca trabajar en dos tiempos: atender primero los puntos críticos y, al mismo tiempo, planificar lo que viene. Las intervenciones permitirán mejorar las condiciones de seguridad y transitabilidad, mientras que los estudios aportarán la información necesaria para organizar la recuperación durante los próximos años.
Un financiamiento con destino específico
El proyecto establece que los recursos tendrán un destino exclusivo vinculado con las Rutas 22 y 151. Podrán utilizarse para ejecutar obras en los tramos de máxima criticidad, realizar estudios de preinversión y cubrir los costos de administración necesarios para desarrollar el programa.
El Ministerio de Hacienda, a través de la Unidad Provincial de Coordinación y Ejecución del Financiamiento Externo, será el organismo ejecutor, con la participación de Vialidad Rionegrina como responsable técnica de las obras e intervenciones.
La autorización de la Legislatura no significa que los US$ 60 millones ingresarán automáticamente ni que el financiamiento se tomará de manera inmediata. Permitirá que el Poder Ejecutivo gestione y estructure la operación y suscriba los instrumentos necesarios para concretarla.
Las condiciones financieras, como la tasa de interés, el plazo de amortización, las comisiones y los gastos, se determinarán posteriormente en el convenio de préstamo correspondiente.
Política
Rutas 22 y 151: Qué cambia con la Emergencia Vial Provincial
La medida permitirá acelerar intervenciones sobre los tramos que pasen a la órbita provincial, con prioridad en reparación, mantenimiento, repavimentación y señalización.
El Gobierno de Río Negro busca acelerar las respuestas frente al deterioro de distintos sectores de las Rutas Nacionales 22 y 151. El proyecto enviado por el gobernador Alberto Weretilneck a la Legislatura propone declarar la Emergencia Vial Provincial en toda su extensión dentro del territorio rionegrino, una herramienta que permitirá agilizar las intervenciones necesarias sobre cada tramo, una vez concretada la transferencia de competencias.
Durante años, el abandono de los Gobiernos Nacionales se fue acumulando hasta convertir algunos sectores en un riesgo cotidiano. Ahuellamientos, banquinas deterioradas, obras inconclusas y otras condiciones afectan la seguridad de miles de personas y también impacta en la producción y la conectividad.
Ahora, la Provincia se prepara para asumir una responsabilidad que cambia el escenario. Y para eso necesita contar con herramientas propias para actuar sobre estos corredores.
Por eso, el proyecto propone declarar la Emergencia Vial por un año desde la publicación de la ley, con la posibilidad de prorrogarla por otro período igual mediante un decreto del Poder Ejecutivo. En términos simples, la medida busca que la Provincia pueda responder con mayor rapidez cuando un tramo presente una situación que no puede esperar.
Vialidad Rionegrina será la autoridad de aplicación y tendrá a su cargo la gestión, administración, mantenimiento, planificación y ejecución de obras sobre los sectores que se vayan incorporando. Esto permitirá atender los puntos deteriorados, realizar tareas de mantenimiento, mejorar la señalización, ejecutar repavimentaciones y desarrollar otras intervenciones necesarias para recuperar condiciones de seguridad y transitabilidad.
El acuerdo con Nación establece que la transferencia será progresiva, tramo por tramo. Cada sector deberá contar con un convenio específico y un Acta de Toma de Posesión que determine qué se transfiere, en qué condiciones y desde qué momento Vialidad Rionegrina comienza a hacerse cargo.
De esta manera, la Provincia podrá ordenar las intervenciones, conocer el estado de cada tramo, establecer prioridades y actuar sobre aquellos sectores que se encuentren efectivamente bajo su gestión.
