Río Negro
«Una herramienta eficaz para mejorar la calidad de vida de la familias rionegrinas»
El titular del IPPV, Jorge Barragán, destacó el programa de urbanización y vivienda Habitar Río Negro.
El programa de urbanización y vivienda Habitar Río Negro, que se ejecuta a través del Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda (IPPV) es financiado con recursos provinciales, y se implementa en la Provincia desde el año 2012. El presupuesto de las obras ejecutadas y programadas, a la fecha, de la operatoria es de $172.083.801.
En la actualidad, en el Programa existen diferentes proyectos en distintas fases de elaboración y de implementación, y si bien las intervenciones son de pequeña escala, se han mejorado las condiciones de habitabilidad de 450 familias con intervenciones de vivienda y mejoramiento, población que se amplía al incluir los proyectos de infraestructura y equipamiento comunitario.
El titular del IPPV, Jorge Barragán señaló sobre el particular, que “el recupero viene bien y en comparación con el mismo mes, pero del año 2016, el monto aumentó en $2.000.000. La inflación ha tenido muy poca incidencia porque las cuotas tienen las tasas muy subsidiadas, por lo cual el año pasado estábamos en $8.000.000 y hoy estamos alrededor de los $10.000.000 por mes de recupero de cuota. Esto, además del aporte de recursos provinciales, da la posibilidad de seguir construyendo a través del programa Habitar Río Negro, por ejemplo los salones de usos múltiples especialmente en la Región Sur, y viviendas que en muchos casos se realizan a través de los municipios”.
De esta manera, el funcionario hizo mención a la línea de acción referida a la infraestructura, como la Red de Gas de ocho viviendas en Los Menucos y la Red Eléctrica para 24 viviendas en Darwin; como asimismo obras de equipamiento comunitario, como el Salón de usos Múltiples de Comicó, el Salón de Usos Múltiples de Yaminué, la terminación del Hogar Zatti en Viedma y la terminación de la Sala Velatoria en Mainqué.
«Es un compromiso del gobierno provincial, acercar una herramienta eficaz para mejorar la calidad de vida de las familias rionegrinas», expresó Barragán.
El mencionado programa trabaja en conjunto con Municipios, Comisiones de Fomento o Entidades Intermedias, atendiendo tanto la demanda cuantitativa como la demanda cualitativa de vivienda, incluyendo a aquellas familias que necesitan ampliación, refacción, adaptación o mejoramiento de sus viviendas.
Su objetivo es mejorar el hábitat y la vivienda de las familias rionegrinas de menores ingresos mediante el financiamiento de materiales y/o mano de obra para la construcción de viviendas nuevas, mejoramiento de viviendas existentes, obras de infraestructura y equipamiento urbano.
Por medio de este programa se atienden casos de emergencia social, ambiental o climática, como por ejemplo el nuevo emplazamiento del paraje Arroyo Ventana. Asimismo, estableciendo plazos de amortización extendidos con bajas tasas de interés de acuerdo a los ingresos de las familias, se amplía la población destinataria.
De esta manera, a través de convenios firmados con el IPPV, las organizaciones intermedias (municipios, asociaciones civiles, gremios, fundaciones) proponen beneficiarios en un listado general y luego de una encuesta que se realiza a cada familia, los resultados son evaluados por una unidad de gestión del programa provincial, para su posterior inscripción en el Registro Provincial de Demanda Habitacional.
Asimismo, el IPPV procede al recupero de las obras ejecutadas, estableciendo las cuotas y los plazos de amortización, y que se definen de acuerdo a la situación socio-económica de los beneficiarios. El plazo máximo establecido para la finalización de los trabajos es de ocho meses, contados a partir de la firma del acta de inicio de obra.
«Por este motivo el IPPV apunta a promover entre los adjudicatarios la necesidad de atender a los vencimientos, mantener la cuota y el pago oportunamente convenido en el momento de resultar beneficiado con una vivienda social, ya que el recupero de deuda es fundamental para que se pueda reinvertir en la construcción de más viviendas, soluciones habitacionales y obras de infraestructura e equipamiento comunitario», manifestó el interventor del IPPV.
Judiciales
Un fallo del STJ protegió la gratuidad de quien ganó un juicio de consumo
El Banco Patagonia había recurrido la decisión y pretendía aplicar el tope previsto para la responsabilidad por costas.
El Superior Tribunal de Justicia (STJ) confirmó una sentencia que declaró inaplicable, por inconstitucional, el límite establecido en el artículo 730 del Código Civil y Comercial de la Nación en un juicio de consumo. De esta manera, protegió el beneficio de gratuidad de la persona consumidora que había ganado el proceso.
La discusión surgió luego de que Banco Patagonia, condenado en costas, pretendiera aplicar el límite previsto en esa norma. La aplicación del tope reducía la parte de los honorarios que debía afrontar la entidad y trasladaba la diferencia a la persona consumidora que había resultado vencedora.
La persona consumidora y su abogado cuestionaron esa situación y plantearon que el límite no podía aplicarse porque la Ley de Defensa del Consumidor reconoce el beneficio de gratuidad para quienes recurren a la Justicia para defender sus derechos.
La Cámara de Apelaciones hizo lugar al planteo y declaró inaplicable el artículo 730 para el caso concreto. El banco recurrió ante el STJ, entre otros motivos, porque consideraba que el planteo de inconstitucionalidad había sido realizado fuera de tiempo.
El máximo Tribunal rechazó ese argumento. Explicó que el perjuicio generado por la norma se hizo concreto recién cuando se regularon los honorarios y se dispuso la aplicación del artículo 730. Antes de ese momento, el impacto económico todavía no estaba determinado.
El STJ también analizó el beneficio de gratuidad de la Ley de Defensa del Consumidor y señaló que las relaciones de consumo cuentan con un régimen especial de protección. Ante una duda, sostuvo, debe prevalecer la interpretación más favorable a la persona consumidora.
El Tribunal aclaró que la gratuidad no es absoluta: en los reclamos individuales, una empresa puede demostrar que el consumidor posee solvencia económica y solicitar que el beneficio cese. En este caso, Banco Patagonia no acreditó esa circunstancia.
Por esos fundamentos, el STJ rechazó el recurso del banco y confirmó la sentencia que declaró inaplicable e inconstitucional el artículo 730 para este expediente.
Política
La Provincia busca fondos para comenzar a recuperar los tramos críticos de las Rutas 22 y 151
El proyecto enviado a la Legislatura autoriza al Ejecutivo a gestionar financiamiento externo para obras en los sectores más deteriorados y estudios de preinversión.
Río Negro busca contar con los recursos necesarios para comenzar a recuperar los tramos críticos de las Rutas Nacionales 22 y 151, luego de décadas de abandono de los gobiernos nacionales. El proyecto de ley enviado por el gobernador Alberto Weretilneck propone autorizar un financiamiento externo de hasta US$ 60 millones para obras y estudios de preinversión
La propuesta contempla inicialmente recurrir a FONPLATA–Banco de Desarrollo, aunque también habilita al Poder Ejecutivo a gestionar otros programas de financiamiento externo multilateral, bilateral o nacional que pueda disponer el Gobierno Nacional.
El programa tiene un objetivo concreto: resolver los problemas más urgentes y generar las condiciones para una recuperación integral. Contempla obras de puesta en valor en los sectores de mayor deterioro y estudios de preinversión que permitan definir las siguientes etapas, evaluar alternativas técnicas y económicas y determinar los esquemas más convenientes para cada ruta.
La Provincia busca trabajar en dos tiempos: atender primero los puntos críticos y, al mismo tiempo, planificar lo que viene. Las intervenciones permitirán mejorar las condiciones de seguridad y transitabilidad, mientras que los estudios aportarán la información necesaria para organizar la recuperación durante los próximos años.
Un financiamiento con destino específico
El proyecto establece que los recursos tendrán un destino exclusivo vinculado con las Rutas 22 y 151. Podrán utilizarse para ejecutar obras en los tramos de máxima criticidad, realizar estudios de preinversión y cubrir los costos de administración necesarios para desarrollar el programa.
El Ministerio de Hacienda, a través de la Unidad Provincial de Coordinación y Ejecución del Financiamiento Externo, será el organismo ejecutor, con la participación de Vialidad Rionegrina como responsable técnica de las obras e intervenciones.
La autorización de la Legislatura no significa que los US$ 60 millones ingresarán automáticamente ni que el financiamiento se tomará de manera inmediata. Permitirá que el Poder Ejecutivo gestione y estructure la operación y suscriba los instrumentos necesarios para concretarla.
Las condiciones financieras, como la tasa de interés, el plazo de amortización, las comisiones y los gastos, se determinarán posteriormente en el convenio de préstamo correspondiente.
Política
Rutas 22 y 151: Qué cambia con la Emergencia Vial Provincial
La medida permitirá acelerar intervenciones sobre los tramos que pasen a la órbita provincial, con prioridad en reparación, mantenimiento, repavimentación y señalización.
El Gobierno de Río Negro busca acelerar las respuestas frente al deterioro de distintos sectores de las Rutas Nacionales 22 y 151. El proyecto enviado por el gobernador Alberto Weretilneck a la Legislatura propone declarar la Emergencia Vial Provincial en toda su extensión dentro del territorio rionegrino, una herramienta que permitirá agilizar las intervenciones necesarias sobre cada tramo, una vez concretada la transferencia de competencias.
Durante años, el abandono de los Gobiernos Nacionales se fue acumulando hasta convertir algunos sectores en un riesgo cotidiano. Ahuellamientos, banquinas deterioradas, obras inconclusas y otras condiciones afectan la seguridad de miles de personas y también impacta en la producción y la conectividad.
Ahora, la Provincia se prepara para asumir una responsabilidad que cambia el escenario. Y para eso necesita contar con herramientas propias para actuar sobre estos corredores.
Por eso, el proyecto propone declarar la Emergencia Vial por un año desde la publicación de la ley, con la posibilidad de prorrogarla por otro período igual mediante un decreto del Poder Ejecutivo. En términos simples, la medida busca que la Provincia pueda responder con mayor rapidez cuando un tramo presente una situación que no puede esperar.
Vialidad Rionegrina será la autoridad de aplicación y tendrá a su cargo la gestión, administración, mantenimiento, planificación y ejecución de obras sobre los sectores que se vayan incorporando. Esto permitirá atender los puntos deteriorados, realizar tareas de mantenimiento, mejorar la señalización, ejecutar repavimentaciones y desarrollar otras intervenciones necesarias para recuperar condiciones de seguridad y transitabilidad.
El acuerdo con Nación establece que la transferencia será progresiva, tramo por tramo. Cada sector deberá contar con un convenio específico y un Acta de Toma de Posesión que determine qué se transfiere, en qué condiciones y desde qué momento Vialidad Rionegrina comienza a hacerse cargo.
De esta manera, la Provincia podrá ordenar las intervenciones, conocer el estado de cada tramo, establecer prioridades y actuar sobre aquellos sectores que se encuentren efectivamente bajo su gestión.
