Roca
Nuevo fallo judicial a favor del Municipio de Roca en contra de Aguas Rionegrinas
«Es el cuarto amparo que presentamos y la Justicia nos da la razón», indicó el intendente Soria.
La Justicia rionegrina falló a favor de la Municipalidad de General Roca en el amparo colectivo contra la empresa Aguas Rionegrinas, presentado en el pasado mes de junio por el derrame de líquidos cloacales en varios desagües de la ciudad.
Frente a la falta de respuesta de la firma provincial ante los requerimientos de la Dirección de Medio Ambiente local, el Municipio debió acudir a la Justicia en busca de la solución al problema ambiental, pidiendo que se garantice el cese absoluto del volcado y la remediación de los lugares afectados.
Al respecto, el intendente Soria expresó que «no solo vierten líquidos cloacales sin tratar en el Lago Nahuel Huapi y en todas las localidades del Valle contaminado gravemente nuestras tierras y nuestro preciado río Negro. Ahora vemos con indignación como inundan las playas del balneario Las Grutas con el vertido de líquidos cloacales en pleno inicio de temporada».
«Es indignante la desidia del gobierno de (Alberto) Weretilneck», agregó.
«Por eso es importante no bajar los brazos y seguir luchando para que los responsables se hagan cargo y esto no ocurra nunca más. Nosotros desde el Municipio seguiremos yendo a la justicia a denunciarlos como lo hicimos siempre. Esta semana la justicia volvió a darnos la razón en un amparo ambiental que interpusimos contra ARSA por el vertido de líquidos cloacales sin tratar», comentó Soria.
«Es el cuarto amparo judicial que presentamos contra el gobierno provincial por esta practica sistemática y totalmente irresponsable que tienen de volcar líquidos cloacales en las calles de las ciudades, en los ríos, los lagos y ahora también en las playas rionegrinas», concluyó el jefe comunal roquense.
El fallo de la Juez María del Carmen Villalba responsabiliza a la Provincia de Río Negro, Aguas Rionegrinas S.A. y Departamento Provincial de Aguas, por los daños y perjuicios ocasionados por el volcado de líquidos cloacales en desagües de General Roca y en su consecuencia deberá asumir en el término de 60 dias, la carga de la remediación de dicha zona de los sedimentos provocados por el volcado de líquidos cloacales en el PIV. Afecta la zona en las intersecciones de calles Damas Patricias y Gelonch, Mitre y Limay y Limay y Padre Nazario, hasta su desembocadura en el Río Negro, por aproximadamente 15 km. y que incluye a los barrios Julio Corral, J.J. Gómez, Belgrano, Policial, Porvenir, La Barda Cooperativa y Andrade y los comprendidos al Sur de la Ruta Nacional N° 22, sobre calle Romagnoli, Barrios Jockey y Manzanar, así como también el Jockey Club y los establecimientos educativos, Jardín de Infantes N° 6, Escuela N° 86 y CEM N° 106, debiendo informar al Tribunal cada 20 días las tareas llevadas a cabo en cumplimiento de tal fin.
En forma especial, el gobierno de la Provincia de Río Negro deberá acompañar, previo al inicio del ciclo lectivo 2018 los análisis correspondientes del agua de consumo humano, higiene y limpieza de los tres establecimientos educativos comprendidos en la zona afectada.
Judiciales
Fallo del STJ define sobre el deber de cuidado en las escuelas: Dos niños se golpearon mientras jugaban
Uno de los estudiantes quedó con secuelas. La Justicia sostuvo que los establecimientos educativos tienen la obligación legal de «sustituir a sus padres en el cuidado y vigilancia del niño».
El Superior Tribunal de Justicia de Río Negro confirmó la responsabilidad del Estado por un accidente que sufrió un niño de 4 años en un jardín del Alto Valle. Señaló que los establecimientos educativos tienen la obligación legal de «sustituir a sus padres en el cuidado y vigilancia del niño mientras su guarda se encuentra temporalmente delegada».
En este caso, el accidente se produjo cuando el niño fue embestido por otro compañero de mayor contextura física, cayó al suelo y se golpeó. Quedó con secuelas. La sentencia de la Cámara había valorado que el pequeño tuvo un «rol pasivo» y que el hecho ocurrió en un entorno que debió estar controlado por los adultos responsables. La sentencia aclara que no puede hablarse de «culpa de la víctima» tratándose de un niño de tan corta edad.
El fallo del STJ recalcó que «no es posible proponer que la víctima -al momento del hecho un niño de cuatro años de edad- tome precauciones para no dañarse, que no está a su alcance prever. La sentencia ratificó que el deber de seguridad en el ámbito escolar “tiene la tácita obligación -de resultado- de asegurar la indemnidad psicofísica de las personas que quedan a su cargo».
«El fundamento último de la responsabilidad de los establecimientos educativos no radica en el deber de vigilancia de los docentes o directivos, sino en la garantía de indemnidad de origen legal que presupone el poder de control que debe ejercer la autoridad educativa», dice el fallo. En este marco, «no importa si efectivamente pudo o no controlar, sino su obligación de hacerlo».
El Tribunal Superior citó doctrina jurídica que refuerza este enfoque. Se destacó que «los niños deben ser amparados, inclusive ante las contingencias derivadas de sus propias travesuras, porque ignoran los peligros y poseen un sentimiento de alegre y desinteresada omnipotencia y desenfreno».
Si bien el fallo confirmó la atribución de responsabilidad a la Provincia, modificó parcialmente las reparaciones establecidas por la Cámara Civil de Roca. El Superior Tribunal revocó el reconocimiento del daño psicológico como rubro autónomo. La decisión se basó en la falta de fundamento técnico adecuado y una serie de inconvenientes que presentó la pericia.
Policiales
Tres celadoras internadas por intoxicación con monóxido en la cárcel de Roca
Se encuentran estables, en observación, en el Sanatorio Juan XXIII.
El hecho ocurrió en el Establecimiento de Ejecución Penal N° 2 de General Roca este viernes (04/07) por la mañana, cuando tres agentes del Servicio Penitenciario que se encontraban en su espacio de descanso, comenzaron a sentirse mal por la posible inhalación de monóxido de carbono.
Dos de ellas estaban casi por desmayarse, mientras que una tercera logró dar aviso a sus compañeros, lo que permitió activar rápidamente el protocolo de emergencia.
Las tres mujeres fueron trasladadas hasta el Sanatorio Juan XXIII. Allí quedaron internadas en observación, y según fuentes oficiales, se encuentran estables y fuera de peligro.
Aún no se informó oficialmente el origen del escape, pero todo apunta a una posible falla en un artefacto de calefacción del sector donde descansaban las agentes.
Autoridades del penal iniciaron una investigación interna para determinar las causas del incidente y evitar que vuelva a repetirse.
Judiciales
Solicitó licencia por embarazo de alto riesgo y al volver le negaron tareas: Un fallo condenó el despido ilegal
Ahora deberán indemnizarla, con varios ítems incluidos como vacaciones no gozadas, sueldos impagos, entre otros.
Una mujer que trabajaba en una clínica privada solicitó una licencia por embarazo de alto riesgo. Ella y su bebé necesitaron cuidados médicos antes, durante y después del parto. Cumplía turnos rotativos de lunes a domingo por periodos de ocho horas y tenía una antigüedad de nueve años.
La clínica le otorgó la licencia, pero dejó de pagarle el sueldo regularmente. Cuando se reincorporó al trabajo, la patronal le informó sobre una suspensión por reducción de pacientes en el centro de salud y le negó las tareas. La mujer se dio por despedida.
La Cámara Laboral de Roca confirmó el despido indirecto en contexto de embarazo y condenó a la empleadora a indemnizar a la trabajadora. Además, deberán abonarle antigüedad, preaviso, integración del mes de despido, vacaciones no gozadas y sueldos impagos.
El tribunal realizó un análisis sobre la protección de la maternidad. Citó la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, en la cual el Estado asume la obligación de prohibir el despido por motivos de embarazo. También mencionó la Ley de Protección Integral de las Mujeres y la Convención de Belém do Pará, que establece el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y reconoce la vulnerabilidad asociada al embarazo.
La Ley de Contrato de Trabajo prevé una indemnización especial para la mujer embarazada cuando el despido se produce dentro del lapso de 7 meses y medio anteriores o posteriores al parto.
La empresa fue declarada en rebeldía procesal por no presentarse al juicio. Esta situación generó la presunción de veracidad sobre los hechos expuestos por la trabajadora. El Tribunal consideró probado que la clínica incurrió en reiterados incumplimientos contractuales, incluida la falta de pago de salarios y la omisión de asignarle tareas tras su licencia por maternidad.
El Tribunal confirmó que el despido indirecto fue consecuencia exclusiva de la conducta patronal, al haberse producido dentro del período de protección legal por embarazo. También se ordenó a la empresa entregar los certificados laborales en un plazo de 90 días, bajo apercibimiento.
